La Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, establece las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que posibiliten, por un lado, un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre incorporó la convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2021.
La experiencia en la gestión de la convocatoria del año 2021, regulada conforme a lo establecido en la citada Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar modificaciones puntuales en su articulado con el fin de actualizar y perfeccionar las bases reguladoras y, de este modo, mejorar la accesibilidad por parte del beneficiario y su aplicabilidad por parte de la administración. Así mismo, dado el elevado número de solicitudes recibidas, que no ha podido ser atendido por la limitación presupuestaria existente, se limita la ayuda que un potencial beneficiario pueda recibir a un importe máximo en orden a poder alcanzar un mayor número de beneficiarios que permitan cumplir el objetivo marcado en la Council Implementing Decision. Junto a ello, se adapta la norma a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo relativo a los modelos de declaraciones responsables exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
En la elaboración y tramitación de esta orden se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta el contenido de la disposición. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
En la tramitación de esta orden, se ha recabado el informe de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada en el Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Así mismo se ha informado a las comunidades y ciudades autónomas en el seno de Conferencia Sectorial de Comercio Interior celebrada el día 15 de marzo de 2022.
Esta orden, que se estructura en preámbulo, un artículo único y una disposición final, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en cuyo ámbito se incluye el comercio (y su fomento) en cuanto sector estratégico para la economía española.
En su virtud, dispongo:
La Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las siguientes entidades locales:
1. Los municipios, con poblaciones de hasta 5.000 habitantes conforme a los datos del Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal vigente en el momento de la solicitud. Un municipio podrá presentar una solicitud de ayuda para un proyecto que vaya a ejecutarse en el territorio de otros municipios próximos al solicitante siempre que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación no supere los 5.000 habitantes, siendo este municipio el único beneficiario y siempre que disponga de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
2. Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares siempre que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación proyecto no supere los 5.000 habitantes. Los beneficiarios supramunicipales deberán presentar un proyecto que afecte a varios municipios como proyecto único, haciéndose responsables de su ejecución y justificación.
3. Las comarcas que agrupen varios municipios en los que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.
4. Otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los correspondientes Estatutos de Autonomía, en los que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.
5. Las asociaciones de municipios, siempre que estén formadas íntegramente por entidades locales, o cuando estén integradas por, al menos, una entidad local y se hayan creado para prestar alguno de los servicios o competencias atribuidas a las entidades locales en virtud de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, debiendo justificar su personalidad jurídica (por ejemplo, consorcios). En cualquiera de los casos anteriores, siempre y cuando la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.
6. Las mancomunidades de municipios, siempre que la media simple de la población de los municipios en los que se plantee la actuación o proyecto no supere los 5.000 habitantes.»
Dos. Los apartados b) y e) del artículo 5 quedan redactados del siguiente modo:
«b) Los beneficiarios deben mantener los bienes objeto de subvención vinculados al fin concreto para el que se concedió la subvención desde la finalización de la ejecución del proyecto durante un plazo de cinco años en el caso de bienes inscribibles en registro público y de dos años en el resto de bienes, sin que sufran una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o al desarrollo de la actividad subvencionada. Serán considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. Todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano gestor de las ayudas.»
«e) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el cumplimiento al principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del diseño, ejecución y justificación de los proyectos y de manera individual para cada actuación, deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en los componentes que le sean de aplicación, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento de los componentes del Plan.
Además, en caso de adquirir equipos de tecnologías de información deberán asegurarse de que éstos cumplan con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Código de Conducta para las TIC de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.»
Tres. Se modifican los apartados 3, 4, 5, 9 y 10 del artículo 8 y se añaden dos nuevos apartados 13 y 14:
1. Se modifica la redacción de la letra e) del apartado 3, y se añade una nueva letra f):
«e) Inversión en nuevas modalidades de entrega y devolución de los productos fuera de los horarios de apertura o de reparto. Se subvencionarán los gastos relacionados con la obra y reforma de los espacios del establecimiento para la puesta en marcha de estos servicios, en su caso, actuaciones vinculadas a la mejora y visibilización de la oferta comercial y de otros sectores afines que mejoren la experiencia de compra mediante nuevas tecnologías.
f) Señalética integrada de la oferta comercial en zonas rurales.»
2. Se da nueva redacción al apartado 4:
«4. Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular:
a) Inversiones para reducir el consumo de productos de un solo uso por parte del comercio y de los consumidores en sus establecimientos y la sustitución de éstos por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente.
b) Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los establecimientos comerciales. Incluyen la renovación de sistema de climatización o la sustitución de calderas.
c) Elaboración y puesta en marcha de procesos ecoeficientes y con el objetivo de llevar a cabo una correcta separación de los residuos (biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc.) para su posterior reciclado y valorización.
d) Adquisición de elementos para el correcto reciclaje de los residuos: papeleras, contenedores, etc.
e) Transformación de la vía pública a través de pavimentos ecoactivos captadores de CO2, fotocatalíticos.
f) Cualesquiera otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, y la eficiencia del modelo de negocio e impliquen un avance hacia una economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación de residuos, incluido el fomento de la reutilización de productos, y la economía circular.»
3. Se da nueva redacción al apartado 5.
«5. Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad:
a) Inversión en proyectos que, mediante la utilización de nuevas tecnologías, generen redes de suministro y comunicación locales o de proximidad que involucren a la totalidad o parte de los siguientes actores: comercio minorista, productores locales y proveedores de servicios afines. Se incluyen herramientas de procesamiento y gestión de información de envíos en tiempo real.
b) Soporte informático para la digitalización del registro de compras y ventas y, registro de incidencias.
c) Tecnologías inteligentes de etiquetado.»
4. Se da nueva redacción al apartado 9:
«9. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea y nacionales en materia climática y medioambiental y el principio de “no causar un perjuicio significativo” en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En cualquier caso, no serán financiables las actividades incluidas en la lista de exclusión establecida en la Decisión de Ejecución del Consejo para esta inversión:
a) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos;
b) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes;
c) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento mecánico-biológico;
d) las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.
El pliego de condiciones exigirá además que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.»
5. Se da nueva redacción al apartado 10.
«10. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.»
6. Se añade un nuevo apartado 13 con la siguiente redacción:
«13. No serán subvencionables los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, circulante y otros impuestos o tasas que sean susceptibles de recuperación o compensación. Así mismo no serán subvencionables los gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que generen autofacturación.»
7. Se añade un nuevo apartado 14 con la siguiente redacción:
«14. No serán subvencionables las retribuciones ordinarias del personal fijo o eventual laboral que tenga una relación laboral dependiente de las entidades beneficiarias.»
Cuatro. El apartado 5 del artículo 9 se modifica en los siguientes términos:
«5. El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del proyecto sin IVA que haya sido considerado financiable, hasta un máximo de subvención de 500.000 euros.»
Cinco. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en el plazo máximo indicado en la correspondiente convocatoria a partir del día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del extracto de la misma.
2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su inadmisión.
3. Las solicitudes se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente, junto con las declaraciones y documentación que se indica en estas bases y en la propia convocatoria. Los formatos de fichero admitidos para toda la documentación son los que corresponden a las siguientes extensiones: “pdf”, “rtf”, “txt” o “doc” y en ningún caso superará 5 Mbytes de información.»
Seis. Se modifica el artículo 15 que queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Formalización y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de Política Comercial, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, cuyos formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
2. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado electrónicamente y cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), que incluirá una declaración de otras ayudas concurrentes con la inversión presentada.
b) Memoria descriptiva de la inversión, firmada electrónicamente, que se ajustará al modelo establecido en el anexo I. En caso de que entre las actuaciones a realizar por el potencial beneficiario se encuentren algunas de las enumeradas en el artículo 8.3 de la presente orden (gastos relacionados con la transformación del punto de venta), deberá presentar junto con la memoria descriptiva una memoria técnica con el contenido mínimo establecido en el anexo I.B.
c) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos.
e) Declaración responsable del compromiso de cofinanciación por el solicitante de la ayuda, en su caso, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto financiable del proyecto.
f) Declaración responsable en el que las entidades beneficiarias hagan constar las ayudas que hayan solicitado o percibido de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto y su cuantía, así como comprometerse a informar de las que pudiera solicitar u obtener durante la tramitación.
g) Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
h) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
i) Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
j) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y declaración de no causar perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 según el modelo establecido en el anexo III de la presente orden de bases.
k) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
l) En caso de que algunas de las actuaciones incorporen ideas ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, deberá indicarse la convocatoria, categoría del concurso en la que se presentó y si obtuvo reconocimiento, así como la denominación de la idea.
m) Otras declaraciones responsables cuyos modelos sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, las cuales serán determinadas en la convocatoria o, en su defecto, a las que se haya dado la debida publicidad normativa con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
n) En caso de inclusión de talleres y jornadas, deberá presentarse la siguiente documentación si estuviera disponible en el momento de presentar la solicitud o cuando se disponga de la misma: Calendario, duración y contenido de las jornadas que se van a realizar, detallando en cada una de ellas el objetivo, la fecha y lugar donde se desarrollarán, así como los ponentes.
ñ) En el caso de los proyectos a realizar por un municipio en el territorio de otros, a los que se refiere el último inciso del artículo 3.1, declaración responsable de que la entidad beneficiaria dispone de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
o) Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones para el acceso a la ayuda.
3. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
6. La documentación deberá presentarse en castellano de acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7. En caso de contradicción entre la información presentada por el beneficiario en el anexo I (Contenido de la memoria descriptiva de la inversión), anexo II (Cronograma de justificación de actuaciones) y el formulario de solicitud, prevalecerá la información contenida en este último.»
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 16:
«1. El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del proyecto que haya sido considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado hasta en un 40 por ciento y con el límite establecido en el artículo 9.»
Ocho. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 17:
«2. Serán de aplicación los siguientes criterios:
a) Proyectos integrales que conlleven varios tipos de inversiones. Integración de los proyectos en varias de las categorías de gasto de entre las establecidas en el artículo 8 de la presente orden (0 a 10 puntos).
1.º Si el proyecto incluye actuaciones de al menos dos categorías de gasto subvencionables: 2 puntos.
2.º Si el proyecto incluye actuaciones de al menos tres categorías de gasto subvencionable: 4 puntos.
3.º Si el proyecto incluye actuaciones de al menos cuatro categorías de gasto subvencionable: 6 puntos.
4.º Si el proyecto incluye actuaciones de al menos cinco categorías de gasto subvencionable: 8 puntos.
5.º Si incluye más de seis actividades subvencionables: 10 puntos.
Se valorará que el proyecto esté alineado con los retos y planes locales de actuación en los que se encuentren incluidos indicadores medibles que permitan asegurar la viabilidad de la propuesta, justificando su coherencia con los instrumentos de ordenación del territorio de carácter más general. Se valorará la claridad en la identificación del problema y las necesidades que se esperan resolver con la solución planteada.
Se valorará la inclusión de un plan de evaluación de resultados e impactos que se pretende obtener con el desarrollo del proyecto.
b) Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios de las actuaciones sobre el total de comercios dentro del conjunto de la demarcación territorial del beneficiario. La puntuación será proporcional dentro de las siguientes horquillas porcentuales (0 a 12 puntos):
1.º Menor o igual al 10 %: 0 puntos.
2.º Superior al 10 % y menor o igual al 20 %: 1 punto.
3.º Superior al 20 % y menor o igual al 30 %: 2 puntos.
4.º Superior al 30 % y menor o igual al 40 %: 3 puntos.
5.º Superior al 40 % y menor o igual al 50 %: 4 puntos.
6.º Superior al 50 % y menor o igual al 60 %: 5 puntos.
7.º Superior al 60 % y menor o igual al 70 %: 6 puntos.
8.º Superior al 70 % y menor o igual al 80 %: 8 puntos.
9.º Superior al 80 % y menor o igual al 90 %: 10 puntos.
10.º Superior al 90 %: 12 puntos.
c) Proyectos supramunicipales que engloben una pluralidad de municipios y tengan un mayor impacto territorial, teniendo un carácter tractor. (0 a 10 puntos):
1.º Si el proyecto tiene un alcance territorial de al menos dos municipios: 1 punto.
2.º Si el proyecto tiene un impacto territorial que alcance entre tres y cinco municipios: hasta 3 puntos.
3.º Si el proyecto abarca entre seis y ocho municipios: hasta 5 puntos.
4.º Si el proyecto abarca entre nueve y diez municipios: hasta 7 puntos.
5.º Si el proyecto abarca más de diez municipios: 10 puntos.
d) Población de la entidad local o de la mayoría de las entidades locales en la/s que se implanta alguna de las acciones subvencionables, de acuerdo con el último padrón municipal publicado por el INE (0 a 5 puntos):
1.º Población inferior o igual a 1.000 habitantes (5 puntos).
2.º Población superior a 1.000 y menor o igual a 1.500 habitantes (4 puntos).
3.º Población superior a 1.500 y menor o igual a 2.000 habitantes (3,5 puntos).
4.º Población superior a 2.000 y menor o igual a 2.500 habitantes (3 puntos).
5.º Población superior a 2.500 y menor o igual a 3.000 habitantes (2,5 puntos).
6.º Población superior a 3.000 y menor o igual a 3.500 habitantes (2 puntos).
7.º Población superior a 3.500 y menor o igual a 4.000 habitantes (1,5 puntos).
8.º Población superior a 4.000 y menor o igual a 5.000 habitantes (1 punto).
e) Calidad del proyecto presentado: Viabilidad técnico-comercial y económico- financiera de la propuesta presentada atendiendo, al menos a los siguientes criterios (0 a 8 puntos):
1.º Previsión de ingresos y gastos (hasta 3 puntos).
2.º Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se busca resolver. Se valorará la exposición del problema, calidad del diagnóstico y claridad en la identificación del problema y las necesidades que se espera resolver y cómo el proyecto actuará de forma positiva sobre el problema en su totalidad o en parte (hasta 5 puntos).
3.º Por la combinación de los dos criterios anteriores (8 puntos).
f) Capacidad del proyecto para fomentar la creación de sinergias y realización de acciones conjuntas sobre las ventas entre los establecimientos comerciales de diferentes municipios. Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
De cara a la propuesta conjunta o en colaboración entre comercios o municipios, se valorará que el proyecto tenga identificada la necesidad de los comerciantes, su capacidad para fortalecer el tejido comercial y/o la colaboración entre los comercios en la misma área de actuación para fomentar la creación de sinergias y realización de acciones conjuntas sobre las ventas entre los establecimientos comerciales de diferentes municipios.
Se valorará la mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente (conducta/comportamiento) y su fidelización, mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada.
De cara a la oferta de servicios y/o productos de potencial demanda, se valorará la capacidad del proyecto en identificar el interés de la oferta comercial en los compradores o visitantes por el producto/servicio ofrecido y/o disponible, o bien facilite los servicios a visitantes.
g) Número de objetivos o metas de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La puntuación dependerá de la intensidad de vinculación de las actuaciones del proyecto con los tres elementos anteriormente descritos de forma que algunas actuaciones podrán considerarse como componentes o como parte de una sola actuación. (0 a 10 puntos):
1.º Si incluye un objetivo o meta: 1 punto.
2.º Si incluye dos objetivos o metas: 2 puntos.
3.º Si incluye tres objetivos o metas: 3 puntos.
4.º Si incluye cuatro objetivos o metas: 4 puntos.
5.º Si incluye cinco objetivos o metas: 5 puntos.
6.º Si incluye seis objetivos o metas: 6 puntos.
7.º Si incluye siete objetivos o metas: 7 puntos.
8.º Si incluye ocho objetivos o metas: 8 puntos.
9.º Si incluye nueve objetivos o metas: 9 puntos.
10.º Si incluye diez o más objetivos o metas: 10 puntos.
h) Contribución del proyecto a la sostenibilidad y a la implantación y uso de nuevas tecnologías en los establecimientos comerciales (0 a 10 puntos).
Se valorará:
1.º Realización de inversiones que reduzcan el consumo de productos de un solo uso por parte del establecimiento comercial y de los consumidores en sus establecimientos, siendo sustituido por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente: 3 puntos.
2.º Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los comercios, así como la implantación de procesos ecoeficientes, de reciclado y reutilización de residuos: 3 puntos.
3.º Realización de actuaciones de transformación digital del comercio (mediante la integración en portales y plataformas comerciales en Internet para la venta o promoción de los productos) y de los canales de comercialización impulsando acciones que mejoren la gestión de la oferta y la demanda a través de diferentes soportes digitales, y la relación cliente proveedor (tales como el diseño de nuevas rutas de reparto de los productos más eficientes): 3 puntos.
4.º Por la combinación de los tres criterios anteriores: total de 10 puntos.
i) Capacidad del proyecto para la generación de empleo/relevo generacional. entendido como el potencial incremento del número de afiliados a la Seguridad Social sobre el total de afiliados en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda. Es necesario la aportación y justificación del porcentaje de creación de empleo del proyecto. (0 a 5 puntos).
j) Capacidad del proyecto de dinamizar, actualizar y enriquecer la oferta comercial del municipio. Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
k) Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector. Se valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de forma positiva en el objetivo propuesto (0 a 5 puntos).
Se valorará que haya una justificación clara de por qué es una propuesta innovadora, cuáles son los elementos novedosos que describen el carácter innovador de la solución planteada y qué determina que sea novedosa y/o innovadora la solución planteada.
Se valorará la capacidad del proyecto para generar conocimientos capaces de ser utilizados provechosamente en otros proyectos, actuaciones o procesos de actividades comerciales.
Se deberá justificar mediante el desarrollo y explicación de índices y cálculos que justifiquen la productividad del sector.
l) Actuaciones y capacidad del proyecto en inversión para mejorar la accesibilidad de clientes con discapacidad en vías públicas de alta actividad comercial. Se valorará el número, tipo y alcance de actuaciones en vías públicas donde se desarrolle una alta actividad comercial en el municipio (tanto desde un punto de vista material o de mobiliario, pero también por la aplicación de nuevas tecnologías) para favorecer la accesibilidad de clientes con alguna discapacidad. (0 a 10 puntos).
m) Se valorará que los proyectos incorporen algunas de las ideas ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo siendo necesario su justificación correspondiente (5 puntos).
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos.»
Nueve. Se establece un nuevo apartado 12 en el artículo 18. Instrucción del procedimiento y comisión de evaluación:
«12. En el momento de la aceptación de la subvención la entidad beneficiaria deberá aportar un número de cuenta bancaria única y declaración firmada de ausencia de conflicto de intereses (DACI) conforme al modelo del anexo IV.»
Diez. Se modifica la redacción de los apartados 5 y 7 en el artículo 20 relativo al pago y justificación de las ayudas:
«5. La justificación documental se realizará mediante cuenta justificativa, de acuerdo con lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que contendrá, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación detallada de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos, indicando el correspondiente gasto incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento, acorde con el modelo recogido en la guía para la justificación.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá los siguientes documentos, en función de la modalidad escogida:
1.º) Modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, conforme al artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), que incluirá lo siguiente:
i) Una relación clasificada por conceptos, de los gastos realizados durante el periodo de ejecución, con identificación del acreedor y del tipo de documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, que en ningún caso podrá ser superior a la fecha de presentación de la documentación justificativa.
ii) Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano municipal competente u órgano equivalente en el caso de otro beneficiario, que acrediten la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán estar fechadas dentro del plazo de ejecución del proyecto, siendo necesaria la conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
iii) En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas de contratación en relación con la adjudicación, adjudicaciones definitivas y presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a derecho, no sea obligatorio la realización del correspondiente procedimiento de adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
iv) En el caso de que la adjudicación haya sido por contrato menor, justificar adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación.
v) Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la Intervención municipal u órgano similar en el caso de otro beneficiario de los pagos realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la fecha de liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de salida de fondos, todo ello acompañado de las facturas.
vi) Certificado del Secretario del Ayuntamiento o figura equivalente, de la realización de las actuaciones que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas.
vii) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
viii) En su caso, documentación explicativa de las desviaciones económicas producidas durante la ejecución del presupuesto aprobado.
2.º) Modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor (artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio):
i) Informe de auditor, inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La verificación a realizar por el auditor de cuentas tendrá el alcance de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la normativa de aplicación. La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el siguiente alcance:
– El cumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
– La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de las entidades beneficiarias, atendiendo al correspondiente manual de instrucciones de justificación.
– La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por las entidades beneficiarias, han sido financiadas con la subvención.
– La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Una vez realizada la revisión, el auditor emitirá un informe con el contenido que señala la Orden EHA/1434/2007, de 17 de marzo, en el apartado final de la mencionada orden. Además, el auditor deberá comprobar e incluir en el informe la información relativa al cumplimiento de los puntos recogidos en el apartado 5.b.1).i-viii del presente artículo.
ii) Una memoria económica abreviada del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de pago e importe imputado.
En esta modalidad de justificación, el beneficiario no está obligado a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias, quedando el beneficiario obligado a conservar los justificantes de gasto y documentos de pago de la subvención concedida, al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Documentación que acredite que se ha incorporado de forma visible el emblema de la Unión Europea, así como el texto que lo acompaña “Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU”, con el fin de poder identificar el origen de la subvención.
d) Cualquier otra documentación justificativa o informes que de acuerdo con la normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
e) Las memorias, tanto de actuación justificativa, como económica, deberán estar firmadas por la persona que ostente la representación legal.
f) La justificación de las subvenciones deberá efectuarse por el coste total del proyecto, cien por cien de la cantidad concedida y parte cofinanciada, en su caso, mediante la presentación de facturas o cualquier otro documento probatorio válido en derecho, debidamente cumplimentado.
g) El órgano instructor podrá requerir a la entidad beneficiaria para que aporte cualquier otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la subvención.»
«7. En caso de inclusión de talleres y jornadas se deberá justificar documentalmente:
a) Calendario de las jornadas, detallando en cada una de ellas el objetivo, la fecha y lugar, su duración, contenido y ponentes.
b) Curriculum vitae de los ponentes o cualquier otro medio que se considere oportuno para valorar la pertinencia y experiencia de los mismos.
c) Partes horarios de las jornadas.
d) Presupuesto desglosado para la realización de las jornadas o facturas proformas cuando incurra en gastos subvencionables.
e) Número de asistentes a cada una de las jornadas y talleres.
f) En caso de subcontratación de un tercero para la organización de la actividad se deberá presentar, además de lo anterior, un informe motivado sobre la elección del mismo para su organización y el presupuesto y/o factura de las acciones realizadas.»
Once. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 21:
«3. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los objetivos perseguidos con la ayuda concedida, ni alterar la actividad, actuación o comportamiento para los que se concedió, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento. Por causas justificadas podrá prorrogarse el plazo de ejecución del proyecto, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos asociados a este proyecto en el Plan de Recuperación a fecha 31 de diciembre de 2024, ni se perjudique derechos de terceros.»
Doce. Se modifica la redacción del apartado a).3.º del artículo 22:
«3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar los emblemas en: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.»
Trece. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 24:
«2. Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio “no causar un perjuicio significativo” por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.»
Catorce. Se modifica el apartado 4.ii) de la parte 1 del anexo I con la siguiente redacción:
«ii) Número de comercios directamente beneficiados y porcentaje que representan sobre el tejido comercial de la demarcación del beneficiario (efecto previsto).»
Quince. Se añade un anexo I.B:
«ANEXO I.B
Contenido de la Memoria Técnica
1. Descripción de la inversión.
2. Reglamento y normas técnicas consideradas.
3. Emplazamiento de las instalaciones (mapas y planos).
4. Clasificación y características de las instalaciones/obras.
5. Descripción de la instalación.
6. Posibles repercusiones en el medio ambiente.
7. Presupuesto.»
Dieciséis. Se dota de nuevo contenido al anexo III:
«ANEXO III
Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Don/Doña .........................................., DNI ...................., como Representante legal de la entidad ......................................................., con NIF ............................., y domicilio fiscal en ........................................................ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 13 “Impulso a la pyme”:
1. Declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
a) La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i) El nombre del perceptor final de los fondos;
ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;
iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”.
b) Apartado 3: “Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento”.
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
2. Manifiesta el compromiso de la entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
3. Atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
................................, XX de ............. de 202X
Fdo. ....................................
Cargo: ...............................»
Diecisiete. Se incluye anexo IV:
«ANEXO IV
Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). Beneficiario
Don/Doña ............................., con DNI ...................., representante legal de la entidad ...................................., con NIF ........................, y domicilio fiscal en ...................................................................................................... que participa como beneficiario de subvenciones convocadas por Orden XX “..................” en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 13. I04 “Modernización de la infraestructura comercial en municipios pequeños”, declara:
Primero.
Estar informada de la normativa aplicable a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y específicamente de que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.
Segundo.
Estar informada de que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente”, siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Tercero.
Que la entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de concesión.
Cuarto.
Que se compromete a poner en conocimiento del órgano concedente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Quinto.
Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias administrativas y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación. Fecha y firma.»
Lo dispuesto en esta orden será de aplicación a las convocatorias de ayudas que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la misma, a excepción de la modificación del 20.5 que será aplicable en la convocatoria 2021.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 15 de junio de 2022.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid