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Los municipios situados en la comarca del Campo de Gibraltar atraviesan una variada y excepcional problemática debido a su situación geoestratégica como puerta de Europa hacia el continente africano, su condición de bisagra de los espacios marítimos mediterráneo y atlántico, y la alta densidad de población de la zona, con 270.000 habitantes, lo que hacen necesario emprender acciones destinadas a lograr diversos objetivos en la zona, tales como su impulso económico, la mejora de la seguridad o la realización de inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

A tal fin se aprobó un Plan para el Campo de Gibraltar, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de noviembre de 2018, que integra diversas actuaciones para dar respuesta a la singularidad de la comarca, y cuya responsabilidad depende de distintos departamentos ministeriales. Entre las medidas de dicho plan, está incluida la concesión directa de subvenciones nominativas a entidades locales para financiar actuaciones concretas y excepcionales en los municipios de la comarca que lo precisen.

En cumplimiento de dicho plan, y desde su aprobación, se han previsto en las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado subvenciones nominativas aprobadas por importe de 7.300.000 euros, para actuaciones en los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar, formalizando los convenios correspondientes con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y con los ayuntamientos afectados, destinadas al sostenimiento financiero de inversiones destinadas a infraestructuras del ciclo del agua, la adquisición de equipos o la renovación integral del sistema de gestión del servicio de recogida de residuos, entre otras.

A esta situación geoestratégica excepcional, se añade la situación actual en relación con las reservas hídricas existentes en el Campo de Gibraltar ante la falta de recursos hídricos. Por lo que, en este contexto, la necesidad de invertir en la mejora de la infraestructura asociadas al ciclo del agua y la realización de inversiones que incrementen el aprovechamiento de los recursos naturales de forma más eficiente se hace aún más acuciante.

La excepcional situación que atraviesa la comarca del Campo de Gibraltar exige que sea necesario seguir mejorando los servicios públicos prestados por la citada Mancomunidad, manteniendo en 2024 el nivel de inversión alcanzado en los últimos años, lo que justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este real decreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya aplicación está avalada por el interés general, económico y social concurrentes que han quedado descritas.

Las subvenciones reguladas en el presente real decreto se conceden a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que, por su naturaleza y ámbito de actuación, es la única entidad capacitada para ejecutar las inversiones previstas, lo que impide la convocatoria pública de este tipo de subvenciones mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.

El presente real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como los de necesidad y eficacia, al estar justificadas por razones de interés general, quedar claramente identificados los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para la consecución de sus objetivos, por cuanto atienden a necesidades de interés económico y social cual es el apoyo financiero de las entidades beneficiarias para la realización de necesidades inaplazables, fines que quedan perfectamente identificados en el procedimiento establecido. No realizar las actuaciones previstas perjudicaría sensiblemente a las entidades beneficiarias privando del efecto pretendido por la norma.

Se adecúa también al principio de proporcionalidad, en tanto que no afecta a los derechos y obligaciones generales de la ciudadanía y las obligaciones que se imponen a la entidad beneficiaria de las subvenciones son las mínimas imprescindibles para asegurar el cumplimiento de su finalidad y se corresponden con las establecidas de modo general en la normativa general de subvenciones; al de transparencia, toda vez que la necesidad de la propuesta y sus objetivos constan de manera clara y explícita en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que es accesible a la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia, y que, tanto este real decreto como los convenios que se instrumentalicen para la concesión de las ayudas serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Asimismo, responde al principio de seguridad jurídica, ya que la norma contempla las garantías necesarias para la adecuada ejecución de las subvenciones en ella previstas, de conformidad en todo caso con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como con el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La regulación atiende de la manera más efectiva a las necesidades reales estableciendo un procedimiento ya consolidado en cuanto al régimen de justificación de los costes incurridos. Asimismo, la norma respeta los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa sobre subvenciones, tanto nacional como del acervo comunitario, en aras a evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos, adecuándose así al principio de eficiencia.

Por último, en la definición y contenido de las obligaciones derivadas de la ejecución de las actuaciones previstas se ha contado con la participación activa de la entidad beneficiaria y los municipios que componen la Mancomunidad, en su objeto, contenido, importe y medio de tramitación, dado que las actuaciones inaplazables a realizar en los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar, se han cuantificado por municipios, a propuesta unánime del Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

En la tramitación de este real decreto se ha recabado el informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se recoge el contenido mínimo establecido en el artículo 28.3 de esa misma ley.

El presente real decreto se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente previstas en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de octubre de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y por razones de interés general, con la finalidad de financiar inversiones destinadas a infraestructuras públicas del ciclo del agua, de residuos y otras que mejoran la calidad del aire y revitalizan el entorno natural de los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar.

Artículo 2.  Procedimiento de concesión.

1. Se autoriza la concesión directa de las referidas subvenciones en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir relevantes razones de interés general, social y económico, dada la excepcional problemática de la entidad beneficiaria debido a su situación geoestratégica como puerta de Europa hacia el continente africano, su condición de bisagra de los espacios marítimos mediterráneo y atlántico, y la alta densidad de población de la zona. Estas razones justifican por sí solas la imposibilidad de acudir a un procedimiento de concurrencia competitiva, al ser la entidad beneficiaria, que se recoge en el artículo 3, la única capaz de acometer las inversiones objeto de subvención.

2. La concesión de las subvenciones a que se refiere este real decreto se instrumentará mediante la firma de los correspondientes convenios entre el Ministerio de Hacienda, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y cada uno de los ayuntamientos que la componen.

El contenido de los convenios se ajustará a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular en lo que respecta a su objeto y compromisos asumidos, las actuaciones concretas subvencionables, el crédito presupuestario y la cuantía, el pago, el plazo de ejecución y la forma de la justificación, así como el órgano competente para realizar un seguimiento de las actividades objeto de la correspondiente subvención.

Con carácter previo a la formalización de los convenios de concesión y al pago, las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18 al 29 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Artículo 3.  Entidades beneficiarias.

La entidad beneficiaria de la subvención, en la cuantía que se recoge en el artículo 6 y con el desglose establecido en el artículo 4, será la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Artículo 4.  Actividades subvencionadas y ámbito de actuación.

Las subvenciones se destinarán a las siguientes finalidades:

a) Inversiones en infraestructuras del ciclo de gestión de residuos, por importe máximo de 2.742.000 euros.

b) Inversiones en infraestructuras del ciclo del agua, por importe máximo de 2.758.000 euros.

c) Otras inversiones en infraestructuras públicas, relacionadas con la mejora de la calidad del aire y la revitalización del entorno natural, por importe máximo de 1.800.000 euros.

La distribución de la subvención por municipios es la que figura en el siguiente cuadro:

Municipio	Cuantías			Total – Euros
	Gestión de residuos – Euros	Ciclo del agua – Euros	Otras – Euros
ALGECIRAS.	200.000		1.800.000	2.000.000
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.		1.600.000		1.600.000
SAN ROQUE.	967.000	100.000		1.067.000
LOS BARRIOS.	410.000	500.000		910.000
TARIFA.	605.000			605.000
JIMENA DE LA FRONTERA.	410.000	50.000		460.000
CASTELLAR DE LA FRONTERA.		400.000		400.000
SAN MARTIN DEL TESORILLO.	150.000	108.000		258.000
TOTAL.	2.742.000	2.758.000	1.800.000	7.300.000

Artículo 5.  Justificación de las subvenciones y demás obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. La justificación de las subvenciones por las entidades beneficiarias se efectuará mediante la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos que se determinen en la resolución de concesión.

2. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán sujetas a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las obligaciones que, en particular, se detallen en los convenios de concesión, especialmente, en relación con la justificación de las subvenciones.

Artículo 6.  Cuantía y financiación.

La cuantía de la subvención máxima que podrá ser concedida a la entidad beneficiaria será de 7.300.000 euros, que se financiarán con cargo al crédito 37.02.942N.765 «Para financiar inversiones en municipios del Campo de Gibraltar», previsto en el presupuesto prorrogado para 2024.

Artículo 7.  Régimen de pago.

Antes de realizar el libramiento de los fondos, deberá aportarse la documentación que se indique al efecto en los convenios que se firmen. Con el fin de facilitar la realización del objeto de la subvención por parte de los beneficiarios, se autoriza la realización de pagos anticipados.

Artículo 8.  Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

El otorgamiento de estas subvenciones por parte de la Administración General del Estado es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de todas las ayudas recibidas no supere el coste total de la actividad realizada.

Artículo 9.  Publicidad.

En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá mencionarse al Ministerio de Hacienda y a la Administración General del Estado, para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, en dicha publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 31 y en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

En caso de incumplimiento de esta obligación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10.  Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados e intereses devengados por las subvenciones, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de las subvenciones hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y en los términos establecidos en los artículos 37 a 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. En el supuesto de cumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, siempre que el citado cumplimiento parcial se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Los criterios de graduación del incumplimiento serán los siguientes:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda.

b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación y control, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.

c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones de la resolución de concesión, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

d) La falta de presentación de las memorias justificativas intermedias o finales conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

e) La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, significará el reintegro parcial de la ayuda en un importe igual al coste del bien o servicio adquirido sin que conste la existencia de las mencionadas ofertas.

No obstante, y sin perjuicio de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ese apartado y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Asimismo, deberá procederse al reintegro total de las subvenciones recibidas en caso de incumplimiento de la obligación de la justificación, según lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y por el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11.  Infracciones.

Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 12.  Régimen jurídico.

Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en los convenios de concesión, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por lo dispuesto en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución Española, respectivamente, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de octubre de 2024.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Hacienda,

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO