Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El 16 de mayo de 2019, sobre la base del artículo 10 del Reglamento de base, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antisubvención relativa a las importaciones en la Unión de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto o cosidos («TFV») originarios de la República Popular China («China») y de Egipto (en lo sucesivo denominados conjuntamente «los países afectados»). Ese mismo día la Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea («el anuncio de inicio») (2).

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La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 1 de abril de 2019 por Tech-Fab Europe («el denunciante») en nombre de productores que representan más del 25 % de la producción total de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto o cosidos de la Unión. En la denuncia se presentaban suficientes pruebas de subvención y del consiguiente perjuicio para justificar el inicio de la investigación.

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Antes de iniciar la investigación antisubvención, la Comisión notificó al Gobierno de China («las autoridades chinas») (3) y al Gobierno de Egipto («las autoridades egipcias») (4) que había recibido una denuncia debidamente documentada, e invitó a las autoridades chinas y a las autoridades egipcias a celebrar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las consultas se celebraron el 13 de mayo de 2019. Sin embargo, no se pudo alcanzar una solución consensuada.

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La Comisión había iniciado, el 21 de febrero de 2019, una investigación antidumping independiente referida al mismo producto originario de China y Egipto (5) («la investigación antidumping independiente»). El 7 de abril de 2020, la Comisión impuso derechos antidumping definitivos sobre las importaciones del producto afectado originario de China y Egipto (6) («la investigación antidumping definitiva»). Los análisis del perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión realizados en la presente investigación antisubvención y en la investigación antidumping independiente son, mutatis mutandis, idénticos, dado que la definición de la industria de la Unión, los productores de la Unión incluidos en la muestra, el período considerado y el período de investigación son los mismos en ambas investigaciones.

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Las autoridades chinas alegaron que la investigación no debía iniciarse, ya que la denuncia no cumplía los requisitos de prueba establecidos en el artículo 11, apartados 2 y 3, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC («el Acuerdo SMC») y en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base. Según las autoridades chinas, los elementos de prueba relativos a las subvenciones sujetas a medidas compensatorias, al perjuicio y al nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio eran insuficientes.

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La Comisión rechazó esta alegación. Las pruebas presentadas en la denuncia estaban constituidas por la información de que razonablemente podía disponer el denunciante en ese momento. Como se indica en el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas, que contiene la evaluación de la Comisión sobre todas las pruebas que tuvo a su disposición en relación con la República Popular China y Egipto, y sobre la base del cual inició la investigación, había pruebas suficientes en la fase de inicio de que las supuestas subvenciones estaban sujetas a medidas compensatorias dada su existencia, cuantía y naturaleza. La denuncia también contenía suficientes pruebas de la existencia de un perjuicio para la industria de la Unión, causado por las importaciones subvencionadas.

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Más concretamente, durante las consultas previas al inicio, las autoridades chinas indicaron que las referencias del denunciante a cualquier plan, programa o recomendación chino no eran pertinentes, ya que estos no son vinculantes y que la industria de TFV no se menciona en el Decimotercer Plan Quinquenal ni en el Decimotercer Plan Quinquenal de la Industria de Materiales de Construcción (2016-2020). Tras el inicio del procedimiento, las autoridades chinas declararon también que el TFV no está incluido en el documento «Made in China 2025». La Comisión señaló que las autoridades chinas no niegan la existencia de tales planes, programas o recomendaciones, sino que únicamente ponen en duda en qué medida son vinculantes o se aplican a la industria de TFV. La Comisión observó asimismo que el denunciante había aportado pruebas que apuntaban a que los «nuevos materiales» se mencionan en varios documentos gubernamentales, mientras que los «materiales a base de cristal» se mencionan en el Decimotercer Plan Quinquenal de la Industria de Materiales de Construcción (2016-2020). Las autoridades chinas no presentaron pruebas que demostraran que esas afirmaciones no fueran aplicables al producto afectado.

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Las autoridades chinas declararon también que ni la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») ni los bancos comerciales de propiedad estatal son organismos públicos, y que las autoridades chinas no dan encomiendas ni órdenes a los bancos privados. La Comisión señaló que esta alegación está relacionada con la ya citada anteriormente y que la denuncia, entre otras cosas, mencionaba el Derecho bancario chino, que las autoridades chinas no discuten que forme parte de la legislación china. La Comisión subrayó también que las recientes investigaciones antisubvención de la UE habían llegado a conclusiones diferentes en lo relativo a este asunto (7).

(9)

Además, las autoridades chinas alegaron que el crédito de comprador para la exportación se concede a empresas extranjeras y que, por lo tanto, no beneficia a los productores de TFV chinos. La Comisión constató, sin embargo, que las ayudas que se conceden a empresas extranjeras propiedad de productores chinos de TFV pueden beneficiar a estos últimos.

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Las autoridades chinas señalaron que el régimen fiscal relativo a la amortización acelerada de los equipos utilizados por las empresas de alta tecnología para el desarrollo y la producción de alta tecnología, así como algunos de los programas de subvenciones mencionados, habían concluido. La Comisión tomó nota de esta observación, pero subrayó que no podía aplicarse a todos los programas ni a los diferentes niveles de autoridades gubernamentales (nacionales, regionales o locales) mencionados en la denuncia. Además, el régimen fiscal relativo a la amortización acelerada pudo aún haber producido beneficios, como la amortización durante la vida útil del equipo pertinente, durante el período de investigación.

(11)

Tras el inicio del procedimiento, las autoridades chinas alegaron además que el denunciante no establecía las condiciones para aplicar un valor de referencia de otro país para los préstamos y los derechos de uso del suelo. La Comisión constató, sin embargo, que las alegaciones de la denuncia estaban respaldadas por recientes investigaciones antisubvención de la UE que han llegado a la conclusión de que es necesario establecer valores de referencia externos ajustados a las condiciones imperantes China (8).

(12)

Por otra parte, las autoridades chinas afirmaron que la denuncia carecía de pruebas suficientes, ya que se basó principalmente en Reglamentos de la UE anteriores, que afectan a productos con una definición distinta. No obstante, la Comisión señaló que las conclusiones alcanzadas en investigaciones antisubvención anteriores y recientes están relacionadas con los mismos programas de subvención a que se refiere la denuncia. Tras el inicio, las autoridades chinas alegaron, además, que se habían producido cambios y reformas sustanciales en el sector financiero entre los años 2016 y 2018, por lo que la denuncia no podía basarse en ninguna situación preexistente. Sin embargo, la Comisión señaló que el denunciante también había aportado en su denuncia elementos de prueba adicionales que demostraban que los programas de subvenciones seguían existiendo, sin modificaciones importantes. La Comisión recordó además que las autoridades chinas no habían facilitado pruebas que refutaran la continuación de dichos programas. Por lo tanto, en esta fase del inicio del procedimiento, las pruebas disponibles apuntaban a que no se habían producido cambios importantes en los programas de subvenciones en cuestión. En última instancia, así lo confirmaría la investigación.

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Las autoridades chinas alegaron además, en relación con varias subvenciones, que el denunciante no había aportado pruebas del beneficio y de la especificidad. La Comisión opina que el denunciante proporcionó suficientes pruebas del beneficio y la especificidad, en la medida en que podía disponer razonablemente de ellas. En cualquier caso, la Comisión examinó las pruebas presentadas en la denuncia y ofreció su propia evaluación de todos los elementos pertinentes en el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas, que se incluyó en el expediente de libre acceso al inicio del procedimiento. Las autoridades chinas reiteraron sus comentarios tras el inicio del procedimiento, pero no proporcionaron ninguna otra prueba.

(14)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que la denuncia presentaba pruebas suficientes para demostrar la existencia de la presunta subvención por parte de las autoridades chinas.

(15)

Por último, un elemento particular a este caso es que la presunta subvención en Egipto afecta a dos empresas de la Zona de Cooperación Económica y Comercial de Suez (en lo sucesivo, «la zona CECS»), una zona económica especial creada conjuntamente por China y Egipto, que son los dos países afectados por la denuncia. La Comisión manifestó su intención de investigar todas las subvenciones recibidas por estas empresas en la zona CECS, independientemente de su origen.

(16)

Durante las consultas previas al inicio, las autoridades chinas indicaron que el denunciante no tenía ninguna base jurídica para cuestionar a las autoridades chinas en lo referente al producto afectado originario de Egipto o exportado desde este país. La Comisión tomó nota de los argumentos de las autoridades chinas, pero siguió considerando que había pruebas suficientes para iniciar una investigación sobre las supuestas subvenciones sujetas a medidas compensatorias concedidas a las empresas de la zona CECS, independientemente de su origen.

(17)

Tras el inicio del procedimiento, las autoridades chinas alegaron que, al establecer el consumo de la Unión, el ajuste realizado en los datos sobre las importaciones procedentes de China era injusto en comparación con el realizado en los datos sobre las importaciones procedentes de otros terceros países, como Rusia. Las autoridades chinas sostuvieron, además, que la Comisión no había verificado estos ajustes, Las autoridades chinas argumentaron también que no hay información en el expediente sobre la información de mercado que se utiliza para realizar los ajustes sobre los datos relativos a las importaciones.

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Como se indica también en el considerando 937, tras el análisis de las importaciones realizado por el denunciante sobre la base de la NC, las importaciones también se evaluaron a partir de las estadísticas del TARIC, cotejadas con otras fuentes y ajustadas en su caso. Por lo que se refiere a Rusia, los datos sobre las importaciones se cotejaron y ajustaron en función de los datos sobre las importaciones procedentes de los productores de TFV vinculados con los productores de la Unión que eran los únicos productores de TFV de Rusia conocidos. Esta metodología se consideró razonable y permitió una estimación precisa de las importaciones del producto afectado procedentes de Rusia. De la misma manera, durante la investigación, como se explica en el considerando 937, la Comisión cotejó los datos estadísticos del TARIC de Eurostat con los datos presentados por los productores chinos que se dieron a conocer durante el muestreo. El volumen de exportación de TFV comunicado por los productores exportadores chinos que cooperaron representaba la totalidad de las importaciones registradas en Eurostat con los códigos TARIC pertinentes, por lo que se consideró que todas las exportaciones correspondían al producto afectado. Por último, al contrario de lo que alegaron las autoridades chinas, la denuncia explicaba cómo se utilizaba la información del mercado para ajustar los datos de importación. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

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En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que el mercado de TFV está segmentado y que cada uno de los segmentos representa unas franjas de precios enormemente diferentes. Argumentaron que los tres tipos principales de producto, los tejidos de roving, los tejidos de punto no engarzados y los materiales complejos, tienen composiciones diferentes y siguen fases o procesos de fabricación distintos, y, por lo tanto, también difieren los costes de producción y los precios de venta. Además, estos tres tipos de producto presentan características físicas y técnicas diferentes, que a su vez definen sus usos finales. Según las autoridades chinas, la comparación de precios y la evaluación relativa a la subcotización, así como la evaluación del impacto supuestamente perjudicial de las importaciones chinas, tal y como se realizan en la denuncia, a nivel agregado, son engañosas e insuficientes si no se evalúan también el volumen y la cuota de mercado de los productores chinos y de la Unión en cada uno de los segmentos de producto.

(20)

La Comisión consideró que las autoridades chinas no presentaron pruebas que corroboraran estas alegaciones. En el inicio del procedimiento, el denunciante proporcionó pruebas suficientes sobre los costes y los precios del producto investigado. El hecho de que existan diferentes tipos de productos que puedan tener distintos procesos de producción, costes y precios de venta no implica automáticamente que exista una segmentación del mercado. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base, el denunciante debe facilitar la información que razonablemente tenga a su alcance. Dado que los costes y los precios de los tipos de producto fabricados en China son confidenciales por naturaleza y no están a disposición del denunciante, la Comisión consideró que la denuncia contenía información suficiente para iniciar la investigación, en la medida en que el denunciante podía disponer razonablemente de ella.

(21)

Además, la información que la Comisión recabó y recibió durante la investigación puso de manifiesto que el mercado de TFV de la Unión no está segmentado. La alegación de que los tres tipos de producto —tejidos de roving, tejidos de punto no engarzados y materiales complejos— tienen características físicas y técnicas diferentes, que a su vez definen sus usos finales, es objetivamente incorrecta. Tal y como se explica en la denuncia y en los considerandos 129 a 138, el producto afectado se utiliza para reforzar las resinas termoplásticas y termoendurecibles en la industria de los compuestos, y las autoridades chinas no han rebatido este punto. Los diferentes usos a menudo se solapan: el tipo de tejido elegido dependerá del aspecto de la superficie, del flujo de resina, de la tensión a la que estará sometido el producto acabado y de la técnica de aplicación. Algunos tipos de producto son especialmente buenos para las técnicas de producción en molde cerrado, o para el moldeado a mano.

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Los tres tipos de producto tienen los siguientes usos principales, que se solapan: Los tejidos de roving se utilizan en aplicaciones termoendurecibles, especialmente el moldeado a mano, en productos marinos (cascos y cubiertas de embarcaciones), en paneles de carrocería para vehículos (por ejemplo, de camiones y trenes), en las palas de los molinos de viento, en tuberías y en tanques. Los tejidos de punto no engarzados se utilizan en la construcción de productos marinos (cascos y cubiertas de embarcaciones), en paneles de carrocería para vehículos (por ejemplo, de camiones y trenes), en las palas y las góndolas de los molinos de viento, en esquís y snowboards, en tuberías y en tanques. Los materiales complejos se utilizan en aplicaciones de molde cerrado para carrocerías y paneles de vehículos, productos marinos (cascos y cubiertas de embarcaciones), góndolas de molinos de viento y vehículos de ocio.

(23)

Por último, la Comisión señala que no es infrecuente que un producto afectado se utilice en tipos de producto con una estructura de costes y unos precios diferentes. Esta es la razón por la que la Comisión recaba datos sobre la base de una clasificación detallada de los tipos de producto. Esa clasificación, además de entre tipos de tejido, distinguía entre formatos de venta, tipos de vidrio utilizado, gramaje y densidad de los rovings. El cálculo de la subcotización se basó en una comparación por tipo de producto y, por tanto, se tuvieron en cuenta todas estas características al comparar las importaciones procedentes de China con el TFV de los productores de la Unión. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(24)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron además que las importantes diferencias entre los precios de importación de TFV de diferentes procedencias dejan claro también que el mercado de la Unión para los distintos tipos de producto está segmentado, y que las importaciones procedentes de distintos países se destinan a segmentos de mercado diferentes.

(25)

Como se ha señalado, la información que la Comisión recabó durante la investigación confirmó que el mercado de TFV de la Unión no está segmentado. Además, la investigación ha demostrado que los productores exportadores chinos y los productores exportadores egipcios no exportan formas completamente diferentes de TFV. La correspondencia entre el producto vendido por los productores exportadores de China y de Egipto se situaba alrededor del 90 %. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(26)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron además que la comparación de los precios y el cálculo de la subcotización de las importaciones procedentes de China realizados en la denuncia se basaron en datos no comparables y seleccionados cuidadosamente, que se ajustaron de manera incorrecta.

(27)

Tal como se ha mencionado anteriormente, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base establece el nivel de las pruebas que debe presentar el denunciante en su denuncia. Así, aunque la información debe ser suficiente, también debe estar razonablemente al alcance del denunciante. Dado que la información sobre costes y precios es confidencial por naturaleza, en la fase inicial el denunciante no puede disponer de datos precisos sobre los costes y los precios por tipo de producto exportado por empresas de terceros países. No obstante, la información facilitada se consideró suficiente para iniciar la investigación, ya que se basaba en las estadísticas de los precios de importación chinos de Eurostat.

(28)

La Comisión señaló además que, como se especifica en el considerando 965, el cálculo de la subcotización durante la investigación se basó principalmente en datos reales y detallados de los productores de la Unión y los productores exportadores incluidos en la muestra, lo que confirmó las alegaciones de subcotización realizadas en la denuncia basándose en estadísticas de Eurostat. Por lo tanto, se consideró que este argumento era discutible por lo que se refiere a los datos utilizados en la investigación.

(29)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que las importaciones de TFV procedentes de China no pusieron presión sobre los precios. No se facilitaron pruebas que corroboraran esta alegación.

(30)

En cambio, la denuncia contenía información sobre el efecto de las importaciones subvencionadas en los precios del producto similar en el mercado de la Unión y el consiguiente impacto de las importaciones en la industria de la Unión, que se consideraron suficientes para iniciar la investigación. Las pruebas presentadas en la denuncia mostraban que los precios de importación egipcios y chinos subcotizaban de forma importante los precios de la Unión.

(31)

Por otra parte, esa afirmación es objetivamente incorrecta. Como la Comisión pudo comprobar durante la investigación y como se explica en el considerando 966, los productores exportadores chinos incluidos en la muestra subcotizaron de manera importante los precios de la industria de la Unión durante el período de investigación. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(32)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que la acumulación de importaciones procedentes de China y de Egipto a efectos del análisis del perjuicio no está justificada en el presente caso, ya que las condiciones de competencia entre las importaciones procedentes de estos países, así como entre las importaciones procedentes de estos países y el producto similar producido y vendido por la industria de la Unión en el mercado de la Unión, son muy diferentes. Las autoridades chinas alegaron que el TFV chino no compite con el egipcio, ya que i) no hubo prácticamente importaciones de TFV procedentes de Egipto hasta 2017; ii) las importaciones de TFV procedentes de China y Egipto siguieron tendencias completamente opuestas; iii) las importaciones egipcias tienen un precio diferente; y iv) Egipto solo importa tejidos de punto no engarzados, según los cálculos del propio denunciante, y por lo tanto no compite con las ventas de TFV de la Unión y de China en el mercado de la Unión.

(33)

La Comisión observó, en primer lugar, que la denuncia contenía pruebas suficientes que apuntaban a que se estaban subvencionando las importaciones del producto afectado y que los volúmenes de importación eran significativos y causaban un perjuicio a la industria de la Unión. También contenía varios elementos relativos a la evaluación acumulativa de las importaciones procedentes de los dos países afectados (en particular, que los importes de subvención estimados para cada país no son de minimis (9), que en los dos casos los volúmenes de importación son significativos (10), que los países en cuestión compiten entre sí, con el producto similar y con terceros países, y que los productos exportados por estos países comparten con el producto similar las mismas características y usos finales (11)), que se consideró que superaban la carga de la prueba que les correspondía en la fase de inicio. Estas pruebas se analizaron más a fondo durante la investigación y la Comisión confirmó que se cumplían las condiciones para la acumulación, como se explica detalladamente en los considerandos 947 a 950.

(34)

Las autoridades chinas alegaron también que el volumen de las importaciones chinas disminuyó en el período considerado y no pudo haber perjudicado a los productores de la Unión.

(35)

Como se ha indicado anteriormente, la denuncia contenía suficientes pruebas de que las importaciones chinas y egipcias de TFV debían evaluarse acumulativamente. De acuerdo con las pruebas contenidas en la denuncia, las importaciones TFV de ambos países compiten entre sí y con el producto similar, así como con las importaciones procedentes de terceros países. Las importaciones procedentes de China y Egipto presentan las mismas características y usos del producto, y se venden a clientes en toda la Unión en competencia directa con el TFV producido por la industria de la Unión y terceros países.

(36)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que el denunciante no había facilitado datos fiables en lo relativo a la industria de la Unión en su conjunto, ya que los datos correspondientes a los productores no denunciantes eran poco fiables. Además, el denunciante no facilitó información sobre varios indicadores de perjuicio.

(37)

Las autoridades chinas no explicaron por qué los datos eran poco fiables. Una vez más hay que señalar que el denunciante no disponía de información confidencial sobre las ventas y la producción de los productores de la Unión no denunciantes. Por lo tanto, presentó estimaciones que se consideraron razonables y suficientemente precisas, y conformes con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base. Para aportar pruebas suficientes del perjuicio, no hay obligación de proporcionar datos sobre todos los indicadores de perjuicio que se mencionan en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento de base, ni todos los indicadores de perjuicio deben mostrar una tendencia a la baja.

(38)

La Comisión observó que la muestra de productores de la Unión seleccionada durante la investigación incluía al mayor productor no denunciante, lo que dio a la Comisión la oportunidad de cotejar los macrodatos facilitados por el denunciante. Además, la Comisión consideró todos los indicadores de perjuicio en la investigación. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(39)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que los productores de la Unión no sufrían ningún perjuicio, y mucho menos a causa de las importaciones chinas. Según las autoridades chinas, entre 2015 y el PI de la denuncia la industria de la Unión atravesaba un buen momento y prácticamente todos los indicadores de perjuicio evolucionaban positivamente o se mantenían estables.

(40)

Los datos de la denuncia mostraban con claridad que la industria de la Unión se ha visto gravemente perjudicada por las importaciones subvencionadas de TFV procedentes de los países en cuestión, que subcotizaron fuertemente los precios. La producción, las ventas y la cuota de mercado de la industria de la Unión han disminuido sustancialmente. Los denunciantes se vieron forzados a reducir la inversión y el empleo. Las existencias de los productores de la Unión que apoyaron la denuncia aumentaron, y su rentabilidad descendió.

(41)

La Comisión observó que, durante la investigación, los indicadores de perjuicio establecidos sobre la base de los datos reales verificados facilitados por los productores de la Unión incluidos en la muestra mostraron un perjuicio importante causado por las importaciones procedentes de los países afectados. Las autoridades chinas presentaron observaciones sobre estos indicadores a raíz de la comunicación final (12). Dichas observaciones se tratan en la sección 5.4 del presente Reglamento.

(42)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que la industria de la Unión se había visto perjudicada por sus importaciones conexas procedentes de terceros países y la disminución de la demanda en el mercado de la Unión.

(43)

La Comisión discrepó de este parecer. La denuncia demostró que, debido a los bajos volúmenes de las importaciones procedentes de terceros países, estos no podían haber causado un perjuicio importante. El análisis que hizo el denunciante de los indicadores de perjuicio puso además de manifiesto que el perjuicio no puede explicarse por la disminución de la demanda en el mercado de la Unión, ya que la disminución de su cuota de mercado demuestra que la caída de las ventas que experimentó superó claramente el descenso del consumo.

(44)

El denunciante proporcionó pruebas suficientes del nexo causal entre las importaciones procedentes de los países afectados y el perjuicio. Además, el denunciante analizó otras posibles causas de perjuicio, tales como el rendimiento y los resultados de exportación de los productores de la Unión y las importaciones procedentes de otros terceros países.

(45)

Las importaciones procedentes de terceros países y la disminución de la demanda en el mercado de la Unión durante la investigación se examinan en la sección 6.2. Tras la comunicación final, las autoridades chinas no presentaron nuevos argumentos en sus observaciones sobre el inicio. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(46)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas alegaron que los productores de la Unión integrados verticalmente sufrieron un perjuicio debido a los costes relacionados con la «integración hacia atrás» y disminuyeron su capacidad de venta en el mercado libre debido a su «integración hacia abajo».

(47)

Al inicio, no se disponía de información que indicara una desventaja competitiva aparente de la industria de la Unión. Además, los productores de la Unión no suelen estar integrados verticalmente.

(48)

Por otra parte, la Comisión señaló que la investigación no ha demostrado que existan costes irregulares debidos a la integración vertical. Es más, todos los productores de la Unión incluidos en la muestra vendían sus productos principalmente a clientes no vinculados. Por lo tanto, se rechazó este argumento.

(49)

En sus observaciones sobre el inicio, las autoridades chinas afirmaron que las diferentes tendencias de las ventas del denunciante y de los productores no denunciantes entre 2015 y el PI de la denuncia indican que los dos grupos de productores compiten por las ventas y los clientes. Por ello, que el denunciante perdiera una parte de sus ventas y de sus cuota de mercado a favor de los productores no denunciantes es también una causa probable de que el volumen de ventas del primero se resintiera y no pudiera aumentar los precios durante el PI de la denuncia.

(50)

La competencia entre los productores de la Unión es una consecuencia del libre mercado que normalmente se da por supuesta y no es un factor que explique la existencia de perjuicio —a menos que, por ejemplo, se encuentren pruebas de la existencia de prácticas contrarias a la competencia, lo que no es el caso—. Así pues, no solo los productores de la Unión denunciantes y no denunciantes compiten entre sí en el mercado de la Unión, sino que también los productores de la Unión denunciantes compiten entre sí. No puede considerarse que esto atenuara el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el importante perjuicio sufrido por toda la industria de la Unión. Las conclusiones de que existe un perjuicio importante basadas en una muestra válida se apoyan en una evaluación de la industria en su conjunto, incluidos los datos de los productores denunciantes y los no denunciantes (microdatos y macrodatos).

(51)

Durante la investigación, como se especifica en la nota del expediente para inspección por la parte interesada sobre la muestra final de productores de la Unión, de 21 de junio de 2019, la muestra de productores de la Unión consistió tanto en productores de la Unión denunciantes como en productores no denunciantes. Además, la determinación del perjuicio no se limitó a los productores de la Unión denunciantes, sino que se extendió a toda la industria de la Unión en su conjunto. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(52)

Por último, en sus observaciones tras el inicio, las autoridades chinas alegaron que se había concedido una confidencialidad excesiva a datos clave, como los que respaldaban la denuncia y los principales datos relacionados con el perjuicio. Las autoridades chinas afirmaron que este hecho les había impedido refutar adecuadamente las alegaciones de perjuicio formuladas por el denunciante.

(53)

La Comisión consideró que la versión abierta para inspección por las partes interesadas de la denuncia incluía todas las pruebas esenciales y los resúmenes no confidenciales de los datos a los que se había concedido trato confidencial, permitiendo a las partes interesadas ejercer su derecho de defensa durante todo el procedimiento. Se recuerda que el artículo 29 del Reglamento de base prevé la protección de la información confidencial en circunstancias en las que su divulgación supondría, desde el punto de vista de la competencia, una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido. Por lo tanto, se desestimaron las alegaciones de las autoridades chinas en este punto.

(54)

Las autoridades egipcias alegaron que la investigación no debía iniciarse, ya que la denuncia no cumplía los requisitos de prueba establecidos en el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base. Según las autoridades egipcias, los elementos de prueba relativos a las subvenciones sujetas a medidas compensatorias, al perjuicio y al nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio eran insuficientes. La Comisión rechazó esta alegación por las mismas razones que se exponen en el considerando 6.

(55)

Durante las consultas previas al inicio, las autoridades egipcias señalaron que el denunciante no había presentado pruebas de que los poderes públicos egipcios concedieran los supuestos préstamos preferentes. Sin embargo, teniendo en cuenta el conjunto de pruebas presentadas en la denuncia, y especialmente los acuerdos entre China y Egipto, así como los objetivos de estos acuerdos, la Comisión considera que el denunciante proporcionó pruebas suficientes en la medida en que podía disponer razonablemente de ellas, mediante las que demostraba que se podía atribuir a las autoridades egipcias la concesión de subvenciones a través de préstamos preferentes.

(56)

Además, las autoridades egipcias alegaron que los supuestos beneficios fiscales se eliminaron de la legislación en 2015 y que el denunciante no aportaba pruebas de que siguieran aplicándose a los proyectos existentes. La Comisión, sin embargo, concluyó que el denunciante había proporcionado suficientes pruebas de que dichos beneficios fiscales se mantenían, en la medida en que podía disponer razonablemente de ellas.

(57)

Las autoridades egipcias afirmaron también que la condonación de los derechos de importación sobre las materias primas no constituye una subvención, en la medida en que estos productos importados se reexportan como tales o se transforman en productos derivados. La Comisión reconoció que solo la condonación excesiva de los derechos de importación sobre las materias primas constituye una subvención sujeta a medidas compensatorias, detalle al que prestó especial atención durante la investigación. La Comisión señaló además que la observación de las autoridades egipcias no era aplicable a los equipos de producción.

(58)

Las autoridades egipcias alegaron que el denunciante no había aportado pruebas de que se hubieran otorgado beneficios en forma de concesión de suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. La Comisión, sin embargo, concluyó que el denunciante había proporcionado suficientes pruebas de la existencia de estos beneficios, en la medida en que podía disponer razonablemente de ellos.

(59)

Por último, las autoridades egipcias indicaron que el denunciante no había aportado pruebas de especificidad en lo relativo al suministro de electricidad por una remuneración inferior a la adecuada, ya que no hay especificidad cuando el acceso a una subvención está sujeto a condiciones objetivas. La Comisión señaló que la autoridades egipcias no habían proporcionado ninguna prueba con respecto a estas condiciones objetivas durante las consultas previas al inicio.

(60)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que la denuncia presentaba pruebas suficientes para iniciar una investigación sobre la supuesta concesión de subvenciones sujetas a medidas compensatorias, de forma directa o indirecta, por parte de las autoridades egipcias.

(61)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Yuntianhua alegó que la sustitución de los factores de producción realizada en la investigación antidumping independiente era inadecuada, y solicitó a la Comisión que llevara a cabo un cálculo del margen de dumping para los productores exportadores del Grupo sin recurrir al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea («el Reglamento antidumping de base») (13). Según el Grupo Yuntianhua, la investigación antisubvención no encontró pruebas de que se proporcionaran insumos de TFV por una remuneración inferior a la adecuada. Asimismo, el Grupo alegó que la investigación antisubvención aceptó que los insumos de TFV se adquirieron a valores de mercado no distorsionados, puesto que el volumen de negocios de los proveedores de insumos y de materias primas se utilizó para el cálculo de las subvenciones.

(62)

La Comisión señaló, en primer lugar, que las observaciones sobre el cálculo y la metodología utilizados en la investigación antidumping independiente quedan fuera del ámbito del presente procedimiento. Por lo tanto, estas observaciones relativas a la metodología utilizada para determinar el dumping deben formularse en la investigación correspondiente.

(63)

En segundo lugar, la investigación, descrita en la sección 3, demostró que los proveedores clave de los productores exportadores recibieron de manera generalizada subvenciones públicas. La Comisión recordó que el uso del volumen de negocios de las empresas vinculadas que suministran insumos y materias primas no implica la aceptación de que el valor de mercado de dichos suministros no esté distorsionado. Por el contrario, el volumen de negocios es la clave de reparto, que permite una imputación adecuada de las subvenciones que se haya establecido que se concedieron a los productores exportadores.

(64)

Por último, la Comisión señaló que las conclusiones formuladas en virtud del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento antidumping de base se refieren a distorsiones significativas que ocurren cuando los precios o los costes se ven afectados por una intervención sustancial de los poderes públicos. En este contexto, se examinan diferentes elementos desde un punto de vista holístico. En consecuencia, el hecho de que una investigación antidumping con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, no se base en pruebas relativas a la subvención de las materias primas o del producto afectado no es óbice para que la Comisión investigue, por separado y de conformidad con las normas aplicables en el Reglamento de base, si existen subvenciones. Por lo tanto, se rechazaron los argumentos del Grupo Yuntianhua.

(65)

Tras la comunicación definitiva adicional, el Grupo Yuntianhua alegó que esta contenía nuevas conclusiones relativas a: i) la ausencia de una segmentación del mercado de TFV; ii) las características físicas y técnicas de los productos; iii) la estructura de costes y precios; iv) una doble contabilización, resultante de la imposición simultanea de derechos antidumping y antisubvención, que afectaba al nivel de los derechos antidumping definitivos establecidos el 7 de abril de 2020; y v) el hecho de que el margen de dumping constatado en la investigación antidumping para esta parte era incorrecto y debía reducirse por el importe total de la subvención establecido en China para impedir un doble cómputo. Estos elementos no estaban incluidos en la divulgación final del procedimiento antidumping paralelo, que, por tanto, no contenía estas conclusiones y consideraciones esenciales. Por consiguiente, según esta parte, el Reglamento antidumping definitivo (UE) 2020/492 sería manifiestamente infundado e ilegal, y el margen de dumping del 64,7 % que figura en él sería incorrecto.

(66)

La Comisión señaló, en primer lugar, que las explicaciones incluidas en la comunicación definitiva adicional en el presente procedimiento son una reacción a las observaciones recibidas de las partes a raíz de dicha comunicación y, por lo tanto, contenían más detalles sobre las conclusiones realizadas por la Comisión. Por consiguiente, no se trata de nuevas conclusiones, sino que se responde simplemente a las observaciones de las partes interesadas.

(67)

Además, por lo que se refiere a los puntos i) a iii) planteados por esta parte, es decir, la no segmentación del mercado de TFV, las características del producto y la estructura de costes y precios, la Comisión señaló que las observaciones de la comunicación adicional relativas a estos tres puntos tenían por objeto abordar las nuevas alegaciones planteadas por las partes. Estas nuevas alegaciones se presentaron únicamente en el contexto del presente procedimiento antisubvención. La única alegación sobre la segmentación formulada en el procedimiento antidumping fue que los productores de la Unión solo producían productos de fabricantes de equipos originales creados para clientes específicos y que no debían imponerse medidas a este segmento. Estos argumentos se trataron en profundidad en el considerando 409 del Reglamento antidumping (14). Por lo tanto, la Comisión no pudo haber abordado estas nuevas observaciones en el contexto de la comunicación antidumping. El Reglamento antidumping definitivo contenía todas las conclusiones y consideraciones esenciales sobre cuya base la Comisión adoptó su Decisión en relación con dicho procedimiento y abordó plenamente todas las alegaciones que se hicieron en su contexto. Las conclusiones del procedimiento antisubvención no afectan al razonamiento que se expone en el Reglamento antidumping definitivo.

(68)

Además, desde un punto de vista material, estos puntos no afectan ni modifican en modo alguno las conclusiones de la investigación, ya sea la antidumping o la antisubvención. Por lo tanto, no repercuten en ninguno de estos puntos con respecto a la situación de la parte que formuló la alegación ni en la de las otras partes. A pesar de ello, la Comisión decidió conceder a las partes otra oportunidad para formular observaciones relativas a dichos puntos. De hecho, aunque no suponían ningún cambio (y, por lo tanto, la Comisión no tenía en principio la obligación de abordarlos en la comunicación adicional, sino en el Reglamento definitivo), estos puntos se incluyeron en la comunicación definitiva adicional. Por todos estos motivos, se rechazaron estas alegaciones.

(69)

En cualquier caso, no existe contradicción alguna entre las conclusiones de las dos investigaciones. La única diferencia es que las partes tuvieron la oportunidad de realizar observaciones en una fase más avanzada y así lo hicieron. La Comisión tenía la obligación de responder a estas observaciones, y así lo ha hecho en el presente Reglamento.

(70)

Por lo que se refiere específicamente a los puntos iv) y v) del considerando 67, sobre la posible doble contabilización y el margen de dumping, la Comisión observó lo siguiente. En primer lugar, como ya se explicó en la respuesta a las observaciones de las partes sobre la divulgación definitiva de este procedimiento, en particular en el considerando 1137, la Comisión trató en profundidad la cuestión de la doble contabilización y brindó a todas las partes la oportunidad de presentar observaciones en el curso del presente procedimiento. Esto no pudo haberlo hecho en el contexto del procedimiento antidumping que estaba entonces en curso. En segundo lugar, la Comisión señala que, en el contexto de procedimientos antidumping y antisubvención independientes sobre el mismo producto originario del mismo país, si la imposición de derechos compensatorios se produce más tarde que el establecimiento de derechos antidumping, no existe otra opción que modificar los derechos antidumping establecidos anteriormente. Esto debe hacerse para tener en cuenta los nuevos derechos compensatorios impidiendo, al mismo tiempo, la doble contabilización y respetando la regla del derecho inferior, si procede y es pertinente. Con este fin, en estos casos la técnica legislativa consiste en imponer los derechos compensatorios pertinentes y, al mismo tiempo, modificar en consecuencia los derechos antidumping aplicables correspondientes mediante el mismo Reglamento. Por lo tanto, al contrario de lo que alega esta parte, el Reglamento antidumping (UE) 2020/492 no es manifiestamente incorrecto o infundado. Las evaluaciones y alegaciones pertinentes se han tratado en profundidad en el presente Reglamento, que también constituye la base para modificar el Reglamento antidumping definitivo. Dado que el derecho antidumping pertinente aplicable al Grupo Yuntianhua se modifica también de conformidad con el presente Reglamento, como se explica detalladamente en la sección 8, la afirmación de esta parte de que el nivel de su derecho antidumping establecido en el Reglamento (UE) 2020/492 es incorrecto es errónea tanto fáctica como jurídicamente. Por todas estas razones, se rechazan las alegaciones del Grupo Yuntianhua.

(71)

El 31 de julio de 2019, el denunciante presentó una solicitud de registro de las importaciones de TFV originarios de los países afectados, sobre la base del artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base. El 21 de noviembre de 2019, el denunciante volvió a presentar una solicitud de registro con arreglo al artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base, con cifras actualizadas de las importaciones.

(72)

De conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base, las importaciones del producto afectado se someten a registro para garantizar que, en caso de que las conclusiones de la investigación den lugar a la imposición de derechos compensatorios definitivos, tales derechos, si se cumplen las condiciones necesarias, puedan recaudarse retroactivamente de las importaciones registradas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

(73)

En respuesta a la solicitud de registro, las partes interesadas presentaron observaciones a las que la Comisión dio seguimiento en el Reglamento de registro. La Comisión tenía a su disposición pruebas suficientes que justificaban la necesidad de someter las importaciones a registro.

(74)

El 21 de enero de 2020, la Comisión publicó el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/44 («el Reglamento de registro») (15), por el que se someten a registro las importaciones de TFV originarios de China y Egipto desde el 22 de enero de 2020.

(75)

Durante la investigación, se puso de manifiesto que algunos operadores económicos podrían no haberse dado a conocer por haber interpretado de forma incorrecta la definición del producto investigado. Por este motivo, el 18 de septiembre de 2019, la Comisión aclaró la formulación de la descripción del producto que aparecía en el anuncio de inicio mediante la publicación de una nota («la nota aclaratoria») (16). Asimismo, la nota aclaratoria ofrecía a las partes la posibilidad de darse a conocer en un plazo determinado y solicitar un cuestionario, si así lo deseaban. Ninguna parte interesada realizó observaciones sobre la nota aclaratoria ni solicitó un cuestionario.

(76)

Tras la publicación de la nota aclaratoria y durante la investigación subsiguiente quedó demostrado que ningún operador económico había dejado de darse a conocer debido a un posible malentendido en la definición del producto afectado que aparecía en el anuncio de inicio.

(77)

La investigación sobre las subvenciones y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 (el «período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el final del período de investigación («el período considerado»).

(78)

La investigación antisubvención actual y la investigación antidumping mencionada en el considerando 4 abarcan el mismo período de investigación y el mismo período considerado.

(79)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. Además, informó específicamente al denunciante, a las autoridades egipcias, a las autoridades chinas, a otros productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos y a los importadores y usuarios conocidos del inicio de la investigación, y les invitó a participar.

(80)

Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en los procedimientos comerciales. El Grupo Yuntianhua solicitó la intervención del Consejero Auditor para manifestarle su preocupación por el plazo fijado para responder a una carta de deficiencias. La empresa alegó que había pasado por alto la carta de deficiencias porque su servidor había clasificado por error el correo electrónico de la Comisión como correo basura, y solicitó una prórroga de dieciocho días. El Consejero Auditor invitó a la Comisión a ampliar el plazo en 6 días.

(81)

Como se ha mencionado en la sección 1.3, la Comisión aclaró la definición del producto durante la investigación y otorgó a las partes interesadas afectadas por dicha aclaración, o que pudieran no haberse dado a conocer por considerar que el procedimiento no las afectaba, la oportunidad de darse a conocer y solicitar un cuestionario dentro de un plazo determinado. Ninguna otra parte se dio a conocer.

(82)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(83)

En el anuncio de inicio, la Comisión declaró que había decidido limitar a una cifra razonable el número de productores de la Unión que serían investigados, realizando un muestreo. Añadió que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión, sobre la base del volumen de producción notificado del producto similar en la Unión entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, teniendo también en cuenta la distribución geográfica. Esta muestra estaba compuesta por cuatro productores de la Unión que representaban más del 40 % de la producción total estimada de TFV de la Unión. Ninguna de las partes interesadas presentó observaciones y, por lo tanto, se confirmó la muestra provisional. La muestra es representativa de la industria de la Unión.

(84)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en ese caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(85)

Solo un importador no vinculado (Euroresins UK Ltd.) facilitó la información solicitada y accedió a formar parte de la muestra. En vista del reducido número de importadores que cooperaron, la Comisión decidió que no era necesario el muestreo.

(86)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en ese caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores chinos conocidos que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea que señalara si había otros productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación y se pusiera en contacto con ellos.

(87)

Ocho productores exportadores o grupos de productores exportadores de China facilitaron la información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de dos grupos de productores exportadores sobre la base del mayor volumen representativo de exportaciones a la Unión que pudiera razonablemente investigarse en el tiempo disponible. Los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra representaban más del 79 % de las exportaciones notificadas de TFV de China a la Unión durante el período de investigación.

(88)

La muestra de los productores exportadores o grupos de productores exportadores es la siguiente:

(89)

De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó sobre la selección de la muestra a todos los productores exportadores conocidos afectados y a las autoridades chinas.

(90)

Se recibieron observaciones sobre la selección de la muestra de dos productores exportadores incluidos en ella, Jushi y Hengshi, pertenecientes al Grupo CNBM. Si bien Jushi y Hengshi no negaron el hecho de que eran empresas vinculadas, alegaron que no tenían ninguna vinculación con Taishan. Jushi alegó que la Comisión no podía basarse de manera automática en el artículo 127, apartado 1, letras d) o f), del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (17) («el acto de ejecución del Código Aduanero de la Unión»), para tratar a Hengshi, Jushi y Taishan como una misma entidad. Para apoyar su argumento, Jushi hizo referencia al documento del Grupo Especial de la OMC «Corea – Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado papel procedentes de Indonesia» (18), así como a las directrices para las operaciones con partes vinculadas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghái.

(91)

Señalaron que: i) no tenían ningún accionista directo común, ii) no había solapamiento de los miembros de sus consejos de administración, iii) no existían operaciones vinculadas entre Hengshi/Jushi y Taishan, y iv) eran competidores en el mercado.

(92)

El 13 de noviembre de 2019, tras el muestreo, se celebró una audiencia con Taishan en la que se volvieron a plantear los citados argumentos.

(93)

La investigación reveló que la China National Building Material («CNBM») es una empresa pública china cuya propiedad directa e indirecta recae en un 41,27 % sobre la empresa matriz CNBM, que a su vez es íntegramente propiedad de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado («SASAC»). CNMB posee el 26,97 % de las acciones de China Jushi Co., Ltd. («China Jushi»), que es el único accionista de Jushi (19).

(94)

En septiembre de 2017, CNBM llegó a un acuerdo de fusión (20) con Sinoma, que se concluyó en mayo de 2018. Sinoma, a través de su filial Sinoma Science & Technology Co., era la propietaria de Taishan. Tras el acuerdo, Sinoma se fusionó con CNBM y fue absorbida por esta. Como resultado, CNBM posee el 26,97 % de las acciones de China Jushi (accionista único de Jushi) y el 60,24 % de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (accionista único de Taishan).

(95)

El artículo 127, apartado 1, letra d), del acto de ejecución del Código Aduanero de la Unión establece que se considerará que dos personas están vinculadas si una tercera persona posee, controla o tiene, directa o indirectamente, el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra. CNBM posee el 26,97 % de las acciones de China Jushi (accionista único de Jushi) y del 60,24 % de las acciones de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (accionista único de Taishan). Por consiguiente, se determinó que las empresas estaban vinculadas.

(96)

Además, según un informe de la empresa de corretaje china Guotai Junan Securities de 2019 (21), CNBM ha estado reorganizando sus entidades operativas desde 2017 con miras a mejorar la coordinación regional y eliminar la competencia horizontal entre las filiales cotizadas en bolsa. Además, CNBM tiene la intención de solucionar los problemas de competencia horizontal de aquí a 2020. Según la información de libre acceso disponible en el informe, CNBM preveía iniciar este proceso consolidando su actividad relacionada con la fibra de vidrio a través de inyecciones de activos entre China Jushi y Sinoma Science & Technology (único accionista de Taishan). Por tanto, las pruebas recabadas durante la investigación no respaldan la alegación de las empresas de que el accionariado común no tenía ninguna implicación práctica y que las empresas operaban de forma independiente. Por el contrario, estas pruebas sugieren que, además de tener un accionariado común (lo que ya bastaría para concluir que las empresas están vinculadas), estas tres empresas también pueden influir de manera significativa en sus respectivas decisiones empresariales, así como que la sociedad que las controla (CNBM) tiene como objetivo, al menos, coordinar, si no integrar, sus operaciones (es decir, solucionar los problemas de competencia horizontal). Esto significa que las subvenciones recibidas por cualquiera de estas empresas pueden utilizarse indistintamente en beneficio del producto afectado. Por consiguiente, la Comisión rechazó la alegación de que su conclusión de considerar que las tres empresas estaban vinculadas no se atenía a los hechos y las realidades financieras.

(97)

En relación con el argumento de que la Comisión no podía tratar a Hengshi, Jushi y Taishan como un grupo único a efectos del cálculo del importe de la subvención concedida al producto afectado, la Comisión recordó que, para garantizar el control efectivo de las medidas y, en particular, evitar que las exportaciones se canalicen a través de una empresa vinculada con el tipo de derecho más bajo, la práctica de la Comisión consiste en establecer la relación entre productores exportadores por medio de los criterios establecidos en el artículo 127 del acto de ejecución del Código Aduanero de la Unión. Esto se comunicó claramente a todas las partes en el anuncio de inicio, al principio del procedimiento. Además, en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento antidumping de base (22) se hace referencia explícita al artículo 127 del acto de ejecución del Código Aduanero de la Unión, y la Comisión tiene que dar el mismo tratamiento a las partes en los casos antidumping y antisubvenciones (23). Además, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base, el importe de la subvención se calcula por unidad del producto subvencionado exportado a la Unión. El cálculo del importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias sobre la base del producto afectado exportado a la Unión implica que, cuando las empresas están vinculadas, y dado que el dinero es fungible, pueden utilizar indistintamente esos beneficios para el producto afectado y, por tanto, independientemente de quién sea el productor exportador. En este caso, dado que Hengshi, Jushi y Taishan fabrican y exportan el producto afectado, el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias que se les concede debe tener en cuenta el hecho de que, debido a su relación, pueden canalizar esos beneficios al producto afectado exportado a la Unión como crean conveniente. Por consiguiente, las ayudas concedidas a esos productores exportadores con respecto al producto en cuestión deben traducirse en un único importe para todo el grupo.

(98)

Por último, el asunto de la OMC (24) a que se refiere Jushi en el considerando 90 no respalda la alegación de la empresa. De hecho, al contrario de lo que Jushi intenta inferir, en dicho asunto el Grupo Especial de la OMC confirmó que, para los fines de determinar la existencia de dumping en investigaciones antidumping, la norma prevista en el artículo 6.10 del Acuerdo antidumping de la OMC (que prevé que debe calcularse un margen de dumping por productor exportador) no impedía necesariamente que se tratara a diferentes entidades jurídicas como un solo exportador o productor. El Grupo Especial señaló que se autoriza este tratamiento en «circunstancias en que la relación estructural y comercial existente entre las empresas en cuestión sea suficientemente estrecha para que las empresas puedan considerarse un único exportador o productor» (25). Aplicando esta conclusión, el Grupo Especial no determinó los criterios que deben aplicar las autoridades encargadas de la investigación para evaluar si las empresas están vinculadas. El Grupo Especial se limitó a examinar los elementos específicos (como el accionariado, la junta directiva o los canales de venta) de que disponía la autoridad de investigación en aquel asunto. En el asunto «CE-Fasteners», el Órgano de Apelación confirmó la posibilidad de tratar a varios exportadores como entidad única y enumeró elementos que podrían resultar pertinentes, entre ellos: i) la existencia de vínculos empresariales y estructurales entre los exportadores, tales como el control, la participación accionarial y la administración comunes; ii) la existencia de vínculos empresariales y estructurales entre el Estado y los exportadores, tales como el control, la participación accionarial y la administración comunes; y iii) el control o la influencia importante del Estado en la fijación de los precios y la producción (26). En este sentido, de los elementos de hecho y de Derecho del presente asunto se desprende claramente que existen vínculos empresariales entre el Jushi, Hengshi y Taishan.

(99)

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Comisión concluyó que para los fines de esta investigación se consideraba que las empresas estaban vinculadas y, por lo tanto, se rechazaron todas las alegaciones al respecto.

(100)

Tras la comunicación definitiva, Taishan se opuso a la aplicación de un derecho compensatorio combinado con Hengshi/Jushi. La parte interesada afirmó que el accionista último común de CNBM tenía un control muy limitado sobre las decisiones empresariales y operativas de Jushi y Hengshi. Reiteró que Taishan y Hengshi/Jushi eran competidores en el mercado y señaló que ya había presentado pruebas que respaldaban estas afirmaciones. Taishan se comprometió por escrito a poner fin a cualquier vínculo comercial entre Taishan y Hengshi/Jushi y, por lo tanto, a no permitir canalizar a través de Taishan exportaciones de TFV a la Unión procedentes de Hengshi/Jushi.

(101)

Tal y como se explica en el considerando 96, la investigación reveló que, a través de su participación accionarial común, las tres empresas pueden influir en gran medida en las decisiones empresariales de las demás. Las pruebas incluidas en el expediente indicaban que las empresas están consolidando y coordinando sus operaciones relacionadas con la fibra de vidrio. No se facilitaron datos ni pruebas adicionales que invalidaran estas conclusiones. De hecho, Taishan no negó que su principal accionista planeara consolidar su actividad relacionada con la fibra de vidrio. Estos planes desmienten claramente cualquier compromiso de eliminar los vínculos comerciales entre Taishan y Hengshi/Jushi. Además, y sin adoptar ninguna posición sobre si la Comisión podría aceptar un compromiso de este tipo, no cabe duda de que la empresa no se encuentra en una posición que le permita adquirir compromisos de ningún tipo sin la autorización de sus responsables finales. Por consiguiente, se rechazaron las alegaciones y la solicitud de compromiso de Taishan.

(102)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo CNBM alegó que las subvenciones recibidas por el operador comercial vinculado Jushi Hong Kong Co. Ltd. no podían ser objeto de medidas compensatorias, ya que la empresa estaba basada en Hong Kong y no en China. Hong Kong es miembro independiente de la OMC y, por lo tanto, se le considera una jurisdicción independiente en virtud del Derecho de la OMC y a efectos de las investigaciones de defensa comercial de la Unión. Dado que los procedimientos antisubvención en curso no se iniciaron contra Hong Kong, no debe tenerse en cuenta ninguna subvención supuestamente recibida por Jushi Hong Kong. La Comisión señaló que el Grupo CNBM no cuestionó las conclusiones de la Comisión sobre la concesión de subvenciones a este operador comercial vinculado. Independientemente de la situación de Hong Kong en esta investigación, el centro real de actividades y control de la empresa Jushi Hong Kong se encontraba en realidad en la China continental. Como afirma la propia empresa, «de hecho, Jushi Hong Kong es una empresa papelera, sin empleados, ni terreno, ni oficina física o beneficio alguno, ni programas tributarios ni subvenciones». Los registros contables se encontraban en Jushi Group Co. Ltd., el personal necesario para su verificación también estaba ubicado allí, y las subvenciones recibidas en beneficio del producto afectado las concedieron entidades chinas. Además, según lo confirmado por el Órgano de Apelación en el asunto «Estados Unidos – Medidas antidumping y compensatorias sobre lavadoras de gran capacidad para uso doméstico procedentes de Corea», al calcular la cuantía de la subvención ad valorem pueden ser pertinentes las subvenciones concedidas al receptor en países distintos del Miembro que concede la subvención (27). La alegación de la empresa fue, pues, rechazada.

(103)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Yuntianhua alegó que su margen de subvención se había inflado al añadir las subvenciones concedidas a empresas que no proporcionaron insumos de los utilizados en la producción del producto afectado y, por lo tanto, solicitaron que no se tuvieran en cuenta las subvenciones de estas empresas en el cálculo del derecho compensatorio.

(104)

El artículo 1 del Reglamento de base dispone que puede aplicarse un derecho compensatorio para compensar cualquier subvención concedida directa o indirectamente para la manufactura, producción, exportación o transporte de cualquier producto cuyo despacho a libre práctica en la Unión ocasione un perjuicio. La Comisión posee pruebas de que las empresas incluidas en la investigación y cuyas subvenciones se han incluido en el cálculo del derecho compensatorio del Grupo participaron, directa o indirectamente, proporcionando insumos, servicios, materiales o activos que se utilizaron en la producción del producto afectado, tal como se describe en el artículo 1 del Reglamento de base. A este respecto, las observaciones del Grupo Yuntianhua no estaban respaldadas por pruebas concretas.

(105)

No obstante, la Comisión observó que a una de las empresas vinculadas, cuyas subvenciones habían sido objeto de medidas compensatorias, se le había solicitado inicialmente participar en la investigación, ya que arrendó maquinaria a uno de los productores exportadores. Sin embargo, tras recibir las observaciones, la Comisión revisó la clave de reparto relativa a las actividades de arrendamiento de la empresa vinculadas al producto afectado. Puesto que los beneficios que podían repartirse a través de las actividades de arrendamiento se consideraron insignificantes, la Comisión decidió no tenerlos en cuenta.

(106)

Cinco de los productores exportadores chinos que devolvieron el formulario de muestreo informaron a la Comisión de que tenían la intención de solicitar un examen individual con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base. La Comisión publicó el cuestionario en línea el día en que dio comienzo el proceso. Además, la Comisión comunicó a los productores exportadores no incluidos en la muestra que, si deseaban ser examinados de forma individual, estaban obligados a facilitar una respuesta al cuestionario. Sin embargo, ninguna de las empresas lo hizo. De resultas de ello, no fue posible realizar ningún examen individual.

(107)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a todos los productores exportadores de Egipto a ponerse en contacto con ella. Se dieron a conocer dos productores exportadores vinculados, que representaban el 100 % de las exportaciones a la Unión y el 100 % de la producción de TFV en Egipto:

(108)

Los cuestionarios para los productores de la Unión, los importadores, los usuarios y los productores exportadores ubicados en China y en Egipto se publicaron en línea (28) el día en que dio comienzo el proceso.

(109)

La Comisión recibió respuestas al cuestionario de los dos grupos de productores exportadores chinos incluidos en la muestra, de los dos productores exportadores egipcios, de los cuatro productores exportadores de la Unión incluidos en la muestra, de cinco usuarios y de un importador no vinculado. Ninguno de los productores exportadores chinos no incluidos en la muestra respondió a los cuestionarios.

(110)

La comisión envió también un cuestionario a las autoridades chinas y a las autoridades egipcias. El cuestionario destinado a las autoridades chinas incluía cuestionarios específicos dirigidos al China Development Bank («CDB»), al Export-Import Bank of China («EXIM») y a Sinosure. De estas instituciones financieras se hacía mención expresa en la denuncia como organismos públicos u organismos que habían recibido encomienda u orden de conceder subvenciones. Asimismo, se pidió a las autoridades chinas que transmitieran el cuestionario específico para instituciones financieras a cualquier otra institución que proporcionara préstamos o créditos a la exportación a las empresas incluidas en la muestra o a sus clientes. Para facilitar las gestiones, se pidió a las autoridades chinas que recopilaran las respuestas que les dieran estas instituciones financieras y las transmitieran directamente a la Comisión.

(111)

El cuestionario destinado a las autoridades egipcias incluía cuestionarios específicos dirigidos al Banco Nacional de Egipto, al Banco Ahli y al Banco Misr. De estas instituciones financieras se hacía mención expresa en la denuncia como organismos públicos u organismos que habían recibido encomienda u orden de conceder subvenciones. Asimismo, para facilitar las gestiones, se pidió a las autoridades egipcias que transmitieran el cuestionario específico para instituciones financieras a cualquier otra institución que proporcione préstamos o créditos a la exportación a las empresas incluidas en la muestra. Además, el cuestionario destinado a las autoridades egipcias incluía cuestionarios específicos dirigidos a la Egypt-TEDA Investment Company («TEDA Egipto») y a la Egyptian-Chinese JV Company for Investment («ECCI»), que la denuncia señalaba como entidades de propiedad estatal que operaban en la zona CECS. Se pidió a las autoridades egipcias que recopilaran las respuestas de estas instituciones financieras y entidades y las transmitieran directamente a la Comisión.

(112)

La Comisión recibió las respuestas a los cuestionarios de las autoridades chinas, que incluían las respuestas a los cuestionarios específicos proporcionadas por el EXIM y Sinosure, y de las autoridades egipcias, que incluían las respuestas a los cuestionarios específicos proporcionadas por el Banco Nacional de Egipto, el Banco Misr y TEDA Egipto.

(113)

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base, la Comisión recabó de las partes toda la información que consideró necesaria y la verificó, a tiempo para la determinación de las subvenciones, el perjuicio y el interés de la Unión. Se llevó a cabo una inspección en las instalaciones del Ministerio de Comercio de China, en la que también participaron funcionarios de otros ministerios pertinentes. También estuvieron presentes en esa inspección representantes del EXIM, del CDB y de Sinosure.

(114)

También se llevó a cabo una inspección en las instalaciones de TEDA Egipto, así como en las de las siguientes autoridades gubernamentales egipcias:

(115)

Además, la Comisión realizó inspecciones, con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base, en las instalaciones de las empresas siguientes:

(116)

Debido al riesgo de transmisión de la COVID-19 y las consiguientes medidas adoptadas para hacer frente al brote (30), la Comisión no pudo verificar los datos presentados por varias empresas pertenecientes al grupo de uno de los productores exportadores radicados en China. Dado que esta situación imprevista se produjo en una fase muy tardía del procedimiento y que ninguna otra solución era posible, la Comisión utilizó de forma excepcional la información presentada por estas empresas para el cálculo de la subvención, que se verificó sobre la base de la información disponible.

(117)

El 24 de enero de 2020, de conformidad con el artículo 29 bis, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, la Comisión informó a las partes interesadas de su intención de no imponer medidas provisionales y de proseguir la investigación.

(118)

La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para establecer sus conclusiones definitivas.

(119)

El 27 de febrero de 2020, la Comisión informó a todas las partes de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales tenía previsto imponer un derecho antisubvención definitivo a las importaciones en la Unión del producto afectado («la comunicación definitiva»).

(120)

Se concedió a todas las partes un plazo de quince días para formular observaciones en relación con la comunicación definitiva. Varias partes interesadas pidieron una ampliación del plazo. La Comisión concedió se lo, hasta el 20 de marzo y el 23 de marzo de 2020. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en los procedimientos comerciales.

(121)

En la investigación antidumping independiente, el 19 de diciembre de 2019 las partes recibieron una comunicación final de los hechos y consideraciones esenciales en función de los cuales tenía previsto imponer un derecho antidumping definitivo a las importaciones en la Unión del producto afectado. Además, las partes interesadas recibieron una comunicación adicional el 10 de febrero de 2020.

(122)

En ella, la Comisión abordó las observaciones presentadas durante el procedimiento antisubvención, pero no las presentadas en el contexto de la investigación antidumping independiente, a no ser que las partes hubieran señalado explícitamente que las observaciones presentadas se referían a los dos procedimientos.

(123)

Tras la comunicación definitiva, ninguna de las partes solicitó audiencia con el Consejero Auditor.

(124)

Por otro lado, las partes interesadas recibieron una comunicación definitiva adicional el 17 de abril de 2020, y se les permitió presentar observaciones hasta el 22 de abril de 2020 («la comunicación definitiva adicional»).

(125)

Además, las partes interesadas recibieron una segunda comunicación definitiva adicional el 24 de abril de 2020, y se les permitió presentar observaciones hasta el 27 de abril de 2020 («la segunda comunicación definitiva adicional»).

(126)

La Comisión celebró audiencias con la industria de la Unión, con los productores exportadores Jushi/Hengshi China y con los productores exportadores egipcios Jushi/Hengshi Egipto, así como con las autoridades egipcias.

(127)

El producto afectado (31) son los «tejidos de rovings y/o de hilo de fibra de vidrio de filamento continuo, de punto y/o cosidos, con o sin otros elementos, excluidos los productos impregnados o preimpregnados y los tejidos de malla abierta con células de más de 1,8 mm de longitud y anchura y un peso superior a 35 g/m2» («TFV») originarios de China y Egipto, clasificados actualmente en los códigos NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 y ex 7019 90 00 (códigos TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 y 7019900080) («el producto afectado»).

(128)

El TFV se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones, como la producción de palas para turbinas eólicas, la producción de barcos, camiones y equipos deportivos y los sistemas de rehabilitación de cañerías.

(129)

La investigación puso de manifiesto que los siguientes productos presentan las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas y se destinan a los mismos usos básicos:

(130)

La Comisión decidió que dichos productos eran, por lo tanto, productos similares a tenor del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(131)

Un productor exportador y el Ministerio de Comercio de Egipto alegaron que los kits de TFV precortados no debían incluirse en el ámbito de la investigación. Afirmó que estos kits son un producto derivado que requiere etapas de producción adicionales y con diferencias en las características físicas, ya que su tamaño es mucho menor. Su forma y su empaquetado son diferentes, ya que incluyen varias piezas de tejido de menor tamaño cosidas entre sí. También se argumentó que la exclusión de estos kits no generaría ningún riesgo de elusión, ya que el proceso de cortado es irreversible y este producto no puede sustituir al TFV no cortado.

(132)

El denunciante alegó que los kits de TFV precortados y el TFV no cortado tienen las mismas características básicas y los mismos usos finales. Puesto que el TFV es un material de refuerzo, es necesario cortarlo para que se ajuste a la forma del producto que necesita ser reforzado, pero esto no modifica sus características básicas. El proceso de cortado puede llevarlo a cabo el productor del TFV, un cortador industrial independiente o el propio usuario. Se trata de una operación muy sencilla y de bajo coste. El denunciante también indicó que los usuarios no perciben el TFV precortado como distinto al resto del TFV, puesto que el TFV suele fabricarse con arreglo a las especificaciones de los usuarios. Si el proceso de cortado modificara las características del TFV, lo haría inutilizable para el cliente en cuestión.

(133)

La investigación demostró que los procesos de precortado y elaboración de kits no modifican las características físicas, técnicas o químicas básicas del TFV, ni tampoco sus usos finales básicos. Los compradores de ambos productos son en gran medida los mismos, y ambos se venden a través de los mismos canales de distribución.

(134)

La investigación también confirmó que, para la mayoría de las aplicaciones, el TFV se fabrica por encargo siguiendo las especificaciones de los compradores. Los kits de TFV precortado son únicamente una especificación adicional del pedido del comprador. El hecho de que los kits de TFV precortados tengan un empaquetado diferente tampoco modifica sus características. Puesto que cada vez se encarga más TFV en forma de kits precortados y cada vez se utilizan más los servicios de fabricantes de kits externos, existiría un gran riesgo de elusión si el TFV precortado se excluyera del ámbito de la investigación. Por consiguiente, la Comisión concluyó que no sería apropiado excluir el TFV precortado del ámbito de la investigación.

(135)

Otro productor exportador afirmó que los hilos de fibra de vidrio deberían excluirse del ámbito de la investigación. Este productor exportador señaló que ni el cuestionario, ni la denuncia ni el anuncio de inicio se referían explícitamente a los hilos de fibra de vidrio, lo que indicaría que quedan fuera del alcance del producto. También argumentó que el TFV fabricado a partir de hilo no podía clasificarse según las características del número de control del producto («NCP»), que se importaba bajo códigos NC diferentes a los mencionados en la denuncia, así como que los hilos de fibra de vidrio tampoco se incluían en las medidas contra los rovings de fibra de vidrio de otros procedimientos.

(136)

El denunciante y otro productor de la Unión (que no es parte en la denuncia) alegaron que la investigación solamente debía cubrir el TFV fabricado a partir de hilos de fibra de vidrio sin torsión, mientras que los hilos con torsión podían quedar fuera de su alcance. El denunciante argumentó que los hilos de fibra de vidrio sin torsión tienen las mismas características que los rovings de fibra de vidrio, esto es, están formados por un conjunto de filamentos o hilos no torsionados, que también se utilizan para los mismos fines que los rovings y que normalmente tienen entre 13 y 24 micrómetros de diámetro y entre 300 y 4 800 tex.

(137)

En cuanto a la inclusión del TFV fabricado a partir de hilos de fibra de vidrio, el anuncio de inicio definía el producto investigado como «tejidos de rovings y/o de hilo de fibra de vidrio de filamento continuo, de punto y/o cosidos […]» (32). La investigación ha demostrado que los hilos de fibra de vidrio sin torsión tienen las mismas características básicas que los rovings de fibra de vidrio, es decir, estar compuestos por un conjunto de filamentos o hilos no torsionados, y que también se usan para los mismos fines. Ambos tienen normalmente entre 13 y 24 micrómetros de diámetro y entre 300 y 4 800 tex. Por lo tanto, no resultaría apropiado excluir estos tipos de productos del ámbito de la investigación.

(138)

En cuanto al TFV fabricado principalmente con hilos de fibra de vidrio torsionados, la Comisión señala que este producto, que tiene unas características básicas diferentes y también se destina a usos finales distintos (por ejemplo, placas de circuitos impresos), nunca formó parte del producto afectado. La Comisión especificó este punto en la nota aclaratoria.

(139)

Antes de analizar la presunta subvención en forma de subvenciones o programas de subvenciones, la Comisión evaluó los planes, proyectos y otros documentos del Gobierno que guardaban relación con varias de las subvenciones o programas de subvenciones. Constató que todas las subvenciones o los regímenes de subvención evaluados forman parte de la aplicación de una planificación central de las autoridades chinas para el fomento del sector de TFV por las razones que se exponen a continuación.

(140)

El Duodécimo Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de China («el Duodécimo Plan Quinquenal») puso de relieve la importancia de la industria de nuevos materiales, a la que pertenece el TFV, como industria emergente estratégica, y en él se establece que debe convertirse en un sector líder clave a través de un apoyo normativo y una orientación exhaustivos (33). Además, el Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de China («el Decimotercer Plan Quinquenal»), que abarca el período 2016-2020, tiene como objetivo seguir desarrollando las industrias de nuevos materiales mediante el refuerzo de la investigación y el desarrollo y la mejora de la capacidad de innovación de la industria manufacturera (34).

(141)

El Decimotercer Plan Quinquenal destaca la visión estratégica de las autoridades chinas para la mejora y promoción de las industrias clave. Recalca el cometido de la innovación tecnológica en el desarrollo económico de China, así como prolonga la vigencia de los principios de un desarrollo «ecológico». A tenor de su capítulo 5, una de las principales líneas del desarrollo es fomentar la actualización de la estructura industrial tradicional, como ya hacía el Duodécimo Plan Quinquenal. Esta idea se precisa más en el capítulo 22, donde se explica la estrategia para modernizar la industria tradicional china promoviendo su reconversión tecnológica. A este respecto, se afirma en el Decimotercer Plan Quinquenal que se prestará apoyo a las empresas para «mejorar globalmente en ámbitos como la tecnología de los productos, el equipamiento industrial, la protección ambiental y la eficiencia energética».

(142)

El Decimotercer Plan Quinquenal incluye algunas referencias a los nuevos materiales: «Avanzaremos con mayor rapidez para lograr progresos significativos en tecnologías fundamentales de ámbitos como la información y las comunicaciones de próxima generación, la nueva energía, los nuevos materiales […]» (35). Asimismo, el plan prevé que se lleven a cabo proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo y la aplicación de nuevos materiales clave (36).

(143)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su posición básica relativa a los planes quinquenales, afirmando que no son obligatorios ni vinculantes jurídicamente, sino simples documentos de orientación, ya que no contienen disposiciones legales, sanciones ni modalidades de aplicación. Las autoridades chinas declararon además que el Duodécimo Plan Quinquenal ya no es aplicable y que, aunque el Decimotercer Plan Quinquenal fuera vinculante jurídicamente, lo que no es el caso, no menciona el TFV. Además, aunque el Plan menciona «nuevos materiales», no define este término. Por último, el Decimotercer Plan Quinquenal no se aplica específicamente a la industria de TFV ni a la «industria de nuevos materiales», sino que abarca casi toda la economía.

(144)

La Comisión discrepó de la posición de las autoridades chinas. En el capítulo 17 del Decimotercer Plan Quinquenal se establece: «El plan y la estrategia nacionales de desarrollo se ejecutarán con carácter destacado y obligatorio». Así pues, estos planes no se limitan a hacer declaraciones generales de fomento, sino que están redactados de un modo que indica su carácter vinculante.

(145)

Aunque el Duodécimo Plan Quinquenal ya no sea de aplicación, es el precedente que destacó la importancia de la industria de nuevos materiales como «industria estratégica emergente», que el Decimotercer Plan Quinquenal seguiría desarrollando. Como se demuestra en los considerandos 148 y 149, la industria de nuevos materiales incluye la industria de TFV. Tal como se menciona en el considerando 141, el Decimotercer Plan Quinquenal destaca la visión estratégica de las autoridades chinas para la mejora y promoción de las industrias clave; así, da prioridad a determinados sectores y tecnologías, incluido el TFV.

(146)

Por lo tanto, se desestimaron las alegaciones de las autoridades chinas en este punto.

(147)

La industria de nuevos materiales es también un sector fomentado en el marco de la iniciativa «Made in China 2025» (37), de modo que puede recibir una financiación pública considerable. Para apoyar la iniciativa «Made in China 2025» y por tanto, indirectamente, la industria de TFV se han creado varios fondos, como el Fondo Nacional de Circuitos Integrados, el Fondo de Fabricación Avanzada y el Fondo de Inversión de las Industrias Emergentes (38).

(148)

Además, el TFV suele incluirse en el grupo de los «nuevos materiales». La hoja de ruta de la iniciativa «Made in China 2025» (39) menciona diez sectores estratégicos que se consideran industrias clave para las autoridades chinas. Describe el sector 9 (nuevos materiales) y sus subcategorías, entre las que se encuentran los materiales fundamentales avanzados (punto 9.1), los materiales estratégicos clave (punto 9.2), que incluyen las fibras y los materiales compuestos de alto rendimiento, y los nuevos materiales energéticos (40). Los nuevos materiales, por consiguiente, se benefician de las ventajas derivadas de los mecanismos de apoyo enumerados en el documento, entre los que se incluyen políticas de apoyo financiero, una política fiscal e impositiva y la supervisión y el apoyo de Consejo de Estado (41).

(149)

Asimismo, además de la hoja de ruta de la iniciativa «Made in China 2025», en noviembre de 2016 se redefinió la lista de los diez sectores estratégicos para convertirla en un manual de cuatro elementos esenciales (Catalogue of Four Essentials) publicado por el Comité Consultivo sobre la Estrategia de Fabricación Nacional (NMSAC), un grupo asesor del Principal Grupo Nacional para la Creación de una Capacidad de Fabricación Nacional. En este manual, cada uno de los diez sectores estratégicos se divide en cuatro capítulos: i) piezas de recambio esenciales básicas; ii) materiales esenciales clave; iii) procesos/tecnologías esenciales avanzados; y iv) plataformas tecnológicas industriales. La fibra de vidrio puede encontrarse en el sector 7 (material eléctrico), punto II (materiales esenciales clave), subpunto 16 (paneles aislantes de fibra de vidrio), y en el sector 9 (nuevos materiales), punto II (materiales esenciales clave), subpuntos 10 (fibras, monómeros y materiales compuestos de alto rendimiento) y 24 (materiales con base de vidrio).

(150)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que el TFV no se mencionaba en la iniciativa «Made in China 2025», que está disponible de manera generalizada en toda la economía, y que dicha iniciativa es una mera orientación y no una norma obligatoria.

(151)

A este respecto, la Comisión reitera que la iniciativa «Made in China 2025» se dirige claramente a la industria de nuevos materiales, que incluye el sector del TFV, como ya se ha demostrado. Proporciona apoyo estratégico y garantías mediante, entre otras cosas, una mejor política de apoyo financiero y una política fiscal e impositiva más ventajosa. Por ejemplo, prevé claramente «aumentar el apoyo a la nueva generación de tecnologías de la información, equipos de gama alta, nuevos materiales, etc.».

(152)

La iniciativa «Made in China 2025» afirma ser «el programa de medidas de los primeros diez años de aplicación de la estrategia de potencia industrial», y fija unas políticas y unos objetivos estratégicos claros. También establece que «varias regiones deberán elaborar programas específicos de aplicación y afinar las medidas para garantizar que se lleven a cabo varias tareas» y afirma que «el Ministerio de Industria e Información reforzará el seguimiento, el análisis, la supervisión y la dirección conjuntamente con los departamentos pertinentes, e informará oportunamente de los resultados principales al Consejo de Estado». Además, la iniciativa «Made in China 2025» está respaldada por medidas de ejecución, tales como la Hoja de Ruta de «Made in China 2025» y el Anuncio de la Oficina General del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información sobre el lanzamiento de la «Guía de financiación de la transformación y modernización del sector industrial (Made in China 2025)» (42), de 2017, que preveía que determinados productores exportadores de TFV que cooperaron recibieran fondos. El Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción (2016-2020) mencionaba en su considerando 153 que «está elaborado de acuerdo con el esquema del Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de China y la estrategia “Made in China 2025”». Considerando lo anterior, la iniciativa «Made in China 2025» no parece una mera orientación; más bien parece tener un efecto vinculante de facto y aplicarse de forma generalizada. Por lo tanto, se desestimaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(153)

Además, el Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción (2016-2020) también promueve la industria de TFV. Dicho Plan llama a optimizar la estructura industrial mediante, entre otras medidas, la ampliación de industrias emergentes, como la de los materiales de vidrio, las cerámicas industriales, las lentes intraoculares, las fibras y los compuestos de alto rendimiento, el grafeno y los materiales modificados. Este objetivo deberá lograrse mediante políticas de financiación estatal, fiscales, financieras, de fijación de precios, energéticas y de protección ambiental y a través de apoyo al capital para participar en fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de empresas de materiales de construcción por varios medios, incluidos los préstamos (43).

(154)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que el Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción se aplica a todos los materiales de construcción y, por lo tanto, también está disponible de manera generalizada en toda la economía. Además, dicho Plan solo trata información general sobre la política gubernamental.

(155)

El Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción prevé medidas específicas destinadas a la industria de materiales de construcción, a la que pertenece el sector del TFV, como se explica en el considerando 166. Por lo tanto, la Comisión discrepa de la afirmación de que está disponible en toda la economía.

(156)

Aunque el Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción puede parecer un simple documento de orientación, se trata, como se dice en el considerando 152, de la aplicación del Decimotercer Plan Quinquenal y de la estrategia «Made in China 2025». Su objetivo es «promover la transformación y la modernización de la industria de los materiales de construcción, facilitar su transición de gran industria a industria potente y conseguir un desarrollo sostenible durante el Decimotercer Plan Quinquenal», y fija tareas y proyectos claros para alcanzar los objetivos fijados durante un período concreto de cinco años (44). Por lo tanto, es cuestionable que su carácter sea puramente orientativo, más aún cuando se examina en un contexto más amplio.

(157)

La industria del TFV también está cubierta por el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente (2016-2020), publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (el «MIIT»), que establece diez tareas clave cuyo objetivo es acortar el ciclo de desarrollo de los productos, mejorar la eficiencia de la producción y la calidad de los productos, reducir los costes de funcionamiento, los recursos y el consumo de energía y acelerar el desarrollo de la fabricación inteligente. En 2018, el Consejo de Estado anunció la intención de China de ampliar su programa de fabricación inteligente añadiendo alrededor de cien proyectos piloto ese mismo año y, de acuerdo con la información hecha pública, el MIIT incluyó en 2015 a uno de los productores exportadores que cooperaron, Taishan Fiberglass Inc., entre «las plantas de fabricación inteligente» (45).

(158)

Según las autoridades chinas, el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente (2016-2020) no es relevante, dado que no se aplica específicamente a la industria de TFV, sino que afecta a toda la industria manufacturera. Además, las autoridades chinas alegaron que el Plan no es un documento obligatorio, sino que contiene meras orientaciones.

(159)

El Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente (2016-2020) está «elaborado de acuerdo con el esquema del Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de China, la estrategia “Made in China 2025”» (46). Por lo tanto, implementa la estrategia establecida en estos documentos. Como ya se ha explicado anteriormente, el Decimotercer Plan Quinquenal y la estrategia «Made in China 2025» se dirigen específicamente a determinadas industrias, entre las que se encuentra el sector del TFV como parte de las industrias de nuevos materiales. Además, en muchos casos, el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente se refiere a los diez ámbitos clave de la estrategia «Made in China 2025». En particular, en la «Columna Especial 6: Énfasis en la transformación inteligente del ámbito clave» se establece que «para la nueva generación de tecnologías de la información, (…) nuevos materiales, (…) materiales de construcción (…), se promoverá una aplicación intensa de las tecnologías digitales e inteligentes en la investigación y el desarrollo y en el diseño, la fabricación, la logística y el almacenamiento, el funcionamiento y la gestión, el servicio posventa y otros eslabones clave de las empresas». Por lo tanto, el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente (2016-2020) se aplica específicamente a las industrias clave establecidas por la estrategia «Made in China 2025» y abarca, entre otros, el sector de los nuevos materiales y el de los materiales de construcción, a los que pertenece la industria de TFV.

(160)

La Comisión señala asimismo que el lenguaje utilizado en el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente (2016-2020) sugiere el carácter obligatorio del documento. En particular, en la sección II (III), «Objetivos de desarrollo», se establece que «Antes de 2025, se aplicará una estrategia en “dos pasos” para promover el desarrollo de la fabricación inteligente: En el primer paso, que debe completarse a más tardar en 2020, se reforzarán obviamente las bases y la capacidad de apoyo del desarrollo de la fabricación inteligente, la fabricación digital se realizará básicamente en el ámbito clave de la industria manufacturera tradicional, y se progresará claramente en la transformación inteligente de la industria clave con condiciones y fundamentos sólidos; En el segundo paso, que debe finalizarse de aquí a 2025, quedará prácticamente establecido el sistema de apoyo a la fabricación inteligente, y la transformación inteligente se hará realidad en un primer momento en la industria clave». Además, la Sección V, «Organización y ejecución», dispone que «el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Ministerio de Hacienda son responsables de la organización y ejecución del Plan, el refuerzo del liderazgo, la organización cuidadosa, la resolución oportuna de los problemas que se encuentren en el proceso de ejecución del plan y la promoción de la ejecución de diversas tareas y medidas» y que «los departamentos competentes en materia de industria y tecnologías de la información y en materia de finanzas de varias regiones prepararán rápidamente el régimen de ejecución conectado con el plan, implementarán las políticas de apoyo pertinentes y completarán la labor de recogida de información en función de las responsabilidades que tengan atribuidas». Por lo tanto, la Comisión llegó a la conclusión de que el Plan de Desarrollo para la Fabricación Inteligente tiene objetivos claramente definidos que son obligatorios para las empresas afectadas.

(161)

A la luz de las conclusiones anteriores, se rechazaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(162)

Además, el Catálogo de productos de exportación de alta tecnología de China, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Comercio Exterior y la Administración General de Aduanas, clasifica 1900 productos de alta tecnología en ocho categorías que las autoridades chinas consideran de exportación preferente. Una de estas categorías es la de «nuevos materiales», que incluye el TFV (47). Por otra parte, el catálogo de productos de alta tecnología de China, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y la Administración Fiscal del Estado, menciona once ámbitos, entre los cuales se encuentra la «categoría de nuevos materiales». Por otra parte, de acuerdo con la Ley sobre el Progreso Científico y Tecnológico de la RPC, las empresas de alta tecnología establecidas en zonas de desarrollo de alta tecnología pueden beneficiarse de una serie de políticas preferenciales, como son: i) un tipo impositivo del impuesto de sociedades reducido, del 15 %, en lugar del tipo normal, del 25 %; ii) si el valor de producción de los productos de exportación alcanza el 70 % del valor total de ese año, el tipo del impuesto de sociedades se reduce al 10 %; iii) las nuevas empresas de alta tecnología están exentas del impuesto de sociedades durante los dos primeros años a partir de la fecha de inicio de la producción; iv) las nuevas empresas de alta tecnología están exentas del impuesto sobre la construcción; v) para el desarrollo, la producción y el funcionamiento de nuevas tecnologías, el suelo destinado a I+D está libre de impuestos; vi) los equipos utilizados por las empresas de alta tecnología para el desarrollo y la producción de alta tecnología son objeto de amortización acelerada; vii) los productos de exportación producidos por empresas de alta tecnología están exentos de aranceles, excepción hecha de las limitaciones que imponga el Estado sobre ciertos productos (48).

(163)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que el Catálogo de productos de alta tecnología de China, leído en relación con la Ley de la RPC sobre el Progreso de la Ciencia y la Tecnología, no se aplica específicamente a determinadas industrias, ya que estos documentos establecen criterios objetivos para recibir una subvención, que se aplican automáticamente.

(164)

A este respecto, como ya se ha mencionado en el considerando 162, el Catálogo de productos de exportación de alta tecnología de China clasifica los productos en ocho categorías, incluida la de los «nuevos materiales». La Comisión señala además que el Catálogo de productos de alta tecnología de China menciona once ámbitos, entre los cuales se encuentra el ámbito «6. Nuevos materiales». Considerando que ambos catálogos se limitan a una serie de ámbitos, no puede concluirse que se apliquen a todas las industrias. Por lo tanto, se desestimó la alegación de las autoridades chinas.

(165)

El capítulo III de las «Disposiciones temporales para la promoción del ajuste estructural industrial» (Decisión n.o 40 2005 del Consejo de Estado) («la Decisión n.o 40») hace referencia al «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial», que consta de tres tipos de contenidos, a saber: el de los proyectos fomentados, el de los proyectos limitados y el de los proyectos eliminados. De conformidad con el artículo XVII de la Decisión, «si el proyecto de inversión se enmarca en el contenido de los proyectos fomentados, será examinado, aprobado y registrado con arreglo a la normativa nacional pertinente en materia de inversión; todas las instituciones financieras concederán créditos a estos proyectos con arreglo a los principios crediticios; los equipos importados para uso propio incluidos en el importe total de la inversión, con la excepción de las materias primas incluidas en el contenido de materias primas importadas no exentas (modificado en 2000) emitido por el Ministerio de Hacienda, pueden quedar exentos de derechos de importación y del impuesto sobre el valor añadido vinculado con la importación, a no ser que se adopten nuevas normas relativas al contenido de los proyectos de inversión no exentos. Se ejecutarán otras políticas en los proyectos industriales fomentados con arreglo a las disposiciones nacionales pertinentes».

(166)

El «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2011) (modificación de 2013)» (49) incluye en la categoría I, «Fomento»:

«XII.   Materiales de construcción:

[…]

(167)

Según las autoridades chinas, la Decisión n.o 40 no se aplica específicamente a una empresa o industria, como exige el artículo 2.1 del Acuerdo SMC, sino a determinados proyectos fomentados. Además, la Decisión n.o 40 no es obligatoria. Las autoridades chinas afirmaron que el «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial» mencionado por la Comisión es irrelevante, ya que la Comisión hace referencia a la versión de 2011, que ya ha expirado. Según las autoridades chinas, la nueva versión de este catálogo no menciona el TFV.

(168)

En primer lugar, la Comisión desea señalar que se refería al «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2011) (modificación de 2013)»; por lo tanto, no hacía referencia a la versión de 2011 sino a la versión modificada de 2013. Según la información de que dispone la Comisión, la última modificación del Catálogo fue aprobada por el Decreto n.o 29 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, de 27 de agosto de 2019, y entró en vigor el 1 de enero de 2020 (50). Este nuevo «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2019)» sustituyó al «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2011) (modificación de 2013)» No obstante, se aprobó y entró en vigor después del período de investigación. Por lo tanto, el «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial (versión de 2011) (modificación de 2013)» era el texto aplicable durante el período de investigación. En cualquier caso, al contrario de lo que afirman las autoridades chinas, la versión de 2019 del «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial» incluye el TFV en la «Sección I. Industrias fomentadas», como se indica a continuación:

«XII.   Materiales de construcción:

[…]

(169)

En segundo lugar, la Comisión no está de acuerdo con que la Decisión n.o 40 no sea obligatoria. De hecho, la Decisión n.o 40 establece las disposiciones temporales que promueven la reestructuración industrial y se refiere al «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial», que define tres tipos de contenido: el de los proyectos fomentados, el de los proyectos limitados y el de los proyectos eliminados. No obstante, el artículo XVII de la Decisión n.o 40 establece cómo han de tratarse los proyectos de inversión que pertenezcan al contenido fomentado en un tono de obligatoriedad, por ejemplo: «todas las entidades concederán créditos con arreglo a los principios crediticios», «el resto de las políticas que se prefieran para los proyectos industriales fomentados se aplicarán con arreglo a los reglamentos nacionales pertinentes». Por otra parte, el artículo XXI establece que «las políticas preferenciales pertinentes aplicadas con arreglo al “Contenido de las industrias, los productos y las tecnologías actualmente fomentadas de manera especial por el Estado” (modificado en 2000) se ajustará para que se aplique de conformidad con el contenido fomentado del “Repertorio de orientación para la reestructuración industrial”». Por lo tanto, la Decisión n.o 40 tiene un efecto obligatorio a este respecto. La «Categoría I. Fomento» del «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial» enumera varios proyectos relacionados con determinadas industrias. Como se explica en el considerando 166, incluye la industria de materiales de construcción y proyectos específicos relacionados con la industria de TFV. Por consiguiente, la Decisión n.o 40, leída en relación con el «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial», prevé el tratamiento específico de determinados proyectos en determinadas industrias fomentadas. Por lo tanto, aunque estos documentos se refieren a proyectos específicos, establecen en primer lugar las industrias específicas que se fomentan y, a continuación, determinados proyectos de estas industrias que podrían beneficiarse del trato preferencial establecido en la Decisión n.o 40. Por lo tanto, la Comisión rechazó las alegaciones de las autoridades chinas.

(170)

Además, el TFV también está cubierto por el Plan de Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción 2016-2020 (51), que prevé, entre otros elementos, la transición de la industria de los materiales de construcción de una gran industria a una industria fuerte, así como una optimización de las estructuras del sector de la construcción, la mejora de la seguridad de suministro de los materiales clave, el aumento del nivel de concentración de la industria y la mejora de la competitividad internacional. El Plan prevé objetivos de desarrollo cuantitativos, control gubernamental sobre la capacidad de producción, metas de producción detalladas, distribución geográfica de las industrias entre las diferentes provincias chinas, seguridad de suministro, desarrollo de sectores específicos, control gubernamental e influencia sobre las empresas y medidas de apoyo a la industria (52). Esto demuestra la firme presencia y la intervención del Estado en la industria de la fibra de vidrio.

(171)

El Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria de los Materiales de Fibra y Compuestos (53) es un plan que se centra específicamente en la industria de los materiales de fibra. Ofrece orientación clara para el desarrollo del sector. Por ejemplo, en la sección III.3 se prevé el siguiente objetivo:

(172)

«Integrar y mejorar activamente los eslabones inicial y final de la cadena industrial para lograr un desarrollo próspero y estable de la industria de los materiales de fibra y compuestos: animar a las empresas de hornos de cuba a gran escala a que apliquen paulatinamente la estrategia de desarrollo para la “globalización” y modelos de capacidad de producción mundiales. En función de lo anterior: — mantener un reducido control sobre la tasa de crecimiento del volumen de producción de la fibra de vidrio nacional; — al mismo tiempo, reducir la tasa de exportación de fibra de vidrio y productos de vidrio nacionales; — ajustar activamente las estructuras de los productos; […]— ajustar activamente la estructura de los productos y orientar a las empresas para que apliquen un desarrollo diferenciado, desarrollar activamente un gran procesamiento de los productos de fibra de vidrio, ampliar el tamaño del mercado de los productos de fibra y materiales compuestos en campos de aplicación de gama media-alta y mejorar la calidad de los productos y su valor añadido. Garantizar que la tasa de crecimiento anual de los principales ingresos empresariales de la industria de los materiales de fibra y compuestos supera la tasa de crecimiento del PIB nacional en aproximadamente entre 5 y 6 puntos porcentuales, es decir, que en 2020 los ingresos totales de las empresas por encima del tamaño designado serán de 500 000 millones CNY, esto es, el doble en comparación con la situación existente al finalizar el Duodécimo Plan Quinquenal» (54).

(173)

Además, la sección IV.3.4 del plan sienta la base para la orientación de las empresas y de la industria en su totalidad por parte de los poderes públicos:

(174)

«Orientar a distintos tipos de empresas para que participen en operaciones diferenciadas, teniendo en cuenta sus ventajas individuales y sus segmentos de mercado específicos. En concreto, es necesario orientar a las pequeñas y medianas empresas para que sigan una trayectoria de crecimiento consistente en eliminar deficiencias específicas, en hacer que las pequeñas empresas sean complementarias de las grandes y en considerar la especialización como vía para el éxito. Las operaciones diferenciadas permiten evitar la competencia de escala entre grandes empresas y la competencia entre empresas similares, de modo que se elimina el mercado de la competencia de bajo coste. Asimismo, con una producción especializada, las pequeñas y medianas empresas también pueden ganarse el respeto y la atención de las grandes empresas, establecer relaciones estrechas de cooperación con estas y respaldar y promover de manera eficaz el desarrollo de grandes empresas».

(175)

Las asociaciones industriales están estrechamente interrelacionadas con el Estado, principalmente debido a la importancia del Partido Comunista de China en su creación (55). Las disposiciones de la sección IV.3.6 de dicho plan también se refieren a una intervención estatal en la producción de fibra, incluido el sector de TFV:

(176)

China ha promovido activamente las industrias de TFV a diferentes niveles gubernamentales. En el Decimotercer Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social de la localidad de Jiujiang figura un ejemplo de iniciativa local que incluye a una de las empresas incluidas en la muestra:

(177)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que tanto el Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria de los Materiales de Fibra y Compuestos como el Decimotercer Plan Quinquenal de la ciudad de Jiujiang solo ofrecen información general sobre la política gubernamental, sin relación directa con ninguno de los supuestos programas de subvención en cuestión, y que, por lo tanto, no constituyen «pruebas suficientes» de especificidad.

(178)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. Como se explica en los considerandos 171 y 172, el Decimotercer Plan Quinquenal para la Industria de los Materiales de Fibra y Compuestos se dirige especialmente a la industria de los materiales de fibra, y orienta claramente el desarrollo del sector. Aunque este documento no tuviera una conexión directa con los presuntos programas de subvención, como alegan las autoridades chinas, señala medidas específicas para fomentar la industria de los materiales de fibra y compuestos. Además, como se menciona en el considerando 176, el Decimotercer Plan Quinquenal de la ciudad de Jiujiang para el desarrollo económico y social se dirige especialmente al Grupo Jushi, que es uno de los productores exportadores que cooperaron. Por lo tanto, estos documentos demuestran que las autoridades chinas se dirigen especialmente a una industria concreta, que incluye el sector del TFV, y a determinadas empresas de dicha industria. Por lo tanto, se desestimaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(179)

Si se considera lo anteriormente expuesto, queda claro que la industria de TFV se considera clave o estratégica, y que las autoridades chinas fomentan activamente su desarrollo como objetivo político.

(180)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas se opusieron a la evaluación de la Comisión según la cual la industria de TFV es una industria fomentada en China, y a la alegación de la Comisión de que esto demuestra que las medidas en cuestión son específicas en el sentido del artículo 2 del Acuerdo SMC.

(181)

La Comisión discrepó de esa alegación. Las conclusiones expuestas en los considerandos 140 a 178 demuestran que el sector del TFV, como parte de la industria de «materiales de construcción» y de «nuevos materiales», es el objetivo de diversas herramientas políticas y reguladoras que lo fomentan, y se incluye en los catálogos de industrias fomentadas. El hecho de que estos documentos prevean medidas específicas con respecto a determinadas industrias, incluida la industria de TFV, es suficiente para demostrar que son específicas en el sentido del artículo 2 del Acuerdo SMC.

(182)

Para mayor facilidad de gestión, la Comisión pidió a las autoridades chinas que transmitieran un cuestionario específico a dos bancos de propiedad estatal mencionados en la denuncia y a Sinosure, así como a cualquier otra institución que proporcionara préstamos o créditos a la exportación a las empresas incluidas en la muestra.

(183)

Las autoridades chinas remitieron los cuestionarios específicos a los bancos. Quince sucursales bancarias confirmaron tener préstamos pendientes con las empresas incluidas en la muestra, concedidos durante el período de investigación, pero no respondieron al cuestionario en sí. Solo el banco interno de uno de los productores exportadores (CNBM Finance) y un banco de propiedad estatal (Export-Import Bank of China) respondieron a las preguntas del cuestionario. Por otra parte, el CDB no respondió al cuestionario, pero estuvo dispuesto a contestar preguntas durante la inspección in situ.

(184)

Las autoridades chinas afirmaron no estar facultadas para pedir información a los bancos de propiedad estatal que no respondieron al cuestionario, ya que estos operan con independencia de ellas.

(185)

La Comisión discrepó de este parecer. En primer lugar, la Comisión considera que la información que solicitaba a las entidades de propiedad estatal (empresas o instituciones públicas y financieras) se encuentra a disposición de las autoridades chinas en el caso de todas las entidades en las cuales son ellas el accionista principal. Efectivamente, de conformidad con la Ley sobre los Activos Estatales de las Empresas de la RPC (57), las agencias de supervisión y administración de activos de propiedad pública, establecidas por la Comisión de supervisión y administración de activos públicos del Consejo de Estado y los gobiernos locales del pueblo, ejercen el cometido y asumen las responsabilidades del aportador de capital de una empresa con inversión pública, en nombre del Gobierno. Por lo tanto, dichas agencias están facultadas para percibir el rendimiento de los activos, participar en la toma de decisiones fundamentales y seleccionar el personal que gestiona las empresas con inversión del Estado. Además, de conformidad con el artículo 17 de la mencionada Ley sobre los Activos Estatales de las Empresas, las empresas con inversión del Estado tienen que aceptar la administración y la supervisión por los poderes públicos y por los departamentos y las agencias gubernamentales competentes, así como la supervisión pública, y han de rendir cuentas a los aportadores de capital.

(186)

Las autoridades chinas tienen también las atribuciones necesarias para establecer un diálogo con las instituciones financieras, aunque no sean de propiedad estatal, puesto que estas están sujetas a la jurisdicción de la Comisión de Regulación Bancaria de China (CBRC). Por ejemplo, de conformidad con los artículos 33 y 36 de la Ley de Supervisión Bancaria (58), la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China («CBIRC») posee la autoridad de exigir a todas las instituciones financieras con sede en China que presenten información, como estados financieros, informes estadísticos e información relativa a las operaciones empresariales y la gestión. La CBIRC puede asimismo ordenar a las instituciones financieras que hagan pública determinada información.

(187)

Además, si bien el único banco de propiedad estatal que cooperó dio algunas explicaciones generales sobre el funcionamiento de sus sistemas de aprobación de créditos y de gestión del riesgo, no proporcionó información específica sobre los préstamos concedidos a las empresas incluidas en la muestra. Alegó que estaba obligado por requisitos legales y reglamentarios y por cláusulas contractuales en cuanto a la confidencialidad de la información relativa a dichas empresas incluidas en la muestra.

(188)

Por lo tanto, la Comisión pidió a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra que autorizaran el acceso a información empresarial específica de la cual dispusieran todos los bancos, públicos y privados, de los que hubieran recibido préstamos. Aunque las empresas incluidas en la muestra dieron su acuerdo para permitir el acceso a los datos bancarios propios, el banco que cooperó se negó a ofrecer la información detallada que se pedía.

(189)

En definitiva, la Comisión solo recibió información sobre la estructura corporativa y la propiedad del banco de propiedad estatal, pero no de las demás instituciones financieras que habían concedido préstamos a las empresas incluidas en la muestra. Más aún, ninguna de las instituciones financieras facilitó información específica sobre la evaluación del riesgo de los préstamos concedidos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra.

(190)

Al no disponer de información en relación con la mayoría de los bancos de propiedad estatal que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra, ni información de cada empresa relativa a los préstamos concedidos por los bancos que cooperaron, la Comisión consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

(191)

Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través de préstamos preferentes.

(192)

En la respuesta a la nota de la Comisión, las autoridades chinas se opusieron a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base. En general, argumentaron que la información específica solicitada no era necesaria, puesto que el procedimiento se basaba en una denuncia que no aportaba elementos probatorios suficientes según los requisitos del Acuerdo SMC y del Reglamento de base. La Comisión consideró que este asunto ya se había tratado en la sección 1.1.1 y, por lo tanto, mantuvo su conclusión de que la denuncia presentaba pruebas suficientes para demostrar la existencia de la presunta subvención por parte de las autoridades chinas.

(193)

Las autoridades chinas se opusieron, de forma más específica, a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en lo relativo a los préstamos preferentes, reiterando que carecían de autoridad sobre los bancos. Las autoridades chinas consideraron también que habían cooperado lo mejor posible, que la Comisión les había impuesto una carga suplementaria poco razonable, y que la información que faltaba no era «necesaria» en el sentido del artículo 28 del Reglamento de base, ya que se disponía de ella en las respuestas a los cuestionarios. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron estas alegaciones.

(194)

La Comisión mantuvo su postura de que las autoridades chinas están facultadas para pedir información a los bancos por las razones expuestas en los considerandos 185 y 186. Reconoció que las autoridades chinas habían transmitido los correspondientes cuestionarios a los bancos y que había recibido una respuesta útil de un banco de propiedad estatal. La Comisión utilizó la información así recabada y la completó con los datos disponibles únicamente en las partes que faltaban.

(195)

La información que faltaba se refería principalmente a dos aspectos: En primer lugar, información sobre la propiedad y la estructura de gobierno de los bancos que no cooperaron, que la Comisión necesitaba para determinar si estos bancos son organismos públicos o no. En segundo lugar, información empresarial del banco que cooperó, como, por ejemplo, sobre el proceso interno de autorización de préstamos y la evaluación de la solvencia que realizó para conceder préstamos a las empresas incluidas en la muestra, información que es necesaria, en el sentido del artículo 28 del Reglamento de base, para determinar si se habían concedido préstamos a tipos preferentes a las empresas incluidas en la muestra. Además, solo los bancos pueden presentar estos documentos internos, por lo cual esa información no puede obtenerse de las respuestas a los cuestionarios de las empresas incluidas en la muestra.

(196)

Las autoridades chinas alegaron también que no podían proporcionar información específica sobre las empresas por razones reglamentarias. Aunque la Comisión había obtenido un consentimiento general por escrito de las empresas incluidas en la muestra por el que renunciaban a sus derechos de confidencialidad, las autoridades chinas alegaron que los bancos o entidades financieras estaban obligados a solicitar a las partes su autorización expresa en relación con cada operación de préstamo, y que dichas autorizaciones tendrían que ser verificadas por las entidades financieras pertinentes.

(197)

Sin embargo, la Comisión señaló que se había solicitado su consentimiento a cada una de las empresas en lo relativo a las operaciones de préstamo de cada banco. La Comisión consideró que tal consentimiento debería bastar como tal para permitir el acceso a los registros relacionados con las empresas incluidas en la muestra. Además, algunos de los bancos proporcionaron, en efecto, una visión general de sus préstamos pendientes con las empresas, lo que demuestra que no se les había prohibido facilitar información sobre determinadas transacciones. No obstante, ninguno de estos bancos facilitó información relativa a la evaluación interna llevada a cabo para efectuar las transacciones que habían admitido haber realizado.

(198)

Por último, la Comisión no consideró haber impuesto una carga poco razonable a las autoridades chinas. Desde el primer momento, la Comisión limitó su investigación a las instituciones financieras que habían concedido préstamos a las empresas incluidas en la muestra. No encomendó a las autoridades chinas la identificación de esas instituciones financieras, sino que les presentó la lista con los nombres y las direcciones de los bancos, junto con la petición de que transmitieran los cuestionarios, al iniciar la investigación, en junio de 2019. De este modo, las autoridades chinas dispusieron de tiempo suficiente para dar cumplimiento a la petición de la Comisión. Por lo tanto, la Comisión consideró que había hecho todo lo posible por facilitar a las autoridades chinas las tareas que les pedía realizar.

(199)

Así pues, la Comisión mantuvo que había tenido que basarse, en parte, en los datos disponibles al estudiar la existencia y el alcance de las supuestas subvenciones concedidas mediante préstamos preferentes.

(200)

Sinosure respondió parcialmente al cuestionario específico relativo al seguro de crédito a la exportación que se había enviado a las empresas incluidas en la muestra. En particular, no ofreció información específica sobre el seguro de crédito a la exportación concedido al sector de TFV ni sobre el nivel de sus primas, ni cifras detalladas sobre la rentabilidad de su actividad de seguro de crédito a la exportación.

(201)

Sinosure no presentó tampoco la documentación justificativa solicitada sobre su gobernanza empresarial, como los estatutos, alegando que se trataba de información confidencial.

(202)

A falta de tales informaciones, la Comisión consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

(203)

La Comisión considera que la información que solicitaba a las entidades de propiedad estatal (empresas o instituciones públicas y financieras) se encuentra a disposición de las autoridades chinas en el caso de todas las entidades en las cuales son ellas el accionista principal. Esto también se aplica a Sinosure, que es una entidad de propiedad íntegramente estatal. Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través del seguro de crédito a la exportación.

(204)

En la respuesta a la nota de la Comisión, las autoridades chinas se opusieron a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en lo relativo al seguro de crédito a la exportación, señalando que Sinosure había respondido al cuestionario y a las preguntas de la Comisión durante la inspección in situ.

(205)

Es cierto que Sinosure había respondido al cuestionario y que en la verificación realizada en los locales de las autoridades chinas había representantes de Sinosure. Sin embargo, como se expone en los considerandos 200 y 201, la información presentada era incompleta. Por ejemplo, Sinosure facilitó cifras globales sobre su rentabilidad, pero no sobre la rentabilidad de su actividad de seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Por consiguiente, la información presentada no permitía a la Comisión extraer conclusiones sobre partes cruciales de la investigación en cuanto al seguro de crédito a la exportación, a saber, si Sinosure es un organismo público y si las primas cobradas a las empresas incluidas en la muestra eran conformes al mercado.

(206)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que había tenido que basarse, en parte, en los datos disponibles para extraer conclusiones sobre el seguro de crédito a la exportación.

(207)

De acuerdo con el cuestionario enviado a los productores exportadores relativo a las subvenciones, las sociedades de cartera deben responder a las secciones A y E del cuestionario. Sin embargo, el China National Building Materials Co. Ltd. («CNBM»), el beneficiario efectivo de los productores exportadores Jushi, Hengshi y Taishan, no facilitó dichas respuestas.

(208)

CNBM consideró que no formaba parte del negocio de TFV, y que no realizaba operaciones directas con los productores exportadores. Sin embargo, la Comisión constató que se habían producido importantes aumentos de capital financiados por CNBM relacionados con uno de los productores exportadores. Además, la Comisión encontró pruebas de que las subvenciones concedidas a algunas entidades del grupo se habían traspasado entre las cuentas bancarias de CNBM, y de que algunas subvenciones se habían distribuido entre varias entidades del grupo a través de las cuentas con las reservas de capital.

(209)

La Comisión considera que, al no haber obtenido una respuesta al cuestionario de la empresa matriz CNBM, es imposible determinar el alcance total de las subvenciones recibidas por el Grupo CNBM. En estas circunstancias, la Comisión consideró que no había recibido información crucial sobre este aspecto de la investigación.

(210)

Por lo tanto, la Comisión informó al Grupo CNBM de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a CNBM, la empresa matriz del Grupo CNBM.

(211)

En la respuesta a la nota de la Comisión, Jushi se opuso a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en lo relativo a CNBM. Jushi reiteró que CNBM desempeña el papel de inversor de capital y que no ejerce un verdadero control sobre China Jushi, que no participó en el negocio de TFV y que no realizó ninguna transacción directa con los productores exportadores. Además, aunque el CNBM es el principal accionista de China Jushi, su participación solo es del 26,97 %.

(212)

Por lo que se refiere a los aumentos de su capital, Jushi declaró que la proporción de la participación de CNBM en la empresa había disminuido del 60,25 % en 1998 al 26,97 % al final del período de investigación. En los últimos tres años, el capital registrado de China Jushi solo se había visto incrementado a través de sus propias reservas de capital, por lo que la participación de CNBM se había mantenido estable, en el 26,97 %.

(213)

En primer lugar, la Comisión consideró que, en cualquier caso, las sociedades de cartera deben proporcionar una respuesta al cuestionario para determinar si se han proporcionado subvenciones al nivel de la empresa matriz que puedan estar relacionadas con el productor exportador. Sin una respuesta al cuestionario, es imposible determinar el alcance total de las subvenciones relativas a los productores exportadores.

(214)

En segundo lugar, por lo que se refiere a las alegaciones relativas al control efectivo de CNBM sobre Jushi, la Comisión se remitió al razonamiento expuesto en los considerandos 93 y 96 sobre la relación entre Jushi y Taishan. Con arreglo a esto, se rechazaron estas alegaciones.

(215)

En tercer lugar, por lo que se refiere a los aumentos de capital, si bien es cierto que la participación de CNBM ha disminuido en términos relativos a lo largo del tiempo, ha aumentado en términos absolutos durante el período 2010-2018.

(216)

Por último, los elementos mencionados en el considerando 208 no solo se refieren a Jushi y Hengshi, sino también a Taishan. En consecuencia, aunque la Comisión aceptara los comentarios de Jushi, ello no alteraría sus conclusiones por lo que respecta al Grupo CNBM como tal.

(217)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que había tenido que basarse, en parte, en los datos disponibles para extraer conclusiones sobre CNBM, la empresa matriz del Grupo CNBM.

(218)

Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd. no facilitó en el plazo establecido información completa sobre los fondos recibidos a través de otros instrumentos de capital por parte de algunos accionistas de la empresa.

(219)

Pese a las reiteradas peticiones de la Comisión, durante y después de la inspección in situ, la empresa no facilitó la información solicitada. Por lo tanto, la Comisión notificó a la empresa que, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, consideraría basar parcialmente sus conclusiones en los datos disponibles (en lo relativo a la información relacionada con los otros instrumentos de capital). En su respuesta a la Comisión, la empresa indicó que, debido al cierre oficial ocurrido en China durante la última semana de enero y la primera semana de febrero, no estaba en condiciones de responder a la solicitud de información de la Comisión en el plazo establecido.

(220)

En esta fase, y a falta de otras pruebas relativas a los fondos recibidos a través de otros instrumentos de capital, mencionados en el considerando 218, para establecer sus conclusiones sobre los fondos recibidos a través de otros instrumentos de capital por parte de algunos accionistas de la empresa la Comisión siguió basándose, en parte, en los datos de que disponía, tal como se detalla en la sección 3.4.3.4.

(221)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia, en el anuncio de inicio y en las respuestas a los cuestionarios de la Comisión, se investigó la presunta subvención estudiando las siguientes subvenciones por parte de las autoridades chinas:

(222)

Según la información facilitada por los dos grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, treinta y seis instituciones financieras ubicadas en territorio chino les habían concedido préstamos. De ellas, veintinueve eran bancos de propiedad estatal (59). Las instituciones financieras restantes, bien eran de propiedad privada (cuatro instituciones), o bien la Comisión no pudo determinar si eran de propiedad estatal o de propiedad privada (tres instituciones). Sin embargo, solo un banco de propiedad estatal cumplimentó el cuestionario específico, pese a la petición formulada a las autoridades chinas, que abarcaba a todas las instituciones financieras que habían concedido préstamos a las empresas incluidas en la muestra.

(223)

El EXIM proporciona préstamos dependientes de la exportación a tipos preferentes a empresas chinas que fabrican productos nuevos y de alta tecnología, productos con derechos de propiedad intelectual nacionales, marcas de propiedad privada, productos de alto valor añadido y productos de software registrados ante las autoridades industriales y comerciales (60). Según la información de que dispone la Comisión, los productores chinos de TFV cumplen los requisitos para recibir préstamos destinados a la exportación, en tanto que productos nuevos y de alta tecnología o como marcas de propiedad privada, dado que varios productores están reconocidos como «empresas nacionales de alta tecnología» o se les ha otorgado el estatus de marca célebre o gran marca.

(224)

Además, el EXIM ayuda también a los exportadores mediante créditos a los compradores de exportaciones. Estos se conceden a las empresas extranjeras para financiar la importación de productos, tecnologías y servicios chinos (61).

(225)

La Comisión comprobó si los bancos de propiedad estatal actuaban como organismos públicos en el sentido del artículo 3 y del artículo 2, letra b), del Reglamento de base. A este respecto, el criterio aplicable para establecer que una empresa de propiedad estatal es un organismo público es el siguiente (62): «Lo que importa es si una entidad está facultada para ejercer funciones gubernamentales, y no cómo ha obtenido esa facultad. Un gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática. De ello se desprende, a nuestro juicio, que las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. Subrayamos, no obstante, que aparte de una delegación expresa de facultades en un instrumento jurídico, no es probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer la requerida existencia de posesión de facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el gobierno le haya conferido facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales del control ejercido por el gobierno, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales».

(226)

La Comisión solicitó información acerca de la propiedad estatal, así como indicios formales de control gubernamental en los bancos de propiedad estatal. También analizó si el control se había ejercido de manera significativa. A tal efecto, la Comisión tuvo que basarse parcialmente en los datos disponibles, ya que las autoridades chinas y los bancos de propiedad estatal se negaron a presentar datos sobre el proceso decisorio que había conducido a los préstamos preferenciales.

(227)

Para el análisis la Comisión examinó, en primer lugar, información procedente de los tres bancos de propiedad estatal que habían cumplimentado el cuestionario específico y autorizado la verificación.

(228)

Solo un banco de propiedad estatal, el EXIM, dio respuesta al cuestionario, que se verificó in situ.

(229)

Basándose en la información recibida en la respuesta al cuestionario y durante la inspección in situ, la Comisión estableció que las autoridades chinas poseían, directa o indirectamente, más del 50 % de las acciones de esta institución financiera.

(230)

Sobre los indicios de control gubernamental del banco de propiedad estatal que cooperó, la Comisión lo calificó de «institución financiera clave de propiedad estatal». En particular, en la comunicación «Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal» se establece lo siguiente: «Las instituciones financieras clave de propiedad estatal mencionadas en el presente Reglamento se refieren a entidades de crédito oficial, bancos comerciales, empresas de gestión de activos financieros, sociedades de valores, empresas de seguros, etc. de propiedad estatal (“instituciones financieras de propiedad estatal”), en cuya junta de supervisores el Consejo de Estado está representado».

(231)

El Consejo de Estado nombra a la junta de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal de conformidad con el Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal (Decreto n.o 282 del Consejo de Estado). Sobre la base de los artículos 3 y 5 de este Reglamento provisional, la Comisión determinó que los miembros de la junta de supervisores son nombrados por el Consejo de Estado, ante el cual responden, lo que ilustra el control institucional del Estado sobre las actividades de negocio del banco de propiedad estatal que cooperó. Además de estos indicios de aplicación general, con respecto al EXIM la Comisión apreció lo siguiente:

(232)

El EXIM se formó y funciona a tenor de la «Anuncio de creación del Banco de Importación y Exportación de China» del Consejo de Estado y de sus propios estatutos. Según sus estatutos, el Estado nombra directamente a los directores del EXIM. El Consejo de Estado nombra la junta de supervisores de conformidad con el Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal y demás leyes y reglamentos; la junta de supervisores rinde cuentas al Consejo de Estado.

(233)

Los estatutos también mencionan que el Comité del Partido del EXIM desempeña un cometido central y eminentemente político para que el EXIM aplique las políticas del Estado y vele por el mayor desarrollo del Partido. La dirección del Partido está implicada en todos los aspectos del gobierno corporativo.

(234)

Los estatutos también contemplan que el EXIM está dedicado a potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica, la inversión transfronteriza, la Iniciativa de la Franja y la Ruta), la cooperación internacional y la fabricación de equipos. Su ámbito de actividad son los préstamos a corto, medio y largo plazo, que se aprueben y estén en línea con las políticas estatales de comercio exterior y de «internacionalización», como las de crédito a la exportación y a la importación, préstamos a la ingeniería contratados en el extranjero, préstamos a la inversión en el exterior, préstamos para ayuda exterior del Gobierno de China y préstamos a las ventas de exportación.

(235)

La Comisión también constató que las instituciones financieras de propiedad estatal habían modificado sus estatutos en 2017, aumentando el cometido del Partido Comunista de China en sus niveles más altos de toma de decisiones.

(236)

Los nuevos estatutos estipulan que:

(237)

Las pruebas demuestran que el Gobierno ejerce un control significativo sobre el funcionamiento de esta institución.

(238)

La Comisión pidió asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercían un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, en lo relativo a sus políticas de préstamo y la evaluación del riesgo al conceder préstamos a la industria de TFV. A este respecto, se tuvieron en cuenta los siguientes documentos normativos:

(239)

Tras haber estudiado estos documentos normativos, la Comisión concluyó que las instituciones financieras chinas operan en un entorno jurídico general que las conduce a alinearse con los objetivos de política industrial de las autoridades chinas al tomar decisiones financieras, por los motivos siguientes.

(240)

Por lo que respecta al EXIM, su mandato de función pública está establecido en la «Notificación de la creación del EXIM» y en sus propios estatutos.

(241)

A nivel general, el artículo 34 de la Ley Bancaria, que se aplica a todas las instituciones financieras que operan en China, dispone que «la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado». A pesar de que el artículo 4 de la Ley Bancaria establece que «la banca comercial realizará sus operaciones empresariales sin interferencias de ninguna unidad o persona», y que «la banca comercial asumirá con independencia la responsabilidad civil con la totalidad de su propiedad como persona jurídica», de la investigación se desprendió que dicho artículo se aplica subordinado al artículo 34 de la Ley Bancaria, es decir, que cuando el Estado establece una política pública, los bancos la aplican y siguen las instrucciones estatales.

(242)

Además, el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos establece que «con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas zonas».

(243)

De modo análogo, la Decisión n.o 40 da instrucciones a todas las instituciones financieras para que den apoyo en forma de créditos específicamente a proyectos «fomentados». Como ya se ha dicho en la sección 3.1, y más concretamente en el considerando 166, los proyectos de la industria de TFV pertenecen a la categoría de «fomentados». Por ello, la Decisión n.o 40 confirma la anterior constatación, relativa a la Ley Bancaria, de que los bancos ejercen facultades gubernamentales en forma de operaciones de crédito preferente. Concluyó asimismo la Comisión que la CBIRC tiene una extensa autoridad de aprobación de todos los aspectos de gestión del conjunto de las instituciones financieras establecidas en China (incluidas las de propiedad privada y las extranjeras), tales como (63):

(244)

La Ley Bancaria es jurídicamente vinculante. El carácter obligatorio de los planes quinquenales y de la Decisión n.o 40 ha quedado establecido en la sección 3.1. El carácter obligatorio de los documentos regulatorios de la CBIRC se desprende de las facultades de esta como autoridad de regulación bancaria. El carácter obligatorio de los demás documentos se hace patente en las cláusulas de supervisión e inspección que contienen.

(245)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas afirmaron que ninguno de los documentos reglamentarios en los que se basó la Comisión bastaban para demostrar que las autoridades chinas habían ejercido, de hecho, un control significativo sobre el EXIM. Más concretamente, las autoridades chinas alegaron que el artículo 34 de la Ley Bancaria no es más que una declaración general sin implicaciones prácticas. Las autoridades chinas añadieron que el artículo 34 no debe interpretarse de forma aislada, sino en relación con los artículos 4, 5 y 41 de la Ley Bancaria, que se refieren supuestamente a la autonomía del banco y a la no interferencia por parte de entidades, particulares o Gobiernos. También pidieron las autoridades chinas que no se tuviera en cuenta el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos, puesto que no es obligatorio. Por último, las autoridades chinas afirmaron que la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado no era vinculante y se remitieron al artículo 17 de dicha Decisión, según el cual todas las entidades financieras están obligadas a adoptar decisiones relativas a los préstamos basándose en los principios del mercado.

(246)

La Comisión recordó en primer lugar que, como se menciona en el considerando anterior, opina que la Ley Bancaria y la Decisión n.o 40 son obligatorias. Además, las conclusiones de esta investigación (así como las de anteriores investigaciones de la Comisión relativas al mismo programa de subvenciones (64)) no corroboraron la afirmación de que los bancos no tienen en cuenta los planes y las políticas gubernamentales. La investigación demostró más bien que el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos se aplicaba en la práctica, y que los artículos 4, 5 y 41 de la Ley Bancaria se aplicaban en subordinación a su artículo 34, es decir, que cuando el Estado establece una política pública, los bancos la aplican y siguen las instrucciones estatales. Las conclusiones de la investigación no corroboraron la afirmación de que los bancos no tienen en cuenta los planes y las políticas gubernamentales al tomar decisiones relativas a los préstamos. Por ejemplo, la Comisión constató que los productores exportadores se benefician de tipos de interés igualmente bajos a través de préstamos preferenciales.

(247)

La Comisión también señaló que la Decisión n.o 40 del Consejo del Estado da instrucciones a todas las entidades financieras para que presten apoyo crediticio únicamente a los proyectos fomentados, y promete la aplicación de «otras políticas preferenciales a los proyectos fomentados». Según lo anterior, los bancos están obligados a prestar apoyo crediticio a la industria de TFV. Si bien el artículo 17 de la misma Decisión también piden al banco que respete los principios del crédito, la Comisión no pudo establecer durante la investigación que así sucediera efectivamente en la práctica. Por ello, la Decisión n.o 40 confirmó la anterior constatación, relativa a la Ley Bancaria, de que los bancos ejercen facultades gubernamentales en forma de operaciones de crédito preferente.

(248)

Sobre esta base, la Comisión concluyó que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en el marco normativo para ejercer control de forma significativa sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, al conceder préstamos a la industria de TFV.

(249)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio del control de modo significativo estudiando préstamos concretos. Durante la inspección, el banco de propiedad estatal que cooperó sostuvo que en la práctica había utilizado sofisticadas políticas y modelos de evaluación del riesgo crediticio antes de conceder los préstamos en cuestión, Sin embargo, como ya se señaló en los considerandos 187 a 190, no proporcionó ejemplos concretos relacionados con las empresas incluidas en la muestra. El banco de propiedad estatal que cooperó se negó, alegando razones reglamentarias y contractuales, a facilitar información sobre las empresas incluidas en la muestra, como sus propias evaluaciones del riesgo crediticio, pese a que la Comisión le presentó el consentimiento escrito de las empresas incluidas en la muestra en el que renunciaban a sus derechos de confidencialidad.

(250)

Por ello, a falta de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia, la Comisión examinó el conjunto del entorno jurídico descrito en los considerandos 238 a 245, junto con el comportamiento del banco de propiedad estatal que cooperó en lo relativo a los préstamos que concedió a las empresas incluidas en la muestra. Este comportamiento contrastaba con su postura oficial, expresada en la inspección in situ, ya que en la práctica no actuaba partiendo de una exhaustiva evaluación del riesgo con base en el mercado.

(251)

La inspección puso de manifiesto que, con la única excepción de determinados préstamos en divisa extranjera, se concedieron préstamos a los dos grupos de productores exportadores incluidos en la muestra a unos tipos de interés inferiores o cercanos a los de referencia del Banco Popular de China, independientemente de la situación financiera y del riesgo crediticio de la empresa. Es decir, los préstamos se concedieron por debajo de los tipos de mercado si se comparan con el tipo correspondiente al perfil de riesgo de los dos productores exportadores incluidos en la muestra. Además, las empresas incluidas en la muestra habían recibido préstamos renovables, que les permitían sustituir inmediatamente el capital reembolsado por créditos en la fecha de vencimiento con capital de nuevos préstamos.

(252)

La Comisión también constató que el banco de propiedad estatal que cooperó no consignó algunos préstamos «no ordinarios», que debería haber declarado como tales, en el registro central de crédito nacional. La notificación de préstamos «no ordinarios» es obligatoria, en particular, en caso de reestructuración del préstamo, de incumplimiento del deudor, o de préstamos renovables. Se encontraron estos casos en los dos grupos de productores exportadores incluidos en la muestra. De conformidad con las «Orientaciones sobre la clasificación de los créditos en función del riesgo» de la CBIRC, todos estos casos tendrían que haber figurado en el registro central de créditos. Esta falta de notificación por parte de las instituciones financieras produce una imagen distorsionada de la situación crediticia de la empresa en el registro central de crédito, que no muestra el nivel real de solvencia de la misma. De resultas de ello, aunque una institución financiera hubiera querido proceder a una evaluación del riesgo basada en el mercado, lo hubiera hecho a partir de una información inexacta.

(253)

Por todo ello, la Comisión concluyó que las autoridades chinas habían ejercido un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó en lo relativo a sus políticas de préstamo y la evaluación del riesgo relativo a la industria de TFV.

(254)

La Comisión concluyó que la institución financiera de propiedad estatal que cooperó aplicó el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de TFV. Por lo tanto, actuó como organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y de conformidad con la correspondiente jurisprudencia de la OMC.

(255)

Tal como se indica en la sección 3.2, ninguno de los otros bancos de propiedad estatal que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra respondió al cuestionario específico. El CDB no respondió al cuestionario, pero estuvo dispuesto a contestar preguntas durante la inspección in situ en las instalaciones del Ministerio de Comercio. Durante esta visita, el CDB afirmó que las declaraciones que había hecho durante una investigación antisubvenciones de la UE en 2012 seguían siendo válidas, y que no se habían producido cambios importantes desde entonces. El CDB no proporcionó más detalles sobre su estructura de gobernanza o su evaluación de los riesgos, ni ejemplos relativos a préstamos específicos a la industria de TFV.

(256)

Por ello, en consonancia con las conclusiones expuestas en los considerandos 182 a 199, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si esos bancos pueden considerarse organismos públicos.

(257)

En investigaciones antisubvención anteriores (65), la Comisión concluyó que los siguientes bancos, que habían concedido préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, eran de propiedad total o parcial del Estado, directamente o a través de personas jurídicas: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. y Sinotruk Finance Co., Ltd. Puesto que no se ha facilitado ninguna información que indique lo contrario, la Comisión mantuvo la misma conclusión en la presente investigación.

(258)

Recurriendo a la información de libre acceso, como el sitio web del banco, los informes anuales, la información disponible en los directorios del banco o en internet, la Comisión concluyó asimismo que los siguientes bancos que habían concedido préstamos o arrendamiento financiero a los dos grupos de productores exportadores incluidos en la muestra eran de propiedad total o parcial del Estado, directamente o a través de personas jurídicas.

(259)

La Comisión también estableció la propiedad y el control de las autoridades chinas, en ausencia de información específica en otro sentido de las entidades financieras en cuestión, basándose en indicios formales, por las mismas razones expuestas en la sección 3.4.1.2. En particular, según los datos disponibles, cabría suponer que los gestores y los supervisores de los bancos de propiedad estatal que no cooperaron son nombrados por las autoridades chinas, a las que rinden cuentas, igual que el banco de propiedad estatal que cooperó.

(260)

Por lo que respecta al ejercicio de un control de modo significativo, la Comisión consideró que los hallazgos relativos a la institución financiera que cooperó podían considerarse representativos también de las instituciones financieras de propiedad estatal que no cooperaron. El marco normativo analizado en la sección 3.4.1.2 se les aplica de manera idéntica. A falta de indicación en sentido contrario, según los datos disponibles, la ausencia de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia es válida para ellos del mismo modo que para el banco de propiedad estatal que cooperó, por lo cual el análisis de la aplicación concreta del marco normativo que se expone en la sección 3.4.1.2 se les aplica de manera idéntica.

(261)

Además, la Comisión observó que la mayoría de los contratos de préstamos que la Comisión había obtenido de las empresas incluidas en la muestra tenían condiciones similares y que los tipos de interés acordados eran semejantes y coincidían parcialmente con los del banco de propiedad estatal que cooperó.

(262)

Por consiguiente, la Comisión consideró que las conclusiones relativas al banco de propiedad estatal que cooperó constituían los datos disponibles en el sentido del artículo 28 del Reglamento de base para evaluar a los demás bancos de propiedad estatal, dadas estas similitudes de las condiciones del préstamo y los tipos de interés.

(263)

Sobre esa base, la Comisión llegó a la conclusión de que los otros bancos de propiedad estatal que conceden préstamos a las empresas incluidas en la muestra son también poderes públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(264)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que la Comisión se basó únicamente en investigaciones anteriores y en indicios de control formal para establecer que los bancos de propiedad estatal que no cooperaron actuaban como organismos públicos, y que no se realizaron análisis independientes de cada banco. Además, dado que el EXIM es un banco político, su situación no podía transponerse a los bancos comerciales.

(265)

A este respecto, la Comisión recordó que, a falta de cooperación de los demás bancos de propiedad estatal, tuvo que basarse en los datos disponibles. La Comisión concluyó que la información de investigaciones anteriores, junto con indicios de control formal y los resultados de la propia investigación relativos al EXIM y al comportamiento real de los bancos hacia los productores exportadores, constituían los mejores datos disponibles en este caso. En cualquier caso, las autoridades chinas no presentaron ninguna prueba o argumento que refutara las conclusiones de la Comisión relativas al hecho de que los otros bancos de propiedad estatal que concedían préstamos a las empresas incluidas en la muestra son también poderes públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Así pues, la Comisión mantuvo su posición.

(266)

A la luz de estas consideraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras de propiedad estatal china que concedieron préstamos o arrendamiento financiero a los dos grupos de productores exportadores que cooperaron incluidos en la muestra son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(267)

Además, aunque no hubiera que considerar organismos públicos a las instituciones financieras de propiedad estatal, la Comisión cree que se consideraría que habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones que suelen ser propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base, por las mismas razones expuestas en los considerandos 269 a 272. De este modo, su comportamiento sería atribuido a las autoridades chinas en cualquier caso.

(268)

A continuación, la Comisión pasó a estudiar las otras instituciones financieras. Sobre la base de las conclusiones de investigaciones antisubvención anteriores (67), a las que se añadió información de libre acceso, se consideró que las siguientes instituciones financieras eran de propiedad privada: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank y Ping An Bank. En relación con las siguientes instituciones financieras, la Comisión no pudo verificar si eran de propiedad estatal o privada, ya que no cooperaron y no disponía de información pública suficiente: Chongqing Runyin Financial Leasing Co., Ltd., Wuxi International Platinum Co., Ltd., Liangjiang Financial Leasing Co., Ltd., Taian Bank y Taian Daiyue Rural Commercial Bank Co., Ltd. Siguiendo un enfoque prudente, la Comisión analizó estas últimas como si fueran instituciones financieras de propiedad privada y en adelante se hace referencia a ellas como «instituciones financieras de propiedad privada». La Comisión analizó si estas instituciones financieras habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas de conceder subvenciones al sector de TFV en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(269)

Según el Órgano de Apelación de la OMC, un Gobierno «encomienda» cuando otorga responsabilidad a una entidad privada, y «ordena» cuando ejerce su autoridad sobre una entidad privada (68). En ambos casos, el Gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe la contribución financiera y «en la mayoría de los casos cabría esperar que la encomienda o la orden impartida a una entidad privada entrañara alguna forma de amenaza o estímulo» (69). Al mismo tiempo, el inciso iv) no permite a los miembros imponer medidas compensatorias a productos «cuando el gobierno solo ejerce sus competencias reguladoras generales» (70) o cuando la intervención gubernamental «puede tener o no un resultado particular simplemente sobre la base de circunstancias de hecho y del ejercicio de la libertad de elección por los agentes en dicho mercado» (71). Al contrario, encomendar u ordenar implican «una función más activa que los meros actos de estímulo» por parte del Gobierno (72).

(270)

La Comisión observó que el marco normativo relativo a la industria que se ha mencionado en los considerandos 238 a 245 se aplica a todas las instituciones financieras de China, con inclusión de las instituciones financieras de propiedad privada. Para ilustrarlo, la Ley Bancaria y las diversas órdenes de la CBIRC van dirigidas a los bancos de financiación china y a los bancos con capital extranjero gestionados por la CBIRC.

(271)

Además, las inspecciones de las empresas incluidas en la muestra pusieron de manifiesto que la mayoría de los contratos de préstamos que la Comisión había obtenido de las empresas incluidas en la muestra tenían condiciones similares y que los tipos de interés eran semejantes y coinciden parcialmente con los de las instituciones financieras de propiedad estatal.

(272)

A falta de información en otro sentido procedente de las instituciones financieras privadas, la Comisión llegó a la conclusión de que, por lo que respecta a la industria de TFV, todas las instituciones financieras que operan en China bajo supervisión de la CBIRC (también las privadas) habían recibido encomienda u orden del Estado, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base, de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder a la industria de TFV préstamos a tipos preferentes.

(273)

Tras la comunicación definitiva, una de las partes alegó que el hecho de que cada uno de los grupos de empresas incluidos en la muestra se beneficiara de diferentes tipos de préstamos o arrendamientos financieros durante el período de investigación que diferían en cuanto a sus plazos de vencimiento, garantías, avales y otras condiciones, como se menciona en el considerando 281, indicaba que no habían recibido encomienda u orden por parte del Estado. Esta misma parte alegó también que el solapamiento de los tipos de los bancos privados y los públicos demostraba que los bancos públicos concedían préstamos en condiciones de mercado, y no lo contrario, y que la Comisión intentaba desplazar la carga de la prueba señalando que sus conclusiones se aplicaban «a falta de información divergente procedente de las entidades financieras privadas», cuando debería haber establecido previamente un fumus boni iuris.

(274)

En respuesta a estas afirmaciones, la Comisión recordó que, a falta de cooperación de los demás bancos de propiedad estatal, tuvo que basarse en los datos disponibles. Al hacer así, no desplazaba la carga de la prueba. Además, dado que solo cooperó un banco de propiedad estatal, la Comisión utilizó la información facilitada por la parte que cooperó, que se consideró un organismo público, para compararla con las condiciones ofrecidas por los bancos privados, que no estaban cooperando. El hecho de que existiera un solapamiento de los tipos demuestra que los bancos privados también concedieron prestamos por debajo de las condiciones de mercado, y no lo contrario. Seguir el razonamiento de la parte equivaldría a concluir que la información basada en los datos disponibles es más fiable que las conclusiones basadas en información verificada. El hecho de que los grupos de empresas incluidos en la muestra se beneficiaran de diferentes tipos de préstamos durante el período de investigación con diferentes condiciones no altera esta conclusión. En cualquier caso, la parte no presentó ninguna prueba o argumento que refutara las conclusiones de la Comisión. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(275)

Además, el marco normativo aplicable a todos los bancos de China es mucho más amplio que las dos normas por las que se rige la CBIRC, como se expone en el considerando 238, y todo el conjunto de documentos reguladores es vinculante jurídicamente, como se expone en el considerando 244, lo que implica una función más activa que los meros actos de estímulo. Por otra parte, las inspecciones in situ de las empresas incluidas en la muestra no pusieron de manifiesto diferencias significativas entre las condiciones o los tipos de préstamos ofrecidos por las instituciones financieras privadas y los que ofrecían las instituciones financieras de propiedad estatal.

(276)

Tras la comunicación, las autoridades chinas alegaron que la legislación invocada por la Comisión cumplía únicamente una función de orientación, y que la mera orientación del Gobierno no es suficiente para constatar la existencia de una encomienda u orden. En este contexto, las autoridades chinas señalaron que el artículo 34 de la Ley Bancaria no era más que una declaración general sin implicaciones prácticas.

(277)

El artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos tampoco supone una obligación, sino que permite simplemente a las instituciones financieras tener en cuenta las políticas estatales. La Decisión n.o 40 tampoco es un documento vinculante, y obliga explícitamente a las instituciones financieras a prestar apoyo financiero «con arreglo a los principios crediticios».

(278)

La Comisión discrepó de este parecer, dado que el marco normativo aplicable a todos los bancos de China es jurídicamente vinculante, como se explica en el considerando 244, lo que implica una función más activa que los meros actos de estímulo o de orientación por parte del Gobierno. Por lo que respecta a la Decisión n.o 40, la Comisión ya estableció en el considerando 247 que da instrucciones a todas las entidades financieras para que presten apoyo crediticio únicamente a los proyectos fomentados, a pesar de que el artículo 17 de dicha Decisión también pide al banco que respete los principios crediticios. Así pues, la Comisión mantuvo su posición.

(279)

En investigaciones antisubvención anteriores, la Comisión ya había establecido que las calificaciones crediticias chinas concedidas a empresas chinas no eran fiables, sobre la base de un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (73) que mostraba la divergencia entre las calificaciones crediticias internacionales y las chinas, y en combinación con los hallazgos de la investigación relativa a las empresas incluidas en la muestra. Según el FMI, más del 90 % de las obligaciones chinas están calificadas de AA a AAA por las agencias locales, lo que no es comparable a otros mercados, como el de la UE o el de los EE. UU., en el cual menos del 2 % de las empresas disfrutan de tales calificaciones. Así pues, las agencias de calificación crediticia chinas se inclinan marcadamente hacia la parte alta de la escala de calificación. Sus escalas de calificación son muy amplias, y tienden a agrupar obligaciones con riesgos de impago significativamente distintos en una amplia categoría de calificación (74).

(280)

Además, algunas agencias de calificación externas, como Standard & Poor’s y Moody’s, tienden a aplicar un incremento a la calificación crediticia de referencia del emisor partiendo de una estimación de la importancia estratégica de la empresa para el Gobierno chino y de la fortaleza de cualquier garantía implícita al calificar las obligaciones chinas emitidas en el exterior (75). Fitch, por ejemplo, indica claramente, cuando corresponde, que dichas garantías constituyen un elemento fundamental al establecer su calificación crediticia de empresas chinas (76).

(281)

La Comisión encontró asimismo más información que completa este análisis. Estableció, en primer lugar, que el Estado puede ejercer cierta influencia en el mercado de las calificaciones crediticias. Según dos estudios de 2016, eran unas doce las agencias de calificación crediticia activas en el mercado chino, la mayoría de ellas de propiedad estatal. Un 60 % de las obligaciones de empresa calificadas en China lo han sido por una agencia de calificación de propiedad estatal (77).

(282)

Las autoridades chinas confirmaron que, durante el período de investigación, eran quince las agencias de calificación crediticia activas en el mercado de obligaciones de China, doce de ellas nacionales, como Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, Golden Credit Rating International Co., Ltd, China Bond Rating Co., Ltd, CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd, Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Chengxin Securities Rating Co., Ltd, United Credit Ratings Co., Ltd, Shanghai Credit Information Services Co., Ltd, China Securities Index Co., Ltd, Beijing North Joint Credit Evaluation Co., Ltd y Sichuan Dapu Credit Rating Limited Company. La mayoría de las agencias de calificación nacionales eran de propiedad estatal. También había tres agencias de calificación crediticia en participación chino-extranjera, a saber, China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, S&P Global China Rating y China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

(283)

En segundo lugar, no se entra libremente al mercado chino de la calificación crediticia. Se trata, básicamente, de un mercado cerrado, ya que las agencias de calificación tienen que ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China o por el Banco Popular de China antes de empezar a operar (78). A mediados de 2017, el Banco Popular de China anunció que se autorizaría a las agencias de calificación crediticia extranjeras a emitir calificaciones crediticias sobre una parte del mercado de obligaciones nacional, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, durante el período de investigación, todavía no se había admitido a ninguna agencia de calificación crediticia extranjera (79). No obstante, entre tanto, algunas agencias extranjeras se establecieron en participación con determinadas agencias de calificación crediticia locales que emiten calificaciones crediticias sobre emisiones de obligaciones nacionales. Con todo, estas calificaciones siguen las escalas de calificación chinas, por lo que no son exactamente comparables con las internacionales, como ya se ha expuesto.

(284)

Por último, un estudio reciente realizado por el Banco Popular de China confirma las conclusiones de la Comisión, afirmando que «si el nivel de inversión de las obligaciones extranjeras se sitúa en la calificación internacional BBB– y superior, entonces el grado de inversión de las obligaciones nacionales podría clasificarse en el nivel AA– y superior, teniendo en cuenta la diferencia entre la calificación nacional media y la calificación internacional de 6 o más grados» (80).

(285)

Vista la situación descrita en los considerandos 279 a 284, la Comisión llegó a la conclusión de que las calificaciones crediticias chinas no ofrecen una estimación fiable del riesgo crediticio del activo subyacente. Por eso, aunque algunas de las empresas incluidas en la muestra recibieron una buena calificación crediticia por una agencia de calificación de China, la Comisión llegó a la conclusión de que tales calificaciones no son fiables. Estas calificaciones se falsearon también para conseguir el objetivo de fomentar industrias estratégicas clave, como la de TFV.

(286)

En consonancia con las conclusiones a las que se llegó en las investigaciones relativas al asunto HRF y al asunto de los neumáticos (81), son «préstamos renovables» aquellos que permiten a una empresa sustituir el capital reembolsado por créditos en la fecha de vencimiento con capital de nuevos préstamos. Los préstamos renovables suelen ser un signo de problemas de liquidez a corto plazo del beneficiario, y suponen para los bancos que los conceden una mayor exposición al riesgo. Por eso, la existencia de préstamos renovables en una empresa determinada se considera una indicación de que la empresa se encuentra en una situación financiera peor de lo que sus estados financieros parecen dar a entender a primera vista, y de que existe un riesgo adicional por problemas de liquidez a corto plazo.

(287)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que los préstamos renovables no constituyen necesariamente una señal de problemas de liquidez, como se desprende claramente de los sitios web de los principales bancos europeos. Por ejemplo, las líneas de crédito renovables y los préstamos forman parte de la actividad habitual de bancos como ING (82) y BNP Paribas (83) y no se asocian a unos tipos de interés más elevados.

(288)

La Comisión discrepó de la evaluación de las autoridades chinas. Las propias autoridades chinas consideran los préstamos renovables como un elemento adicional de riesgo crediticio. Como se indica en las «Orientaciones sobre la clasificación de los créditos en función del riesgo» de la CBIRC, los préstamos renovables deben notificarse al menos como préstamos «preocupantes» (84). Un préstamo de esta categoría significa que, aunque el prestatario está actualmente en condiciones de reembolsar el capital y los intereses del préstamo, hay algunos factores que pueden afectar negativamente su capacidad de reembolso.

(289)

Existen facilidades de crédito renovable en Europa, pero sus condiciones son muy diferentes de las de los préstamos renovables chinos. Los créditos renovables en la Unión son básicamente líneas de crédito con un importe máximo preestablecido que puede retirarse y devolverse varias veces durante un período predeterminado. Además, estas facilidades de crédito implican un coste adicional, ya sea un margen contractual que se suma a los tipos habituales del mercado a corto plazo (85), o una comisión de gestión predeterminada. Más aún, el ejemplo de BNP Paribas presentado por las autoridades chinas también contempla una comisión por capital inutilizado durante la duración de la línea de crédito.

(290)

Por otra parte, los créditos renovables encontrados en las inspecciones a las empresas chinas incluidas en la muestra no tenían condiciones diferentes de las de otros créditos a corto plazo. No figuraban como línea de crédito o línea de crédito renovable, ni iban vinculados a comisiones ni márgenes adicionales. A primera vista, parecían créditos a corto plazo normales. Sin embargo, a veces como finalidad del préstamo constaba el «reembolso de préstamos». Además, al verificar los reembolsos de estos créditos en la inspección, quedó claro que el importe del capital se estaba reembolsando mediante nuevos préstamos recibidos del mismo banco, por el mismo importe, en la semana precedente o siguiente a la fecha de vencimiento del crédito inicial. La Comisión amplió su análisis a otros de los préstamos que figuraban en los cuadros, y las más de las veces encontró otros casos con exactamente las mismas características. Por todas estas razones, la Comisión mantuvo su posición sobre los préstamos renovables.

(291)

En el curso de la investigación, la Comisión constató que determinadas empresas incluidas en la muestra habían emitido obligaciones con el fin específico de amortizar la deuda, en concreto, los préstamos. La Comisión estableció que, al reestructurar su deuda a través de este instrumento, algunas empresas podían reorganizar y aplazar sus obligaciones, así como obtener los fondos sin los cuales no podrían cumplir sus obligaciones de reembolso, lo que pone de manifiesto la existencia de problemas para recaudar fondos.

(292)

El hecho de utilizar las obligaciones con ese objetivo arroja dudas sobre la capacidad de una determinada empresa para pagar sus deudas, por lo que cuestiona no solo su liquidez a corto plazo, sino también la solvencia a largo plazo. Que determinada empresa emita obligaciones con el propósito de amortizar préstamos se considera, por lo tanto, una indicación de que la empresa se encuentra en una situación financiera peor de lo que sus estados financieros parecen dar a entender a primera vista, y de que existe un riesgo adicional relacionado con su financiación a corto y largo plazo.

(293)

Como se demuestra en los considerandos 238 a 245, existen varios documentos jurídicos específicamente destinados a las empresas del sector en los que se dan órdenes a las instituciones financieras para que concedan préstamos a la industria de TFV a tipos preferentes. Estos documentos demuestran que las instituciones financieras solo conceden préstamos preferentes a un número reducido de industrias o empresas que se ajustan a las correspondientes políticas de las autoridades chinas.

(294)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas cuestionaron las conclusiones sobre el carácter específico de los préstamos preferentes. Según las autoridades chinas, los artículos 4 y 34 de la Ley Bancaria se limitan a establecer directrices generales con respecto a la conducta de los bancos comerciales y no mencionan a qué empresas o industrias deben concederse préstamos. Además, el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos no restringe de manera expresa e inequívoca la disponibilidad de esta subvención específica para las empresas del sector del TFV. La Decisión n.o 40 no se aplica específicamente a una empresa o industria, sino a determinados proyectos fomentados. Además, no es obligatoria, y a la luz de la amplísima gama de sectores económicos e industrias que abarca, no puede concluirse que estos documentos limiten explícitamente el acceso a la supuesta subvención a determinadas empresas.

(295)

A este respecto, la Comisión señaló que, aunque la Ley Bancaria y las Normas Generales sobre Préstamos no mencionan expresamente el TFV, hacen referencia a las políticas industriales del Estado, que se recogen en los documentos enumerados en la sección 3.1. Así pues, la Comisión se remitió a los documentos enumerados y a las conclusiones alcanzadas en la sección 3.1. Además, la Comisión consideró que las referencias a la industria del TFV son suficientemente claras, ya que se la identifica, bien por su nombre, bien mediante una alusión clara al producto que fabrica o al grupo de industrias al que pertenece. Por otra parte, el hecho de que las autoridades chinas apoyen a un grupo limitado de industrias fomentadas, que incluye la del TFV, hace que esta subvención sea específica. Así pues, la Comisión se reafirmó en sus conclusiones.

(296)

La Comisión concluyó, por lo tanto, que las subvenciones en forma de préstamos preferentes no están disponibles de forma general, sino que son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que el préstamo preferente se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(297)

La Comisión calculó a continuación el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias. A tal efecto, evaluó el beneficio conferido a los receptores durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio conferido al receptor es la diferencia entre la cantidad de intereses que paga la empresa por el préstamo preferente y la que pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(298)

A este respecto, la Comisión constató varias particularidades del mercado chino de TFV. Como se expone en las secciones 3.4.1.1 a 3.4.1.7, los préstamos concedidos por las instituciones financieras chinas reflejan una intervención sustancial del Gobierno, y no los tipos que suelen encontrarse en un mercado operativo.

(299)

Los grupos de empresas incluidos en la muestra difieren en cuanto a su situación financiera general. Cada uno de ellos se benefició durante el período de investigación de tipos de préstamos o arrendamientos financieros que diferían en cuanto a sus plazos de vencimiento, garantías, avales y otras condiciones. Por estas dos razones, cada empresa tenía un tipo de interés medio distinto, según los préstamos recibidos.

(300)

Para reflejar estas particularidades, la Comisión evaluó individualmente la situación financiera de cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra. A este respecto, la Comisión siguió la metodología de cálculo de préstamos preferentes establecida en las investigaciones antisubvención sobre productos planos de acero laminados en caliente y sobre neumáticos originarios de China (86), como se explica en los siguientes considerandos. Con esa base, la Comisión calculó individualmente el beneficio de las prácticas crediticias preferentes correspondiente a cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, y asignó tal beneficio al producto afectado.

(301)

Como se expone en los considerandos 250 a 252, las instituciones financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al Grupo CNBM se ajustaban a los del mercado.

(302)

Los productores exportadores del Grupo CNBM presentaron su situación financiera como rentable en general, según sus propios estados financieros. Uno de los productores exportadores no había recibido ningún préstamo. Sin embargo, la Comisión observó que financiaba el 65 % de sus compras mediante una especie de instrumento financiero preferente a corto plazo (letras de aceptación bancaria). Como se explica en la sección 3.4.3.2, las letras de aceptación bancaria son un tipo de instrumento de deuda; por lo tanto, su utilización generalizada indica problemas de liquidez a corto plazo. El segundo productor exportador obtuvo beneficios constantes durante el período 2016-2018 y, a primera vista, indicadores como una baja ratio de endeudamiento apuntaban a que sus finanzas estaban saneadas, No obstante, parecía tener problemas de liquidez a corto plazo, por las razones siguientes: su deuda pendiente a corto plazo representaba casi el 100 % de su volumen de negocios; emitió una obligación para reembolsar los préstamos bancarios; emitió una gran cantidad de letras de aceptación bancaria para financiar sus compras y utilizó préstamos renovables, lo que indica que la empresa podía encontrarse en una situación financiera más inestable de lo que sus estados financieros parecían dar a entender a primera vista. El tercer productor exportador ofrecía una imagen similar, con una situación rentable pero una utilización generalizada de letras de aceptación bancaria y la emisión de una obligación para reembolsar los préstamos bancarios.

(303)

La primera empresa matriz intermedia, China Jushi, fue rentable durante el período 2016-2017 y el período de investigación, pero utilizó de forma generalizada letras de aceptación bancaria para financiar sus compras. Además, la Comisión estableció que algunos de los préstamos concedidos a nivel de China Jushi eran préstamos renovables, y que China Jushi había emitido dos obligaciones con el fin de reembolsar préstamos bancarios. También se encontraron préstamos renovables concedidos a la segunda empresa matriz intermedia, Sinoma Technology.

(304)

Como se menciona en los considerandos 207 a 217, la empresa matriz CNBM no cooperó. No obstante, si se examina su informe anual de 2018, de libre acceso, se observa una situación similar: el nivel de apalancamiento de la empresa es elevado, con una ratio de deuda neta del 130 %, y una ratio de endeudamiento del 68 %. Durante el período de investigación, la empresa cerró un acuerdo de conversión de deuda en capital social con bancos de propiedad estatal, con el fin de mejorar su estructura de deuda. En virtud de este acuerdo, la empresa podía convertir parte de su deuda con bancos de propiedad estatal en acciones y, así, reducir el pasivo en su balance.

(305)

La Comisión señaló que una agencia de calificación crediticia china otorgó a las distintas empresas del Grupo CNBM calificaciones que iban de AA– a AA+. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas descritas en los considerandos 279 a 285, la Comisión llegó a la conclusión de que esta calificación no es fiable.

(306)

La Comisión consideró que la situación financiera global del Grupo corresponde a una calificación BB, que es la más alta que puede obtenerse sin llegar al «grado de inversión». «Grado de inversión» significa que la agencia de calificación considera que es lo bastante probable que las obligaciones emitidas por la empresa satisfagan las exigencias de pago como para que los bancos puedan invertir en ellas.

(307)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo CNBM afirmó que la Comisión había otorgado una calificación crediticia conjunta a todo el Grupo que se basaba principalmente en la calificación crediticia de CNBM, a pesar de que el nivel de endeudamiento de CNBM no podía tener un efecto perjudicial sobre China Jushi, empresa de la que solo tiene una participación del 27 %. Además, CNBM no podría transferir sus deudas a China Jushi, puesto que las empresas del grupo son entidades jurídicas independientes con responsabilidad limitada, lo que significa que las deudas de los accionistas o de las filiales no podían transferirse. Además, dado que el Grupo CNBM considera que las letras de aceptación bancaria no son equivalentes a préstamos a corto plazo, por lo que tampoco deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la calificación crediticia de las empresas.

(308)

La Comisión no estuvo de acuerdo con estas afirmaciones. Como se expone en los considerandos 301 a 304, la Comisión ha llevado a cabo una evaluación individual de cada una de las empresas de estos grupos. En el caso específico del Grupo CNBM, independientemente de la situación descrita con respecto a CNBM, la mayoría de las empresas examinadas mostraron un cuadro similar, incluidos los préstamos renovables, el uso generalizado de aceptaciones bancarias y las obligaciones suscritas para reembolsar préstamos. Además, al contrario de lo que le empresa afirmó, sí se transfirieron deudas entre las diferentes empresas del grupo mediante préstamos interempresariales. Por lo tanto, la Comisión decidió atribuir al Grupo una única calificación crediticia. Por último, como se menciona en la sección 3.4.3.2, la Comisión consideró las letras de aceptación bancaria como otro tipo de instrumento financiero equivalente a un préstamo a corto plazo, de modo que puede usarse para determinar las calificaciones crediticias. Por consiguiente, se rechazaron las alegaciones de la empresa.

(309)

La prima esperable sobre obligaciones emitidas por empresas con esta calificación (BB) se aplicó entonces al tipo de interés estándar del Banco Popular de China con el fin de determinar el tipo del mercado.

(310)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB (EE. UU.) sobre la base de los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se añadió después a los tipos de interés de referencia publicados por el Banco Popular de China en la fecha en que se concedió el préstamo (87) y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo concedido a la empresa.

(311)

Tras la comunicación definitiva, varias partes alegaron que el uso de un diferencial relativo era erróneo. Todos alegaron que la Comisión tenía que haber utilizado un diferencial absoluto, y no relativo, entre las obligaciones con la calificación AA y con la calificación BB de los EE. UU. Dieron para ello las siguientes razones:

(312)

Estas cuestiones ya se plantearon en investigaciones anteriores (88). Como puede verse en los considerandos 175 a 187 del asunto HRF, y a partir del considerando 256 en el asunto de los neumáticos, la Comisión rechazó estos argumentos por las razones que se exponen a continuación.

(313)

En primer lugar, si bien la Comisión reconoció que los bancos comerciales suelen aplicar un recargo expresado en valor absoluto, observó que esta práctica parece basarse principalmente en consideraciones prácticas, ya que el tipo de interés es, en definitiva, una cifra absoluta. No obstante, esta cifra absoluta es la plasmación de una evaluación del riesgo que se basa en una evaluación relativa. La probabilidad de riesgo de impago de una empresa calificada BB es un X % mayor que la del Gobierno o la de una empresa sin riesgo. Esto es una evaluación relativa.

(314)

En segundo lugar, los tipos de interés reflejan no solo los perfiles de riesgo de la empresa, sino también los riesgos específicos de país y de divisa. Por ello, el diferencial relativo refleja cambios de las condiciones de mercado subyacentes que no se expresan si se sigue la lógica de un diferencial absoluto. Con frecuencia, como en el caso presente, el riesgo específico de país y de divisa fluctúa a lo largo del tiempo y de distintas maneras entre los distintos países. De resultas de ello, los tipos de interés sin riesgo varían considerablemente a lo largo del tiempo, y a veces son más bajos en los EE. UU., otras veces en China. Estas diferencias guardan relación con factores tales como el crecimiento observado y previsto del PIB, el clima económico o los niveles de inflación. Dado que los tipos de interés sin riesgo varían con el tiempo, un mismo diferencial absoluto nominal puede significar una evaluación del riesgo muy distinta. Por ejemplo, si el banco considera que el riesgo específico de impago de una empresa es un 10 % más alto que el tipo de interés sin riesgo (estimación relativa), el diferencial absoluto resultante puede situarse entre el 0,1 % (con un tipo de interés sin riesgo del 1 %) y el 1 % (con un tipo de interés sin riesgo del 10 %). Por lo tanto, desde el punto de vista de un inversor, el diferencial relativo es una medida mejor, ya que refleja la magnitud del diferencial de rendimiento y la manera en que se ve afectado por el nivel de los tipos de interés básicos.

(315)

En tercer lugar, el diferencial relativo es neutral por lo que respecta a los países. Por ejemplo, si el tipo de interés sin riesgo en los EE. UU. es inferior al tipo sin riesgo en China, el método dará lugar a recargos más elevados en términos absolutos. Por otra parte, si el tipo de interés sin riesgo en China es inferior al de los EE. UU., el método dará lugar a recargos más bajos en términos absolutos.

(316)

En relación con el tercer punto, en el caso de los neumáticos ya se analizaron datos históricos que mostraban la evolución del diferencial absoluto y el relativo a lo largo del tiempo. El análisis de la Comisión concluyó que el diferencial absoluto no es tan estable como se alega, sino que varía a lo largo del tiempo, y pasó del 1 % al 4,5 %. Además, el diferencial relativo siguió exactamente la misma tendencia que el absoluto, tanto al alza como a la baja, en los últimos veintitrés años. Por lo que se refiere a la supuesta inestabilidad del diferencial relativo, la magnitud de los cambios fue similar: la diferencia entre el valor más alto y el más bajo es del 530 % en el caso del diferencial relativo y del 450 % en el del diferencial absoluto (89).

(317)

Las autoridades chinas se opusieron también al uso de un valor de referencia de otro país como tal. A este respecto, señalaron que, en primer lugar, la Comisión debió haber buscado préstamos comerciales comparables que los productores exportadores hubieran podido obtener realmente en el mercado. Si no, el valor de referencia debe basarse en pruebas positivas y en explicaciones razonables que demuestren que todos los préstamos del mercado en cuestión estaban distorsionados por la intervención gubernamental, de manera que no existía un préstamo comparable en el mercado nacional.

(318)

A este respecto, como se explica en la sección 3.4.1.7, la Comisión determinó que las calificaciones crediticias nacionales concedidas a las empresas chinas no eran fiables como tales y estaban también distorsionadas por los objetivos políticos para fomentar industrias estratégicas clave, como la de TFV. Como consecuencia de ello, las calificaciones crediticias chinas no ofrecen una estimación fiable del riesgo crediticio del activo subyacente, y por eso la Comisión tuvo que buscar un valor de referencia basado en calificaciones crediticias que no estuvieran distorsionadas. Además, la Comisión observó que el tipo de interés resultante, de en torno al 9 % para las empresas calificadas BB, sí es razonable, dado que el rendimiento de las obligaciones de empresa calificadas BB en el mercado nacional chino era del 21 % al final del período de investigación (90). Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones.

(319)

Las autoridades chinas alegaron también que el uso de un valor de referencia de otro país era inadecuado, ya que no efectuaba los ajustes necesarios para reflejar las condiciones imperantes en el mercado financiero chino, y que la Comisión no había tenido en cuenta las diferencias existentes en cuanto a la cuantía de los préstamos, las condiciones de reembolso y si se habían garantizado o no los préstamos, entre otros factores.

(320)

La Comisión discrepó de este parecer, ya que el punto inicial del cálculo es el tipo de referencia del Banco Popular de China. Además, el uso del diferencial relativo refleja cambios de las condiciones de mercado subyacentes que no se expresan si se sigue la lógica de un diferencial absoluto, como se expone en el considerando anterior. Por otra parte, la Comisión observó que no era posible incluir todos los factores de la evaluación individual de riesgos de un banco en la aproximación. Sin embargo, la metodología de cálculo de la Comisión tiene en cuenta los parámetros de los préstamos individuales, tales como la fecha de inicio y la duración del préstamo, así como la variabilidad del tipo de interés. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(321)

Con respecto a los préstamos concedidos en China en divisas extranjeras, se aplica la misma situación relativa a las distorsiones del mercado y a la ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos los otorgan las mismas instituciones financieras chinas. Por lo tanto, como ya se ha dicho, se utilizaron las obligaciones de empresa con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidas durante el período de investigación con el fin de determinar una referencia apropiada.

(322)

Además, como se explica en la sección 3.4.2.1, la existencia de préstamos renovables en una empresa determinada se considera una indicación de que la empresa se encuentra en una situación financiera peor de lo que sus estados financieros parecen dar a entender a primera vista, y de que existe un riesgo adicional por problemas de liquidez a corto plazo. De hecho, los préstamos renovables suelen ser de corta duración. Es altamente improbable que un préstamo renovable tenga un plazo de vencimiento de más de dos años, y las pruebas verificadas de los préstamos concedidos a las empresas incluidas en la muestra respaldaban esta conclusión.

(323)

Por lo tanto, para tener en cuenta la mayor exposición al riesgo de los bancos cuando proporcionaban financiación a corto plazo a las empresas con préstamos renovables, la Comisión bajó un grado en la escala de calificación del riesgo y adaptó el cálculo del diferencial relativo de toda la financiación a corto plazo de las empresas en cuestión. La Comisión realizó una comparación entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación B (en lugar de BB) de los EE. UU. de la misma duración. Según las definiciones de calificación crediticia de Standard & Poor's, un emisor calificado B es más vulnerable que los calificados BB, pese a que todavía tenga en este momento la capacidad de hacer frente a sus compromisos financieros. Pese a todo, unas condiciones comerciales, financieras o económicas adversas pueden mermar su capacidad o su voluntad de cumplir sus compromisos financieros. Por lo tanto, esta referencia se considera apropiada para reflejar el riesgo adicional derivado del recurso a préstamos renovables como financiación a corto plazo.

(324)

Así, la Comisión utilizó esta como referencia pertinente para toda la deuda a corto plazo, incluidos los préstamos con un vencimiento a dos años o menos concedidos a empresas que recurrían a préstamos renovables.

(325)

Por lo que respecta a los restantes préstamos con un vencimiento a más de dos años, y a las empresas que no recurrían a préstamos renovables, la Comisión retomó la referencia general por la que se concedía el más alto grado de las obligaciones «fuera del grado de inversión», como se ha expuesto en el considerando 306.

(326)

La Comisión constató que algunas empresas del grupo emitían obligaciones con el fin de reestructurar su deuda. En este caso, como se explica en la sección 3.4.2.2, la Comisión consideró que las empresas en cuestión estaban en una situación financiera peor de lo que sugerían los estados financieros a primera vista, y de que existía un riesgo adicional relacionado con su financiación a corto y largo plazo. Por lo tanto, para tener en cuenta la mayor exposición al riesgo, la Comisión bajó un grado en la escala de calificación del riesgo y adaptó el cálculo del diferencial relativo también para su financiación a largo plazo, incluidos los préstamos, mediante una comparación entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y la calificación B de los EE. UU.

(327)

Por último, dado que la empresa matriz CNBM no cooperó, el beneficio para los préstamos preferentes al nivel de CNBM se estableció utilizando la metodología explicada en esta sección, aplicada a la información de libre acceso contenida en el informe anual de 2018 de esta empresa, como los pasivos pendientes, el coste medio del capital y la duración media de los empréstitos.

(328)

Como se expone en los considerandos 250 a 252, las instituciones financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al Grupo Yuntianhua se ajustaban a los del mercado.

(329)

Los productores exportadores del Grupo Yuntianhua presentaron su situación financiera como rentable en general, según sus propios estados financieros.

(330)

Sin embargo, el análisis de la liquidez a corto plazo suscita dudas en relación con las dos empresas exportadoras, ya que las deudas a corto plazo durante el PI representan entre el 90 % y más del 100 % del volumen de negocios de las empresas, con una tendencia al alza en comparación con el año anterior. La utilización de deuda a corto plazo es importante en ambas empresas. Aunque uno de los productores exportadores no recibió ningún préstamo durante el PI, financió la mayoría de sus compras, así como parte de otros costes no operativos, mediante letras de aceptación bancaria, un instrumento cuyo vencimiento, generalmente, es inferior a un año.

(331)

CPIC, primer accionista directo y principal proveedor de los productores exportadores, fue rentable durante el período de investigación. Sin embargo, el rendimiento del capital se vio reducido con respecto al ejercicio anterior. Además, la empresa presenta problemas de liquidez, dado que sus deudas a corto plazo representan entre el 80 % y el 90 % de su deuda total. La comparación de los activos circulantes de la empresa con sus pasivos corrientes tiene como resultado un coeficiente de solvencia (91) con un valor bajo, inferior a 1, lo que suscita dudas sobre su capacidad de reembolsar deudas a corto plazo. Del mismo modo, la Comisión estableció que la empresa había utilizado de forma generalizada letras de aceptación bancaria para financiar sus compras.

(332)

Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., la empresa matriz del Grupo Yuntianhua, que interviene en la cadena de suministro del producto investigado, sufrió pérdidas durante el PI. La comparación de los activos circulantes de la empresa con sus pasivos corrientes, a través de la ratio actual, inferior a 1, plantea serias dudas sobre su liquidez y su capacidad para reembolsar deudas a corto plazo. Además, la investigación puso de manifiesto que la empresa emitió obligaciones con la finalidad explícita de reembolsar deuda. También se comprobó que utilizaba préstamos renovables.

(333)

La Comisión constató que el Grupo Yuntianhua había obtenido una calificación AA por parte de una agencia de calificación crediticia china. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas descritas en los considerandos 279 a 285, la Comisión llegó a la conclusión de que esta calificación no es fiable.

(334)

La Comisión consideró que la situación financiera global del Grupo corresponde a una calificación BB, que es la más alta que puede obtenerse sin llegar al «grado de inversión». «Grado de inversión» significa que la agencia de calificación considera que es lo bastante probable que las obligaciones emitidas por la empresa satisfagan las exigencias de pago como para que los bancos puedan invertir en ellas.

(335)

La prima esperable sobre obligaciones emitidas por empresas con esta calificación (BB) se aplicó entonces al tipo de interés estándar del Banco Popular de China con el fin de determinar el tipo del mercado.

(336)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB (EE. UU.) sobre la base de los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se añadió después a los tipos de interés de referencia publicados por el Banco Popular de China en la fecha en que se concedió el préstamo (92) y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo o arrendamiento financiero concedido a la empresa.

(337)

Con respecto a los préstamos concedidos en China en divisas extranjeras, se aplica la misma situación relativa a las distorsiones del mercado y a la ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos los otorgan las mismas instituciones financieras chinas. Por lo tanto, como ya se ha dicho, se utilizaron las obligaciones de empresa con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidas durante el período de investigación con el fin de determinar una referencia apropiada.

(338)

Además, como se explica en la sección 3.4.2.1, la existencia de préstamos renovables en una empresa determinada se considera una indicación de que la empresa se encuentra en una situación financiera peor de lo que sus estados financieros parecen dar a entender a primera vista, y de que existe un riesgo adicional por problemas de liquidez a corto plazo. De hecho, los préstamos renovables suelen ser de corta duración. Es altamente improbable que un préstamo renovable tenga un plazo de vencimiento de más de dos años, y las pruebas verificadas de los préstamos concedidos a las empresas incluidas en la muestra respaldaban esta conclusión.

(339)

Por lo tanto, para tener en cuenta la mayor exposición al riesgo de los bancos cuando proporcionaban financiación a corto plazo a las empresas con préstamos renovables, la Comisión bajó un grado en la escala de calificación del riesgo y adaptó el cálculo del diferencial relativo de toda la financiación a corto plazo de las empresas en cuestión. La Comisión realizó una comparación entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación B (en lugar de BB) de los EE. UU. de la misma duración. Según las definiciones de calificación crediticia de Standard & Poor's, un emisor calificado B es más vulnerable que los calificados BB, pese a que todavía tenga en este momento la capacidad de hacer frente a sus compromisos financieros. Pese a todo, unas condiciones comerciales, financieras o económicas adversas pueden mermar su capacidad o su voluntad de cumplir sus compromisos financieros. Por lo tanto, esta referencia se considera apropiada para reflejar el riesgo adicional derivado del recurso a préstamos renovables como financiación a corto plazo.

(340)

Así, la Comisión utilizó esta como referencia pertinente para toda la deuda a corto plazo, incluidos los préstamos con un vencimiento a dos años o menos concedidos a empresas que recurrían a préstamos renovables.

(341)

Por lo que respecta a los restantes préstamos con un vencimiento a más de dos años, y a las empresas que no recurrían a préstamos renovables, la Comisión retomó la referencia general por la que se concedía el más alto grado de las obligaciones «fuera del grado de inversión», como se ha expuesto en el considerando 306.

(342)

La Comisión constató que algunas empresas del grupo emitían obligaciones con el fin de reestructurar su deuda. En este caso, como se explica en la sección 3.4.2.2, la Comisión consideró que las empresas en cuestión estaban en una situación financiera peor de lo que sugerían los estados financieros a primera vista, y de que existía un riesgo adicional relacionado con su financiación a corto y largo plazo. Por lo tanto, para tener en cuenta la mayor exposición al riesgo, la Comisión bajó un grado en la escala de calificación del riesgo y adaptó el cálculo del diferencial relativo también para su financiación a largo plazo, incluidos los préstamos, mediante una comparación entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y la calificación B de los EE. UU.

(343)

La investigación puso de manifiesto que todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferentes durante el período de investigación. En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, la Comisión consideró que los préstamos preferentes constituyen una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(344)

El importe de la subvención establecido con respecto a estos préstamos preferentes durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra asciende a:

Financiación preferente: préstamos

(345)

La investigación puso de manifiesto que las instituciones financieras chinas también concedieron líneas de crédito con condiciones preferentes vinculadas a la concesión de financiación a cada una de las empresas incluidas en la muestra. Se trataba de acuerdos marco, en virtud de los cuales el banco permitía a las empresas incluidas en la muestra utilizar diversos instrumentos de deuda, tales como préstamos de capital circulante, letras de aceptación bancaria, letras de cambio documentarias u otras formas de financiación comercial, hasta un importe máximo determinado.

(346)

La finalidad de una línea de crédito es establecer un límite de empréstito que la empresa puede utilizar en cualquier momento para financiar sus operaciones corrientes, lo que hace que la financiación del capital circulante se flexibilice y esté disponible inmediatamente cuando se necesita. La investigación puso de manifiesto que los dos productores exportadores incluidos en la muestra tenían acuerdos de línea de crédito con diferentes bancos que cubrían diversos instrumentos de financiación a corto plazo con el objetivo de financiar los gastos de funcionamiento. Por consiguiente, la Comisión concluyó que, en principio, toda la financiación a corto plazo de las empresas incluidas en la muestra debía estar cubierta por algún tipo de instrumento de línea de crédito, como las letras de aceptación bancaria, que se expiden periódicamente para financiar operaciones corrientes.

(347)

Por lo tanto, para establecer si toda la financiación a corto plazo estaba cubierta por una línea de crédito, la Comisión comparó el importe de las líneas de crédito disponibles para las empresas que cooperaron durante el período de investigación con el importe de la financiación a corto plazo utilizado por estas empresas durante el mismo período. Cuando el importe de la financiación a corto plazo superó el límite de la línea de crédito, la Comisión aumentó el importe de la línea de crédito existente con el importe realmente utilizado por los productores exportadores por encima de ese límite de línea de crédito.

(348)

En circunstancias de mercado normales, las líneas de crédito estarían sujetas a una comisión denominada de «gestión» o de «compromiso» para compensar los costes y riesgos del banco al abrirlas, y también a una comisión anual de renovación de su validez. En cambio, la Comisión constató que todas las empresas incluidas en la muestra habían dispuesto de líneas de crédito de forma gratuita.

(349)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la afirmación de la Comisión de que, en circunstancias de mercado normales, las líneas de crédito están sujetas a comisiones de compromiso no está justificada a la luz de sus propias conclusiones en los asuntos de las aeronaves. Según las autoridades chinas, las comisiones de compromiso solo se aplican si la línea de crédito es una línea de crédito comprometida, cosa que la Comisión no demostró en el caso de las líneas de crédito en cuestión. Las autoridades chinas recordaron que, en el asunto de las aeronaves, la propia UE sostuvo que el hecho de que el BEI no cobrara comisiones de compromiso estaba justificado porque «[…] i) en el caso de los contratos “de tipo abierto” (es decir de los contratos en que los tipos no se establecen ex ante) no hay ninguna seguridad en cuanto al momento de la disponibilidad de los fondos y el BEI no se compromete a aplicar un tipo determinado de interés».

(350)

En respuesta a esta alegación, la Comisión señaló que, en sus últimas conclusiones, el Grupo Especial del asunto de las aeronaves no siguió el argumento de la UE relativo a las comisiones de compromiso. En particular, el Grupo Especial estableció que el hecho de que el BEI no exigiera el pago de una comisión para compensar su compromiso de poner a disposición fondos resultaba más ventajoso que un préstamo comparable de un prestamista comercial y suponía la concesión de un beneficio (93). Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(351)

De conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, la Comisión consideró que el beneficio así conferido es la diferencia entre la cantidad que ha pagado la empresa para que las instituciones financieras chinas le abran líneas de crédito y la que pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(352)

Tras la comunicación definitiva, varias partes alegaron que la Comisión no había realizado un análisis de la especificidad para las líneas de crédito. Además, las autoridades chinas reiteraron las observaciones que se recogen en la sección 3.1, afirmando que la de TFV no es una industria fomentada y que ninguno de los documentos mencionados por la Comisión a este respecto demuestra que las líneas de crédito facilitadas a la industria de TFV sean específicas en el sentido del artículo 2 del Acuerdo SMC.

(353)

La Comisión no realizó un análisis de especificidad independiente, ya que las líneas de crédito están intrínsecamente vinculadas a otros tipos de crédito preferente, como los préstamos, y siguen el mismo análisis de la especificidad que el desarrollado en relación con los préstamos en la sección 3.4.2.3. Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones.

(354)

La referencia apropiada para la comisión de gestión por abrir líneas de crédito similares en situaciones semejantes y no distorsionadas se fijó en un 1,5 %, en función de los datos de libre acceso disponibles (94). El importe de la comisión de gestión se abona en una cantidad a tanto alzado en el momento de la apertura de la línea de crédito. Por lo tanto, la Comisión aplicó el valor de referencia al importe de las líneas de crédito abiertas durante el período de investigación.

(355)

En el caso de las líneas de crédito existentes antes del principio del PI y renovadas durante dicho período, se utilizó una tasa de renovación del 1,25 % como valor de referencia, según la misma fuente. El importe de la comisión de renovación debe abonarse anualmente en una cantidad a tanto alzado en el momento de la renovación de la línea de crédito. Por lo tanto, la Comisión aplicó el valor de referencia al importe de las líneas de crédito renovadas durante el PI.

(356)

Tras la comunicación definitiva, una de las partes comentó que los bancos suelen dispensar a los grandes clientes comerciales de los costes correspondientes a las comisiones de gestión y de renovación, con el fin de fidelizarlos. La empresa puso también como ejemplo a un banco de los Estados Unidos, que no aplicaba comisiones de gestión sino que cobraba solo una comisión de renovación anual del 0,25 % por una línea de crédito comprometida de entre 100 001 y 3 millones USD (95). Además, dado que los Estados Unidos posee un mercado mucho mayor que el Reino Unido y que la Comisión se basó en las calificaciones de obligaciones de los Estados Unidos para establecer la solvencia, opinaba que dicho valor de referencia era mucho más adecuado en el caso de pequeñas empresas que el valor de referencia del Reino Unido utilizado por la Comisión.

(357)

La Comisión señaló que no se aportaban pruebas que sustentaran la alegación de que los bancos suelen dispensar a los grandes clientes comerciales de los costes correspondientes a las comisiones de gestión y de renovación, con el fin de fidelizarlos. Por otra parte, la Comisión revisó el valor de referencia propuesto por la empresa y consideró que afectaba específicamente a las líneas de crédito para pequeñas empresas con un importe máximo de 3 millones USD, y más concretamente a las necesidades de capital circulante a corto plazo. El valor de referencia utilizado por la Comisión, por el contrario, tenía un límite mínimo de 25 000 GBP pero carecía de límite superior, no suponía limitaciones en cuanto a la utilización del capital aportado ni a la duración, y era independiente de otro producto financiero mencionado en el mismo documento, pero destinado específicamente a las pequeñas empresas. Por lo tanto, el valor de referencia de la Comisión era más adecuado para los grandes clientes. Además, el banco estadounidense que proporcionó las líneas de crédito en el ejemplo elegido por la empresa era un banco que operaba exclusivamente en el mercado estadounidense, mientras que HSBC (el valor de referencia utilizado por la Comisión) es un banco mundial, que opera también en el mercado chino. La Comisión no dispone de pruebas que indiquen que HSBC renuncie a las comisiones dependiendo del tamaño del cliente. También en este sentido el valor de referencia de la Comisión parecía más apropiado. Por consiguiente, se rechazaron las alegaciones de la empresa.

(358)

Las letras de aceptación bancaria son un producto financiero destinado a desarrollar un mercado monetario nacional más activo ampliando las facilidades de crédito. Es un tipo de financiación a corto plazo que podría «reducir los costes de los fondos y aumentar la eficacia del capital» del librador (96).

(359)

Las letras de aceptación bancaria solo pueden utilizarse para liquidar transacciones comerciales reales y el librador debe aportar pruebas suficientes a este respecto, por ejemplo, mediante acuerdos de compra/venta, facturas y órdenes de entrega, etc. Los proyectos de aceptación bancaria podrán utilizarse como medio estándar de pago en los acuerdos de compra, junto con otros medios, como transferencias u órdenes de pago.

(360)

La letra de aceptación bancaria la extiende el solicitante (el librador, que es también el comprador en la transacción comercial subyacente), y el banco la acepta. Al aceptar la letra, el banco acepta el pago incondicional el importe especificado en la letra al beneficiario/tenedor en la fecha señalada (la fecha de vencimiento).

(361)

En general, los contratos de aceptación bancaria contienen la lista de transacciones cubiertas por el importe de la letra, con indicación de la fecha de vencimiento del pago al proveedor y la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria.

(362)

La Comisión estableció que, por lo general, las letras de aceptación bancaria se emiten en el marco de un acuerdo de aceptación bancaria que especifica la identidad del banco, de los proveedores y del comprador y detalla las obligaciones del banco y del comprador, así como el valor por proveedor, la fecha de vencimiento del pago acordada con el proveedor y la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria.

(363)

La Comisión concluyó también que los acuerdos de línea de crédito incluyen generalmente letras de aceptación bancaria dentro de los usos posibles del límite de financiación, junto con otros instrumentos financieros a corto plazo, como los préstamos de capital circulante.

(364)

Dependiendo de las condiciones establecidas por cada banco, puede exigirse al librador que efectúe un pequeño depósito en una cuenta designada para ello, que firme un compromiso y que pague una comisión de aceptación. En cualquier caso, el librador está obligado a transferir la cantidad total de la letra de aceptación bancaria a la cuenta designada, como muy tarde, en la fecha de vencimiento de la letra.

(365)

Una vez el banco la acepta, el librador endosa la letra de aceptación bancaria y la transfiere al beneficiario, que es también el proveedor en la transacción comercial subyacente, como pago de la factura. En consecuencia, se anula la obligación de pago del comprador (librador) hacia el proveedor (beneficiario), y se crea una nueva obligación de pago, por el mismo importe, del comprador hacia el banco que aceptó la letra (el librador tiene la obligación de pagar al banco en efectivo antes de la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria). Por lo tanto, la emisión de letras de aceptación bancaria tiene como efecto sustituir la obligación del librador de cara al proveedor por una obligación de cara al banco.

(366)

El vencimiento de las letras de aceptación bancaria varía en función de las condiciones establecidas por cada banco, y puede llegar hasta un año.

(367)

El beneficiario (o tenedor) de la letra de aceptación bancaria tiene tres opciones antes de la fecha de vencimiento:

(368)

La fecha de emisión de una letra de aceptación bancaria suele corresponderse con la fecha de vencimiento acordada con el proveedor para efectuar el pago, pero puede ser también una fecha anterior o posterior. La investigación puso de manifiesto que, por lo que se refiere a las empresas incluidas en la muestra, la fecha de emisión era, por lo general, la de la fecha de vencimiento acordada con el proveedor para efectuar el pago, o anterior, y, en algunos casos, se situaba incluso después de la fecha de vencimiento. La Comisión estableció que el vencimiento de las letras de aceptación bancaria de las empresas incluidas en la muestra era, en la mayoría de los casos, de entre seis meses y doce meses después de la fecha de vencimiento para el pago de la factura.

(369)

Por lo que respecta al tratamiento contable de las letras de aceptación bancaria, se identifican como pasivos en las cuentas de los libradores, esto es, los productores exportadores incluidos en la muestra.

(370)

El Centro de Referencia de Crédito del Banco Popular de China («CRCP») contabiliza las letras de aceptación bancaria como «créditos pendientes» concedidos por los bancos, en el mismo nivel que los préstamos, las cartas de crédito o la financiación comercial. También cabe señalar que el CRCP depende de entidades financieras que conceden diversos tipos de préstamos y que estas, por tanto, han contabilizado las letras de aceptación bancaria como pasivo en sus balances. Por otra parte, los contratos de aceptación bancaria reunidos durante la investigación establecen que, en caso de que el comprador no abone el pago íntegro en la fecha de expiración de las letras de aceptación bancaria, el banco dará al importe pendiente el mismo trato que a un préstamo en mora.

(371)

Tras la comunicación definitiva, un productor exportador del Grupo CNBM alegó que el CRPC no reconoce las letras de aceptación bancaria como un pasivo frente al banco en sus informes crediticios. Esta parte interesada se refirió a la nota a los pasivos del informe crediticio del CRCP, en la que se especifica que «el saldo de la deuda incluye los anticipos no liquidados, los préstamos, los préstamos de clase, la financiación comercial, la factorización, la cartera de efectos, las garantías y las deudas compensadas de terceros, así como las deudas gestionadas por la sociedad de gestión de activos en el momento de elaborar las estadísticas». Añadió que, en una de las empresas del grupo, la «síntesis de información» del informe crediticio menciona un «equilibrio actual de la deuda», que no incluía el importe de las letras de aceptación bancaria sino únicamente el importe de los préstamos.

(372)

A este respecto, la Comisión señala que los informes crediticios sitúan las letras de aceptación bancaria en la «Síntesis de la información sobre créditos pendientes» al mismo nivel que los préstamos, las cartas de crédito, los efectos descontados, la factorización o la financiación comercial. El hecho de que las letras de aceptación bancaria no se contabilizaran en el «saldo de la deuda» o en el «saldo actual de la deuda» en el momento específico en que se publicó el informe no afecta a su clasificación como créditos, cosa que el CRCP reconoce claramente en los informes crediticios.

(373)

Como ya se ha mencionado en el considerando 358, las letras de aceptación bancaria son un tipo de financiación a corto plazo. Además, como señala el Banco Popular de China en su sitio web, «la letra de aceptación bancaria puede garantizar el establecimiento y la ejecución del contrato entre el comprador y el vendedor, así como fomentar el volumen de negocios mediante la intervención del crédito del Banco de China» (97). Por otra parte, en su sitio web, el Banco DBS hace publicidad de las letras de aceptación bancaria como un método para «aumentar el capital circulante aplazando los pagos» (98).

(374)

La Comisión constató que las letras de aceptación bancaria se utilizan principalmente como método de pago en las transacciones comerciales como sustituto de las órdenes de pago, lo que favorece el volumen de negocios en efectivo y el capital circulante del librador. Desde el punto de vista de la tesorería, el instrumento concede de facto al librador un aplazamiento de la fecha de vencimiento de seis meses o un año, porque el pago real en efectivo del importe de la transacción se produce al vencimiento de la letra de aceptación bancaria y no en el momento en que el librador tuvo que pagar a su proveedor. Si no existiera este instrumento financiero, el librador utilizaría su propio capital circulante, lo que tiene un coste, o contrataría con un banco un préstamo a corto plazo de capital circulante para pagar a sus proveedores, lo que también tiene un coste. De hecho, al pagar con una letra de aceptación bancaria, el librador utiliza los bienes o servicios suministrados durante un período de seis meses a un año sin adelantar ninguna cantidad en efectivo y sin ningún coste. A modo de ejemplo del uso de letras de aceptación bancaria como sustituto de los préstamos a corto plazo, la Comisión estableció que uno de los productores exportadores incluidos en la muestra no tenía préstamos. En cambio, las letras de aceptación bancaria emitidas por este productor exportador durante el PI representaban el 70 % de sus costes de funcionamiento. Del mismo modo, las letras de aceptación bancaria al finalizar el PI representaban más del 53 % de sus pasivos totales.

(375)

En circunstancias de mercado normales, en tanto que instrumento financiero, las letras de aceptación bancaria conllevarían un coste de financiación para el librador. La investigación puso de manifiesto que todas las empresas incluidas en la muestra que utilizaron letras de aceptación bancaria durante el período de investigación pagaron solo una comisión por el servicio de aceptación prestado por el banco, que oscilaba entre el 0,05 % y el 0,1 % del valor nominal de la letra. Sin embargo, ninguna de las empresas incluidas en la muestra tuvo que asumir ningún coste por la financiación que obtuvieron mediante las letras de aceptación bancaria, que les permitieron aplazar el pago en efectivo del suministro de bienes y servicios. Por lo tanto, la Comisión consideró que las empresas investigadas se habían beneficiado de una financiación mediante letras de aceptación bancaria por la que no asumieron ningún coste.

(376)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que el sistema de aceptación bancaria establecido en China proporcionó a todos los productores exportadores una financiación gratuita de sus operaciones corrientes, lo que les confirió un beneficio sujeto a medidas compensatorias —como se describe en los considerandos 395 a 399— de conformidad con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), y el artículo 3, punto 2, del Reglamento de base.

(377)

Tras la comunicación definitiva, los dos productores exportadores que cooperaron observaron que las letras de aceptación bancaria no constituyen un préstamo ni ninguna otra forma de ayuda financiera y que la Comisión había supuesto incorrectamente que el uso de letras de aceptación bancaria tiene el mismo efecto que un préstamo a corto plazo. Alegaron que la prolongación de la fecha de vencimiento del pago que comportan las letras de aceptación bancaria no significa que el banco conceda un préstamo a corto plazo exento de intereses, sino más bien que se pospone la fecha de vencimiento del pago que el vendedor decide conceder. El Grupo Yuntianhua alegó que la Comisión no había demostrado la existencia de una contribución financiera en el caso de las letras de aceptación bancaria. Los dos productores exportadores que cooperaron insistieron en que las letras de aceptación bancaria no implicaban ninguna financiación, ya que el banco no transfiere dinero del banco a ninguna de las partes.

(378)

Una empresa del Grupo CNBM alegó que la aceptación del banco sirve simplemente para facilitar las transacciones entre partes que no se conocen, de forma que el banco añade su propia garantía de que el pago se efectuará a la fecha de vencimiento. Además, la letra de aceptación bancaria no cambia la fecha de pago inicialmente prevista en el contrato de venta y, por lo tanto, al aceptar una letra, el banco no concede un préstamo a corto plazo. Añadió que la manera en que se contabilizan las letras de aceptación bancaria en los libros contables internos de la empresa no altera la conclusión de que no sean un tipo de financiación a corto plazo. Esta parte afirmó también que, puesto que, según el contrato de venta, el vendedor no recibe el pago hasta pasados seis meses o un año, el comprador no necesita utilizar su propio capital circulante o contratar un préstamo a corto plazo para pagar a la vista, dado que el vendedor ya acepta que el pago será diferido.

(379)

A este respecto, la Comisión señaló que no había llegado a la conclusión de que las letras de aceptación bancaria constituyeran un préstamo, sino de que tenían efectos económicos similares a los de la financiación a corto plazo.

(380)

Como se señala en el considerando 374, la Comisión concluyó que las letras de aceptación bancaria se utilizan principalmente como método de pago en las transacciones comerciales como sustituto de las órdenes de pago, lo que favorece el volumen de negocios en efectivo y el capital circulante del librador. La Comisión estableció también que, desde el punto de vista de la tesorería, el instrumento difiere el pago en efectivo al momento del vencimiento de la letra de aceptación bancaria. De hecho, en la fecha de vencimiento acordada en el contrato se paga al proveedor con una letra de aceptación bancaria, en lugar de en efectivo. El pago en efectivo al vencimiento es un pago que el librador ha de pagar al banco en virtud de la relación contractual creada entre ellos en el contexto de la letra de aceptación bancaria. Los proveedores pueden también endosar letras de aceptación bancaria para pagar a otros proveedores (en lugar de dinero en efectivo). Por lo tanto, como se señala en el considerando 374, el uso de letras de aceptación bancaria permitió a los libradores utilizar los bienes o servicios suministrados durante un período de seis meses a un año sin adelantar ninguna cantidad en efectivo y sin ningún coste. La Comisión reiteró también que el Banco Popular de China presenta las letras de aceptación bancaria como un instrumento que puede «reducir los gastos de financiación y mejorar la eficiencia del capital» del librador, «así como favorece el volumen de negocios mediante la intervención del crédito del Banco de China (99), y el Banco DBS publicita las letras de aceptación bancaria como un medio para «aumentar el capital circulante defiriendo los pagos» (100). Es más, las autoridades chinas no han cuestionado la conclusión de la Comisión de que las letras de aceptación bancaria son una forma de financiación. Además, recientemente, el CBIRC publicó un anuncio en el que se afirma que, con el fin de reforzar el apoyo al crédito de las empresas de las fases finales de la cadena de suministro en las empresas clave, las entidades bancarias pueden proporcionar conceder créditos a dichas empresas para que obtengan bienes y los paguen mediante letras de aceptación bancaria, cartas de crédito nacionales o financiación anticipada (101). Esta es una prueba más que demuestra que las autoridades chinas perciben las letras de aceptación bancaria como otra forma de apoyo crediticio.

(381)

El hecho de que el banco no efectúe ninguna transferencia de dinero a ninguna de las partes en el momento de la emisión de la letra de aceptación bancaria no altera el razonamiento y las conclusiones anteriores. Como ya se ha explicado, las letras de aceptación bancaria, tal y como se utilizan en China, constituyen un método de pago en las transacciones comerciales que beneficia a los libradores al favorecer su volumen de negocios en efectivo y su capital circulante. Desde un punto de vista económico y financiero, la utilización de este instrumento permite al librador pagar sus deudas sin utilizar recursos financieros de la empresa y, por lo tanto, constituye una forma de financiación de sus operaciones. Contrariamente a lo que afirman los productores exportadores que cooperaron, no es el proveedor el que garantiza esta financiación, sino el banco. Como se explica en el considerando 365, una vez que el banco acepta la letra de aceptación bancaria y la endosa al beneficiario (esto es, al proveedor), queda anulada la obligación de pago del comprador (librador) hacia el proveedor (beneficiario). De hecho, el beneficiario (proveedor) recibe el pago mediante la letra de aceptación bancaria en el momento acordado en el contrato de venta (es decir, la fecha de vencimiento del pago). Así lo confirmaron las autoridades chinas durante la inspección in situ: una vez que la empresa paga con la letra de aceptación bancaria al proveedor, ya no tiene la obligación de pagar al proveedor, sino al banco, ya que quien solicitó que se emitiera la letra de aceptación bancaria deberá pagar al banco la suma total en la fecha de vencimiento. Además, al tratarse de un medio de pago, el proveedor puede utilizar la letra de aceptación bancaria para pagar sus propias obligaciones hacia otras partes. Por consiguiente, el proveedor no concede una prórroga de la fecha de vencimiento del pago. Al contrario, es el banco el que concede una prórroga de seis meses o un año del pago en efectivo de la transacción cubierta por la letra de aceptación bancaria, y permite así que el librador se ahorre los gastos de financiación.

(382)

La Comisión discrepó también de la observación que afirmaba que como, según el contrato de venta, el vendedor no recibe el pago hasta pasados seis meses o un año, el comprador no necesita utilizar su propio capital circulante o contratar un préstamo a corto plazo para pagar a la vista. La Comisión tampoco estuvo de acuerdo con que el modo en que los productores exportadores incluidos en la muestra contabilicen las letras de aceptación bancaria en sus libros contables internos sea irrelevante. De hecho, como ya se ha mencionado anteriormente, las letras de aceptación bancaria son un método de pago utilizado por el librador para cumplir sus obligaciones para con el beneficiario. La afirmación de que «el vendedor no recibe el pago hasta pasados seis meses o un año» es objetivamente incorrecta, porque el vendedor recibe el pago mediante una letra de aceptación bancaria en la fecha de vencimiento estipulada en el contrato. Como ya se ha señalado en el considerando 374, las letras de aceptación bancaria funcionan como método de pago en las transacciones comerciales en lugar del pago en efectivo, y esto lo acuerdan tanto el vendedor como el comprador. Sin embargo, el pago en efectivo de los bienes y servicios se aplaza hasta la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria, y es el banco el que concede este aplazamiento. Como ya se ha explicado en el considerando 365, cuando se paga al vendedor mediante una letra de aceptación bancaria, la obligación del librador para con el vendedor queda anulada y se crean dos nuevas obligaciones: una obligación del librador para con el banco y una obligación del banco para con el vendedor (beneficiario) o el tenedor de la letra de aceptación bancaria. Contrariamente a lo que se afirma, el modo en que los productores exportadores incluidos en la muestra contabilizan las letras de aceptación bancaria en sus libros contables internos es un elemento importante que demuestra que, por un lado, la obligación con respecto al vendedor se anula con el pago mediante una letra de aceptación bancaria, y, por otra parte, se genera una nueva obligación del librador para con el banco. Esto constituye una prueba más de que, mediante el uso de letras de aceptación bancaria como medio de pago, autorizado por el banco que aceptó la letra, el librador no tiene que pagar en efectivo al proveedor (beneficiario) en la fecha de vencimiento estipulada en el contrato. En cambio, el librador está obligado a pagar en efectivo al banco en la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria, seis meses o un año después. Las autoridades chinas confirmaron este punto durante las visitas de inspección, al afirmar que las letras de aceptación bancaria «resultan interesantes para aliviar la carga de tesorería de la empresa».

(383)

La Comisión discrepó asimismo de la observación según la cual al aceptar la letra de aceptación bancaria, el banco simplemente añade su propia garantía de que el pago se efectuará en la fecha de vencimiento. En primer lugar, como se ha indicado antes, la letra de aceptación bancaria es un método de pago por el que el librador cumple su obligación para con el beneficiario (el proveedor). Por lo tanto, el pago al proveedor por parte del librador sucede en el momento en que se endosa la letra de aceptación bancaria, mientras que, a su vencimiento, el librador cumple su obligación de pago para con el banco. En segundo lugar, la letra de aceptación bancaria no puede clasificarse como una mera garantía adicional de un futuro pago, porque se trata de un método de pago, reconocido en los contratos de compraventa, y la obligación de pago del librador para con el proveedor se anula con el pago mediante letra de aceptación bancaria. El pago en efectivo que se debe al banco en la fecha de vencimiento no es una prórroga de dicha fecha concedida por el proveedor, sino una obligación para con el banco. Esto fue asimismo confirmado por las autoridades chinas durante la inspección in situ, en la que afirmaron que la diferencia desde el punto de vista jurídico entre la garantía bancaria y la letra de aceptación bancaria es que «con la garantía es la empresa A la que se encuentra en primera línea de la obligación de pago, mientras que en el caso de las letras de aceptación bancaria, lo es el banco emisor».

(384)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión reiteró su conclusión de que, por lo que se refiere a sus efectos, las letras de aceptación bancaria constituyen una forma de financiación a corto plazo en tanto que permiten a los productores exportadores financiar sus compras. El beneficio proporcionado a los productores exportadores que cooperaron es el ahorro en los costes de financiación, ya que no pagaban por financiarse mediante letras de aceptación bancaria.

(385)

Dado que las letras de aceptación bancaria tienen efectivamente el mismo propósito y los mismos efectos que los préstamos de capital circulante a corto plazo, y que los productores exportadores que cooperaron las utilizaron profusamente para financiar sus operaciones en lugar de préstamos de capital circulante a corto plazo, deberían conllevar un coste equivalente al de estos últimos. Así lo reconfirmaron las autoridades chinas durante la inspección in situ, al afirmar que corresponde a la empresa elegir entre una letra de aceptación bancaria y un préstamo a corto plazo, aunque ambos instrumentos «son similares por naturaleza».

(386)

A la vista de las consideraciones anteriores, la Comisión rechazó las alegaciones según las cuales las letras de aceptación bancaria no son una forma de financiación a corto plazo.

(387)

Por lo que se refiere a la especificidad, como se indica en el considerando 165, de conformidad con la Decisión n.o 40 las instituciones financieras deben proporcionar apoyo en forma de créditos a las industrias fomentadas.

(388)

La Comisión consideró que las letras de aceptación bancaria son otra forma de apoyo financiero preferente a las industrias fomentadas, como el sector de TFV, por parte de las instituciones financieras. En efecto, como se especifica en la sección 3.1, el sector de TFV se encuentra entre las industrias fomentadas y, por lo tanto, puede optar a toda la ayuda financiera posible. No se presentaron pruebas de que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes.

(389)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo CNBM alegó que las letras de aceptación bancaria constituyen una práctica comercial común en China a la que todas las industrias pueden recurrir, y que el único límite legal para el usuario de una letra de aceptación bancaria figura en el artículo 6 de la Ley de la República Popular China sobre Instrumentos Negociables, a saber: «si una persona sin capacidad para firmar actos civiles o cuya capacidad para hacerlo está limitada, firma un instrumento negociable, la firma será nula de pleno derecho». Afirmó también que no es responsabilidad de los productores exportadores refutar la presunción de que un supuesto programa de subvenciones es específico, y que es la Comisión la que debe fundamentar su determinación de la especificidad sobre la base de pruebas positivas, en particular comparando las condiciones ofrecidas a las empresas incluidas en la muestra con las ofrecidas a otras empresas chinas. Por último, una empresa del Grupo CNBM pidió a la Comisión que explicara por qué considera que un sistema similar utilizado en Canadá, que la Comisión ha mencionado en el asunto de las bicicletas eléctricas, no es un programa de subvención específico, mientras que considera que el sistema de China sí lo es.

(390)

A este respecto, la Comisión se remitió al considerando 165, en el que aporta pruebas de que, con arreglo a la Decisión n.o 40, las entidades financieras están obligadas a prestar apoyo crediticio a las industrias fomentadas. Las letras de aceptación bancaria, como forma de financiación, forman parte del apoyo financiero preferente de las instituciones financieras a las industrias fomentadas, como la industria de TFV.

(391)

La Comisión señaló que había basado su evaluación sobre la especificidad del régimen de subvención en los documentos gubernamentales disponibles relativos a las industrias fomentadas, tales como planes y reglamentos. A este respecto, la Comisión señaló que las autoridades chinas han definido claramente qué industrias deben fomentarse, limitando la financiación preferente específicamente a dichas industrias. Por lo tanto, aunque otras industrias que se hayan definido específicamente como fomentadas también se beneficien de condiciones preferentes idénticas o similares a las del sector del TFV, esto no hace que la financiación preferente y, en particular, las letras de aceptación bancaria, estén disponibles de manera general para todos los sectores.

(392)

Además, aunque una forma de financiación pudiera, en principio, ponerse a disposición de las empresas de todos los sectores, las condiciones concretas bajo las cuales esta financiación se ofrece a las empresas de una industria determinada, como la remuneración y el volumen de financiación, podrían convertir esa financiación en específica. De hecho, en el caso de los productores exportadores que cooperaron, como se ha mencionado anteriormente, la Comisión concluyó que todos ellos recibieron financiación a corto plazo mediante letras de aceptación bancaria sin asumir ningún coste, y que algunos de ellos recibieron un volumen importante de letras de aceptación bancaria en comparación con otras formas de financiación a corto plazo, como los préstamos. Ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que demostraran que la financiación preferente mediante letras de aceptación bancaria delas empresas del sector del TFV se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(393)

En cuanto a la observación sobre el sistema de letras de aceptación bancaria de Canadá, la Comisión señaló que, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, la evaluación de la especificidad de un programa de subvenciones se realiza únicamente con respecto a las subvenciones investigadas. Por consiguiente, la Comisión no está obligada a demostrar que otros sistemas similares de otros países sean también específicos.

(394)

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, se rechazaron las alegaciones de los productores exportadores que cooperaron con respecto a la especificidad de las letras de aceptación bancaria.

(395)

Para calcular el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias, la Comisión evaluó el beneficio conferido a los receptores durante el período de investigación.

(396)

Como ya se ha mencionado en los considerandos 358 y 373, las letras de aceptación bancaria son una forma de financiación a corto plazo que mejora la eficiencia del capital del librador al favorecer su capital circulante y sus necesidades de efectivo, ya que se utilizan principalmente como método de pago en las transacciones comerciales en lugar del efectivo. La Comisión constató que los productores exportadores incluidos en la muestra utilizaban letras de aceptación bancaria para cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo sin pagar ninguna remuneración. Además, como se indica en el considerando 346, la Comisión consideró que toda la financiación a corto plazo de las empresas incluidas en la muestra, en particular las letras de aceptación bancaria, debían estar cubiertas por una línea de crédito. El beneficio relacionado con las líneas de crédito se ha establecido en la sección 3.4.3.1.

(397)

La Comisión concluyó, por consiguiente, que los libradores de letras de aceptación bancaria hubieran debido pagar una remuneración por el período de financiación. A efectos de cálculo, la Comisión consideró que el período de financiación comenzó, bien en la fecha de vencimiento del pago acordada con el proveedor, en los casos en que la letra de aceptación bancaria se emitió antes de esta fecha, bien en la fecha de emisión de la letra de aceptación bancaria, en los casos en que esta se emitió en la fecha de vencimiento del pago o después. Se consideró que el período de financiación finalizó en la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria.

(398)

De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, la Comisión consideró que el beneficio para los receptores así conferido es la diferencia entre la cantidad que la empresa pagó realmente como remuneración de la financiación mediante letras de aceptación bancaria y la cantidad que hubiera debido pagar de aplicarse una tasa de interés correspondiente a una financiación a corto plazo.

(399)

La Comisión determinó el beneficio resultante de no haber pagado un coste de financiación a corto plazo. A este respecto, como ya se ha mencionado en el considerando 358, las letras de aceptación bancaria son un tipo de financiación a corto plazo. Tienen, en efecto, la misma finalidad que los préstamos de capital circulante a corto plazo. Por consiguiente, la Comisión consideró que las letras de aceptación bancaria hubieran debido conllevar un coste equivalente al de los préstamos a corto plazo. Así, la Comisión aplicó la misma metodología que se aplica a la financiación de préstamos a corto plazo denominada en CNY que se describe en la sección 3.4.2.4.

(400)

Tras la comunicación definitiva, una empresa del Grupo CNBM formuló una observación en el sentido de que, dado que la letra de aceptación bancaria es un crédito que el vendedor concede al comprador, la Comisión debería calcular el beneficio en el contexto del programa de subvenciones «suministro de bienes y servicios por una remuneración inferior a la adecuada» y determinar, en primer lugar, si los proveedores deben considerarse «organismos públicos» en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base.

(401)

Como ya se explicó en los considerandos 379 a 383, la Comisión no estuvo de acuerdo con que las letras de aceptación bancaria fueran un crédito concedido por el vendedor y llegó a la conclusión de que eran una forma de financiación preferente concedida por el banco al librador. Así pues, se rechazó la observación anterior.

(402)

Otra empresa del Grupo CNBM afirmó que la Comisión debería haber deducido el plazo de pago real concedido del supuesto período de financiación bancaria.

(403)

Como se explica en el considerando 397, la Comisión ha tenido en cuenta la fecha de vencimiento del pago acordada con el proveedor en el cálculo del período de financiación. En el caso de la empresa del Grupo CNBM que realizó la afirmación, la investigación puso de manifiesto que, en la práctica, la fecha de vencimiento de las facturas subyacentes, bien ya había vencido cuando se emitieron las correspondientes letras de aceptación bancaria, o bien no pudo encontrarse ningún vínculo entre las facturas aportadas y las letras de aceptación bancaria. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(404)

Una empresa del Grupo CNBM alegó que la Comisión debía deducir las comisiones efectivamente abonadas por los productores incluidos en la muestra del supuesto beneficio. Además, el Grupo Yuntianhua afirmó que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, la Comisión tiene que deducir las comisiones de aplicación o cualquier otro gasto necesario para poder solicitar u obtener la subvención.

(405)

La Comisión ya señaló en el considerando 375 que los productores exportadores que cooperaron pagaron una comisión por el servicio de aceptación prestado por el banco, que oscilaba entre el 0,05 % y el 0,1 % del valor nominal de la letra de aceptación bancaria. De hecho, esta comisión, que se pagaba al banco por la tramitación de la letra de aceptación bancaria, es un elemento distintivo de la financiación concedida por el banco, por la cual los productores exportadores cooperantes no asumieron ningún coste. Esta comisión se paga con el fin de cubrir los gastos administrativos que asume el banco al tramitar las letras de aceptación bancaria. La Comisión solo sometió a medidas compensatorias la parte correspondiente a la financiación de las letras de aceptación bancaria (a saber, la parte equivalente a la financiación a corto plazo); no analizó si la comisión de aceptación suponía también una subvención sujeta a medidas compensatorias. En cualquier caso, el impacto de la comisión sobre el importe de la subvención oscila entre el 0,01 % y el 0,04 %, dependiendo del productor exportador, y es, por tanto, irrelevante. Por consiguiente, la Comisión no consideró necesario pronunciarse sobre el fondo de esta alegación ni evaluar si este beneficio debía quedar sujeto a medidas compensatorias.

(406)

Una empresa del Grupo CNBM alegó que, de la base para el cálculo del beneficio, debía restarse el importe de los depósitos que efectuó como avales para las letras de aceptación bancaria.

(407)

A este respecto, como concluyó la Comisión en investigaciones anteriores (102), hay que señalar, en primer lugar, que es una práctica habitual que los bancos soliciten avales y garantías a sus clientes cuando conceden financiación. Además, cabe señalar que estos avales se utilizan para garantizar que el productor exportador asuma su responsabilidad financiera con respecto al banco, y no para con el proveedor. La investigación también puso de manifiesto que los bancos chinos no solicitan sistemáticamente estos avales, que tampoco están siempre vinculados a letras de aceptación bancaria específicas. A este respecto, los depósitos mencionados no suponen un pago anticipado por parte del librador a los bancos, sino simplemente una garantía adicional solicitada en ocasiones por los bancos y que no tiene ninguna repercusión sobre la decisión del banco de emitir las letras de aceptación bancaria sin intereses acreedores adicionales para el librador. Además, pueden adoptar diversas formas, desde depósitos a plazo a compromisos de pago. Los depósitos conllevan intereses a favor del librador y, por lo tanto, no representan ningún coste para el librador de la letra de aceptación bancaria. Sobre esta base, se rechazó esta alegación.

(408)

Una empresa del Grupo CNBM afirmó que la Comisión debía excluir de sus cálculos las letras de aceptación bancaria emitidas a partes vinculadas, y esto porque la prolongación del plazo de pago a una parte vinculada a través de una letra de aceptación bancaria no confiere al beneficiario ningún beneficio en términos de aumento de la liquidez, puesto que reduce la liquidez de la contraparte vinculada en un importe proporcional.

(409)

A este respecto, la Comisión recuerda que, como se ha indicado anteriormente, una letra de aceptación bancaria es un medio de pago y, por tanto, no tiene el efecto de prorrogar el plazo de pago acordado con el proveedor, sino diferir el pago en efectivo. Al tratarse de un medio de pago, el beneficiario (proveedor) puede endosar la letra de aceptación bancaria para pagar sus propias obligaciones hacia otras partes. Por consiguiente, no se produce una disminución proporcional de la liquidez de las partes vinculadas que hayan recibido la letra de aceptación bancaria, de manera que se rechazó esta alegación.

(410)

El Grupo Yuntianhua alegó que, en el cálculo de las letras de aceptación bancaria correspondiente a algunas empresas vinculadas, la Comisión no utilizó los datos facilitados en la respuesta al cuestionario.

(411)

La Comisión señaló que el cálculo se basó en los últimos datos facilitados por las empresas y verificados durante la inspección in situ. Por lo tanto, se rechazó la alegación.

(412)

Por último, una empresa del Grupo CNBM formuló una alegación específica relativa a letras de aceptación bancaria emitidas por una empresa vinculada para evitar la doble contabilización. La Comisión rechazó esta alegación. Sin embargo, dado que los detalles de esta alegación son confidenciales, la Comisión la trató en una comunicación dirigida específicamente a la empresa afectada.

(413)

La investigación puso de manifiesto que las instituciones financieras chinas liquidaron títulos de crédito a favor de determinadas empresas incluidas en la muestra a cambio de efectivo.

(414)

Mediante esta operación, los intermediarios financieros adelantaron a las empresas los importes de los títulos de crédito antes de su fecha de vencimiento. Las empresas recibieron fondos anticipados transfiriendo los derechos de los futuros títulos de crédito a las entidades financieras tras la deducción de las comisiones y las tasas de descuento aplicables.

(415)

La tasa de descuento aplicable debe compensar específicamente el riesgo de impago, que está muy influido por la calificación crediticia de la última entidad responsable de cumplir la obligación de pago.

(416)

Los títulos de crédito liquidados que se encontraron durante la investigación tenían diferentes formas, tales como pagarés, obligaciones, factorización, aceptaciones bancarias y aceptaciones comerciales. Cada una de estas formas funciona según unas condiciones específicas y, del mismo modo, implican también distintos grados de riesgo subyacente. En el caso de las letras de aceptación bancaria, la última entidad deudora es el emisor, es decir, el banco. Sin embargo, en otros tipos de títulos de crédito, como los pagarés o las cartas de crédito, la última entidad deudora es normalmente una sociedad mercantil.

(417)

En circunstancias de mercado normales, la tasa de descuento aplicable compensaría los costes y riesgos asumidos por el banco. No obstante, la Comisión constató que algunas de las empresas incluidas en la muestra podrían haber obtenido tasas preferentes, lo que les habría conferido un beneficio sujeto a medidas compensatorias.

(418)

El beneficio así conferido a los receptores sería la diferencia entre la tasa de descuento aplicada por las instituciones financieras chinas y la tasa de descuento aplicable a una operación de mercado comparable, por ejemplo, los préstamos a corto plazo.

(419)

Sin embargo, la información contenida en el expediente no permite discernir entre las diferentes tasas de descuento aplicables. Además, la Comisión estimó que el beneficio conferido mediante esta forma de subvención resultaba insignificante en la presente investigación. Por consiguiente, decidió no someterlo a medidas compensatorias.

(420)

La Comisión estableció, sobre la base de la información de libre acceso disponible, que CNBM había realizado durante el período de investigación una conversión de la deuda en capital social por un importe de 4 000 millones CNY, procedentes del Agricultural Bank of China («ABC») y del Bank of Communications («COMM»). Como se señala en los considerandos 208 a 217, CNBM no proporcionó una respuesta al cuestionario y no cooperó en la investigación. Por lo tanto, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles en lo relativo a la evaluación de esta operación.

(421)

El ABC y el COMM son bancos de propiedad estatal, considerados como organismos públicos que reciben encomiendas y órdenes de conformidad con la sección 3.4.1.4. Además, en investigaciones antisubvención previas se había constatado que tanto el ABC como el COMM eran organismos públicos o habían recibido encomienda u orden de llevar a cabo funciones normalmente conferidas al Gobierno (103). No hay pruebas en el expediente de la presente investigación que contradigan estas conclusiones anteriores.

(422)

La Comisión consideró que un banco no convertiría su deuda en capital social en condiciones normales de mercado sin recibir otras compensaciones. En efecto, el capital social es un instrumento mucho más arriesgado que la deuda, ya que no hay ninguna garantía de que el banco recupere su inversión de capital. Además, el capital social no garantiza necesariamente un rendimiento de la inversión, al contrario de lo que sucede con el tipo de interés de un préstamo. El riesgo superior que asumen los bancos debido a esta conversión de la deuda en capital social viene confirmado por los datos sobre la débil situación financiera de la empresa que aparecen en el informe anual correspondiente al ejercicio 2018: la empresa tiene una ratio de deuda neta muy elevada (entre un 120 % y un 145 %); los préstamos a corto plazo que deben reembolsarse en el plazo de un año equivalen al doble del beneficio bruto anual de la empresa, y los pasivos totales representan dos tercios de su volumen de negocios anual. Por último, un artículo de prensa aparecido en el sitio web de CNBM señalaba como motivos específicos para efectuar la conversión los objetivos de la política industrial y la gran importancia de la cooperación estratégica entre CNBM y los dos bancos. En particular, el artículo de prensa dice que la conversión ayudará a CNBM a conseguir la «reforma estructural de la oferta», que se marca como objetivo del sector.

(423)

A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión llegó a la conclusión de que, durante el período de investigación, la conversión de deuda en capital social confirió una ventaja a CNMB, puesto que se concedió en condiciones preferentes por parte de organismos o empresas que eran públicos o habían recibido encomienda u orden del Estado de cumplir una serie de objetivos de política industrial.

(424)

La Comisión consideró que la financiación preferente mediante la conversión de deuda en capital social es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que los inversores son entidades que operan con arreglo a las directrices de las políticas del Estado, que incluyen al sector de TFV entre las industrias fomentadas. En cualquier caso, la información disponible apunta hacia la concesión de esta subvención ad hoc a CNMB, lo que la convierte en una subvención específica a una empresa.

(425)

A falta de otras pruebas, dada la falta de cooperación, la Comisión no tuvo acceso a los acuerdos entre CNBM y los bancos, de manera que no pudo evaluar si los importantes riesgos que los bancos asumieron habían sido compensados de algún modo. No obstante, todos los elementos expuestos en el considerando 422 apuntan a que CNBM atravesaba una difícil situación financiera y a que mediante la transacción se perseguían objetivos industriales, lo que respalda la conclusión de que no se reflejaron siguiendo una lógica de mercado los importantes riesgos reales que la operación implicaba. En consecuencia, la Comisión consideró que la operación era equivalente a una condonación de la deuda, y la trató como una subvención durante el período de investigación. Puesto que la subvención se concedió completamente en el período de investigación, se calculó sobre la base del volumen de negocios total de todo el grupo, lo que dio como resultado una subvención del 1,83 %.

(426)

Durante el período de investigación, una empresa incluida en la muestra (Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd) recibió fondos de entidades controladas por el Estado a través de formas especiales de inyecciones de capital.

(427)

Estos fondos se transfirieron en forma de incrementos de capital que, no obstante, no dotaban automáticamente a los inversores de plenos derechos en tanto que accionistas. En este sentido, los fondos se transfirieron a cambio de una futura participación en el capital de la empresa receptora, que solo surtiría efecto tras un período de tiempo indeterminado.

(428)

La investigación estableció que, cuando la empresa recibió los fondos, se consignaron como otros instrumentos de capital, sin efectuarse el cambio esperable en la estructura de propiedad de la empresa. Los inversores, pese a haber transferido los fondos, no obtuvieron pleno acceso al accionariado ni recibieron ningún pago de intereses a cambio. Solo después de un período de tiempo indeterminado, generalmente superior a un año, y tras la aprobación de la SASAC, parte de los fondos se transfirieron a capital desembolsado, momento en que los inversores recibieron plenos derechos como accionistas.

(429)

La Comisión estableció también que el período transcurrido entre la inyección de capital y la atribución de los derechos a los accionistas podía ser superior a un año. A este respecto, la Comisión detectó cantidades importantes de inyecciones de capital que no confirieron derechos de accionistas durante todo el período de investigación.

(430)

Por consiguiente, en la práctica, hasta que se reconocen los derechos de los accionistas, durante un período superior a un año, la empresa dispone de fondos a cambio de una futura transferencia de propiedad sin incurrir en ningún coste.

(431)

En circunstancias normales de mercado, para compensar la utilización de fondos, una empresa transferiría una parte de la propiedad poco después de la llegada de los fondos, o consignaría los fondos en el pasivo. Sin embargo, dadas las circunstancias particulares de estas disposiciones en este caso, esta forma híbrida de financiación es de hecho más parecida a un préstamo clásico de accionista sin intereses durante un largo período de tiempo que a un instrumento de capital.

(432)

A la luz de las anteriores consideraciones, la Comisión consideró que, durante el período de investigación, la empresa Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., que es parte del Grupo Yuntianhua, pudo acceder a cantidades importantes de financiación durante un período prolongado sin soportar ningún coste. Dado que esta forma especial de inyección de capital no confería automáticamente derechos a los inversores en tanto que accionistas, la Comisión consideró que tenían un efecto similar al de un préstamo sin intereses.

(433)

A fin de determinar si los inversores podrían ser considerados organismos públicos o entidades que habían recibido encomienda u orden por parte de las autoridades chinas, la Comisión solicitó al Grupo Yuntianhua información específica sobre los accionistas que habían aportado fondos a través de otros instrumentos de capital. Los inversores eran: Kunming Heze Investment Center; Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center; y Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership de la provincia de Yunnan (fondo para la reforma de la empresa de propiedad estatal).

(434)

La información solicitada por la Comisión incluía información societaria, como el nombre de los accionistas principales y la composición y las normas del consejo de administración de cada inversor. La Comisión solicitó también información sobre las políticas de inversión de dichos inversores y más detalles sobre transferencias de fondos concretas a través de otros instrumentos de capital.

(435)

Además, la Comisión se puso en contacto con las autoridades chinas y les solicitó la misma información que se describe en el considerando 434. Las autoridades chinas respondieron que no tenían ni conservaban información sobre empresas concretas y sobre todas las entidades chinas en las que pudiera tener participación. Por lo tanto, se negó a responder directamente y remitió a la respuesta que debía proporcionar la empresa en cuestión incluida en la muestra.

(436)

Al no disponer de una respuesta completa, en consonancia con los considerandos 218 a 220, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si dichos inversores podían considerarse organismos públicos.

(437)

Recurriendo a la información de acceso público, como los informes anuales y la información disponible en los directorios de empresas, en los sitios web de los inversores o en las bases de datos de libre acceso, la Comisión constató que los inversores que habían proporcionado fondos a través de otros instrumentos de capital al Grupo Yuntianhua eran, total o parcialmente, propiedad del Estado.

(438)

Por lo que respecta a Kunming Heze Investment Center, la Comisión estableció que más del 98 % de las acciones pertenecían, en última instancia, al Gobierno local y a entidades de propiedad estatal (104). En concreto, la Comisión constató que más del 24 % de las acciones pertenecían a la empresa pública Yunnan State Capital Operations Ltd (Yunnan guoyou ziben yunying ouxan gongsi). La Comisión también comprobó que más del 74 % de las acciones de Kunming Heze Investment Center eran propiedad de China Fortune International (Huaxin International Trust), que es una sociedad financiera de la empresa pública China Huadian Group Co., Ltd. Además, Kunming Heze Investment Center es gestionada por un fondo de inversión destinado a invertir en empresas públicas provinciales. Además, en la entidad y en los accionistas de la entidad, la Comisión encontró representantes legales y miembros de los consejos de administración que antes habían ocupado puestos ejecutivos en la SASAC de Yunnan, así como a miembros del PCC (105).

(439)

Por lo que respecta a Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center (106), la Comisión estableció que más del 46 % de las acciones pertenecían, en última instancia, al gobierno local y a entidades de propiedad estatal. En particular, en su accionariado la Comisión encontró al China Construction Bank Trust y al fondo de inversión Jinrun, propiedad de la provincia de Yunnan.

(440)

Del mismo modo, la Comisión estableció que la Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership de la provincia de Yunnan (fondo para la reforma de la empresa estatal) era propiedad de la empresa pública Yunnan Energy Investment Group.

(441)

La Comisión constató también la existencia de indicios formales de que el Estado tenía el control de dichos inversores. En particular, a falta de información específica que indique lo contrario, la Comisión dio por sentado que los gestores y supervisores de las empresas estatales titulares de las entidades en cuestión son nombrados por el Estado y a él deben rendir cuentas, sobre la base de las conclusiones a las que ha llegado en las secciones 3.4.1.5 y 3.4.1.6.

(442)

Además, como se explica en el considerando 431, la Comisión estableció que sus operaciones no seguían una lógica puramente de mercado y no reflejaban los riesgos reales asociados a las transacciones investigadas. Más bien, en consonancia con las políticas gubernamentales destinadas a fomentar sectores específicos, como se ha establecido en la sección 3.1, dichos inversores actuaron de forma irracional al apoyar económicamente al productor exportador.

(443)

A la luz de estas consideraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que las entidades controladas por el Estado que proveyeron de fondos mediante otros instrumentos de capital al Grupo Yuntianhua son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.

(444)

Además, aunque no hubiera que considerar organismos públicos a las entidades controladas por el Estado, la Comisión cree que se consideraría que habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones que suelen ser propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base, por las mismas razones expuestas en el considerando 269. De este modo, su comportamiento sería atribuido a las autoridades chinas en cualquier caso.

(445)

La Comisión consideró que la financiación preferente mediante inyecciones de capital es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que los inversores son entidades que operan con arreglo a las directrices de las políticas del Estado, que incluyen al sector de TFV entre las industrias fomentadas. En cualquier caso, la información disponible apunta hacia la concesión de esta subvención ad hoc a Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd, lo que la convierte en una subvención específica a una empresa.

(446)

Como se explica en el considerando 432, la Comisión consideró que Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd. había recibido una financiación importante a través de inyecciones de capital, lo que tuvo un efecto similar al de una financiación en forma de préstamos sin interés. Por lo tanto, la Comisión decidió ajustarse a la metodología de cálculo de los préstamos descrita en la sección 3.4.2. Esto quiere decir que se aplica el diferencial relativo entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB o B de los EE. UU. de la misma duración a los tipos de interés de referencia publicados por el Banco Popular de China, con el fin de establecer un tipo de interés para los préstamos basado en el mercado, que se compara después con el tipo de interés realmente abonado por la empresa al objeto de determinar el beneficio. Este cálculo dio como resultado una subvención del 0,3 %.

(447)

Todas las empresas incluidas en la muestra se beneficiaron de financiación preferente en forma de obligaciones.

(448)

En China, los actores del mercado de obligaciones son básicamente las mismas entidades activas en el mercado de préstamos. Las empresas que quieren emitir obligaciones tienen que solicitar los servicios de una institución financiera que actúa como garante. Los garantes organizan la emisión de obligaciones y proponen los tipos de interés a los que se presentarán las obligaciones a los inversores. Estos garantes son los mismos bancos de propiedad estatal que conceden los préstamos preferentes expuestos en la sección 3.4.2. Además, los inversores que adquieren las obligaciones también son principalmente bancos chinos (de propiedad estatal), ya que más del 95 % del volumen de transacciones de obligaciones tiene lugar en el mercado interbancario (107).

(449)

Como se ha expuesto en la sección 3.4.1.1, estas instituciones financieras se caracterizan por una fuerte presencia estatal, y las autoridades chinas pueden ejercer sobre ellas una influencia significativa.

(450)

El marco jurídico general en que operan estas instituciones, ya descrito en la sección 3.4.1, es también aplicable a las obligaciones. Además, se aplican específicamente a las obligaciones los siguientes documentos regulatorios:

(451)

En consonancia con el marco regulador, en China no pueden emitirse ni cotizarse obligaciones libremente. La emisión de cada obligación debe ser aprobada por diversas autoridades gubernamentales, como el Banco Popular de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma o la Comisión Reguladora de Valores de China, según el tipo de obligación y el tipo de emisor. Además, de conformidad con la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones de empresa, hay unas cuotas anuales para la emisión de obligaciones de empresa.

(452)

Por otra parte, de conformidad con el artículo 16 de la Ley sobre Valores, la emisión pública de obligaciones tiene que cumplir los siguientes requisitos: «La inversión de los fondos recaudados se ajustará a las políticas industriales del Estado» y «los fondos recaudados […] se utilizarán para el objetivo previsto». El artículo 12 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones de empresa reitera que el objetivo de los fondos recaudados tiene que ajustarse a las políticas industriales del Estado.

(453)

De conformidad con las Medidas administrativas para la emisión y negociación de obligaciones de empresa, solo pueden ofrecerse a la emisión pública determinadas obligaciones que cumplan estrictos criterios de calidad, como una calificación crediticia AAA. Por ello, la mayor parte de las obligaciones consistirán en emisiones privadas de bonos dirigidas a inversores cualificados autorizados por la Comisión Reguladora de Valores de China, que son esencialmente inversores institucionales.

(454)

Por último, los tipos de interés de las obligaciones de empresa no se establecen con libertad, dado que el artículo 18 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones de empresa dispone que «el tipo de interés que ofrezcan cualesquiera obligaciones de empresa no superará el 40 % del tipo de interés vigente que los bancos paguen a particulares por depósitos de ahorro a plazo fijo con el mismo vencimiento».

(455)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio del control de modo significativo estudiando emisiones de obligaciones concretas. Por ello, examinó el conjunto del entorno jurídico descrito en los considerandos 450 a 454, junto con los hallazgos concretos de la investigación.

(456)

Las inspecciones pusieron de manifiesto que los dos grupos de productores exportadores incluidos en la muestra emitieron obligaciones normalmente a unos tipos de interés cercanos a los de referencia del Banco Popular de China, independientemente de la situación financiera y del riesgo crediticio de la empresa.

(457)

En la práctica, los tipos de interés de las obligaciones se ven influidos por la calificación crediticia, análogamente a los préstamos. Sin embargo, como se ha expuesto en los considerandos 279 a 285, el mercado local de la calificación crediticia está distorsionado y las calificaciones no son fiables. Esto quedó ilustrado por el hecho de que los folletos y los informes de calificación crediticia de las obligaciones de las empresas incluidas en la muestra no se correspondían con la situación real de estas.

(458)

En un caso, por ejemplo, el folleto informativo de las obligaciones advertía de que los niveles de beneficios de la empresa habían ido disminuyendo, de que una parte significativa de los activos netos había sido pignorada para cubrir garantías de financiación interna, de que el reembolso de la deuda a corto plazo generaba una gran presión y de que la empresa había previsto algunos grandes proyectos con una alta proporción de capital pese a que ya tenía una elevada ratio de endeudamiento. Pese a todo, la conclusión del informe era que se le otorgaba una calificación crediticia AA+ a la oferta de obligaciones.

(459)

A la luz de estas consideraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras que organizaban la emisión de obligaciones de las empresas incluidas en la muestra eran organismos públicos o habían recibido encomienda u orden del Estado en el sentido del artículo 2, letra b), y del artículo 3 del Reglamento de base, como se explica en las secciones 3.4.1.5 y 3.4.1.6. Además, se ofrecía una ventaja a los productores exportadores incluidos en la muestra, ya que las obligaciones se emitían a unos tipos inferiores a los del mercado, considerando su perfil de riesgo real.

(460)

La Comisión consideró que la financiación preferente mediante obligaciones es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que las obligaciones no pueden emitirse sin la aprobación de las autoridades gubernamentales, y que la Ley sobre Valores de China establece que la emisión de obligaciones tiene que ajustarse a las políticas industriales del Estado. Como ya se ha mencionado en los considerandos 140 a 177, el sector de TFV se considera una industria clave o estratégica.

(461)

Dado que las obligaciones son, en esencia, simplemente otro tipo de instrumento de deuda, similar a los préstamos, y dado que la metodología de cálculo de los préstamos ya se basa en una cesta de bonos, la Comisión decidió ajustarse a la metodología de cálculo de los préstamos, tal como se describe en el punto 3.4.2. Esto quiere decir que se aplica el diferencial relativo entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB de los EE. UU. de la misma duración a los tipos de interés de referencia publicados por el Banco Popular de China, con el fin de establecer un tipo de interés para las obligaciones basado en el mercado, que se compara después con el tipo de interés realmente abonado por la empresa al objeto de determinar el beneficio.

(462)

Como se explica en el considerando 291, la Comisión constató que determinadas empresas habían emitido obligaciones con el fin de reestructurar su deuda. En estos casos, como se explica en la sección 3.4.2.2, la Comisión consideró que las empresas en cuestión estaban en una situación financiera peor de lo que sugerían los estados financieros a primera vista, y de que existía un riesgo adicional relacionado con su financiación a corto y largo plazo. Por lo tanto, para tener en cuenta la mayor exposición al riesgo, la Comisión bajó un grado en la escala de calificación del riesgo y adaptó el cálculo del diferencial relativo también para su financiación, incluidas las obligaciones, mediante una comparación entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y la calificación B de los EE. UU.

(463)

La investigación puso de manifiesto que, durante el período de investigación, todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra recibieron financiación preferente en forma de letras de aceptación bancaria y obligaciones, y dos de las empresas incluidas en la muestra, en forma de inyecciones de capital. En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, la Comisión consideró que estos tipos de financiación preferente constituyen una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(464)

Por lo que respecta a CNBM, puesto que esta empresa no cooperó, el beneficio que obtuvo gracias a estos otros tipos de financiación preferente se estableció utilizando la metodología explicada en cada una de las secciones anteriores, aplicada a la información de libre acceso contenida en el informe anual de 2018 de esta empresa, como la relativa a la emisión de obligaciones y los pagarés pendientes de abono.

(465)

El importe de la subvención establecido con respecto a esta financiación preferente antes descrita durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra asciende a:

Financiación preferente: otros tipos de financiación

(466)

El denunciante alegó que Sinosure proporciona a las industrias fomentadas seguros de crédito a la exportación a corto, medio y largo plazo, seguros de inversión y garantías de obligaciones, entre otros servicios, en condiciones ventajosas. Según un reciente estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la industria china de alta tecnología, de la que forma parte el sector de TFV, recibió de Sinosure el 21 % del seguro total de crédito a la exportación (108). Además, Sinosure ha desempeñado un papel activo en la iniciativa «Made in China 2025», orientando a las empresas para que utilicen los recursos crediticios nacionales, llevando a cabo una innovación tecnológica y científica y una renovación de la tecnología, y ayudando a que las empresas que se internacionalizan sean más competitivas en el mercado mundial (109).

1)

Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación, Shang Ji Fa, 2004, n.o 368, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure.

2)

Plan 840 incluido en la Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009;

3)

Comunicación sobre el cultivo y el desarrollo del Consejo de Estado para acelerar las industrias emergentes de decisión estratégica, GuoFa, 2010, n.o 32, de 18 de octubre de 2010, emitida por el Consejo de Estado, y sus directrices de aplicación, GuoFa, 2011, n.o 310, de 21 de octubre de 2011.

4)

Comunicación sobre la publicación del Catálogo de 2006 de productos chinos de alta tecnología para la exportación, Guo Ke Fa Ji Zi, 2006, n.o 16.

5)

Comunicación sobre la recopilación del Catálogo de productos de alta tecnología chinos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, G.K.B.J., 2009, n.o 61, de 9 de octubre de 2009.

(467)

Durante el período de investigación, los dos grupos de empresas incluidos en la muestra tenían pendientes contratos de seguro de exportación con Sinosure.

(468)

Como se indica en el considerando 201, Sinosure no facilitó la documentación justificativa requerida sobre su gobierno corporativo, como por ejemplo sus estatutos.

(469)

Tampoco proporcionó, como se señala en el considerando 200, información específica sobre el seguro de crédito a la exportación concedido al sector de TFV, el nivel de sus primas ni cifras detalladas sobre la rentabilidad de su actividad de seguro de crédito a la exportación.

(470)

Por lo tanto, la Comisión tuvo que completar la información proporcionada con los datos disponibles.

(471)

Según la información que aportó en investigaciones antisubvención anteriores (110), Sinosure es una empresa de seguros de propiedad estatal establecida y apoyada por el Estado para potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica de China. La empresa es de propiedad estatal al 100 %. Tiene un consejo de administración y una junta de supervisores. El Gobierno está facultado para nombrar y destituir a los altos directivos de la empresa. Sobre la base de esta información, la Comisión llegó a la conclusión de que existían indicios formales de control gubernamental sobre Sinosure.

(472)

La Comisión buscó asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercían un control significativo sobre el funcionamiento de Sinosure en cuanto al sector de TFV. En este contexto, la Comisión observó que en el Catálogo de productos chinos de alta tecnología y nuevas tecnologías para la exportación se clasifican específicamente los productos de fibra de vidrio, incluido el TFV, como productos fomentados para la exportación (111).

(473)

Además, según la Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación, Sinosure debía aumentar su apoyo a industrias y productos clave consolidando su apoyo global a la exportación de productos de alta tecnología y de nuevas tecnologías. Debía tratar a industrias como la de los nuevos materiales y a otros sectores tecnológicos de alta tecnología y nuevas tecnologías enumerados en el Catálogo de productos chinos de alta tecnología y nuevas tecnologías como su centro de interés empresarial, y prestarles un apoyo exhaustivo en lo que respecta a los procedimientos de suscripción, los límites de aprobación, la agilidad en el procesamiento de las solicitudes y la flexibilidad de los tipos. En lo relativo a la flexibilidad de los tipos, debe ofrecer a los productos el descuento máximo para el tipo de prima dentro del intervalo flotante de la compañía de seguros. Como se menciona en los considerandos 148 y 162, el sector de TFV está incluido en la categoría más general de «nuevos materiales». Además, en el Informe anual de 2017 de Sinosure se afirma que la compañía ha asegurado activamente transacciones de las industrias estratégicas emergentes, como la de los nuevos materiales (112).

(474)

Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en el marco normativo para ejercer control de forma significativa sobre el funcionamiento de Sinosure.

(475)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio del control de modo significativo estudiando contratos de seguro concretos. Durante la inspección, Sinosure sostuvo que, en la práctica, sus primas estaban orientadas al mercado y se basaban en principios de evaluación del riesgo. Sin embargo, no dio ejemplos concretos relativos a la industria de TFV ni a las empresas incluidas en la muestra.

(476)

Por lo tanto, a falta de pruebas concretas, la Comisión examinó el comportamiento concreto de Sinosure con respecto al seguro suministrado a las empresas incluidas en la muestra, comportamiento que contrasta con su postura oficial, ya que no actuaba sobre la base de los principios del mercado.

(477)

Tras comparar el importe total de las solicitudes pagadas con el total de los importes asegurados, sobre la base de los datos del Informe anual de 2017 de Sinosure (113), la Comisión llegó a la conclusión de que, por término medio, Sinosure tendría que cobrar un 0,26 % del importe asegurado como prima para cubrir el coste de las solicitudes (sin tener siquiera en cuenta los gastos generales). Sin embargo, en la práctica, las primas pagadas por las empresas incluidas en la muestra eran muy inferiores al mínimo necesario para cubrir los costes operativos.

(478)

Además, la Comisión constató que algunos de los productores exportadores se beneficiaron de una devolución parcial o total de las primas de seguro de crédito a la exportación abonadas a Sinosure.

(479)

Por ello, la Comisión consideró que Sinosure aplica el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de TFV. Sinosure actuó como organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y de conformidad con la correspondiente jurisprudencia de la OMC. Además, los productores exportadores incluidos en la muestra obtuvieron un beneficio, ya que el seguro se les facilitó a precios inferiores al mínimo necesario para que Sinosure cubriese sus costes operativos.

(480)

La Comisión también determinó que las subvenciones concedidas en el programa de seguros de exportación son específicas, ya que no podían obtenerse sin exportar y, por tanto, están supeditadas a la exportación en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(481)

Durante la inspección in situ, Sinosure declaró que existen cinco operadores en el mercado y que no dispone de información sobre su cuota de mercado. Sin embargo, según la información facilitada en una investigación antisubvención anterior, para la cual el período de investigación se extendió del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 (114), Sinosure representaba alrededor del 90 % del mercado interior del seguro de exportación en China en ese momento y, por lo tanto, tenía una posición predominante en el mercado. La Comisión no pudo encontrar una prima de seguro nacional basada en el mercado. Por lo tanto, en consonancia con investigaciones antisubvenciones anteriores, la Comisión utilizó la referencia externa más apropiada para la cual se disponía de información, que eran los tipos de prima aplicados por el Export-Import Bank de los EE. UU. a las entidades no financieras en sus exportaciones a países de la OCDE.

(482)

Las devoluciones de las primas de seguro de crédito concedidas durante el período de investigación fueron tratadas como subvención. Puesto que no había pruebas de que las empresas hubieran incurrido en costes adicionales que necesitaran un ajuste, el beneficio se calculó como el importe total de la devolución recibida durante el período de investigación.

(483)

El importe de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Financiación y seguros preferentes: seguro de crédito a la exportación

(484)

Dado que los grupos de empresas investigados estaban integrados verticalmente, la Comisión ha incluido a los principales proveedores de materia prima en la investigación, y las subvenciones recibidas a nivel de estos proveedores vinculados se han integrado en los cálculos para cada régimen de subvención.

(485)

Por otra parte, la Comisión no encontró pruebas suficientes para justificar la alegación de que proveedores no vinculados suministraban bienes a los productores de TFV por una remuneración inferior a la adecuada.

(486)

En China, todo el suelo es de propiedad estatal o colectiva (de los pueblos o municipios) antes de que pueda conferirse su titularidad legal o usufructo a empresas o a particulares. Las parcelas de terreno de zonas urbanas son propiedad del Estado, mientras que las de zonas rurales son propiedad de los pueblos o municipios que se encuentran en ellas.

(487)

Sin embargo, según el Derecho constitucional de China y la Ley del Suelo, tanto las empresas como los particulares pueden adquirir «derechos de uso del suelo». En el caso de los terrenos industriales, el arrendamiento suele ser de cincuenta años, renovables por otros cincuenta.

(488)

Según las autoridades chinas, el artículo 137 de la Ley del Suelo de la República Popular China estipula que «el suelo utilizado con fines industriales, empresariales, de entretenimiento o comerciales, así como el suelo con dos o más usuarios previstos, será enajenado por medio de subastas, convocatorias de ofertas y otros métodos públicos de licitación». Además, las autoridades chinas citan el artículo 3 del Reglamento provisional de la República Popular China relativo a la asignación y trasferencia del derecho de uso del suelo propiedad del Estado en zonas urbanas. Este artículo establece que «cualquier sociedad, empresa, organización o individuo dentro o fuera de la República Popular China podrá, salvo que la ley disponga otra cosa, obtener el derecho a utilizar el suelo y dedicarse al desarrollo, la utilización y la gestión del suelo, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento».

(489)

Las autoridades chinas consideran que en China existe un mercado libre de compraventa de suelo, y que el precio que paga una empresa industrial por el título de arrendamiento del suelo refleja el precio del mercado.

(490)

La provisión de derechos de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la «Ley de Gestión del Suelo de la República Popular China». Además, las siguientes disposiciones forman parte también de la base jurídica:

(491)

De conformidad con el artículo 10 de las «Disposiciones sobre la asignación de derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación, subasta y oferta de precios», las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos, que solo se actualiza cada tres años, y siguiendo la política industrial del Gobierno.

(492)

Durante la inspección in situ, las autoridades chinas afirmaron que, en mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda había publicado unas directrices sobre el uso de los terrenos industriales con el fin de informar mejor sobre los derechos de uso del suelo a los participantes en el mercado y garantizar el suministro conforme a las necesidades del mercado. Dichas directrices establecen que deben crearse unas condiciones de competencia equitativas y que todos los agentes del mercado deben tener acceso en las mismas condiciones a los terrenos industriales. Sin embargo, estas directrices no eran aplicables durante el período de investigación ni en el momento de la adquisición de los derechos de uso del suelo por parte de los productores exportadores incluidos en la muestra.

(493)

En investigaciones anteriores, la Comisión consideró que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China no eran representativos del precio de mercado determinado por la libre oferta y demanda del mercado, dado que el sistema de subasta se consideró poco claro, opaco y no operativo en la práctica, y se constató que las autoridades fijaban arbitrariamente los precios. Como se acaba de decir, las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de supervisión del suelo urbano, según el cual, al fijar el precio de terrenos industriales, se debe tener en cuenta, entre otros criterios, la política industrial.

(494)

La investigación actual no ha puesto de manifiesto ningún cambio significativo al respecto. Por ejemplo, la Comisión observó que solo algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra había superado una licitación o un proceso similar de oferta pública por los derechos de uso del suelo que habían adquirido, incluso por los más recientes. Los derechos de uso del suelo de la mayoría de las empresas incluidas en la muestra fueron asignados por las autoridades locales a precios negociados.

(495)

La Comisión observó que también existe un sistema dinámico de supervisión de los precios del suelo, no solo del suelo urbano. En la reconsideración por expiración sobre paneles solares originarios de la República Popular China (115), la Comisión había constatado que estos precios eran superiores a los precios mínimos de referencia fijados por el sistema de supervisión del suelo urbano y utilizados por los Gobiernos locales, que solo se actualizan cada tres años, mientras que los precios del sistema de supervisión dinámico se actualizan cada tres meses. No obstante, no constaba indicación alguna de que los precios del suelo se basaran en los precios del sistema de supervisión dinámico. De hecho, las autoridades chinas habían confirmado durante la investigación relativa a los paneles solares que el sistema de supervisión dinámico de los precios del suelo urbano supervisaba las fluctuaciones de los niveles de precio del suelo en determinadas zonas (es decir, en ciento cinco ciudades) de China y estaba diseñado para evaluar la evolución de los precios del suelo. Sin embargo, los precios de salida de licitaciones y subastas se basaban en las referencias fijadas por el sistema de evaluación de suelo. Esta situación seguía siendo aplicable durante el período de investigación. Además, en el presente caso, los grupos de empresas incluidos en la muestra recibieron sus parcelas de terreno mediante una asignación.

(496)

Por lo que respecta a las parcelas de terreno que se adquirieron mediante licitación, la Comisión constató que en todos los casos hubo solo un licitador, y que el precio que se pagó se correspondía con el precio de partida del procedimiento de licitación. A falta de información adicional detallada sobre el proceso real de la subasta, no estaba claro que el precio inicial se hubiera fijado de forma independiente y correspondiese al valor de mercado del derecho de uso del suelo.

(497)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que, en un mecanismo de licitación, el precio que se obtiene finalmente no solo refleja el precio al que un vendedor está dispuesto a vender o el precio inicial al que se realiza una oferta, sino también el precio que los compradores están dispuestos a pagar, de manera que el precio que se alcanza finalmente a través de dicho mecanismo refleja tanto la demanda como la oferta. Si, tras completarse el mecanismo de licitación, el precio final «se corresponde con el precio de partida del procedimiento de licitación», esto significa simplemente que este es el precio que refleja la demanda y la oferta en ese momento. La Comisión estuvo de acuerdo con las autoridades chinas en cuanto a los principios básicos de los mecanismos de licitación descritos, pero señaló que un mecanismo de este tipo solo puede funcionar cuando hay varios licitadores para una determinada parcela. Sin embargo, la Comisión no encontró un solo caso en esta investigación, ni tampoco en investigaciones anteriores, en el que existiera más de un licitador pujando por un terreno, y en el que se pudiera observar la interacción entre la oferta y la demanda. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(498)

La Comisión también constató que algunas empresas recibieron devoluciones de las autoridades locales para compensar los precios pagados por los derechos de uso del suelo. Además, algunos de los derechos de uso del suelo obtenidos por las empresas del Grupo CNBM solo eran pagaderos varios años después de haber comenzado la utilización de los terrenos.

(499)

Las pruebas citadas contradicen la alegación de las autoridades chinas de que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China son representativos del precio de mercado determinado por la oferta y la demanda del libre mercado.

(500)

Las conclusiones de esta investigación muestran que la situación en relación con la adquisición de derechos de uso del suelo en China no es transparente, y que a menudo los precios eran fijados de manera arbitraria por las autoridades.

(501)

Por lo tanto, la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, en forma de provisión de bienes que confiere un beneficio a las empresas receptoras. Como se explica en los considerandos 491 a 499, no existe un mercado operativo del suelo en China, y el recurso a una referencia externa (véanse los considerandos 506 a 515) demuestra que el importe abonado por los productores exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo está muy por debajo del tipo normal del mercado.

(502)

En lo tocante al acceso preferente a terrenos industriales por parte de empresas que pertenecen a determinados sectores, la Comisión observó que las autoridades locales, al fijar los precios, tienen que tener en cuenta la política industrial del Gobierno, como se ha expuesto en el considerando 493. En el marco de esta política industrial, el sector de TFV está incluido entre las industrias fomentadas (116). Además, la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado obliga a las autoridades públicas a velar por ofrecer terrenos a las industrias fomentadas. El artículo 18 de la Decisión n.o 40 establece claramente que las industrias consideradas «restringidas» no tendrán acceso a los derechos de uso del suelo. De ello se deduce que la subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letras a) y c) del Reglamento de base, ya que la concesión preferente de suelo está limitada a las empresas de determinados sectores, en este caso el de los TFV, y que las prácticas gubernamentales al respecto no son claras ni transparentes.

(503)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron las observaciones presentadas en la sección 3.1 en relación también con los derechos de uso del suelo, afirmando que ninguno de los documentos mencionados por la Comisión tiene un vínculo directo con el TFV, y que ninguno de ellos restringe la supuesta concesión preferente de derechos de uso del suelo a determinadas empresas. Además, la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado no menciona que las autoridades públicas deban velar por ofrecer terrenos a las industrias fomentadas.

(504)

Como respuesta, la Comisión se remitió a los argumentos ya desarrollados en la sección 3.1, haciendo hincapié en que la de TFV es una industria, en efecto, fomentada. Por otra parte, la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado sí menciona, en su artículo XII, que el «Repertorio de orientación para la reestructuración industrial» es una referencia importante a la hora de orientar la inversión, la gestión gubernamental de los proyectos de inversión y la formulación y aplicación de políticas relativas a la fiscalidad, el crédito, el suelo (el subrayado es nuestro) y la importación y exportación». Además, la introducción de la Decisión n.o 40 establece que «todos los servicios afectados acelerarán las etapas de formulación y modificación de las políticas pertinentes relativas a la fiscalidad, el crédito, el suelo (el subrayado es nuestro) y la importación y exportación, etc., y reforzarán la coordinación con las políticas industriales con el fin de perfeccionar el sistema estratégico de promoción de la reestructuración industrial». En sentido contrario, el artículo XVIII de la Decisión n.o 40 establece que, en el caso de las industrias comprendidas en la categoría de los proyectos limitados, «los servicios que se ocupen de la inversión no las examinarán, aprobarán o harán constar en acta, ninguna entidad financiera podrá concederles préstamos, ningún otro servicio que gestione el suelo, la planificación urbana y la construcción, la protección del medio ambiente, las inspecciones de calidad, la lucha contra incendios, las aduanas, la industria y el comercio, etc., podrán efectuar los trámites pertinentes» (el subrayado es nuestro). Existe, pues, un claro vínculo entre las políticas industriales destinadas a las industrias fomentadas y la política de concesión de suelo. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(505)

En consecuencia, la Comisión consideró que esta subvención estaba sujeta a medidas compensatorias.

(506)

Como en investigaciones previas (117), y de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se utilizaron como referencia externa los precios del suelo del territorio aduanero diferenciado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu («el Taipéi chino») (118). El beneficio obtenido por los receptores se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el importe realmente abonado por cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por los derechos de uso del suelo (es decir, el precio realmente pagado tal como figura en el contrato, tras deducir, cuando proceda, el importe de los reembolsos o subvenciones de las autoridades locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del valor de referencia del Taipéi chino.

(507)

La Comisión considera el Taipéi chino una referencia externa adecuada por las siguientes razones:

(508)

Siguiendo la metodología aplicada en investigaciones anteriores (119), la Comisión utilizó el precio medio del suelo por metro cuadrado fijado en el Taipéi chino, corregido para tener en cuenta la inflación y la evolución del PIB a partir de las fechas de los respectivos contratos de cesión de los derechos de uso del suelo. La información sobre los precios de los terrenos industriales en 2015 se consultó en el sitio web del Departamento de Industria del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán (120). Por lo que respecta a los años anteriores, los precios se corrigieron utilizando las tasas de inflación y la evolución del PIB per cápita a precios actuales en USD en Taiwán publicadas por el FMI para 2015.

(509)

Tras la comunicación definitiva, varias partes alegaron que el Taipéi chino no era una referencia externa adecuada. Una parte sugirió que se utilizara la India en lugar del Taipéi chino por las razones siguientes:

(510)

No obstante, la alegación de esta parte no tuvo en cuenta un elemento crucial en su análisis, a saber, el nivel de desarrollo económico de estas provincias. Según fuentes públicas, el nivel del PIB per cápita de estas provincias indias es muy inferior al de las ciudades y provincias donde tienen su sede los productores exportadores. De hecho, el PIB per cápita de Maharashtra (121), que es el más elevado de las tres provincias citadas, solo fue de 3 000 USD en 2018-2019, mientras que el PIB constatado en el caso de la provincia de Zhejiang (que la parte utilizó a efectos de comparación) ascendió a 14 907 USD en 2018 (122). Teniendo en cuenta lo anterior y los factores indicados en el considerando 507, fue preciso desestimar esta alegación.

(511)

Además, las autoridades chinas alegaron que los precios internos debían utilizarse en este caso, porque en China las empresas privadas también se dedican a subarrendar o transferir derechos de uso del suelo, de manera que las autoridades chinas no son el único operador de ese mercado. Para examinar esta alegación, la Comisión tendría que determinar, en primer lugar, la naturaleza y el tamaño del mercado del suelo que operan los agentes privados en comparación con el que gestiona el Estado, así como las posibles interferencias de las autoridades centrales y locales en ese mercado del suelo presuntamente gestionado de forma privada. Además, debería disponer de datos exhaustivos y actualizados sobre el precio de las transacciones. Sin embargo, las autoridades chinas no facilitaron ninguna estadística ni datos que permitieran a la Comisión examinar la propuesta, y la Comisión tampoco pudo encontrar datos de libre acceso sobre este asunto. Además, aunque se recibiera esa información, solo afectaría a un mercado secundario de transferencias, ya que solo existe un operador en el mercado primario (es decir, la asignación inicial de derechos de uso del suelo siempre la efectúan las autoridades chinas). Efectivamente, la asignación inicial durante 50 años del mercado primario es diferente del alquiler en el mercado secundario, normalmente por un período mucho más breve, o al menos con diferentes cláusulas de revalorización, rescisión, etc., por lo que la Comisión siguió basándose en la información disponible relativa al mercado primario, que es el mercado investigado en este caso.

(512)

Las autoridades chinas alegaron también que, en caso de que la Comisión decidiera mantener el valor de referencia externo, debía hacerse un ajuste para el factor de densidad de población, que a su vez afecta a la demanda y, por consiguiente, a los precios. En efecto, entre 2015 y 2018, la densidad de población en el Taipéi chino fue 4,4 veces superior a la de China. En particular, entre 2015 y 2018, mientras la densidad de población en China fue de aproximadamente 147 personas por kilómetro cuadrado de suelo, la densidad de población del Taipéi chino fue de aproximadamente 650 personas por kilómetro cuadrado de suelo, de manera que la situación del suelo y los precios de estos dos países no son comparables.

(513)

Sin embargo, la Comisión señaló que las autoridades chinas habían comparado cifras de densidad de población a nivel de todo el país. Si se observa más cerca de la densidad de población de las ubicaciones reales de los productores exportadores, resulta que las cifras de densidad de población son en realidad bastante similares. Por ejemplo, en 2018, la densidad de población de Zhejiang fue de 560 personas por metro cuadrado, y la de Shandong fue de 640 personas por kilómetro cuadrado (123). Así pues, la Comisión decidió que no debían realizarse ajustes.

(514)

Las autoridades chinas solicitaron asimismo a la Comisión que facilitara información adicional sobre la similitud entre el tipo de suelo y las transacciones utilizadas para elaborar el valor de referencia pertinente, como se menciona en el considerando 507. La Comisión subrayó a este respecto que, en ambos casos, las transacciones se referían a terrenos industriales de cierta magnitud situados en zonas industriales.

(515)

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, el importe de la subvención se asignó al período de investigación tomando la duración normal de los derechos de uso del suelo en el caso de terrenos para uso industrial, a saber, cincuenta años. Después se asignó este importe con arreglo al volumen de negocio de cada empresa durante el período de investigación, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida por referencia a las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(516)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Yuntianhua alegó que se había producido un error administrativo en cuanto al valor utilizado en un contrato específico de derechos de uso del suelo. La Comisión aceptó la alegación y corrigió el valor en consecuencia.

(517)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo CNBM alegó que debía suprimirse un contrato de derechos de uso del suelo porque se había recibido después del período de investigación. Añadió además que el beneficio de los derechos de uso del suelo adquiridos en 2018 debía prorratearse durante el período de investigación. Por último, el Grupo CNBM señaló que, en el caso de otra parcela, que había sido adquirida en 1998 por una empresa vinculada y otorgada al productor exportador en 2004, la Comisión debería haber utilizado los datos de la operación de 2004 para calcular el beneficio. La Comisión rechazó la primera alegación, ya que el contrato de compra de los derechos de uso del suelo en cuestión ya había sido firmado en 2018 y, por lo tanto, la propiedad se había transmitido a la empresa durante el período de investigación. La Comisión aceptó la segunda alegación sobre el cálculo prorrateado y ajustó el cálculo del beneficio de todas las empresas que adquirieron derechos de uso del suelo en 2018 en consecuencia. La última alegación fue rechazada, ya que la operación que se remontaba a 2004 se refería a una transferencia interempresarial y, por tanto, no reflejaba el valor real por el que el grupo adquirió originalmente el terreno.

(518)

Tras la comunicación definitiva adicional, el Grupo CNBM afirmó que la Comisión debió haber utilizado la fecha de recepción de los terrenos como punto de partida del cálculo del beneficio. Sin embargo, como se menciona en el considerando anterior, la propiedad del suelo, con los derechos y obligaciones correspondientes, ya se había asignado a la empresa a partir de la fecha del contrato de compra. Además, el precio del suelo, en el que se basa el cálculo del beneficio, también fue fijado por el contrato de compra. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones de la empresa.

(519)

El importe de la subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Concesión de derechos de uso del suelo por una remuneración inferior a la adecuada

(520)

Todas las empresas incluidas en la muestra compraron electricidad.

(521)

Por lo que respecta a algunas de las empresas incluidas en la muestra, los precios de compra de la electricidad se ajustaron a los fijados oficialmente a nivel provincial para grandes clientes industriales. Como ya fue el caso en investigaciones previas (124), este nivel no confería una ventaja específica a estos grandes clientes industriales. Sin embargo, la Comisión estableció que las empresas investigadas de los dos grupos incluidos en la muestra se beneficiaron de reducciones o reembolsos de una parte de sus costes de electricidad en forma de subvenciones.

—

Circular de la Comisión Nacional China de Desarrollo y Reforma y de la Administración Nacional de la Energía, de 16 de julio de 2018, sobre la promoción activa de las transacciones de energía orientadas al mercado y la mejora del mecanismo de negociación, Fa Gua Yun Xing n.o 1027.

—

Varios dictámenes del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado sobre la profundización de la reforma del sistema eléctrico, Zhong Fa, 2015, n.o 9.

—

Comunicación relativa a los esfuerzos realizados en la construcción del mercado de la energía en 2017, del Comité de Economía y Tecnologías de la Información de Shandong, LJXDL, 2017, n.o 93.

—

Comunicación sobre la modificación de las normas de comercio directo de la electricidad de 2017, de la Oficina de Supervisión de la Administración Nacional de la Energía, LJNSC, 2017, n.o 36.

(522)

La Comisión constató que algunos grandes usuarios industriales clave de electricidad están autorizados a comprar electricidad directamente a los productores en lugar de comprar a la red, bien mediante la firma de acuerdos de compra directa o bien admitiendo su participación en el «sistema de comercio de electricidad orientado al mercado». Algunas de las empresas incluidas en la muestra tenían acuerdos de compra directa de electricidad o habían sido admitidos a participar en el «sistema de comercio de electricidad orientado al mercado» durante el período de investigación. Para la mayoría de las empresas investigadas, los precios concertados eran inferiores a los precios fijados a nivel regional para los grandes clientes industriales.

(523)

Estas dos posibilidades, la de celebrar contratos directos o ser admitidos a participar en el «sistema de comercio de electricidad orientado al mercado», no están abiertas actualmente a todos los grandes consumidores industriales. A nivel nacional, los dictámenes del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado sobre la profundización de la reforma del sistema eléctrico especifican, por ejemplo, que «las empresas que no se ajusten a la política industrial nacional y cuyos productos y procesos se eliminen no deben participar en operaciones directas» (125).

(524)

En la práctica, la compra directa de la electricidad la realizan las provincias. Las empresas tienen que pedir a las autoridades provinciales la autorización de participar en el proyecto piloto de compra directa de electricidad y deben cumplir determinados criterios.

(525)

Por ejemplo, en la provincia de Shandong, la Comunicación sobre la modificación de las normas de comercio directo de la electricidad, de 2017, de la Oficina de Supervisión de la Administración Nacional de la Energía establece que «los usuarios que participen en el comercio directo de electricidad se confirmarán con arreglo a las condiciones de acceso para 2017 aprobadas por el Comité de Economía y Tecnologías de la Información de Shandong. Para participar en el comercio directo de electricidad, las empresas de venta de electricidad presentarán una solicitud de registro en el Centro de Comercio de la Energía Eléctrica de Shandong, y podrán participar en el comercio directo de electricidad cuando el Centro revise las solicitudes y emita un anuncio». Así, se establece una lista de empresas que están admitidas a participar en el sistema de comercio de electricidad orientado al mercado, que se anuncia en una comunicación del Comité de Economía y Tecnologías de la Información de Shandong (126).

(526)

En el caso de determinadas empresas, no hay negociación de mercado ni proceso de licitación real, ya que las cantidades compradas mediante contratos directos no se basan en la oferta y la demanda reales. De hecho, los productores y los usuarios no son libres de vender o comprar toda su electricidad directamente, sino que se limitan a contingentes cuantitativos que el gobierno local les asigna.

(527)

Además, aunque se supone que los precios deben negociarse directamente entre los productores y el usuario o a través de las empresas de servicios que sirven de intermediarias, es la empresa nacional de la red la que de hecho sigue emitiendo las facturas a las empresas. Por ejemplo, la Comunicación sobre la modificación de las normas de comercio directo de la electricidad de 2017, de la Oficina de Supervisión de la Administración Nacional de Energía, estipula que «la Empresa Nacional de la Red Eléctrica de Shandong se encargará del cobro del comercio directo de electricidad», y que «emitirá una factura con IVA a los usuarios y a las empresas de generación de electricidad».

(528)

Por último, todos los contratos de compra directa que se firman tienen que presentarse al gobierno local.

(529)

En 2018, las autoridades chinas emitieron la Circular de la Comisión Nacional China de Desarrollo y Reforma y de la Administración Nacional de la Energía sobre la promoción activa de las transacciones de energía orientadas al mercado y la mejora del mecanismo de negociación (Fa Gai Yun Xing, 2018, n.o 1027). Sin embargo, la Comisión desea señalar que esta legislación se emitió durante el período de investigación y todavía no se ha comenzado a aplicar. Además, aunque la Circular pretende aumentar el número de transacciones directas en el mercado de la electricidad, menciona expresamente determinadas industrias, como la industria de los materiales de construcción y las industrias de alta tecnología, como industrias fomentadas que se benefician de la liberalización del mercado de la electricidad. En particular, la Circular dispone «apoyar a los usuarios con un consumo anual de electricidad de más de cinco millones de kWh para que realicen transacciones directas de electricidad con empresas de generación de electricidad. En 2018, se liberalizarán los planes de generación de electricidad relativos al carbón, el hierro y el acero, los metales no ferrosos, los materiales de construcción y otras cuatro industrias». Además, la Circular dispone también «apoyar a las industrias emergentes con un alto valor añadido, como las industrias de alta tecnología, de internet, de macrodatos y de productos de gama alta, así como a las empresas con claras ventajas y características y un elevado contenido tecnológico, para que participen en transacciones sin estar sujetas a niveles de tensión ni a restricciones de consumo energético».

(530)

Por lo tanto, la legislación prevé una aplicación selectiva de las transacciones directas en el mercado de la electricidad a determinadas industrias, como la de los materiales de construcción y las industrias de alta tecnología. Esta aplicación selectiva tiene como resultado que el Estado aplica precios más bajos por la electricidad a empresas pertenecientes a estas industrias.

(531)

La Comisión consideró que la tarifa eléctrica reducida en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas (es decir, el operador de la red) que confiere un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio conferido a los receptores es igual al ahorro en electricidad, que les fue suministrada a precios inferiores al precio normal de la red que pagan otros grandes usuarios industriales que no pueden optar al suministro directo. Esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de este régimen exclusivamente a las empresas que se ajustan a determinados objetivos de política industrial que establece el Estado, y cuyos productos o procesos no se han considerado inadmisibles.

(532)

Así pues, la Comisión concluyó que el régimen de subvenciones estaba en vigor durante el período de investigación y que es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), y apartado 3 del Reglamento de base.

(533)

Tras la comunicación, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había demostrado que las entidades que suministran electricidad a tipos supuestamente reducidos, es decir, los productores de electricidad y las empresas de la red estatal, sean organismos públicos o hayan recibido encomienda u orden por parte del Estado.

(534)

A este respecto, como se explica en los considerandos 523 a 528, la Comisión señaló que el régimen de comercio directo de electricidad y las condiciones en las que las empresas pueden participar los establece el Estado y los ejecutan las provincias. En efecto, las empresas tienen que obtener la autorización de las autoridades provinciales para participar en el proyecto piloto de compra directa. Además, como se señala en el considerando 527, aunque se supone que los precios deben negociarse directamente entre los productores y el usuario o a través de las empresas de servicios que sirven de intermediarias, es la empresa nacional de la red la que emite las facturas a las empresas. Considerando que el Estado diseña y controla el sistema de comercio directo de electricidad a través de su aplicación por las autoridades provinciales, y que la empresa nacional de la red expide las facturas, la Comisión llegó a la conclusión de que los tipos reducidos negociados son suministrados por organismos públicos. Por lo tanto, se desestimó la alegación de las autoridades chinas.

(535)

Además, las autoridades chinas consideraron que la Comisión no había demostrado de qué modo es específico el suministro de electricidad a tarifas supuestamente reducidas, en el sentido del artículo 2 del Acuerdo SMC. Las autoridades chinas alegaron que los dictámenes del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado sobre la profundización de la reforma del sistema eléctrico, a los que se refirió la Comisión, no limitan el acceso a esta supuesta subvención a determinadas empresas, ya que no son obligatorios sino meras directrices. Además, las autoridades chinas consideraron que la alegación de la Comisión sobre la especificidad era incoherente, ya que, por una parte, la Comisión afirmó que la de TFV es una industria fomentada y, por otra parte, que solo algunas empresas incluidas en la muestra podían acogerse al régimen de comercio directo de electricidad.

(536)

En este sentido, como se afirma en el considerando 523, la posibilidad de celebrar contratos directos o ser admitido a participar en el «sistema de comercio de electricidad orientado al mercado» no está abierta actualmente a todos los grandes consumidores industriales. En efecto, las empresas tienen que pedir a las autoridades provinciales la autorización de participar en el proyecto piloto de compra directa de electricidad y deben cumplir determinados criterios, como el de «adecuarse a la política industrial nacional». El hecho de que los dictámenes del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado sobre la profundización de la reforma del sistema eléctrico no tengan carácter obligatorio de iure es irrelevante, ya que la investigación ha puesto de manifiesto que solo algunas empresas han recibido autorización para participar en el sistema de comercio directo de electricidad y, por tanto, se han beneficiado de la reducción de los precios de la electricidad. Además, el hecho de que las empresas deban obtener una autorización específica para beneficiarse de la reducción de los precios de la electricidad apunta también al carácter específico de este régimen. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(537)

Tras la comunicación definitiva, una de las empresas del Grupo CNBM rebatió la conclusión de la Comisión de que el hecho de que determinadas empresas estén autorizadas a participar en el «sistema eléctrico orientado al mercado», comprando electricidad directamente a los proveedores en lugar de a través de la red estatal, constituye una «pérdida de ingresos» para las autoridades chinas. Esta parte interesada señaló que, según el artículo 3 del Reglamento de base, existirá subvención «cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos adeudados» y que, dado que las autoridades chinas no estaban revendiendo explícitamente electricidad a los productores exportadores a través de la red estatal, no se les debían ingresos por el uso de dicha red.

(538)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. Como ya se ha señalado en el considerando 527, aunque se supone que los precios deben negociarse directamente entre los productores y el usuario o a través de las empresas de servicios que sirven de intermediarias, es la empresa nacional de la red la que emite siempre las facturas a las empresas. Por consiguiente, en el considerando 534, la Comisión concluyó que, puesto que el Estado diseña y controla el sistema de comercio directo de electricidad a través de su aplicación por las autoridades provinciales, y que la empresa nacional de la red expide las facturas, los tipos reducidos negociados son suministrados por organismos públicos. Por lo tanto, al aplicar de manera selectiva las tarifas reducidas de electricidad a determinados usuarios industriales, mientras que los precios oficialmente establecidos de aplicación general a todos los usuarios industriales son más elevados, el Estado, a través de la empresa estatal de la red, no recaudó los ingresos procedentes de las ventas de electricidad al nivel de los precios establecidos oficialmente. Esta práctica equivale a condonar o no recaudar ingresos públicos adeudados en el sentido del artículo 3 del Reglamento de base. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(539)

El importe de la subvención sujeta a derechos compensatorios se calculó en términos del beneficio obtenido por los receptores durante el período de investigación. Este beneficio se calculó como la diferencia entre el precio total de la electricidad pagadero de conformidad con el precio normal de la red y el pagadero en tarifa reducida.

(540)

El importe de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Suministro de electricidad a tarifas reducidas

(541)

Con arreglo a la Ley del Impuesto de Sociedades de la República Popular China («LIS») (127), las empresas de alta tecnología y de nuevas tecnologías a las que el Estado presta un apoyo clave se benefician de un tipo impositivo reducido del 15 %, en lugar del tipo normal del 25 %.

(542)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28 de la LIS de la República Popular China y el artículo 93 de sus normas de aplicación (128), así como:

(543)

Las empresas que pueden beneficiarse de la reducción fiscal forman parte de determinados ámbitos clave de alta tecnología y de nuevas tecnologías y de las prioridades actuales en ámbitos de alta tecnología que reciben apoyo estatal, como se recoge en las Directrices de los ámbitos fundamentales de desarrollo prioritarios de las industrias de alta tecnología. Estas Directrices mencionan claramente como ámbito prioritario la tecnología de fabricación y las materias primas clave de la industria del vidrio, incluido el sector del TFV.

(544)

Además, para ser admisibles, las empresas deben cumplir los siguientes criterios:

(545)

Las empresas que se benefician de esta medida tienen que presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna en la declaración de impuestos.

(546)

La Comisión consideró que la compensación de impuestos en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas que confiere un beneficio a las empresas afectadas.

(547)

El beneficio obtenido equivale al ahorro fiscal. Esta subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de este régimen exclusivamente a las empresas que operan en ciertas áreas prioritarias de alta tecnología que el Estado determina, tales como determinadas tecnologías clave del sector del TFV.

(548)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que los privilegios que la LIS otorga a las empresas de alta tecnología y de nuevas tecnologías no son específicos, porque la legislación, en virtud de la cual funciona este programa, establece claramente criterios objetivos de admisibilidad (129) y estos criterios se aplican automáticamente, es decir, las autoridades afectadas no disponen de ningún margen de apreciación al conceder este tipo impositivo específico cuando se cumplen las condiciones de admisibilidad. Las autoridades chinas se remiten a la nota a pie de página n.o 2 del Acuerdo SMC, según la cual los criterios de admisibilidad se consideran objetivos si son imparciales, no favorecen a determinadas empresas con respecto a otras y son de carácter económico y de aplicación horizontal. Las autoridades chinas consideraron que este es el caso de los criterios de admisibilidad para este tipo impositivo preferencial, puesto que el acceso a este tipo inferior está abierto a todas las empresas y no favorece a determinadas empresas con respecto a otras, ya que empresas de todos los sectores, que cubren la totalidad de la economía, pueden obtener un certificado de alta tecnología y de nuevas tecnologías. Además, las autoridades chinas se remitieron a la sentencia del Tribunal General en el asunto T-586/14, Xinyi PV products / Comisión (130), donde se dice que: «[…] las autoridades competentes no concedían las antedichas ventajas discrecionalmente, sino cuando se cumplían sus condiciones objetivas de concesión, que eran la pertenencia de la empresa en cuestión al sector de las altas tecnologías […]. En cualquier caso, del artículo 28 de la Ley de la República Popular de China sobre la imposición de la renta de las empresas (Corporate income tax law of the People’s Republic of China) y del artículo 93 de sus modalidades de aplicación se desprende que las ventajas fiscales concedidas a las empresas pertenecientes al sector de las altas tecnologías, como es el caso de las demandante, circunstancia que la Comisión no cuestiona, solo pueden existir si se cumplen determinadas condiciones objetivas, a saber, en particular, que las empresas en cuestión operen en el sector de la nuevas tecnologías avanzadas, que sean titulares de derechos de propiedad intelectual, que sus productos o servicios estén comprendidos dentro del ámbito de los sectores de alta tecnología específicamente apoyados por el Estado, que los costes de investigación y desarrollo alcancen un determinado porcentaje de los gastos totales, que los ingresos generados por los referidos productos o servicios alcancen un determinado porcentaje de la totalidad de sus ingresos y que sus técnicos representen un determinado porcentaje del conjunto de asalariados».

(549)

La Comisión discrepó del parecer de las autoridades chinas por las razones que se exponen a continuación. El capítulo IV de la LIS contiene disposiciones relativas al «trato fiscal preferente». El artículo 25 de la LIS, que sirve de introducción al capítulo IV, dispone que «el Estado ofrecerá ventajas en el impuesto de sociedades a las empresas dedicadas a actividades o proyectos cuya elaboración cuente específicamente con el apoyo y el fomento del Estado». El artículo 28, que también forma parte de este capítulo, establece que «el tipo del impuesto de sociedades de las empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías que necesiten un apoyo especial del Estado se reducirá al 15 %». El artículo 93 de las normas de aplicación de la LIS aclara lo siguiente:

«Las “empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías importantes que recibirán apoyo del Estado” a que se refiere la cláusula 2 del artículo 28 de la Ley del Impuesto de Sociedades son las empresas que poseen derechos de propiedad intelectual e industrial claves y cumplen las siguientes condiciones:

(550)

Las disposiciones antes mencionadas establecen claramente que el tipo reducido del impuesto de sociedades se reserva a «empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías importantes que recibirán apoyo del Estado» y que posean derechos de propiedad intelectual e industrial claves y cumplan determinadas condiciones, como pertenecer «al ámbito de la alta tecnología y las nuevas tecnologías clave apoyadas por el Estado».

(551)

Como se indica en el considerando 543, los ámbitos de alta tecnología que el Estado fomenta se enumeran en las Directrices de los ámbitos fundamentales de desarrollo prioritarios de las industrias de alta tecnología, y dichas directrices mencionan claramente la tecnología de fabricación y las materias primas clave del vidrio, incluido el sector del TFV, como ámbito prioritario.

(552)