Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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España presentó su proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima actualizado el 28 de junio de 2023.

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El artículo 3 y el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999 («el Reglamento sobre la gobernanza») establecen los elementos que deben incluirse en los planes nacionales de energía y clima actualizados. En diciembre de 2022, la Comisión adoptó las orientaciones a los Estados miembros sobre el proceso y el alcance de la elaboración tanto del proyecto como de la versión definitiva de los planes nacionales de energía y clima (3). Estas orientaciones especificaban buenas prácticas y describían las implicaciones de la evolución reciente del marco político, legislativo y geopolítico en las políticas energéticas y climáticas.

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En relación con el plan REPowerEU (4), y como parte de los ciclos del Semestre Europeo de 2022 y 2023, la Comisión ha hecho especial hincapié en las necesidades de reformas e inversiones relacionadas con la energía y el clima de los Estados miembros para reforzar la seguridad energética y la asequibilidad acelerando la transición ecológica y justa. Esto se refleja en los informes por país de 2022 y 2023 relativos a España (5) y en las Recomendaciones del Consejo a España (6). Los Estados miembros deben tener en cuenta las recomendaciones específicas por país más recientes en sus planes nacionales integrados de energía y clima actualizados definitivos.

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Las recomendaciones de la Comisión relativas a la consecución de los objetivos nacionales establecidos en el Reglamento de reparto del esfuerzo (7) (RRE) se basan en la probabilidad de que los Estados miembros respeten los objetivos para 2030, teniendo en cuenta las normas para el uso de los mecanismos de flexibilidad previstos en el RRE.

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Las recomendaciones de la Comisión relativas a la captura, la utilización y el almacenamiento de carbono tienen por objeto disponer de una visión general del despliegue previsto de estas tecnologías a nivel nacional, incluida la información sobre: los volúmenes anuales de CO2 que se prevé capturar a 2030, desglosados por fuente de CO2 capturado procedente de instalaciones cubiertas por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) o de otras fuentes, como las fuentes biogénicas o la captura directa de aire; la infraestructura de transporte de CO2 prevista; y la capacidad nacional de almacenamiento de CO2, así como los volúmenes de inyección de CO2, potenciales que se prevé que estén disponibles para 2030.

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Las recomendaciones de la Comisión relativas a la actuación en el marco del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) [sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura («Reglamento UTCUTS»)] se refieren a los resultados del Estado miembro en el compromiso de «deuda cero» para el período 2021-2025 (período 1) y su objetivo nacional para el período 2026-2030 (período 2), teniendo en cuenta las normas que rigen el uso de los mecanismos de flexibilidad establecidos en dicho Reglamento. Las recomendaciones de la Comisión también tienen en cuenta que, en el período 1, cualquier exceso de emisiones en el marco del Reglamento UTCUTS se transferirá automáticamente al RRE.

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Sin políticas y medidas de adaptación específicas, planificadas y aplicadas, peligra la consecución de los objetivos en las dimensiones de la Unión de la Energía. La gestión del agua en condiciones climáticas cambiantes requiere especial atención debido a los riesgos de perturbación en el suministro eléctrico, ya que las inundaciones, el calor y la sequía afectan a la producción de energía.

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Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición en materia de energías renovables se basan en la fórmula establecida en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1999, que se basa en criterios objetivos, y en las principales políticas y medidas que faltan en el PNIEC de España para permitir la consecución oportuna y rentable de la contribución nacional de España al objetivo vinculante de la Unión en materia de energías renovables de al menos el 42,5 % en 2030, con un esfuerzo colectivo por aumentar este porcentaje al 45 % con arreglo a la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables. Las recomendaciones de la Comisión también se basan en la contribución de España a los objetivos específicos de los artículos 15 bis, 22 bis, 23, 24 y 25 de dicha Directiva y en las políticas y medidas conexas para transponerla y ponerla en ejecución rápidamente. Las recomendaciones reflejan la importancia de desarrollar una planificación global a largo plazo para el despliegue de las energías renovables, en particular de la energía eólica, a fin de ofrecer una mayor visibilidad a la industria manufacturera y los gestores de redes europeos, en consonancia con el paquete europeo de energía eólica (11).

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Las recomendaciones de la Comisión relativas a la contribución nacional a la eficiencia energética se basan en el artículo 4 de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) sobre la eficiencia energética y en la fórmula que figura en el anexo I de dicha Directiva, así como las políticas y medidas conexas para aplicarla.

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Las recomendaciones de la Comisión prestan especial atención a las metas, objetivos y contribuciones, así como a las políticas y medidas conexas, para cumplir el plan REPowerEU, con el fin de eliminar rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Tienen en cuenta las lecciones aprendidas de la aplicación del paquete «Ahorrar gas para un invierno seguro» (13). Las recomendaciones reflejan el imperativo de hacer que el sistema energético sea más resiliente, a la luz de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) sobre la seguridad del suministro de gas, y en consonancia con la Recomendación de la Comisión sobre el almacenamiento de energía (16).

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Las recomendaciones de la Comisión tienen en cuenta la necesidad de acelerar la integración del mercado interior de la energía para reforzar el papel de la flexibilidad y capacitar y proteger a los consumidores. Las recomendaciones de la Comisión también tienen en cuenta la importancia de evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, en consonancia con los requisitos del artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1999 y la Recomendación (UE) 2023/2407 de la Comisión (17).

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Las recomendaciones de la Comisión reflejan la importancia de que se dediquen inversiones suficientes a la investigación e innovación en energías limpias para impulsar su desarrollo y capacidades de fabricación, incluidas unas políticas y medidas adecuadas para las industrias y otras empresas con gran consumo de energía, y la necesidad de mejorar las capacidades de la mano de obra para una industria de cero emisiones netas, con el fin de consolidar una economía fuerte, competitiva y limpia dentro de la Unión.

(13)

Las recomendaciones de la Comisión se basan en los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París de reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles, así como en la importancia de eliminar gradualmente las subvenciones a dichos combustibles.

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La recomendación de la Comisión sobre las necesidades de inversión responde a su evaluación sobre si el proyecto de plan actualizado: ofrece una visión general de las necesidades de inversión para alcanzar los objetivos, metas y contribuciones de todas las dimensiones de la Unión de la Energía; indica las fuentes de financiación, distinguiendo entre fuentes públicas y privadas; plantea inversiones coherentes con el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, el Plan Territorial de Transición Justa de España y las recomendaciones específicas por país para 2022-2023 formuladas en el marco del Semestre Europeo; e incluye una sólida evaluación macroeconómica de las políticas y medidas previstas. El PNIEC debe garantizar la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales, a fin de reforzar la seguridad necesaria para invertir.

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Las recomendaciones de la Comisión reflejan la importancia crucial de realizar una amplia consulta regional y de garantizar una consulta temprana e inclusiva sobre el plan, lo que incluye una participación efectiva del público facilitando informaciones y plazos suficientes, en consonancia con el Convenio de Aarhus (18).

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Las recomendaciones de la Comisión sobre la transición justa reflejan la evaluación de si el plan de España identifica con suficiente profundidad las repercusiones sociales, en el empleo y en materia de capacidades de la transición climática y energética, y si describe políticas y medidas de acompañamiento adecuadas para promover una transición justa, contribuyendo al mismo tiempo a la promoción de los derechos humanos y de la igualdad de género.

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Las recomendaciones de la Comisión a España están respaldadas por la evaluación de su proyecto de PNIEC actualizado (19), que se publica junto con la presente Recomendación.

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España debe tener debidamente en cuenta las presentes recomendaciones a la hora de elaborar su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima actualizado definitivo, que debe presentarse a más tardar el 30 de junio de 2024.

(19)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1119 («Legislación Europea sobre el Clima»), la Comisión debe evaluar la coherencia de las medidas nacionales con el objetivo de neutralidad climática y con respecto a garantizar avances en materia de adaptación. La Comisión evaluó la coherencia de las medidas de España con estos objetivos (20). Las recomendaciones formuladas a continuación se basan en esa evaluación. España debe tener debidamente en cuenta las presentes recomendaciones y darles seguimiento, de conformidad con la Legislación Europea sobre el Clima.

(20)

Se necesitan estrategias y planes de adaptación sólidos para que la preparación social, política y económica siga avanzando en consonancia con la Legislación Europea sobre el Clima y se anticipe a los efectos del cambio climático. A fin de ayudar a los Estados miembros a actualizar y aplicar estrategias, planes y políticas nacionales globales de adaptación, la Comisión adoptó un conjunto de directrices en julio de 2023 (21).

(21)

Las comunidades más vulnerables son aquellas con una elevada probabilidad de verse afectadas por el cambio climático. Las diferencias en cuanto a exposición y vulnerabilidad a las repercusiones climáticas existentes entre regiones y grupos socioeconómicos agravan las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes. La resiliencia justa debe reducir el reparto desigual de la carga del riesgo climático y garantizar la equidad en la distribución de los beneficios de la adaptación.

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