Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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La Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA, por sus siglas en inglés) de Europol, de 2021, puso de relieve la creciente amenaza que representan la delincuencia organizada y la infiltración delictiva. Alimentada por los grandes ingresos que genera la delincuencia organizada, que cada año ascienden a un mínimo de 139 000 millones EUR y que se blanquean cada vez más a través de un sistema financiero paralelo encubierto, la disponibilidad del producto de las actividades delictivas plantea una amenaza considerable a la integridad de la economía y la sociedad que erosiona el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. De conformidad con la Comunicación de la Comisión de 14 de abril de 2021 titulada «La Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025», dicha Estrategia pretende abordar los retos que supone la delincuencia organizada impulsando la cooperación y el intercambio de información transfronterizos, apoyando investigaciones eficaces contra las redes delictivas, eliminando el producto de las actividades delictivas y adaptando las fuerzas y cuerpos de seguridad y el poder judicial a la era digital.

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La motivación principal de las organizaciones delictivas, incluidas las redes delictivas de alto riesgo, para operar a través de las fronteras, es la obtención de beneficios financieros. Por lo tanto, para hacer frente a la grave amenaza que supone la delincuencia organizada, es importante que las autoridades competentes dispongan de una mayor capacidad operativa y de los medios necesarios que les permitan seguir e identificar, embargar, decomisar y gestionar eficazmente los instrumentos y productos del delito o los bienes derivados de actividades delictivas.

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Con frecuencia, las organizaciones delictivas reinvierten parte de los beneficios que obtienen de sus actividades delictivas para crear una base financiera que les permita continuar tales actividades. Además, las organizaciones delictivas recurren a menudo a la violencia, las amenazas, la intimidación o la corrupción, para hacerse con el control de empresas, obtener concesiones, autorizaciones, licitaciones o subvenciones, lograr beneficios o ventajas ilícitos, o infiltrarse en infraestructuras fundamentales, tales como los centros logísticos. Por lo tanto, dichas organizaciones afectan negativamente a la libertad de competencia o influyen en las decisiones de las autoridades públicas, lo que supone una amenaza para el Estado de Derecho y la democracia. Las organizaciones delictivas se han convertido en un agente económico a escala mundial con objetivos empresariales. Privar a los delincuentes de beneficios ilícitos es esencial para dificultar sus actividades e impedir que se infiltren en las economías lícitas.

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Los delitos económicos y financieros, en particular de la delincuencia organizada, se cometen a menudo a través de personas jurídicas, y las infracciones penales incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva pueden cometerse a menudo en interés o beneficio de dichas personas jurídicas. Por lo tanto, las resoluciones de embargo y decomiso también pueden dictarse contra personas jurídicas de conformidad con el Derecho nacional.

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Un sistema eficaz de recuperación de activos requiere un seguimiento e identificación rápidos de los instrumentos y productos del delito, así como de los bienes sospechosos de tener origen delictivo. Dichos instrumentos, productos o bienes deben embargarse para evitar su desaparición, tras lo cual deben decomisarse tras la emisión de una resolución de decomiso en el marco de un procedimiento en materia penal. Un sistema eficaz de recuperación de activos requiere, además, una gestión eficaz de los bienes embargados y decomisados para mantener el valor de dichos bienes para el Estado o con vistas a su restitución a las víctimas.

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El actual marco jurídico de la Unión sobre seguimiento e identificación, embargo, decomiso y gestión de los instrumentos, productos o bienes, y sobre los organismos de recuperación de activos, está compuesto por la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la Decisión 2007/845/JAI del Consejo (4) y la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo (5). La Comisión ha evaluado la Directiva 2014/42/UE y la Decisión 2007/845/JAI y ha llegado a la conclusión de que el marco actual no ha alcanzado totalmente el objetivo de luchar contra la delincuencia organizada mediante la recuperación de sus beneficios.

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El marco jurídico vigente debe actualizarse para facilitar y garantizar esfuerzos eficaces de recuperación y decomiso de activos en toda la Unión. Por lo tanto, la presente Directiva debe establecer normas mínimas sobre seguimiento e identificación, embargo, decomiso y gestión de bienes en el marco de un procedimiento en materia penal. En este contexto, «procedimiento en materia penal» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos que pueden utilizar los Estados miembros para embargar y decomisar bienes. Es preciso reforzar la capacidad de las autoridades competentes de privar a los delincuentes del producto de las actividades delictivas. A tal fin, deben establecerse normas para reforzar las capacidades de seguimiento e identificación de activos, así como de embargo, mejorar la gestión de los bienes embargados y decomisados hasta su enajenación a raíz de una resolución de decomiso firme, reforzar los instrumentos para decomisar los instrumentos y productos del delito y los bienes que procedan de las actividades delictivas de organizaciones delictivas y mejorar la eficiencia global del sistema de recuperación de activos.

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La presente Directiva debe facilitar la cooperación transfronteriza al proporcionar a las autoridades competentes las competencias y recursos necesarios para responder rápida y eficazmente a las solicitudes cursadas por autoridades de otros Estados miembros. Las disposiciones que establecen normas sobre seguimiento e identificación tempranos, medidas urgentes de embargo o gestión eficiente contribuyen a mejorar las posibilidades de recuperación de activos a través de las fronteras. Dado el carácter global de la delincuencia organizada y su capacidad para transferir rápidamente activos de origen delictivo a través de las fronteras, debe también reforzarse la cooperación con terceros países dentro del marco jurídico internacional.

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Debido al carácter polidelictivo y a la cooperación sistémica y orientada a la obtención de beneficios entre las organizaciones delictivas que participan en toda clase de actividades ilícitas en diferentes mercados, la lucha eficaz contra la delincuencia organizada requiere poder aplicar medidas de embargo y decomiso a los beneficios de todas las infracciones penales en las que intervienen grupos delictivos organizados. Tales delitos incluyen los ámbitos delictivos enumerados en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además de los delitos enumerados en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe abarcar todos los delitos armonizados a escala de la Unión, incluidos los fraudes contra los intereses financieros de la Unión, dada la creciente actividad de grupos delictivos organizados en tales delitos. El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe incluir también los delitos medioambientales, negocio esencial de los grupos delictivos organizados que a menudo va ligado al blanqueo de capitales o atañe a desechos y residuos generados en el contexto de la producción y el tráfico de drogas. La ayuda a la entrada y estancia irregulares es una actividad esencial de los grupos delictivos organizados y suele estar relacionada con la trata de seres humanos. La infracción penal de ayuda a la entrada y la estancia irregulares debe entenderse en el sentido de la Directiva 2002/90/CE del Consejo (6) y de la Decisión Marco 2002/946/JAI del Consejo (7). La Decisión Marco 2002/946/JAI dispone la posibilidad de acompañar las sanciones penales con el decomiso de los medios de transporte utilizados para cometer el delito, al tiempo que establece claramente que sus disposiciones se aplican sin perjuicio de la protección concedida a los refugiados y solicitantes de asilo con el fin de prestar asistencia humanitaria con arreglo al Derecho internacional.

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Además del delito de participación en una organización delictiva en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo (8), deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva otras infracciones penales, contempladas en el artículo 1, punto 1, de la Decisión Marco 2008/841/JAI y definidas en el Derecho nacional, en la medida en que se cometan en el marco de una organización delictiva a que se refiere el artículo 1, punto 1, de la Decisión Marco 2008/841/JAI y tal como se define en el Derecho nacional, con el fin de hacerse con los beneficios ilícitos derivados de actividades delictivas que suelen llevar a cabo las organizaciones delictivas. Se anima en particular a los Estados miembros a garantizar que se incluyan en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los delitos de violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y la falsificación de mercancías, el tráfico ilícito de bienes culturales, la falsificación y el tráfico de documentos administrativos, el homicidio voluntario o la agresión con lesiones graves, el tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, el secuestro, la detención ilegal o la toma de rehenes, el robo organizado o a mano armada, el chantaje y la extorsión, el tráfico de vehículos robados, los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos, los incendios provocados, el fraude y la estafa, el tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos y los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la presente Directiva no obliga a ningún Estado miembro a introducir o mantener infracción penal alguna.

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Para garantizar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas de la Unión, es preciso ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva a las infracciones penales reguladas por la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

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A fin de hacerse con los bienes que podrían ser transformados y transferidos para ocultar su origen y garantizar la armonización y claridad de las definiciones en toda la Unión, deben definirse de manera amplia los bienes que pueden ser objeto de embargo y decomiso. Dicha definición debe incluir, también en su formato electrónico o digital, los documentos o instrumentos jurídicos acreditativos de un título o derecho sobre bienes sujetos a embargo y decomiso, como, por ejemplo, instrumentos financieros, fideicomisos del tipo «trust» o documentos que puedan considerarse títulos de crédito y que normalmente obran en posesión de la persona afectada por el procedimiento de que se trate. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos nacionales vigentes en materia de posesión de documentos o instrumentos jurídicos acreditativos de un título o derecho sobre bienes, aplicados por las autoridades nacionales competentes o los organismos públicos de conformidad con el Derecho nacional. La definición de bienes debe abarcar todas las formas de bienes, incluidos los criptoactivos.

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A fin de hacerse con los bienes que podrían ser transformados y transferidos para ocultar su origen y garantizar la armonización y claridad de las definiciones en toda la Unión, debe ofrecerse una definición amplia de «producto del delito» que incluya el producto directo de las actividades delictivas y todos los beneficios indirectos, incluida la posterior reinversión o transformación del producto directo, en consonancia con las definiciones del Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Por lo tanto, el producto debe incluir todos los bienes, incluidos los bienes que hayan sido transformados o convertidos, total o parcialmente, en otros bienes, y los bienes que hayan sido entremezclados con bienes adquiridos legítimamente, hasta el valor estimado del producto entremezclado. También debe incluir los ingresos u otros beneficios que procedan del producto del delito o de bienes procedentes de la transformación, conversión o mezcla de dicho producto.

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El seguimiento e identificación de bienes en una fase temprana de una investigación penal es fundamental para garantizar la rápida identificación de los instrumentos, productos o bienes que podrían decomisarse posteriormente, incluidos los bienes relacionados con actividades delictivas que se encuentren en otras jurisdicciones, por lo que facilita la cooperación transfronteriza. Para garantizar que las investigaciones financieras sean suficientemente prioritarias en todos los Estados miembros y poder así hacer frente a un delito de carácter transfronterizo, es necesario exigir a las autoridades competentes que pongan en marcha el seguimiento de activos desde el momento en que existan sospechas de actividad delictiva que puedan generar un beneficio económico sustancial. A la hora de determinar si el beneficio económico puede ser sustancial, los Estados miembros deben poder fijar umbrales mínimos para el valor del producto esperado o permitir una evaluación caso por caso por parte de las autoridades competentes. A fin de que la puesta en marcha de las investigaciones financieras sea suficientemente flexible, los Estados miembros deben poder limitar su ámbito a infracciones penales que puedan haber sido cometidas en el marco de una organización delictiva. Con el fin de garantizar la eficacia de las investigaciones financieras, los Estados miembros deben proporcionar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios.

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A fin de garantizar la aplicación efectiva de sus medidas restrictivas, la Unión ha establecido normas mínimas comunes en relación con las definiciones de comportamientos delictivos que vulneran las medidas restrictivas de la Unión. Para facilitar la detección de infracciones penales relacionadas con la vulneración de medidas restrictivas de la Unión, es importante facultar a los organismos de recuperación de activos para que puedan, a raíz de una petición de las autoridades nacionales competentes basada en indicios y motivos razonables para creer que se han cometido tales infracciones penales, seguir e identificar los bienes de personas y entidades sujetas a dichas medidas restrictivas. Esas competencias deben entenderse sin perjuicio de los requisitos y garantías procesales establecidos en el Derecho nacional, incluidas las normas sobre la incoación de un proceso penal o, en su caso, el requisito de obtener una autorización judicial.

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Teniendo en cuenta que un seguimiento e identificación eficaz de los bienes podría requerir medidas de seguimiento e identificación que harían necesaria la intervención de otras autoridades, es importante que los organismos de recuperación de activos puedan solicitar a las autoridades pertinentes que cooperen. Las condiciones para tales solicitudes están sujetas al Derecho nacional. Los Estados miembros pueden incluir a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales en el personal de sus organismos de recuperación de activos o establecer organismos de recuperación de activos tanto dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad como del poder judicial.

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Dado el carácter transnacional de las finanzas utilizadas por los grupos delictivos organizados, los Estados miembros deben intercambiar rápidamente información que pueda conducir a la identificación de los instrumentos y productos del delito y otros bienes que sean propiedad o estén bajo el control de delincuentes. Para ello, es preciso facultar a los organismos de recuperación de activos para seguir e identificar bienes que podrían decomisarse posteriormente, garantizar que tengan acceso a la información necesaria en condiciones claras y establecer normas sobre el intercambio rápido de información entre ellos, ya sea de forma espontánea o previa solicitud. En casos urgentes en los que exista un riesgo de desaparición de los bienes, las respuestas a las solicitudes de información deben cursarse lo antes posible, y en un plazo de ocho horas. La obligación de que los organismos de recuperación de activos sigan e identifiquen los instrumentos, productos o bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso dictada por otro Estado miembro tiene por objeto facilitar la elaboración o ejecución de las resoluciones de embargo de otros Estados miembros, pero no implica la obligación de reconocer tales resoluciones en virtud del Reglamento (UE) 2018/1805.

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A fin de llevar a cabo investigaciones eficaces de seguimiento de activos y responder rápidamente a las solicitudes transfronterizas, los organismos de recuperación de activos deben tener acceso a la información necesaria para determinar la existencia, propiedad o control de bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso. Por consiguiente, los organismos de recuperación de activos deben tener acceso inmediato y directo a datos pertinentes, tales como información sobre bienes inmuebles, registros nacionales de ciudadanía y población, bases de datos comerciales y bases de datos de vehículos, además del acceso a la información sobre cuentas bancarias en virtud de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) y a la información sobre la titularidad real en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). El acceso y las búsquedas deben considerarse inmediatos y directos, entre otros casos, cuando las autoridades nacionales que gestionan un registro transmitan la información con la mayor rapidez a las autoridades competentes mediante mecanismos automatizados, siempre que ninguna institución intermediaria pueda interferir en los datos solicitados o en la información que se haya de proporcionar. Además, los Estados miembros deben garantizar que los organismos de recuperación de activos tengan un acceso rápido, ya sea de manera inmediata y directa o previa solicitud, a otra información que pueda ser útil para identificar bienes pertinentes, como información sobre hipotecas y préstamos, datos aduaneros o información sobre transferencias electrónicas y saldos en cuenta, así como datos fiscales, datos de la seguridad social e información que obre en poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo que se refiere a los datos fiscales, los datos de la seguridad social nacional y la información que obre en poder de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los Estados miembros deben poder decidir dar acceso a dicha información a los organismos de recuperación de activos en respuesta a solicitudes motivadas y podrán permitir que las autoridades que posean dicha información denieguen el acceso a dicha información en determinadas condiciones, a fin de garantizar la integridad de las investigaciones, la confidencialidad de la información facilitada por otro Estado miembro o tercer país y la proporcionalidad de las solicitudes de información con respecto a los intereses legítimos de una persona física o jurídica. El acceso a la información debe estar sujeto a salvaguardias específicas que eviten un uso indebido de los derechos de acceso. Esas salvaguardias complementan los requisitos de conservación de registros de los accesos y las actividades de búsqueda de conformidad con el artículo 25 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Otorgar acceso a esta información no impide a los Estados miembros supeditarlo a las garantías procesales que establezca su Derecho nacional, atendiendo debidamente a la necesidad de que los organismos de recuperación de activos estén en condiciones de responder rápidamente a solicitudes transfronterizas. La aplicación de garantías procesales no debe afectar a la capacidad de los organismos de recuperación de activos de responder a las solicitudes de otros Estados miembros, especialmente cuando se trate de solicitudes urgentes.

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A fin de garantizar la seguridad de la información compartida entre los organismos de recuperación de activos, todos los organismos de recuperación de activos deben poder acceder directamente a la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA, por sus siglas en inglés), gestionada por Europol con arreglo al Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). Es preciso utilizar SIENA o, cuando sea necesario con carácter excepcional, otros canales seguros para toda comunicación entre los organismos de recuperación de activos en virtud de la presente Directiva. Utilizar otro canal seguro podría ser necesario en casos excepcionales, por ejemplo, cuando la urgencia de la solicitud de información requiera el uso temporal de otro canal de comunicación, cuando el intercambio de información requiera la participación de terceros países o de organizaciones internacionales o cuando existan razones objetivas para pensar que dicha participación va a ser necesaria en una fase ulterior. Debe entenderse que la referencia a SIENA se aplica también a su sucesor, en caso de que SIENA se sustituya.

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Habida cuenta de la rapidez con la que los delincuentes trasladan activos de origen delictivo de una jurisdicción a otra, los Estados miembros deben garantizar que los organismos de recuperación de activos intercambien con agilidad la información necesaria para el desempeño de sus cometidos. En casos excepcionales, podría estar objetivamente justificado que los organismos de recuperación de activos se negaran a facilitar información a otro organismo de recuperación de activos solicitante si hacerlo perjudicaría los intereses de seguridad nacional del Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperación de activos que recibe la solicitud, pone en peligro investigaciones en curso u operaciones de inteligencia criminal o plantea una amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona, o si la información resulta claramente desproporcionada o irrelevante con respecto a los fines para los que se ha solicitado. Al evaluar el cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad, los organismos de recuperación de activos deben actuar con la diligencia debida, también en relación con el respeto de los derechos fundamentales.

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Embargo y decomiso son, en virtud de la presente Directiva, dos conceptos independientes que no deben impedir a los Estados miembros aplicar lo dispuesto en la presente Directiva con instrumentos que, con arreglo al Derecho nacional, sean considerados como sanciones u otro tipo de medidas.

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El decomiso conduce a la privación definitiva de los bienes. No obstante, la preservación de los bienes puede ser un requisito previo al decomiso y es a menudo fundamental para la ejecución efectiva de una resolución de decomiso. Los bienes se preservan mediante el embargo. Para evitar la desaparición de los bienes, las autoridades competentes de los Estados miembros, entre las que podrían estar incluidos los organismos de recuperación de activos, deben estar facultadas para adoptar medidas inmediatas, que podrían adoptar la forma de órdenes, para preservar esos bienes hasta que se haya dictado una resolución de embargo. Dado el carácter excepcional de dicha medida, los Estados miembros deben limitar su validez temporal.

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Cuando las autoridades competentes no puedan adoptar medidas inmediatas, los Estados miembros deben permitir que los organismos de recuperación de activos adopten dichas medidas. Esas medidas podrían ser necesarias, en particular, cuando un organismo de recuperación de activos, a raíz de una solicitud de un organismo de recuperación de activos de otro Estado miembro, haya seguido e identificado bienes que podrían desaparecer muy rápidamente, como criptoactivos, y cuando las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperación de activos que recibe la solicitud no puedan adoptar medidas inmediatas sin una investigación penal en dicho Estado miembro. Los organismos de recuperación de activos deben poder preservar los activos hasta que sea posible dictar una resolución europea de embargo con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1805.

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Habida cuenta de la injerencia en el derecho a la propiedad causada por las resoluciones de embargo, dichas medidas provisionales no deben mantenerse más allá de lo necesario para preservar la disponibilidad de los bienes con vistas a su posible decomiso ulterior. Mantener tales medidas provisionales podría requerir que un órgano jurisdiccional nacional proceda a una revisión con objeto de garantizar que la finalidad de evitar la desaparición de los bienes siga siendo válida.

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Las medidas de embargo deben entenderse sin perjuicio de que un bien específico pueda considerarse como un elemento de prueba a lo largo del procedimiento, siempre y cuando esté disponible en última instancia para la ejecución efectiva de la resolución de decomiso. Puede realizarse el embargo de un bien también en el contexto de un proceso penal con vistas a una posible restitución ulterior o como garantía de una indemnización por daños y perjuicios provocados por una infracción penal.

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Además de las medidas de decomiso, que permiten a las autoridades privar a los delincuentes de los instrumentos o productos, previa sentencia condenatoria firme, es necesario permitir el decomiso de bienes de valor equivalente a dichos instrumentos o productos a fin de hacerse con bienes de valor equivalente a los instrumentos y productos de un delito cuando sea imposible decomisar dichos instrumentos y productos. Los Estados miembros son libres de definir el decomiso de bienes de valor equivalente con carácter subsidiario o alternativo al decomiso de los instrumentos y productos, según proceda de conformidad con el Derecho nacional.

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Al aplicar la presente Directiva con respecto al decomiso de bienes cuyo valor corresponda a instrumentos, las disposiciones pertinentes deben ser aplicables cuando, a la vista de las circunstancias concretas del asunto, tal medida sea proporcionada, habida cuenta en particular del valor de los instrumentos de que se trate. Los Estados miembros pueden tener en cuenta asimismo el hecho de que la persona condenada sea responsable o no de la imposibilidad de proceder al decomiso de los instrumentos, así como el alcance de esa responsabilidad.

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Es práctica común y extendida que una persona sospechosa o acusada transfiera bienes o productos a un tercero con su conocimiento a fin de evitar el decomiso. La adquisición por un tercero se refiere a situaciones en las que, por ejemplo, los bienes han sido adquiridos por el tercero, directa o indirectamente, por ejemplo, mediante un intermediario, de manos de una persona sospechosa o acusada, también cuando la infracción penal haya sido cometida en su nombre o en su beneficio, y en las que la persona acusada carezca de bienes que puedan decomisarse. Tal decomiso debe ser posible al menos en aquellos casos en que se haya determinado que los terceros en cuestión tenían o habrían debido tener conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisición era evitar el decomiso. Debe evaluarse si un tercero tenía o hubiera debido tener tal conocimiento, atendiendo a hechos y circunstancias concretos, por ejemplo, que la transferencia se haya realizado gratuitamente o a cambio de un importe claramente desproporcionado con respecto al valor de mercado, que el bien se haya transferido a partes estrechamente relacionadas o que haya permanecido bajo el control efectivo de la persona sospechosa o acusada. Las transferencias a partes estrechamente relacionadas con la persona sospechosa o acusada pueden incluir transferencias a miembros de la familia o a personas físicas que tengan acuerdos jurídicos, o cualquier otra relación comercial estrecha, con la persona sospechosa o acusada, o transferencias a personas jurídicas de cuyos órganos de administración, gestión o supervisión forme parte la persona sospechosa o acusada, o algún miembro de su familia. Las normas sobre decomiso de terceros deben hacerse extensivas a las personas tanto físicas como jurídicas, sin perjuicio del derecho de los terceros a ser oídos, incluido el derecho a reclamar la propiedad de los bienes en cuestión. En cualquier caso, deben protegerse con arreglo al Derecho nacional los derechos de terceros que actúen de buena fe.

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Las organizaciones delictivas realizan toda clase de actividades delictivas. Para hacer frente de forma eficaz a las actividades de la delincuencia organizada, pueden darse situaciones en las que convenga que, tras la resolución penal condenatoria por una infracción penal que pueda dar lugar a beneficios económicos, se proceda al decomiso, no solo de los bienes asociados con un determinado delito, incluidos sus productos o sus instrumentos, sino también de bienes adicionales que el órgano jurisdiccional determine que son producto de comportamientos delictivos. Tal decomiso ampliado debe ser posible en caso de que un órgano jurisdiccional haya resuelto que los bienes en cuestión proceden de comportamientos delictivos, sin necesidad de una sentencia condenatoria por tales comportamientos delictivos. El comportamiento delictivo pertinente puede consistir en cualquier tipo de delito. No es necesario probar las distintas infracciones penales, pero el órgano jurisdiccional debe resolver que los bienes en cuestión proceden de tales comportamientos delictivos. En este contexto, el órgano jurisdiccional tiene que examinar las circunstancias específicas del caso, incluidos los hechos y pruebas disponibles en los que pueda basarse la decisión de decomiso ampliado. El hecho de que los bienes de la persona no guarden proporción con los ingresos lícitos de dicha persona puede ser uno de los elementos que induzcan al órgano jurisdiccional a resolver que los bienes proceden de un comportamiento delictivo. Los Estados miembros también pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que los bienes proceden de un comportamiento delictivo.

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El decomiso debe ser posible cuando no sea posible una sentencia condenatoria firme por motivo de enfermedad, fuga o muerte de la persona sospechosa o acusada. El decomiso también debe ser posible cuando los plazos de prescripción establecidos por el Derecho nacional para las infracciones penales pertinentes sean inferiores a quince años y hayan expirado tras la incoación del proceso penal. En tales casos, el decomiso solo debe permitirse cuando el proceso penal hubiera podido conducir a una condena firme por infracción penal de no haberse dado dichas circunstancias, al menos en relación con los delitos que puedan dar lugar, directa o indirectamente, a un beneficio económico sustancial, y cuando el órgano jurisdiccional haya resuelto que los instrumentos, productos o bienes que deban decomisarse proceden de la infracción penal o están directa o indirectamente relacionados con esta. En los casos de enfermedad o fuga, la existencia en los Estados miembros de procedimientos en ausencia del acusado debe ser suficiente para cumplir la obligación de permitir dicho decomiso. Es importante recordar que organismos internacionales han señalado el potencial del decomiso en ausencia de una condena para abordar los obstáculos para el decomiso de beneficios ilícitos como consecuencia de la inmunidad o la amnistía.

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A efectos de la presente Directiva, por «enfermedad» debe entenderse la imposibilidad de la persona sospechosa o acusada de comparecer en el proceso penal durante un período prolongado de tiempo y que, en consecuencia, exista el riesgo de que expiren los plazos establecidos en el Derecho nacional para la responsabilidad penal y tal proceso no pueda continuar.

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Debe ser posible decomisar bienes que hayan sido identificados o, cuando el ordenamiento jurídico nacional así lo exija, embargados en el contexto de una investigación en relación con una infracción penal atendiendo a indicios de que los bienes podrían proceder de un comportamiento delictivo incluso en situaciones en las que las medidas de decomiso de los artículos 12 a 15 no se apliquen por razones jurídicas o fácticas determinadas por el Derecho nacional. Tales bienes deben decomisarse cuando el órgano jurisdiccional haya resuelto que proceden de comportamientos delictivos cometidos en el marco de una organización delictiva y cuando dichos comportamientos puedan dar lugar, directa o indirectamente, a un beneficio económico sustancial. A la hora de determinar si un comportamiento delictivo puede dar lugar a un beneficio económico sustancial, los Estados miembros pueden tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluido el modus operandi, por ejemplo en caso de que una de las condiciones del delito sea que se haya cometido en el contexto de la delincuencia organizada o con la intención de generar beneficios periódicos mediante infracciones penales. Los Estados miembros deben permitir el decomiso de este patrimonio no explicado cuando la investigación en la que se hayan identificado los bienes se refiera a un delito comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que lleve aparejada una pena privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años. Esa condición garantiza que la posibilidad de decomiso de patrimonio no explicado surja en las investigaciones penales de infracciones penales que alcancen un determinado umbral de gravedad.

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Al aplicar las normas nacionales de transposición de la presente Directiva, las autoridades nacionales competentes pueden optar por no ordenar o por no ejecutar el decomiso de patrimonio no explicado cuando, en el caso en cuestión, la aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva sería manifiestamente irrazonable o desproporcionada. Los Estados miembros también pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que los bienes proceden de tal comportamiento delictivo. Los Estados miembros deben garantizar el respeto de los derechos procesales adecuados de la persona afectada. Deben protegerse con arreglo al Derecho nacional los derechos de terceros que actúen de buena fe.

(34)

Si bien no debe ser requisito previo para el decomiso de patrimonio no explicado probar los distintos delitos, debe haber suficientes hechos y circunstancias para que el órgano jurisdiccional resuelva que los bienes en cuestión proceden de infracciones penales. El comportamiento delictivo pertinente puede consistir en cualquier tipo de delito cometido en el marco de una organización delictiva y que pueda generar un beneficio económico sustancial, lo que le confiere un carácter grave. A la hora de determinar si deben decomisarse los bienes, los órganos jurisdiccionales nacionales deben atender a todas las circunstancias pertinentes del caso, incluidos los hechos específicos y las pruebas disponibles, tales como que el valor de los bienes sea muy desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos de la persona. Otro factor pertinente que podría tenerse en cuenta es la ausencia de una procedencia lícita verosímil del bien, ya que la procedencia de un bien adquirido legalmente normalmente puede justificarse. La relación de la persona con las actividades de una organización delictiva también podría ser pertinente, así como otras circunstancias, como la situación en la que se encontró el bien o indicios de participación en actividades delictivas. La evaluación debe realizarse caso por caso, en función de las circunstancias del caso. Los Estados miembros deben poder autorizar el decomiso de patrimonio no explicado cuando se archive el proceso penal o emitir una resolución de decomiso independiente del proceso penal sobre el delito.

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La presente Directiva no impide a los Estados miembros adoptar medidas que permitan el decomiso de patrimonio no explicado por otros delitos o circunstancias. El objeto de la presente Directiva se limita a los procedimientos en materia penal y, por lo tanto, la presente Directiva no se aplica a las medidas de decomiso en procedimientos en materia civil que los Estados miembros puedan haber establecido.

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El seguimiento e identificación de los bienes que deben embargarse y decomisarse debe ser posible incluso después de una sentencia condenatoria firme por una infracción penal o tras un proceso que implique un decomiso no basado en una sentencia condenatoria. Ello no impide a los Estados miembros establecer plazos razonables después de la sentencia condenatoria firme o la resolución definitiva en procesos que impliquen un decomiso no basado en una sentencia condenatoria tras cuya expiración ya no será posible el seguimiento e identificación.

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Teniendo en cuenta que las actividades delictivas pueden causar un gran perjuicio a las víctimas, es fundamental proteger sus derechos, incluidos los derechos a indemnización y restitución. Por consiguiente, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las reclamaciones de restitución e indemnización de las víctimas contra la persona objeto de una medida de decomiso como consecuencia de una infracción penal se tengan en cuenta en los procedimientos de seguimiento, embargo y decomiso de activos, incluidos los transfronterizos. Además, con el fin de facilitar la indemnización y restitución de los bienes a las víctimas, es necesario facilitar el seguimiento de los bienes que podrían ser objeto de tales reclamaciones, así como el intercambio de información entre las autoridades competentes para el seguimiento de activos y las autoridades competentes para decidir sobre las reclamaciones de las víctimas o para ejecutar dichas decisiones.

(38)

La reutilización social de los bienes decomisados transmite a la sociedad en general un mensaje claro sobre la importancia de valores como la justicia y la legalidad, reafirma la prevalencia del Estado de Derecho en las comunidades más directamente afectadas por la delincuencia organizada y refuerza la resiliencia de estas comunidades frente a la infiltración delictiva en su tejido social y económico, como se observa en los Estados miembros que ya han adoptado tales medidas de reutilización social. Por consiguiente, se anima a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para permitir que los bienes decomisados se utilicen con fines de interés público o sociales, de modo que sea posible mantener los bienes decomisados como bienes del Estado con fines judiciales, policiales, de servicio público, sociales o económicos o transferir dichos bienes decomisados a las autoridades del municipio o la región en que se ubiquen a fin de que dichas autoridades puedan utilizarlos para tales fines, incluida su cesión a organizaciones que lleven a cabo actividades de interés social. El uso de bienes decomisados para tales fines se entiende sin perjuicio de la autonomía presupuestaria de los Estados miembros.

(39)

Los Estados miembros también deben poder utilizar los bienes decomisados para contribuir a mecanismos de apoyo a los países terceros afectados por situaciones en respuesta a las cuales se han adoptado medidas restrictivas de la Unión, en la medida en que el delito cometido esté directa o indirectamente relacionado con dicha situación. La Comisión debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y con terceros países y puede proporcionar orientaciones sobre los procedimientos y mecanismos financieros más eficaces de que se disponible para apoyar a dichos terceros países con vistas a promover el uso de instrumentos, productos o bienes decomisados con ese fin.

(40)

Se anima a los Estados miembros a que adopten las medidas adecuadas para impedir que, en el curso de la enajenación de bienes a raíz de una resolución de decomiso, las personas condenadas en el proceso penal en el que los bienes hayan sido embargados los adquieran directa o indirectamente. Tales medidas pueden limitarse a los bienes que superen un determinado valor, y pueden incluir la exclusión de determinados tipos de entidades de la participación en la venta de los bienes, la exigencia de documentación al comprador o la evaluación de los posibles vínculos del comprador con la persona condenada. Los Estados miembros pueden aplicar tales medidas también a la venta de bienes embargados.

(41)

Para garantizar que los bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso mantengan su valor económico, los Estados miembros deben establecer medidas de gestión eficaces. Tales medidas incluyen la gestión eficiente de entidades, como las empresas, que deban mantenerse en funcionamiento, adoptando al mismo tiempo las medidas necesarias para garantizar que la persona sospechosa o acusada no se beneficie directa ni indirectamente de las operaciones en curso de tal entidad o, cuando proceda, medidas de supervisión en lo que respecta al control de dicha entidad.

(42)

Cuando ello esté justificado por la naturaleza de los bienes, también por su valor o por la necesidad de unas condiciones de gestión específicas, debe llevarse a cabo, al elaborar la resolución de embargo o, a más tardar, sin demora indebida tras su ejecución, una evaluación de la manera de minimizar los costes de gestión y preservar el valor de los bienes. El objetivo de esta evaluación es proporcionar a las autoridades competentes las consideraciones pertinentes que deben tenerse en cuenta antes, durante o después de la adopción o ejecución de la resolución de embargo. Los Estados miembros pueden proporcionar orientaciones sobre la manera de llevar a cabo dicha evaluación teniendo en cuenta las circunstancias de los bienes que deban embargarse y garantizando que la evaluación no comprometa la ejecución oportuna de la resolución de embargo.

(43)

En situaciones en las que se pueda presumir razonablemente que los bienes embargados son perecederos, se deprecian con rapidez, que sus costes de mantenimiento son desproporcionados con respecto a su valor previsto en el momento del decomiso, que sean demasiado difíciles de administrar o que sean fácilmente sustituibles, los Estados miembros deben permitir la venta de dichos bienes antes de que se dicte una resolución de decomiso firme. De conformidad con el Derecho nacional, la decisión sobre la venta de bienes de naturaleza específica podría estar sujeta a la aprobación previa de una autoridad nacional competente. Antes de adoptar tal decisión, los Estados miembros deben asegurarse de que la persona afectada, salvo en los casos en que se haya fugado o no pueda ser localizada, reciba una notificación y, excepto en caso de urgencia, tenga la oportunidad de ser oída antes de la venta. Los Estados miembros deben ofrecer la posibilidad de recurrir una resolución de venta anticipada. Los Estados miembros deben prever la posibilidad de que un órgano jurisdiccional suspenda la ejecución de tal resolución, por ejemplo, cuando sea necesario para salvaguardar los intereses legítimos de la persona afectada, en particular cuando exista el riesgo de que se produzca un perjuicio irreparable. Los Estados miembros también pueden establecer por ley la posibilidad de otorgar al recurso un efecto suspensivo. Los Estados miembros deben poder exigir que los costes de la gestión de los bienes embargados se cobren al titular o al titular real de los bienes, por ejemplo, como alternativa a una resolución de venta anticipada y en caso de sentencia condenatoria firme.

(44)

Los Estados miembros deben crear o designar una o más autoridades competentes que actúen como organismos de gestión de activos a fin de establecer autoridades especializadas con la misión de gestionar los bienes embargados y decomisados a fin de gestionar eficazmente los bienes embargados antes del decomiso y preservar su valor en espera de una resolución de decomiso firme y la enajenación de los bienes a raíz de tal resolución. Sin perjuicio de las estructuras administrativas internas de los Estados miembros, los organismos de gestión de activos deben ser la única autoridad que gestione los bienes embargados y decomisados o prestar apoyo a los agentes descentralizados con arreglo a las estructuras de gestión nacionales y asistir a las autoridades pertinentes en la planificación. La presente Directiva no determina la naturaleza jurídica o institucional de los organismos de gestión de activos y se entiende sin perjuicio de los sistemas institucionales de los Estados miembros.

(45)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), según los interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.

(46)

Las resoluciones de embargo y decomiso afectan sustancialmente a los derechos de las personas sospechosas o acusadas y, en determinados casos, a los derechos de terceros o de otras personas no procesadas. La presente Directiva debe disponer garantías específicas y recursos judiciales a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de tales personas cuando se aplique la presente Directiva, en consonancia con el derecho a un juez imparcial, el derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta.

(47)

Las resoluciones de embargo, decomiso y venta anticipada deben comunicarse sin demora indebida a la persona afectada. No obstante, los Estados miembros deben poder establecer el derecho de las autoridades competentes a aplazar la comunicación de las resoluciones de embargo a la persona afectada cuando lo requieran las necesidades de la investigación. El objetivo de comunicar dichas resoluciones es, entre otros, permitir que la persona afectada las impugne. Por lo tanto, dicha comunicación debe, por regla general, indicar el motivo o motivos de la resolución en cuestión. Cuando la identidad o el paradero de la persona afectada sean desconocidos, o cuando la comunicación a cada una de las personas afectadas supondría una carga desproporcionada para una autoridad competente, la comunicación debe poder hacerse mediante un anuncio público.

(48)

La persona afectada debe tener la posibilidad efectiva de impugnar las resoluciones de embargo, decomiso y venta anticipada. En el caso de las resoluciones de decomiso en las que se den todos los elementos de una infracción penal, pero sea imposible una condena penal, el acusado debe tener la posibilidad de ser oído antes de que se dicte la resolución, cuando sea posible. En el caso de las resoluciones de decomiso en virtud de las disposiciones sobre el decomiso ampliado y el decomiso de patrimonio no explicado, las circunstancias que la persona afectada podría impugnar cuando impugne la resolución de decomiso ante un órgano jurisdiccional deben incluir los hechos específicos y las pruebas disponibles sobre cuya base se considere que los bienes de que se trate proceden de comportamientos delictivos.

(49)

Al aplicar la presente Directiva y basándose en las circunstancias de cada caso, los Estados miembros pueden establecer que, en circunstancias excepcionales, no se ordene o no se ejecute el decomiso en la medida en que, de conformidad con el Derecho nacional, la persona afectada pueda quedar en una situación de penuria injustificada.

(50)

Si bien los Estados miembros están obligados a garantizar que las personas cuyos bienes se vean afectados por las medidas previstas en la presente Directiva tengan derecho a la asistencia letrada durante todo el procedimiento de embargo y decomiso, la presente Directiva no afecta a las normas aplicables a la prestación de asistencia jurídica gratuita.

(51)

La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2012/29/UE (17), 2013/48/UE (18), 2014/60/UE (19), (UE) 2016/343 (20), (UE) 2016/800 (21) y (UE) 2016/1919 (22) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(52)

Es de particular importancia garantizar la protección de los datos personales, de acuerdo con el Derecho de la Unión, en relación con el tratamiento de datos en virtud de la presente Directiva. Por lo tanto, las disposiciones de la presente Directiva deben adaptarse a la Directiva (UE) 2016/680. En particular, debe especificarse que cualquier dato personal intercambiado por los organismos de recuperación de activos debe limitarse a las categorías de datos enumeradas en el anexo II, sección B, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/794. La Directiva (UE) 2016/680 se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades nacionales competentes, y en particular los organismos de recuperación de activos, a efectos de la presente Directiva.

(53)

Es de particular importancia garantizar la protección de los datos personales, de acuerdo con el Derecho de la Unión, en relación con todos los intercambios de información efectuados en virtud de la presente Directiva. A tal fin, en lo que respecta al tratamiento de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, las normas de protección de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 serán aplicables en relación con las medidas adoptadas en virtud de la presente Directiva. La Directiva (UE) 2016/680 establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales en consonancia con un conjunto de principios relativos al tratamiento de datos personales, en particular la licitud, la equidad y la transparencia, la limitación de la finalidad, la minimización de datos, la exactitud, la limitación del plazo de conservación, la integridad y la confidencialidad y la rendición de cuentas. Cuando proceda, y en particular en relación con el tratamiento de datos personales por parte de los organismos de gestión de activos a efectos de la gestión de bienes, serán aplicables las normas de protección de datos establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(54)

Un sistema de recuperación eficaz requiere de los esfuerzos concertados de autoridades muy diversas, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellas las autoridades aduaneras, las administraciones tributarias y las autoridades encargadas del cobro de deudas tributarias, en la medida en que sean competentes en relación con la recuperación de activos, hasta los organismos de recuperación de activos, las autoridades judiciales y las autoridades de gestión de activos, incluidos los organismos de gestión de activos. Para garantizar una actuación coordinada de todas las autoridades competentes, es preciso establecer un enfoque más estratégico de la recuperación de activos e impulsar una mayor cooperación entre las autoridades pertinentes, así como alcanzar una visión de conjunto clara de los resultados de la recuperación de activos. También es necesario garantizar una cooperación más estrecha y eficaz entre los organismos de recuperación de activos y los organismos de gestión de activos y sus homólogos de otros Estados miembros. Para ello, los Estados miembros deben adoptar y revisar periódicamente una estrategia nacional de recuperación de activos que oriente las actuaciones en materia de investigaciones financieras, embargo y decomiso, gestión, y enajenación definitiva de los instrumentos, productos o bienes pertinentes. Los Estados miembros pueden decidir el formato adecuado de dicha estrategia, que puede tener en cuenta sus respectivos marcos constitucionales. La presente Directiva debe establecer los elementos que deben incluirse en dicha estrategia, como una descripción de las funciones y responsabilidades de todas las autoridades competentes que participan en la recuperación de activos y los mecanismos de coordinación y cooperación entre ellas, sin determinar el tipo concreto de información que debe incluirse en dicha estrategia. Además, los Estados miembros deben brindar a las autoridades competentes los recursos necesarios para que puedan desempeñar eficazmente sus cometidos. Las autoridades competentes deben entenderse como las autoridades a las que se ha encomendado el cumplimiento de los cometidos contemplados en la presente Directiva y de conformidad con los marcos nacionales.

(55)

Los Estados miembros deben garantizar que los organismos de gestión de activos y, cuando proceda, los organismos de recuperación de activos, así como otras autoridades competentes que desempeñen cometidos de conformidad con la presente Directiva, puedan obtener rápidamente la información necesaria para una gestión eficiente de los bienes embargados y decomisados. A tal fin, los Estados miembros deben crear instrumentos eficaces, como uno o varios registros de bienes embargados y decomisados en virtud de la presente Directiva.

(56)

A fin de evaluar la eficacia y eficiencia del marco de recuperación, gestión y decomiso de activos, es preciso recopilar y publicar un conjunto mínimo comparable de datos estadísticos adecuados sobre embargo, gestión y decomiso de bienes.

(57)

Con el fin de apoyar a la Comisión por lo que respecta a la aplicación de la presente Directiva y facilitar la cooperación entre los organismos de recuperación de activos y los organismos de gestión de activos, así como para intercambiar mejores prácticas, debe establecerse una red de cooperación en materia de recuperación y decomiso de activos. Dicha red debe estar integrada por representantes de los organismos de recuperación de activos y de los organismos de gestión de activos y debe estar presidida por la Comisión y, cuando proceda, por Europol. La Comisión podrá invitar a representantes de Eurojust, la Fiscalía Europea y, cuando proceda, la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo a participar en las reuniones de dicha red.

(58)

Los grupos de delincuencia organizada operan a través de las fronteras y, con una frecuencia cada vez mayor, adquieren bienes en Estados miembros distintos de aquellos en los que están radicados, así como en terceros países. Dada la dimensión transnacional de la delincuencia organizada, la cooperación internacional es fundamental para recuperar los beneficios y decomisar los activos financieros que permiten actuar a los delincuentes. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que tanto los organismos de recuperación de activos como los organismos de gestión de activos cooperen con sus homólogos de terceros países en la mayor medida posible para seguir, identificar y gestionar los instrumentos, productos o bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso en el marco de un procedimiento en materia penal. Es importante que los Estados miembros apliquen los marcos de cooperación existentes y se les anima a desarrollar o adaptar los acuerdos bilaterales existentes, a adherirse a convenios multilaterales existentes o, cuando no exista ningún otro mecanismo, a establecer nuevos acuerdos bilaterales. Las normas de protección de datos establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 y, cuando proceda, en el Reglamento (UE) 2016/679 son aplicables en relación con las medidas adoptadas a tal respecto.

(59)

Los organismos de recuperación de activos y los organismos de gestión de activos también deben cooperar estrechamente con los órganos y organismos de la Unión, incluidos Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea, dentro de sus respectivas competencias y de conformidad con el marco jurídico aplicable, en la medida en que sea necesario para seguir e identificar bienes en el marco de las investigaciones transfronterizas apoyadas por Europol y Eurojust o emprendidas por la Fiscalía Europea. Los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas obligaciones en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (24), deben garantizar que sus organismos de recuperación de activos cumplan las obligaciones pertinentes establecidas en dicho Reglamento.

(60)

Para garantizar que haya una interpretación común y unas normas mínimas para el seguimiento e identificación, embargo, decomiso y gestión de activos, la presente Directiva debe establecer normas mínimas sobre las medidas pertinentes y las correspondientes garantías. La adopción de normas mínimas no impide a los Estados miembros otorgar competencias más amplias a los organismos de recuperación de activos o a los organismos de gestión de activos, ni establecer normas más amplias sobre el embargo y el decomiso, ni establecer garantías adicionales mediante el Derecho nacional, siempre y cuando dichas medidas y disposiciones nacionales no vayan en detrimento del objetivo de la presente Directiva.

(61)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, facilitar el decomiso de bienes en el marco de los procedimientos en materia penal, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(62)

Dado que la presente Directiva establece un conjunto exhaustivo de normas que se solaparía con actos jurídicos ya existentes, debe sustituir a la Acción Común 98/699/JAI del Consejo (25), la Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo (26), la Decisión Marco 2005/212/JAI, la Decisión 2007/845/JAI y la Directiva 2014/42/UE en lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.

(63)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(64)

De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(65)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (27), emitió su dictamen el 19 de julio de 2022 (28).

a)

la Decisión Marco 2008/841/JAI;

b)

la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (29);

c)

la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (30);

d)

la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31);

e)

la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo (32);

f)

el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3, apartado 2, letra c), del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (33), y la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo (34);

g)

la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo (35);

h)

la Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo (36);

i)

la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (37);

j)

la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (38);

k)

el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (39);

l)

la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (40);

m)

la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (42);

n)

la Decisión Marco 2002/946/JAI y la Directiva 2002/90/CE;

o)

la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (43);

p)

la Directiva (UE) 2024/1226.

1)

«producto»: cualquier ventaja económica derivada, directa o indirectamente, de una infracción penal, que puede consistir en cualquier tipo de bien e incluye cualquier reinversión o transformación posterior del producto directo, así como cualesquiera beneficios cuantificables;

2)

«bienes»: cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, incluidos los criptoactivos, así como los documentos o instrumentos jurídicos de cualquier tipo acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes;

3)

«instrumento»: cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una infracción penal;

4)

«seguimiento e identificación»: cualquier investigación realizada por las autoridades competentes para determinar los instrumentos, productos o bienes que podrían proceder de actividades delictivas;

5)

«embargo»: la prohibición temporal de transferir, destruir, convertir, enajenar o poner en circulación bienes, o la custodia o el control temporales de bienes;

6)

«decomiso»: la privación definitiva de un bien dictada por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal;

7)

«organización delictiva»: una organización delictiva, tal como se define en el artículo 1, punto 1, de la Decisión Marco 2008/841/JAI;

8)

«víctima»: una víctima, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2012/29/UE, o una persona jurídica, tal como se define en el Derecho nacional, que haya sufrido un perjuicio o una pérdida económica como consecuencia directa de cualquiera de los delitos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva;

9)

«titular real»: un titular real, tal como se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849;

10)

«persona afectada»,

a)

seguir e identificar instrumentos, productos o bienes cuando sea necesario para apoyar a otras autoridades nacionales competentes responsables en las investigaciones de seguimiento de activos de conformidad con el artículo 4, o a la Fiscalía Europea;

b)

seguir e identificar instrumentos, productos o bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso dictada por una autoridad competente en otro Estado miembro;

c)

cooperar e intercambiar información con los organismos de recuperación de activos de otros Estados miembros y la Fiscalía Europea durante el seguimiento e identificación de instrumentos, productos o bienes que sean o podrían llegar a ser objeto de una resolución de embargo o decomiso.

a)

los registros inmobiliarios nacionales o los sistemas electrónicos de recuperación de datos nacionales y los registros de la propiedad y catastrales;

b)

los registros nacionales de ciudadanía y población de personas físicas;

c)

los registros nacionales de vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones;

d)

los registros mercantiles, incluidos los registros comerciales y de sociedades;

e)

los registros de titularidad real nacionales, de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 y los datos disponibles mediante la interconexión de los registros de titularidad real de conformidad con dicha Directiva;

f)

los registros centralizados de cuentas bancarias, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1153.

a)

datos fiscales, incluidos los datos que obren en poder de las autoridades tributarias y fiscales;

b)

datos de la seguridad social nacional;

c)

información pertinente que obre en poder de las autoridades competentes para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar infracciones penales;

d)

información sobre hipotecas y préstamos;

e)

información conservada en las bases de datos nacionales sobre divisas y cambio de divisas;

f)

información sobre valores;

g)

datos aduaneros, incluidas las transferencias físicas transfronterizas de dinero en efectivo;

h)

información sobre las cuentas anuales de las empresas;

i)

información sobre transferencias electrónicas y saldos en cuenta;

j)

información sobre cuentas de criptoactivos y transferencias de criptoactivos, tal como se definen en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo (44);

k)

de conformidad con el Derecho de la Unión, los datos almacenados en el Sistema de Información de Visados (VIS), el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), el Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN).

a)

ponga en riesgo el éxito de una investigación en curso;

b)

resulte claramente desproporcionada para los intereses legítimos de una persona física o jurídica dados los fines para los que se ha solicitado el acceso, o

c)

incluya información facilitada por otro Estado miembro o un tercer país y cuyo consentimiento para una nueva transmisión de la información no pueda obtenerse.

a)

el objeto de la solicitud;

b)

los motivos de la solicitud, incluida la pertinencia de la información solicitada para el seguimiento e identificación de los bienes pertinentes;

c)

la naturaleza del procedimiento;

d)

el tipo de infracción penal al que se refiere la solicitud;

e)

la relación entre el procedimiento y el Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperación de activos que recibe la solicitud;

f)

detalles sobre los bienes buscados u objeto del procedimiento, tales como cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos, buques, aeronaves, empresas u otros elementos de gran valor;

g)

si fueran necesarios a efectos de identificación de las personas físicas o jurídicas presuntamente implicadas, cualquier documento de identidad si se dispone de él, datos, tales como el nombre, la nacionalidad y lugar de residencia, números de identificación nacional o números de seguridad social, direcciones, fecha y lugar de nacimiento, fecha de registro, país de establecimiento, accionistas, sede y filiales, cuando proceda;

h)

en su caso, los motivos de la urgencia de la solicitud.

a)

perjudicaría a los intereses fundamentales en materia de seguridad nacional del Estado miembro en el que se encuentre el organismo de recuperación de activos que recibe la solicitud;

b)

comprometería una investigación en curso o una operación de inteligencia criminal o supondría una amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona, o

c)

sería claramente desproporcionado o irrelevante respecto de los fines para los que se ha solicitado.

a)

siete días naturales, en el caso de todas las solicitudes que no sean urgentes;

b)

ocho horas, en el caso de solicitudes urgentes relacionadas con la información a que se refiere el artículo 6 que esté almacenada en bases de datos y registros a los que tengan acceso directo dichos organismos de recuperación de activos;

c)

tres días naturales, en el caso de solicitudes urgentes relacionadas con información a la que no tengan acceso directo dichos organismos de recuperación de activos.

a)

que la transferencia o adquisición se haya realizado gratuitamente o a cambio de un importe claramente desproporcionado con respecto al valor de mercado de los bienes, o

b)

que los bienes se hayan transferido a partes estrechamente relacionadas y hayan permanecido al mismo tiempo bajo el control efectivo de la persona sospechosa o acusada.

a)

enfermedad de la persona sospechosa o acusada;

b)

fuga de la persona sospechosa o acusada;

c)

fallecimiento de la persona sospechosa o acusada;

d)

el plazo de prescripción de la infracción penal correspondiente establecido por el Derecho nacional es inferior a quince años y ha expirado después de la incoación del proceso penal.

a)

que el valor de los bienes sea muy desproporcionado con respecto a los ingresos lícitos de la persona afectada;

b)

que los bienes no tengan una procedencia lícita verosímil;

c)

que la persona afectada esté vinculada a personas vinculadas a su vez a una organización delictiva.

a)

los bienes objeto de embargo son perecederos o se deprecian rápidamente;

b)

los gastos de almacenamiento o mantenimiento de los bienes son desproporcionados con respecto a su valor de mercado;

c)

la gestión de los bienes requiere acondicionamientos especiales y conocimientos técnicos no fácilmente disponibles.

a)

garantizar la gestión eficaz de los bienes embargados y decomisados, bien gestionando directamente los bienes embargados y decomisados, bien proporcionando apoyo y asesoramiento especializado a otras autoridades competentes responsables, de conformidad con el artículo 20, apartado 4, de la gestión de bienes embargados y decomisados y la planificación;

b)

cooperar con otras autoridades competentes responsables del seguimiento e identificación, embargo y decomiso de bienes de conformidad con la presente Directiva;

c)

cooperar con otras autoridades competentes responsables de la gestión de bienes embargados y decomisados en casos transfronterizos.

a)

elementos relativos a las prioridades de la política nacional en este ámbito, y los objetivos y las medidas para alcanzarlos;

b)

las funciones y responsabilidades de las autoridades competentes, incluidos los mecanismos de coordinación y la cooperación entre ellas;

c)

los recursos;

d)

la formación;

e)

las medidas que deban adoptarse, cuando proceda, en relación con el uso de los bienes decomisados con fines sociales o de interés público;

f)

las actividades que deban emprenderse en materia de cooperación con terceros países;

g)

las disposiciones que permitan una evaluación periódica de los resultados.

a)

los bienes objeto de una resolución de embargo o decomiso y que deban gestionarse de conformidad con el artículo 20, apartado 3, hasta su enajenación a raíz de una resolución de decomiso firme, incluidos los datos que permitan su identificación;

b)

el valor estimado o real, cuando proceda, de los bienes en el momento de su embargo, su decomiso y su enajenación;

c)

el titular del bien, incluido el titular real, cuando se disponga de esa información;

d)

la referencia del expediente nacional del procedimiento relativo al bien.

a)

el número de resoluciones de embargo ejecutadas;

b)

el número de resoluciones de decomiso ejecutadas;

c)

el valor estimado en el momento del embargo de los bienes embargados con vistas a un posible decomiso ulterior;

d)

el valor estimado de los bienes recuperados en el momento del decomiso;

e)

el número de solicitudes de ejecución de resoluciones de embargo en otro Estado miembro;

f)

el número de solicitudes de ejecución de resoluciones de decomiso en otro Estado miembro;

g)

el valor o el valor estimado de los bienes recuperados de resultas de la ejecución en otro Estado miembro;

h)

el valor de los bienes decomisados frente a su valor en el momento del embargo, cuando se disponga de él a nivel central;

i)

el desglose de las cifras y los valores relacionados con las letras b) y d), por tipo de decomiso, cuando se disponga de él a nivel central;

j)

el número de ventas anticipadas, cuando se disponga de él a nivel central;

k)

el valor de los bienes destinados a ser reutilizados con fines sociales.