Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

RECOMENDACIÓN (UE) 2024/2002 DE LA COMISIÓN

de 24 de julio de 2024

por la que se establecen directrices para la interpretación del artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sistemas de gestión de la energía y las auditorías energéticas

[notificada con el número C(2024) 5155]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,

Considerando lo siguiente:

(1)	La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) introdujo el requisito de garantizar el objetivo principal de conseguir un ahorro de energía de al menos un 32,5 % a escala de la Unión para 2030.

(2)

En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2013) 447 final (2), la Comisión proporcionó orientaciones a los Estados miembros para transponer y aplicar las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía con arreglo a la Directiva 2012/27/UE, ayudándoles a implantar los sistemas, herramientas y metodologías adecuados para poder aprovechar plenamente su potencial de ahorro de energía y alcanzar el objetivo principal de eficiencia energética.

(3)

El 13 de septiembre de 2023, se adoptó la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Esta Directiva refundió la Directiva 2012/27/UE manteniendo inalteradas algunas de sus disposiciones e introduciendo, al mismo tiempo, nuevos requisitos. En particular, aumentó significativamente el nivel de ambición para 2030 en términos de eficiencia energética, por ejemplo, en lo que respecta a los sistemas de gestión de la energía y las auditorías energéticas.

(4)	De conformidad con el artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791, el consumo medio de energía de una empresa debe ser el criterio para definir la aplicación de los sistemas de gestión de la energía o de las auditorías energéticas.

(5)

Por lo tanto, los Estados miembros deben velar por que las empresas cuyo consumo medio de energía durante los tres años anteriores, reuniendo todos los vectores energéticos, sea superior a 10 TJ, sean objeto de auditorías energéticas, y también deben garantizar que las empresas con un consumo de energía que supere los 85 TJ apliquen sistemas de gestión de la energía.

(6)	No obstante, debe alentarse a las empresas que se sitúen por debajo del umbral de consumo establecido en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva (UE) 2023/1791 a someterse a auditorías energéticas y a aplicar las recomendaciones derivadas de estas.

(7)

Con el fin de crear las condiciones adecuadas y brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), se anima a los Estados miembros a implantar mecanismos —por ejemplo, centros de auditoría energética para las pymes y las microempresas— que no compitan con auditores privados, a fin de ofrecer auditorías energéticas, así como otros regímenes de ayuda a las pymes. Al elaborar sus programas y regímenes de ayuda para las pymes, los Estados miembros deben garantizar que los programas también abarquen el apoyo a las pymes para cuantificar los múltiples beneficios de las medidas de eficiencia energética, la elaboración de hojas de ruta en materia de eficiencia energética y el desarrollo de redes de eficiencia energética para las pymes por parte de facilitadores independientes.

(8)

Los Estados miembros deben velar por que las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía tengan en cuenta las normas europeas o internacionales pertinentes, como las normas EN ISO 50001 (sistemas de gestión de la energía) o EN 16247-1 (auditorías energéticas), o, si se incluye una auditoría energética, la norma EN ISO 14000 (sistemas de gestión ambiental), y, por lo tanto, se ajusten también a las disposiciones del anexo VI de la versión refundida de la DEE.

(9)

Las auditorías energéticas pueden llevarse a cabo, o bien de forma independiente, o bien como parte de un sistema de gestión ambiental más amplio o de un contrato de rendimiento energético; no obstante, cualquiera que sea el caso, deben cumplirse los requisitos mínimos del anexo VI de la Directiva (UE) 2023/1791.

(10)

Los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas por las que se transponga el artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 a más tardar el 11 de octubre de 2025, salvo en el caso de las disposiciones del artículo 11, apartado 1, relativas a la aplicación de los primeros sistemas de gestión de la energía y las disposiciones del artículo 11, apartado 2, relativas a la realización de la primera auditoría energética por parte de las empresas recientemente obligadas a ello incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, que deben transponerse a más tardar el 11 de octubre de 2027 y el 11 de octubre de 2026, respectivamente.

(11)

En lo que respecta a la forma de transponer y aplicar los requisitos relativos a los sistemas de gestión de la energía y las auditorías energéticas, los Estados miembros pueden elegir, según su criterio, la que mejor se adapte a sus circunstancias nacionales. En este contexto, se recomienda interpretar las disposiciones pertinentes de la Directiva (UE) 2023/1791 de una forma congruente que contribuya a que la Directiva (UE) 2023/1791 se entienda de manera coherente en todos los Estados miembros cuando estos preparen sus medidas de transposición.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Los Estados miembros deben seguir las directrices interpretativas que figuran en el anexo de la presente Recomendación al transponer el artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 a su Derecho nacional.

Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 2024.

Por la Comisión

Kadri SIMSON

Miembro de la Comisión

(1)  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).

(2)   Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency-Article 8: Energy audits and energy management systems [«Nota orientativa sobre la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética; artículo 8: «Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética” », documento en inglés], SWD(2013) 447 final, 6.11.2013.

(3)  Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955 (DO L 231 de 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

ANEXO

1.   INTRODUCCION

Las presentes directrices proporcionan a los Estados miembros orientaciones sobre la manera de interpretar el artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 al transponerlo a su legislación nacional.

Las presentes directrices sustituyen a la anterior nota orientativa: Guidance note on Directive 2012/27/EU of 6 November 2013 on energy efficiency-Article 8: Energy audits and energy management systems [«Nota orientativa, de 6 de noviembre de 2013, sobre la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética; artículo 8: “Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética” », documento en inglés], SWD(2013) 447 final. Algunas partes de la nota orientativa anterior pueden seguir siendo de utilidad para los Estados miembros a la hora de aplicar las disposiciones relacionadas con las auditorías energéticas.

No obstante, la interpretación vinculante de la legislación de la Unión es competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2.   CONTEXTO JURIDICO Y DE ACTUACION

Las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía son herramientas esenciales para que las empresas (y otras entidades, como los organismos públicos) evalúen el consumo de energía existente y determinen oportunidades de ahorro de energía. Por lo tanto, la Directiva (UE) 2023/1791 mantiene muchas de las disposiciones de la Directiva (UE) 2018/2002.

El artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 sustituye al artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE.

La diferencia más importante entre el artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 y el artículo 8 de la Directiva (UE) 2018/2002 atañe al alcance de la obligación de que las empresas apliquen un sistema de gestión de la energía o una auditoría energética.

Mientras que las disposiciones de la Directiva (UE) 2018/2002 definen el alcance según las características de la empresa (esto es, si es pyme o no), con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Directiva (UE) 2023/1791: « Los Estados miembros velarán por que las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ durante los tres años anteriores reuniendo todos los vectores energéticos apliquen un sistema de gestión de la energía».

Asimismo, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, «los Estados miembros velarán por que las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 10 TJ durante los tres años anteriores, reuniendo todos los vectores energéticos, que no apliquen un sistema de gestión de la energía, sean objeto de una auditoría energética».

El artículo 11, apartados 1 y 2, no excluye a ningún sector en función de su actividad [por ejemplo, instalaciones del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) o titulares de permisos de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)].

3.   TERMINOS CLAVE UTILIZADOS EN LAS PRESENTES DIRECTRICES

Los siguientes términos clave son los más pertinentes en el contexto de la interpretación del alcance de las obligaciones derivadas del artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791.

3.1.   Términos definidos en la Directiva (UE) 2023/1791 y en el Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)

Productos energéticos

Conforme a la definición que figura en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1099/2008, los «productos energéticos» son combustibles, calor, energía renovable, electricidad o cualquier otra forma de energía.

Sistema de gestión de la energía

En el artículo 2, punto 16, de la Directiva (UE) 2023/1791 se define «sistema de gestión de la energía» como un conjunto de elementos relacionados entre sí o en interacción pertenecientes a una estrategia que establece un objetivo de eficiencia energética y un plan para alcanzarlo, incluidos el seguimiento del consumo de energía real, las medidas adoptadas para aumentar la eficiencia energética y la medición de los avances.

Auditoría energética

Según la definición que consta en el artículo 2, punto 32, de la Directiva (UE) 2023/1791, «auditoría energética» es un procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, y en el que se determinan y cuantifican las posibilidades de ahorro de energía rentables, se detecta el potencial de uso o de producción rentables de energías renovables y se informa al respecto.

Consumo de energía final

En la definición del artículo 2, punto 6, de la Directiva (UE) 2023/1791 se establece que se entenderá por «consumo de energía final» o «CEF» toda la energía suministrada a la industria, el transporte (incluido el consumo de energía de la aviación internacional), los hogares, los servicios públicos y privados, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca y otros sectores de usuarios finales, excluyendo el consumo de energía de los buques internacionales, la energía ambiente y los suministros al sector de la transformación y al sector de la energía, y las pérdidas debidas a la transmisión y la distribución tal como se definen en el anexo A del Reglamento (CE) n.o 1099/2008.

3.2.   Términos que no se definen en la Directiva (UE) 2023/1791 ni en otros actos de la Unión jurídicamente vinculantes

Empresa

El término «empresa» no se define en la Directiva (UE) 2023/1791. No obstante, en el artículo 2, apartados 30 y 31, de dicha Directiva se menciona el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (2). El artículo 1 del título I de ese anexo se refiere a «empresa» como «toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica». Añade que «[e]n particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular (3) ».

En el contexto de la Directiva (UE) 2023/1791, la Comisión interpreta esto en el sentido de que:

—	Solo las empresas situadas en el territorio de un Estado miembro están obligadas a cumplir la normativa. No obstante, al evaluar su consumo de energía, deben tenerse en cuenta todas las empresas vinculadas en el territorio de la UE.

—	Las empresas que sean propiedad o estén controladas total o parcialmente por organismos públicos también están sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 11, apartados 1 y 2.

—	Los Estados miembros deben promover la aplicación de sistemas de gestión de la energía y auditorías energéticas en la administración pública a nivel nacional, regional y local, tal como se indica en el considerando 84 de la Directiva (UE) 2023/1791.

4.   METODOLOGIAS PARA EL CALCULO DEL CONSUMO MEDIO ANUAL DE UNA EMPRESA

Los criterios utilizados para determinar si una empresa entra en el alcance de la obligación en un año determinado « n » con arreglo al artículo 11, apartados 1 o 2, se basan en el consumo medio anual de energía final de los tres años anteriores (n – 3, n – 2 y n – 1). Con una fecha límite de transposición de 10 de octubre de 2025, la obligación para el año 2025 debe evaluarse sobre la base de la media de las cantidades anuales de consumo de energía final de una empresa en 2022, 2023 y 2024.

El enfoque recomendado para calcular este parámetro que se describe en esta sección tiene por objeto garantizar un esfuerzo razonable tanto por parte de los Estados miembros como de las empresas, por lo que solo tiene en cuenta las facturas energéticas facturadas (4) a una empresa (véase el punto 4.2) y el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables.

No obstante, si una empresa ya dispone de una estimación más precisa de su consumo de energía final anual, por ejemplo porque ya ha aplicado un sistema de gestión de la energía o realizado una auditoría energética, debe utilizarse esta información.

4.1.   Límites del sistema

La Directiva (UE) 2023/1791 no define los límites del sistema y esta sección debe servir únicamente de orientación. En el caso de las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía de la empresa en cuestión, los límites del sistema pueden considerarse los límites físicos u organizativos de un sistema analizado.

En el contexto de la Directiva (UE) 2023/1791, el consumo de energía debe considerarse en términos de «consumo de energía final», tal como se define en el artículo 2, punto 5.

Al calcular el consumo medio anual de energía de una empresa deben tenerse en cuenta todos los vectores energéticos y todos los usos de la energía (por ejemplo, ventilación, iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, almacenamiento de datos y procesos de producción).

4.2.   Facturas energéticas facturadas a la empresa

Al calcular el consumo medio anual de una empresa con el fin de identificar a las empresas obligadas, se tendrían en cuenta principalmente las facturas energéticas facturadas a la empresa. Sin embargo, la empresa compradora también debe tener en cuenta la energía consumida que le haya suministrado un proveedor de servicios energéticos (5) (por ejemplo, mediante un contrato de servicios energéticos).

También debe incluirse la proporción de autoconsumo de energía producida a partir de energías renovables dentro de los límites del sistema (por ejemplo, cuando la electricidad es producida por paneles fotovoltaicos en el emplazamiento de la empresa) (6). No obstante, la proporción de energía producida que se introduce en la red debe restarse del consumo medido por contador y facturado, si esto no se ha hecho ya automáticamente.

4.3.   Evaluación de las empresas con estructuras complejas

La evaluación del consumo medio anual de energía a lo largo de tres años es relativamente sencilla para las empresas autónomas (7). En el caso de las empresas con una estructura más compleja, el consumo anual de energía final puede calcularse del mismo modo en que se calculan las cifras sobre empleados, volumen de negocios anual o balances anuales de acuerdo con la «Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme»  (8). Las autoridades nacionales y las empresas conocen bien esta metodología para evaluar el estatuto de pyme.

El presente documento ofrece orientaciones sobre cómo tratar los datos en función de la categoría de una empresa y sus relaciones con otras empresas (véase el gráfico 1). El método propuesto en las presentes directrices para el cálculo del consumo anual de energía solo tendría en cuenta las empresas vinculadas (con un control de más del 50 %) pero no asociadas.

Gráfico 1

Método para calcular el consumo anual de energía final de las empresas más complejas (basado en la Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme, Comisión Europea, 2020)

Tal como se establece en el artículo 11, apartado 3, de la Directiva (UE) 2023/1791, las propias empresas deben informar a una autoridad nacional si su consumo de energía supera el umbral de 10 TJ o 85 TJ en un año determinado. Por consiguiente, las empresas serán responsables de evaluar su consumo de energía y podrán utilizar el método que figura en el gráfico 1 y presentar información sobre las metodologías de cálculo, incluidas las hipótesis formuladas.

Para facilitarlo, se recomienda que los Estados miembros proporcionen a las empresas información sobre las obligaciones derivadas de la Directiva (UE) 2023/1791, así como directrices para calcular el consumo anual de energía final. También debe considerarse la posibilidad de recurrir a una herramienta de notificación en línea (que puede basarse en la metodología de la Recomendación 2003/361/CE) o a otro sistema para comunicar la información necesaria. De este modo, cada empresa, incluidas aquellas con estructuras complejas, podría calcular su consumo anual de energía en función de su situación concreta y proporcionar la información necesaria.

En el ejemplo que se ilustra en el gráfico 1, la empresa A, que consume por sí misma más de 10 TJ, estaría obligada a llevar a cabo una auditoría energética si fuera una empresa autónoma. Dado que A es una empresa vinculada, todas las empresas vinculadas a A deben tenerse en cuenta al calcular el consumo de energía de A. Puesto que A está vinculada a B y D, el consumo de energía de B y D se añade al consumo de A. Dado que A posee menos del 50 % de C, C no es una empresa vinculada a A y, por tanto, puede no tenerse en cuenta el consumo de energía de C (9). El consumo total de energía de A y sus empresas vinculadas es de 91 TJ, por lo que la empresa A está obligada a aplicar un sistema de gestión de la energía.

Se anima a los Estados miembros a que velen por que las empresas entiendan cómo evaluar el consumo de energía facilitando ejemplos y, en caso necesario, plantillas o herramientas.

4.4.   Identificación de las empresas obligadas por parte de los Estados miembros

Para facilitar la identificación de las empresas que entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, los Estados miembros, al transponer el artículo 11, apartado 3, a su legislación nacional, podrán obligar a todas las empresas a informar cada año sobre su consumo anual de energía a una autoridad nacional.

Si los Estados miembros obligan a las empresas a proporcionar la información únicamente una vez que hayan superado el umbral de 10 TJ o 85 TJ, no se dispondrá de datos para calcular el consumo medio de energía a lo largo de tres años. Por consiguiente, los Estados miembros podrían desarrollar un enfoque más elaborado para identificar a las empresas pertinentes. Sobre la base, en parte, de las mejores prácticas de aplicación de la DEE de 2018, un posible enfoque sería el siguiente (gráfico 2):

Gráfico 2

Método propuesto para identificar a las empresas obligadas

Los Estados miembros podrán obligar a nivel nacional a una empresa a evaluar su consumo anual de energía sobre la base de los informes procedentes de un sistema de gestión de la energía en curso o de una auditoría energética reciente (no más antigua de cuatro años) o a realizar una autoevaluación (véase el punto 4.3).

Los Estados miembros pueden publicar cada año una lista de preselección de empresas que se consideren sujetas al artículo 11, apartados 1 o 2. Como se indica en el gráfico 2, la lista de preselección podría incluir las siguientes empresas:

—	Aquellas que hayan notificado a la autoridad nacional un consumo anual de energía superior a 10 TJ al menos una vez en los tres años anteriores (véase más arriba).

—	Aquellas que ya quedaran obligadas en virtud del artículo 8 de la DEE de 2018 o del artículo 11, apartados 1 o 2, de la Directiva (UE) 2023/1791. Puede que estas empresas ya figuren en una base de datos nacional.

—

Aquellas para las que se dispone de pruebas de que su consumo anual de energía ha superado un umbral determinado, por ejemplo, 8 TJ, una vez en los tres años anteriores. Es posible que estas empresas hayan superado el umbral de 10 TJ en el lapso de los tres años anteriores. Estas pruebas pueden incluir datos facilitados por los servicios públicos, en el marco de la aplicación del RCDE UE [Directiva 2003/87/CE, modificada por la Directiva (UE) 2023/959], así como cifras procedentes de auditorías energéticas, programas de incentivos para empresas e informes públicos (por ejemplo, declaraciones del EMAS o informes con arreglo a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (10)).

Se anima a los Estados miembros a publicar la lista de preselección y a ponerse en contacto con las empresas que figuren en ella. En dicha lista debe constar la siguiente información:

—	Nombre de la empresa.

—	Dirección de la empresa.

—	Consumo de energía final de al menos 10 TJ: Sí/No.

—	Consumo de energía final de al menos 85 TJ: Sí/No.

Además, también deben recopilarse, pero no publicarse, el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la empresa.

Los Estados miembros podrían entonces exigir que:

—

Las empresas que figuran en la lista de preselección notifiquen el consumo anual de energía de cada uno de los tres años anteriores junto con el consumo medio de energía durante este período; las empresas no autónomas también deben proporcionar información adicional sobre las empresas vinculadas (consumo de energía y participación).

—

Toda empresa no incluida en la lista de preselección, pero que cumpla los requisitos del artículo 11, apartados 1 o 2, autodeclare y comunique el consumo anual de energía de cada uno de los tres años anteriores junto con el consumo medio de energía durante ese período; las empresas no autónomas también deben proporcionar información adicional sobre las empresas vinculadas (consumo de energía y participación).

Además, las autoridades nacionales podrían llevar a cabo controles por muestreo (centrados principalmente en las empresas de la lista de preselección) para comprobar si la información comunicada por las empresas es correcta.

Las empresas deben comunicar la información requerida a la autoridad nacional encargada de la aplicación del artículo 11 utilizando una plataforma nacional u otra herramienta en línea, ya sea preexistente o concebida específicamente para ese fin.

Las autoridades nacionales pueden publicar anualmente la lista definitiva de las empresas sujetas a la obligación establecida en el artículo 11, apartados 1 o 2, así como el consumo medio de energía a lo largo de tres años y el tipo de obligación (auditoría energética o sistema de gestión de la energía).

Las autoridades nacionales podrán entonces ponerse en contacto con todas las empresas sujetas al artículo 11, apartados 1 o 2, para informarles de sus obligaciones (incluidos los plazos).

Con el fin de reducir la carga que pesa sobre las empresas, los Estados miembros podrán, en cada una de las fases del proceso:

—	Informar a las empresas (también a través, por ejemplo, de asociaciones sectoriales) de la obligación establecida en el artículo 11, apartados 1 y 2.

—	Preparar directrices o preguntas frecuentes para mejorar la comunicación.

—	Facilitar el proceso de autodeclaración (por ejemplo, proporcionando un sistema en línea).

5.   OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS DISPOSICIONES SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 11, APARTADO 1

5.1.   Alcance del requisito en virtud de la Directiva (UE) 2023/1791

Las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ en los tres años anteriores están obligadas a aplicar un sistema de gestión de la energía.

Los sistemas de gestión de la energía tienen que ser certificados «por un organismo independiente, de conformidad con las normas europeas o internacionales pertinentes». Para garantizar que el sistema de gestión de la energía tenga una elevada calidad, comparable a escala internacional, y abarque objetivos, procesos, cobertura de segmentos energéticos, aplicación y actualizaciones, los Estados miembros deben animar a las empresas a remitirse a estas normas y a efectuar auditorías energéticas de conformidad con el anexo VI de la Directiva (UE) 2023/1791 en el marco de la aplicación del sistema de gestión de la energía. En este sentido, la norma internacional más pertinente es la norma ISO 50001, que se aplica de manera generalizada. Garantizar unos sistemas de gestión de la energía de elevada calidad es un requisito previo importante para lograr un alto porcentaje de aplicación de las medidas de ahorro de energía determinadas y recomendadas.

De acuerdo con la norma ISO 50001, los sistemas de gestión de la energía incluyen revisiones energéticas como parte inherente del ciclo continuo «Planificar-Hacer-Verificar-Actuar». Aunque la familia de normas ISO 50000 incluye normas para las auditorías energéticas (véase el gráfico 3), la norma ISO 50001 no contiene una referencia directa a la norma ISO 50002 (auditorías energéticas). Por lo tanto, las auditorías energéticas (11) realizadas de conformidad con las normas ISO 50002 o EN 16247-1 no son necesarias para la certificación de los sistemas de gestión de la energía. Sin embargo, tanto la norma ISO 50001 como la norma ISO 50002 establecen que las auditorías energéticas pueden servir de apoyo a las revisiones energéticas.

Una auditoría energética puede considerarse un instrumento independiente para evaluar la eficiencia energética de una entidad (por ejemplo, un grupo de empresas vinculadas, una empresa, una instalación o un edificio), que incluye además recomendaciones de medidas de mejora. Por el contrario, una revisión energética se integra en un proceso continuo de mejora de la eficiencia energética y debe revisarse y actualizarse periódicamente, normalmente con periodicidad anual.

Gráfico 3

Marco general de la familia ISO 50000 (basado en el sitiowww.weka.de/energie/die-normenfamilie-der-din-en-iso-50001)

En la práctica, las auditorías energéticas suelen llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales y europeas mencionadas (como parte de sistemas de gestión de la energía), ya que estas normas ofrecen orientaciones útiles para realizar auditorías energéticas de elevada calidad que puedan respaldar la revisión energética. Las revisiones energéticas (o auditorías energéticas) de los sistemas de gestión de la energía deben actualizarse periódicamente, normalmente en ciclos anuales.

El anexo VI aclara que las auditorías energéticas, incluidas las realizadas como parte de sistemas de gestión de la energía, deben cumplir una lista de criterios destinados a garantizar un elevado nivel de calidad, lo que aumenta la probabilidad de que su aplicación conduzca al ahorro de energía y al uso de energías renovables.

Además, en el anexo VI se exige que los «datos empleados» en las auditorías energéticas puedan «almacenarse con fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético». Las autoridades nacionales pueden utilizar este requisito relativo a los datos para supervisar la identificación y la aplicación de las medidas de ahorro de energía en los Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deben definir la estructura y el formato de los datos que deben comunicarse a las autoridades u organismos responsables del seguimiento en los Estados miembros.

Normalmente, son gestores de energía o expertos en energía internos los que llevan a cabo las revisiones energéticas que forman parte de los sistemas de gestión de la energía. Con el fin de garantizar la independencia de los expertos en energía internos, estas personas no deben ser directamente responsables de ninguno de los sectores energéticos (edificios, procesos, transporte) que estén sujetos a la revisión energética. En algunos casos, las auditorías energéticas son realizadas por auditores energéticos externos, que suelen ajustarse a las normas de auditoría energética. Estas auditorías energéticas sirven directamente de apoyo a la revisión energética. La certificación de los sistemas de gestión de la energía por parte de un organismo independiente requiere una continuidad en los procesos y contribuye a mejorar el índice y la calidad de la ejecución de las acciones de mejora de la eficiencia energética.

5.2.   Plazos

El artículo 11, apartado 1, determina un plazo claro de dos años después de la fecha límite de transposición (es decir, el 10 de octubre de 2027) para que las empresas que tengan un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ dispongan de un sistema de gestión de la energía.

Aunque no se indique explícitamente en la Directiva (UE) 2023/1791, siguiendo la misma lógica y con el fin de tratar a todas las empresas de manera equitativa, también dispondrán de dos años para introducir el sistema de gestión de la energía aquellas empresas que pasen a estar sujetas a la obligación del artículo 11, apartado 1, en una fecha posterior.

Sin embargo, la Directiva (UE) 2023/1791 no establece una fecha clara para la presentación de la certificación. Por lo tanto, los Estados miembros pueden exigir una certificación del sistema de gestión de la energía como prueba del cumplimiento de la obligación dentro de ese plazo de dos años.

5.3.   Cuantificación del ahorro (acumulado) de uso final de la energía conseguido

De conformidad con los criterios mínimos para las auditorías energéticas establecidos en el anexo VI de la Directiva (UE) 2023/1791, la auditoría energética debe determinar medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía. Dado que el ahorro de energía no puede medirse de forma directa, es necesario determinar una base de referencia energética para compararlo con el consumo real o previsto de energía.

Los Estados miembros podrían animar a las empresas a remitirse a protocolos o normas internacionales como el Protocolo internacional de medición y verificación del rendimiento (IPMVP) y las normas ISO 50006, ISO 50015 o EN 16212 para calcular el ahorro de energía o el aumento de la eficiencia energética. Estas normas y protocolos se aplican ampliamente en los sistemas de gestión de la energía y en los contratos de rendimiento energético.

5.4.   Medición, seguimiento, control, calidad y verificación por parte de los Estados miembros

Junto con el resumen de las auditorías energéticas o las revisiones energéticas, debe comunicarse a la autoridad nacional responsable del seguimiento una lista resumida de recomendaciones de medidas de mejora de la eficiencia energética, incluidas las cifras resultantes para la evaluación económica (período de amortización o indicadores similares) del ahorro de energía. Los Estados miembros deben proporcionar documentos de orientación y definir normas mínimas para la comunicación de información (por ejemplo, facilitar plantillas o herramientas en línea).

6.   OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS DISPOSICIONES SOBRE AUDITORIAS ENERGETICAS DEL ARTICULO 11, APARTADO 2

6.1.   Alcance del requisito

Las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 10 TJ en los tres años anteriores que no apliquen un sistema de gestión de la energía deben llevar a cabo una auditoría energética, cuyas recomendaciones han de dar lugar a un plan de acción concreto y viable.

Dicho plan de acción debe «[presentarse] a la dirección de la empresa» e incluir todas las recomendaciones que sean «técnica o económicamente viable[s]». Además, el plan de acción debe «[publicarse] en el informe anual de la empresa», junto con el «porcentaje de aplicación de las recomendaciones», que ha de «[ponerse] a disposición del público». Mientras la empresa tenga una obligación de conformidad con el artículo 11, apartado 2, el plan de acción y el estado del porcentaje de aplicación de las recomendaciones (actualizado) deben publicarse anualmente.

A la hora de determinar los requisitos sobre el contenido de los planes de acción que las empresas deben elaborar, se anima a los Estados miembros a limitar dichos requisitos en la mayor medida posible y a ser conscientes de la necesidad de evitar una carga de notificación innecesaria para las empresas.

También se anima a los Estados miembros a garantizar, en la medida de lo posible, que las empresas no estén sujetas a duplicaciones ni solapamientos de los requisitos de comunicación de información. En particular, se anima a los Estados miembros a tener en cuenta los requisitos de divulgación y los puntos de datos establecidos en las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS) y en la norma voluntaria de información sobre sostenibilidad para las pymes que está elaborando actualmente el EFRAG, y, en la medida de lo posible, a basar los requisitos del contenido de los planes de acción en dichos requisitos de divulgación y puntos de datos.

Los Estados miembros deben permitir que las empresas sujetas a los requisitos de comunicación de información de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (12) [Directiva (UE) 2022/2464] y las NEIS cumplan el requisito de publicar un plan de acción integrando la información necesaria sobre los planes de acción en el plan de transición climática que las empresas publican conforme a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y las NEIS.

La NEIS E1 (Requisitos generales) permite explícitamente a las empresas incluir en su declaración de sostenibilidad información adicional derivada de otra legislación nacional o de la Unión que exija a la empresa divulgar información en materia de sostenibilidad.

Además, una empresa interesada ya notificará conforme al requisito de divulgación E1-5 su consumo anual de energía y conforme al requisito E3-4 su consumo total de agua en m3, si dicha información se considera importante de conformidad con las NEIS. La sección 7.1 de la NEIS 1 garantiza además la presentación de información comparativa sobre el período anterior para todos los parámetros cuantitativos notificados.

Sobre la base de la auditoría energética, el plan de acción podría proporcionar un resumen estructurado de las acciones de mejora de la eficiencia energética que forman parte de la auditoría energética. Si resulta útil para la empresa concreta, las acciones de mejora de la eficiencia energética podrían diferenciarse además en medidas de baja (o nula), media y elevada inversión, y podrían dar indicaciones sobre los respectivos períodos de amortización u otros indicadores económicos adecuados. En casos específicos, las medidas de mejora podrían asignarse asimismo a los procesos centrales de producción de la empresa, incluidas las líneas de producción, y a los procesos auxiliares, como la iluminación, la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado o el aire comprimido.

Toda esta información contribuiría a aumentar el porcentaje de aplicación. En este caso, se entiende por porcentaje de aplicación el número de acciones de mejora de la eficiencia energética plenamente ejecutadas en comparación con toda la lista de acciones de mejora de la eficiencia energética recomendadas, y también podría incluirse el ahorro de energía posterior.

Las empresas con un consumo anual de energía superior a 10 TJ o 85 TJ, respectivamente, deben poner esta información a disposición de las autoridades nacionales encargadas de la aplicación del artículo 11 (véase el punto 4.4). A tal fin, puede utilizarse una plataforma de recogida de datos nueva o ya existente. Los Estados miembros también podrían considerar el futuro portal europeo de acceso único a este respecto. Al objeto de cumplir las obligaciones necesarias para aplicar un sistema de gestión de la energía o una auditoría energética, respectivamente, los Estados miembros deben establecer requisitos detallados en materia de datos y fijar los plazos adecuados.

6.2.   Plazos

El artículo 11, apartado 2, establece un plazo claro de un año para cumplir los requisitos de auditoría energética en el caso de las empresas con un consumo medio anual de energía superior a 10 TJ en el momento de la transposición de la Directiva (UE) 2023/1791. Aunque no se indique explícitamente en la Directiva (UE) 2023/1791, siguiendo la misma lógica y con el fin de tratar a todas las empresas de manera equitativa, también dispondrán de un año para cumplir los requisitos de auditoría energética aquellas empresas que pasen a estar sujetas a las obligaciones del artículo 11, apartado 2, en una fecha posterior.

Si el consumo medio anual de energía se sitúa por debajo del umbral de los 10 TJ, no es necesaria una auditoría energética (aunque existiera una obligación al respecto en el año o los años anteriores en virtud de la DEE de 2018).

6.3.   Criterios de calidad para las auditorías energéticas [anexo VI de la Directiva (UE) 2023/1791]

La calidad de una auditoría energética es fundamental para la aplicación de las medidas de eficiencia energética. El aseguramiento de la calidad podrá atender a la cualificación de los auditores energéticos y podrá prever criterios sobre el proceso de realización de una auditoría energética y el contenido y el nivel de detalle exigidos en las auditorías energéticas y los respectivos informes. Esto se refleja en el artículo 11, apartado 2, que establece que las auditorías energéticas deben ser «realizadas de manera independiente y rentable por expertos cualificados o acreditados, de conformidad con el artículo 28» o «ejecutadas y supervisadas por autoridades independientes con arreglo a la legislación nacional».

Existen normas europeas e internacionales para las auditorías energéticas, en particular la norma ISO 50002:2014, que se basa en la norma EN 16247-1:2012. Ambas son referencias fiables en cuanto a la calidad de las auditorías energéticas en lo que respecta a los objetivos, los procesos, la cobertura de segmentos energéticos, la evaluación y las recomendaciones de medidas. Estas normas pueden proporcionar orientaciones útiles para determinar criterios mínimos nacionales basados en el anexo VI. Además, la norma EN 16247-1, recientemente actualizada en 2022, se desarrolló específicamente en el contexto de la antigua Directiva sobre servicios energéticos y podría aplicarse a modo de herramienta coherente dentro de un sistema de gestión más amplio (por ejemplo, ISO 50001 o ISO 14000). Cabe señalar que, aunque se hace referencia a ambas normas ISO 50001 e ISO 14000, la norma ISO 50001 aborda específicamente el consumo de energía, mientras que la norma ISO 14000 se centra en mejoras medioambientales más generales. En 2021, se introdujo la norma ISO 50005, destinada a la aplicación gradual de sistemas de gestión de la energía en las pymes. Tener en cuenta las normas europeas o internacionales resulta útil para crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas con actividades en varios Estados miembros.

La letra c) del anexo VI exige explícitamente por primera vez que la auditoría energética establezca «medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía». Esto se ajusta a los requisitos establecidos en las normas ISO 50002:2014 y EN 16247-1:2012, conforme a las cuales el auditor energético debe identificar oportunidades para mejorar el rendimiento energético. Los sistemas de gestión (por ejemplo, normas ISO 50001 o ISO 14000) también tienen requisitos similares. En la práctica, la auditoría también debe incluir una evaluación de las oportunidades de mejora, incluidos el ahorro financiero, las inversiones necesarias, el análisis económico y los beneficios no energéticos. Si se proponen medidas alternativas de eficiencia energética, deben presentarse posibles interacciones entre dichas medidas de eficiencia energética y debe facilitarse una comparación.

Además, el anexo VI, letra d), incluye el nuevo requisito de determinar «el potencial de uso o producción rentable de las energías renovables». Dependiendo del vector energético, esto podría provocar que se contrarrestaran los esfuerzos de eficiencia energética, por ejemplo, si las calderas de gas (de alta eficiencia) se sustituyeran por calderas de combustible sólido de biomasa (normalmente menos eficientes). No obstante, el uso de fuentes de energía renovables reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, algo necesario para alcanzar los objetivos climáticos. En el caso de las auditorías energéticas, podría aplicarse un enfoque ya utilizado en el contexto de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, según el cual debe tenerse en cuenta y analizarse la posibilidad de utilizar o producir energía renovable (13). El análisis tendría que documentarse en la auditoría energética.

6.3.1.   Contenido de la auditoría y del informe de auditoría

El anexo VI, letra f), establece que las auditorías energéticas deben ser «proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global». Así pues, la definición de la cobertura mínima (de minimis  (14)) de una auditoría energética es una condición indispensable para cumplir este requisito (15).

En el contexto de la aplicación de la DEE de 2018, en algunos Estados miembros, ha de incluirse en la auditoría energética el consumo total de energía. En varios Estados miembros, la auditoría energética debe abarcar un porcentaje mínimo explícitamente determinado del consumo total de energía de la empresa, que suele oscilar entre el 65 y el 90 %. Otro enfoque exige incluir todos los ámbitos del consumo de energía (de conformidad con las normas europeas EN 16247-2 para los edificios, EN 16247-3 para los procesos y EN 16247-4 para el transporte) que constituyan una proporción mínima del 10 % del consumo de energía y den lugar a una cobertura total de al menos el 80 %. De conformidad con la norma ISO 50001, en los sistemas de gestión de la energía deben identificarse usos energéticos significativos, que se definen como ámbitos con un consumo de energía considerable o un importante potencial de mejora de la eficiencia energética. Podría considerarse un enfoque similar para determinar la cobertura mínima del consumo de energía en las auditorías energéticas, ya que en dichas auditorías deberán recogerse datos relativos a todos los ámbitos del consumo de energía. En aras del cumplimiento del anexo VI, letra f), parece adecuado excluir los ámbitos que se sitúen por debajo de una determinada proporción (por ejemplo, el 10 %) del consumo total de energía para el análisis en profundidad, lo que permitirá aumentar la rentabilidad de la auditoría energética.

Las auditorías energéticas deben ser suficientemente representativas. Un Estado miembro puede considerar la posibilidad de aplicar un «método de muestreo» en su territorio cuando se trate de empresas con varios emplazamientos similares (por ejemplo, cadenas comerciales). Las muestras elegidas deben garantizar la representatividad de todos los emplazamientos auditados con al menos la raíz cuadrada del número total de objetos con características similares —por ejemplo, perfiles de consumo de energía, usos energéticos, fuentes de energía y precios, número de empleados, tamaño, procesos, etc.— que deben tenerse en cuenta. Los criterios necesarios para garantizar que haya suficientes similitudes entre los emplazamientos podrían incluir la superficie con calefacción y/o sistema de refrigeración, la antigüedad del edificio, los equipos técnicos, etc. Podrían combinarse el porcentaje mínimo de consumo de energía y el método de muestreo, por ejemplo, utilizando un método de muestreo que requiera de todos modos que la auditoría energética cubra un determinado porcentaje de consumo de energía. Las características pertinentes de la agrupación de muestreo deben documentarse en el informe de auditoría energética y debe justificarse la selección de la muestra.

Para aumentar la rentabilidad de las auditorías energéticas, los Estados miembros podrían proporcionar directrices en materia de norma de minimis, agrupación y muestreo. Se recomienda utilizar enfoques flexibles entre las distintas empresas. La selección de agrupaciones, la metodología de muestreo y la adecuación de la norma de minimis deben justificarse y documentarse (16).

Hay que determinar de qué manera se incluye el consumo de energía de los edificios y del transporte en una auditoría energética. Debe decidirse si la auditoría energética abarca servicios de transporte. De ser así, se necesitarán orientaciones sobre cómo evaluar el transporte de masas, que incluye los vuelos, los trenes, los autobuses, los autocares, los buques y los taxis. También debe especificarse cómo gestionar el transporte transfronterizo como parte de las auditorías energéticas. Los Estados miembros podrían exigir que se incluyera todo el transporte relacionado con el fin empresarial, incluido el transporte transfronterizo.. En el caso de los edificios, debe aclararse quién es responsable de las auditorías energéticas de los edificios en propiedad o alquilados. Los criterios pertinentes en este caso podrían centrarse en quién es responsable del uso operativo del edificio, o en si una empresa tiene una influencia significativa en el consumo de energía del edificio. Para ello, también podría dividirse, en las correspondientes auditorías energéticas, entre el consumo de energía dentro del ámbito de la empresa (por ejemplo, electricidad para servidores, ordenadores e iluminación de oficinas) y dentro del ámbito del propietario del edificio (por ejemplo, calefacción central y refrigeración).

6.3.2.   Nivel de detalle exigido

Con el fin de garantizar un cierto nivel de detalle, los Estados miembros podrían proporcionar directrices con ejemplos de buenas prácticas y cuadros de contenidos o plantillas para las auditorías energéticas. Estas plantillas han de incluir todos los ámbitos pertinentes (edificios, procesos y transporte) pero con la opción de suprimir las secciones que no sean pertinentes en cada caso concreto. Entre las secciones fundamentales figuran el resumen y la lista de recomendaciones que constituyen la base del plan de acción. Debe especificarse en detalle el contenido que han de tener estas secciones. También habrá que definir claramente una estructura de datos para los datos que deben facilitarse a las autoridades nacionales, preferiblemente cargándolos en una base de datos (resumen de las auditorías energéticas, lista de recomendaciones, gastos de capital, ahorro, período de amortización, etc. (17)).

En el anexo VI se exponen los criterios mínimos para las auditorías energéticas. Estos criterios también deben cumplirse mediante la realización de auditorías energéticas que formen parte de sistemas de gestión de la energía o de gestión ambiental.

6.4.   Admisibilidad de los expertos

A fin de velar por la elevada calidad de las auditorías energéticas, los auditores energéticos deben tener las cualificaciones necesarias. En los registros públicos solo deben figurar auditores de energía cualificados o acreditados.

Un régimen de certificación o acreditación debe incluir, como mínimo, los siguientes criterios (18):

—

Educación de los auditores energéticos. La mayoría de los Estados miembros exigen que los auditores energéticos tengan un título de grado o máster en las materias técnicas pertinentes (por ejemplo, ingeniería o arquitectura). En algunos Estados miembros, puede resultar suficiente la educación secundaria, pero esto tendría que combinarse con una experiencia laboral más larga o más amplia.

—

Experiencia en el ámbito de competencia. La certificación/acreditación debe limitarse a la experiencia laboral real en los ámbitos pertinentes (por ejemplo, edificios, procesos, movilidad). En función del nivel educativo, debe exigirse un número mínimo de años de experiencia pertinente, que suele oscilar entre los dos y los cinco años. Podrían aportarse como prueba proyectos de referencia (auditorías energéticas o actividades similares).

—

Formación en los ámbitos de competencia. Los Estados miembros deben proporcionar programas de formación oficialmente aprobados que la autoridad nacional competente se encargará de desarrollar. Se necesitará formación para ampliar los ámbitos de la certificación/acreditación y también podría resultar necesaria para la renovación de las certificaciones o acreditaciones (por ejemplo, cada tres años).

—	Examen. En algunos Estados miembros, es habitual que los auditores energéticos tengan que superar un examen.

—	Registro, certificación o acreditación de los auditores energéticos. Solo estarán autorizados a efectuar auditorías energéticas de conformidad con el artículo 11 los auditores energéticos registrados, certificados o acreditados.

7.   EJEMPLOS DE APLICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTICULO 11, APARTADOS 1 Y 2

A continuación se ofrecen algunos ejemplos concretos para ilustrar cómo podrían aplicarse los requisitos del artículo 11, apartados 1 y 2, en los casos en que una empresa haya tenido un consumo medio anual de energía durante los tres años anteriores en torno al umbral de los 10 TJ o los 85 TJ:

—

El consumo medio trienal de energía en el año n (19) es superior a 10 TJ, pero no llega a 85 TJ, y supera los 85 TJ en el año n + 1: la empresa debe llevar a cabo una auditoría energética a más tardar en el año n + 1 (a menos que en ese momento se disponga de una auditoría energética que tenga menos de cuatro años de antigüedad) y debe disponer de sistemas de gestión de la energía a más tardar en el año n + 3.

—

El consumo medio trienal de energía en el año n es superior a 85 TJ: la empresa deberá disponer de un sistema de gestión de la energía, a más tardar, en el año n + 2. Sin embargo, si el consumo medio trienal de energía en el año n + 1 es inferior a 85 TJ, solo se aplicará una obligación de auditoría energética a partir del año n + 1, lo que significa que deberá llevarse a cabo una auditoría energética, a más tardar, en el año n + 2 (a menos que se disponga de una auditoría energética de menos de cuatro años de antigüedad). Sin embargo, en el año n + 2 ya no existirá la obligación de disponer de un sistema de gestión de la energía.

—

El consumo trienal de energía supera el umbral de 10 TJ únicamente en el año n: la empresa estaría obligada a realizar una auditoría energética, a más tardar, en el año n + 1 (a menos que se disponga de una auditoría energética de menos de cuatro años de antigüedad), independientemente del consumo trienal de energía en el año n + 1.

—

El consumo trienal de energía siempre ha sido ligeramente superior a 10 TJ, pero se sitúa por debajo de 10 TJ en el año n: la empresa no tiene ninguna obligación en el año n. Si el consumo medio trienal de energía vuelve a superar el umbral de los 10 TJ en el año n + 1, la empresa quedaría sujeta a todos los requisitos del artículo 11, apartado 2. Debería efectuarse una auditoría energética en el año n + 2 a más tardar (a menos que en ese momento se disponga de una auditoría energética que tenga menos de cuatro años de antigüedad).

Es especialmente aconsejable que las empresas que puedan moverse entre una y otra obligación lleven a cabo una auditoría energética en lugar de una simple revisión energética realizada como parte de un sistema de gestión de la energía, ya que la mera revisión energética no cumplirá los requisitos de una auditoría energética.

Además, teniendo en cuenta los plazos explicados en las secciones 4.2 y 5.2, y tal como se ilustra en algunos de los ejemplos anteriores, existe un fuerte incentivo para que las empresas que hayan superado un umbral en un año determinado apliquen medidas de ahorro de energía lo antes posible con el fin de volver a situarse por debajo del umbral en el plazo de un año.

8.   FOMENTO DEL ACCESO DE TODOS LOS CLIENTES FINALES A AUDITORIAS ENERGETICAS DE ELEVADA CALIDAD

Por lo que se refiere al fomento del acceso de los clientes finales a las auditorías energéticas, la Directiva (UE) 2023/1791 hace hincapié en que deben tenerse en cuenta las «normas europeas o internacionales pertinentes» a la hora de definir «los criterios mínimos para las auditorías energéticas». Asimismo, dicha Directiva reconoce la necesidad de velar por que se cumplan los plazos de realización de las auditorías energéticas establecidos en el artículo 11, apartado 2 y se apliquen correctamente los criterios mínimos establecidos en el anexo VI. La Directiva (UE) 2023/1791 también exige a los Estados miembros que designen una «autoridad u organismo competente» para esta función.

La autoridad u organismo designado podría desempeñar un papel importante a la hora de garantizar una elevada calidad de las auditorías energéticas. Podría ser responsable del desarrollo y la aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad y de la realización de los controles de calidad necesarios, incluido el muestreo aleatorio. La autoridad designada podría tramitar la certificación o acreditación de los auditores energéticos y encargarse de la supervisión de los programas de formación. Además, dicha autoridad podría ocuparse de la recogida de datos y realizar análisis de las auditorías energéticas, con lo que proporcionaría informes resumidos y parámetros de referencia. Junto con las asociaciones de servicios energéticos, podrían ponerse en marcha programas de promoción para las empresas sujetas a cualquier obligación en virtud de la Directiva (UE) 2023/1791 (por ejemplo, pymes, autoridades públicas, etc.).

8.1.   Controles de calidad de las auditorías energéticas que deben llevar a cabo los Estados miembros

Los Estados miembros deben establecer «un sistema que garantice y compruebe» la calidad de las auditorías energéticas. Dichos sistemas deben basarse en los ejemplos de buenas prácticas que se han observado en los Estados miembros que aplicaron la DEE de 2018 (20) y pueden incluir:

—	Directrices detalladas sobre cómo llevar a cabo las auditorías.

—	Una plantilla para las auditorías energéticas, a fin de facilitar y normalizar el proceso de comunicación de la información, contribuyendo así a mejorar la calidad.

Asimismo, para tener fácil acceso a las auditorías energéticas completas o, como mínimo, a los resúmenes de las auditorías energéticas, pueden crearse bases de datos nacionales para supervisar la aplicación y permitir que se realicen comprobaciones formales de la exhaustividad y la estructura de los resúmenes de las auditorías energéticas. Si es posible, los principales datos de la auditoría energética deben recogerse en un formato de lectura mecánica para que puedan detectarse posibles errores y se compruebe la verosimilitud de las cifras (por ejemplo, sobre la base de una evaluación comparativa de las medidas de ahorro de energía (21)). En este contexto, los Estados miembros deben prestar especial atención a facilitar el proceso de información y presentación de datos (por ejemplo, mediante la creación de líneas directas o servicios de asistencia, con una sección de preguntas frecuentes, etc.).

Más allá de los controles básicos de la validez de todos los informes de auditoría energética recopilados, se realizarán controles de calidad exhaustivos de una muestra más reducida de forma aleatoria. Si se dispone de informes de auditoría energética completos, la autoridad nacional podría utilizar esta base de datos para realizar evaluaciones detalladas de muestras (aleatorias) de auditorías energéticas. Si solo se han presentado resúmenes, deberán presentarse informes de auditoría energética completos previa solicitud. El número de controles de calidad exhaustivos varía y puede oscilar entre el 1 y el 5 % de todas las empresas obligadas.

8.2.   Rentabilidad de las auditorías energéticas

No existe una definición estricta de la rentabilidad de las auditorías energéticas. No obstante, la rentabilidad de las auditorías energéticas puede evaluarse utilizando el período de amortización (años), que es la relación entre los costes de realización de una auditoría energética y el ahorro neto de costes anual (expresado en valor actual neto) generado por las medidas de eficiencia energética identificadas en la auditoría energética y aplicadas por la empresa. El ahorro neto de costes tiene en cuenta el ahorro bruto de costes anual (asociado a la reducción del consumo de energía), así como las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética.

Un estudio reciente (22) evaluó la rentabilidad de las auditorías energéticas expresada como un período de amortización para varias empresas típicas. En general, el período de amortización de las auditorías energéticas es de 3,1 años o inferior, dependiendo de la empresa de que se trate; en el caso de las empresas con un consumo de energía superior a 10 TJ, el período de amortización es inferior a 1,16 años.

Por último, en el cálculo de la rentabilidad pueden tenerse en cuenta los costes internos (por ejemplo, los gastos personales del personal que se encarga de apoyar la auditoría energética o la aplicación de las medidas de eficiencia energética), así como el ahorro de costes relacionado con los beneficios no energéticos.

8.3.   Beneficios múltiples

Una de las razones por las que las empresas, y en particular las pymes, no invierten más en eficiencia energética es que las propuestas de proyectos suelen centrarse únicamente en el ahorro de energía (véase el enfoque clásico del gráfico 4), lo cual no constituye la actividad principal en la mayoría de las empresas. Sin embargo, al cuantificar y comunicar todos los beneficios que aporta la mejora de la eficiencia energética (véase el enfoque de beneficios múltiples del gráfico 4), en particular la mejora de la calidad de los productos, el aumento de la productividad, la mejora del ambiente interior, etc., las propuestas de proyectos se vuelven más competitivas y más atractivas para las empresas (23).

Gráfico 4:

Enfoque clásico frente al enfoque de beneficios múltiples para promover las inversiones en medidas de eficiencia energética (basado en el sitiowww.mbenefits.eu)

8.4.   Redes de eficiencia energética

Una red de eficiencia energética (REE) es un concepto de eficacia demostrada para fomentar la aplicación de medidas de eficiencia energética en las empresas. Dicho concepto puede definirse como un intercambio estructurado, moderado y limitado temporalmente (normalmente de dos a cuatro años) de conocimientos y experiencias entre empresas, con el objetivo de facilitar la aplicación de medidas de eficiencia energética. El primer paso suele consistir en determinar el potencial de ahorro energético de las empresas que forman parte de la REE mediante la realización de una auditoría energética. Las medidas de eficiencia energética recomendadas se utilizan para establecer objetivos de ahorro individuales y no vinculantes. Por lo general, también se fija un objetivo global de ahorro para la REE como grupo. Seguidamente, los profesionales de la energía internos y externos se reúnen a intervalos regulares para debatir la eficiencia energética y las posibles medidas y, en caso necesario, recurrir a expertos externos con ámbitos de competencia específicos. Esto permite a los participantes en la REE acceder a conocimientos, buenas prácticas y experiencia de primera mano. Este planteamiento también ayuda a los participantes a justificar las inversiones necesarias dentro de sus respectivas empresas y a aumentar el porcentaje de aplicación de las medidas de eficiencia energética. El concepto y el impacto de las REE se han documentado en la bibliografía y en varios informes (24).

9.   EXENCION DE LAS OBLIGACIONES SI SE EJECUTA UN CONTRATO DE RENDIMIENTO ENERGETICO

De conformidad con el artículo 11, apartado 10, las empresas deben quedar exentas del cumplimiento de los requisitos de los apartados 1 y 2 si ejecutan un contrato de rendimiento energético que cumpla las siguientes condiciones:

—	El contrato de rendimiento energético abarca los elementos necesarios del sistema de gestión de la energía.

—	El contrato de rendimiento energético cumple los requisitos establecidos en el anexo XV de la DEE (25).

En general, para que esta exención sea válida debe aplicarse el principio de impacto comparable. Esto significa que el contrato de rendimiento energético tendría que abarcar la totalidad de la empresa, incluidos todos sus emplazamientos y todos sus sistemas y procesos consumidores de energía; estos deberían estar cubiertos por un sistema de gestión de la energía que cumpla los requisitos de la DEE. En la práctica, esto es casi inimaginable, ya que los contratos de rendimiento energético presentan límites del sistema claramente definidos y, por lo general, solo abarcan emplazamientos o sistemas energéticos concretos.

No obstante, el uso de contratos de rendimiento energético puede facilitar la introducción de un sistema de gestión de la energía en una empresa. Las partes de una empresa que ya hayan mejorado su consumo de energía mediante un contrato de rendimiento energético pueden quedar excluidas de las actividades que exige el sistema de gestión de la energía. Por ejemplo, si ya existe un contrato de rendimiento energético que optimice la iluminación de las naves de producción, este ámbito ya no ha de abordarse en el sistema de gestión de la energía. Lo único que debe garantizarse es que el proyecto de contrato de rendimiento energético facilite al proceso de notificación interno la información necesaria y útil para el sistema de gestión de la energía.

10.   EXENCION DE LAS OBLIGACIONES SI SE APLICA UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El artículo 11, apartado 11, exime del cumplimiento de los requisitos establecidos en sus apartados 1 y 2 a aquellas empresas que apliquen «un sistema de gestión ambiental, certificado por un organismo independiente de conformidad con las normas europeas o internacionales correspondientes» siempre que dicho sistema «incluya una auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos establecidos en el anexo VI».

En el contexto del artículo 11, apartado 11, la exención de la obligación de sistema de gestión de la energía (o de auditoría energética) para las empresas que se sitúen por encima de los 85 TJ (o 10 TJ) se refiere específicamente a los sistemas de gestión ambiental formalizados que cumplen las normas europeas e internacionales pertinentes, como la norma ISO 14000 (sistemas de gestión ambiental) o el sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Esta exención solo se aplica si el sistema de gestión ambiental de que se trate incluye una auditoría energética basada en los criterios mínimos establecidos en el anexo VI (véase el punto 6.3). Debe comprobarse el estado de certificación del sistema de gestión y del organismo de certificación (o, en su caso, de la autocertificación) para garantizar que la aplicación del sistema de gestión cumple los requisitos descritos en el anexo VI. Deben aportarse a las autoridades nacionales pruebas de que una auditoría energética cumple los requisitos del anexo VI y los requisitos específicos del Estado miembro.

Un sistema de gestión ambiental se basa en un ciclo «Planificar-Hacer-Verificar-Actuar». Por consiguiente, si una empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental que incluye una auditoría energética de conformidad con el anexo VI, ha estado aplicando un proceso de mejora continua para aumentar su eficiencia energética y se considera que cumple los requisitos del artículo 11, apartados 1 o 2. Por lo tanto, esta empresa queda exenta de los requisitos de dichos artículos.

11.   REQUISITOS DE INFORMACION

11.1.   Actualización de los planes nacionales integrados de energía y clima

De conformidad con el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), los Estados miembros deben presentar, a más tardar el 30 de junio de 2024 y, posteriormente, a más tardar el 1 de enero de 2034 y luego cada diez años, una actualización de la última versión notificada de su plan nacional integrado de energía y clima. En el artículo 14, apartado 1, se exige a los Estados miembros que presenten un proyecto de actualización del plan nacional integrado de energía y clima siempre un año antes de la fecha límite de presentación establecida en el artículo 14, apartado 2.

De conformidad con el anexo I del Reglamento (UE) 2018/1999, en lo que respecta a la dimensión de la eficiencia energética, los Estados miembros deben incluir, entre otras cosas, medidas para promover las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía con arreglo al artículo 11 de la Directiva (UE) 2023/1791 (que sustituye al artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE).

11.2.   Informes de situación

El artículo 17 del Reglamento (UE) 2018/1999 exige a los Estados miembros que presenten sus informes de situación nacionales integrados de energía y clima abarcando las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, siendo la eficiencia energética una de ellas.

De conformidad con el anexo IX, parte 2, del Reglamento (UE) 2018/1999, los Estados miembros deben comunicar el número de auditorías energéticas efectuadas en los años X – 3 y X – 2 y, además, el total estimado de empresas en su territorio a las que es aplicable el artículo 11, apartado 2, de la Directiva (UE) 2023/1791 (que sustituye al artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/27/UE), así como el número de auditorías energéticas efectuadas en dichas empresas en los años X – 3 y X – 2.

Los primeros informes de situación nacionales integrados de energía y clima debían presentarse el 15 de marzo de 2023, tras lo cual los Estados miembros deben informar de los avances cada dos años.

(1)  Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía (DO L 304 de 14.11.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj).

(2)  Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [notificada con el número C(2003) 1422] (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

(3)  Sentencia de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, asunto C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, apartado 7; sentencia de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, ECR I-3851, CNSD, apartado 36; sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, apartado 46.

(4)  En el caso de los vectores energéticos que no se facturan sobre la base de unidades de energía, podrán tenerse en cuenta las unidades de peso (por ejemplo, tonelada de carbón) y de volumen (por ejemplo, m3 de madera) en las facturas energéticas.

(5)  Se facilita una definición de «proveedor de servicios energéticos» en el artículo 2, punto 29, de la Directiva (UE) 2023/1791.

(6)  Los Estados miembros podrán permitir que se excluya el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables (con excepción de la bioenergía).

(7)  De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, se entiende que una empresa es autónoma si es completamente independiente o si tiene una o varias asociaciones minoritarias (cada una de ellas menor al 25 %) con otras empresas.

(8)  Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme, Oficina de Publicaciones, 2020, DocsRoom, Comisión Europea (europa.eu).

(9)  Los Estados miembros también podrán adoptar un enfoque distinto e incluir también en los cálculos el consumo de energía de las empresas asociadas.

(10)  Véase el punto 6.1.

(11)  Téngase en cuenta que las «auditorías internas de los sistemas de gestión de la energía» no deben confundirse con las «auditorías energéticas».

(12)  Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.o 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (DO L 322 de 16.12.2022, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

(13)  Evaluar la viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas alternativos de alta eficiencia basados en energías renovables.

(14)  Se ofrecen más detalles en: Behling, I. et al.: Development of recommendations on the implementation of certain aspects of Article 8 and Annex VI of the Energy Efficiency Directive [«Elaboración de recomendaciones sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 8 y del anexo VI de la Directiva de eficiencia energética», documento en inglés], 2018, informe final para la DG Energía.

(15)  Comisión Europea: A Study on Energy Efficiency in Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems. Report on the fulfilment of obligations upon large enterprises, the encouragement of small- and medium-sized companies and on good-practice [«Un estudio sobre la eficiencia energética en las empresas: Auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de las grandes empresas, el fomento de las pequeñas y medianas empresas y las buenas prácticas», documento en inglés], estudio elaborado por el Instituto Fraunhofer para Gestión y Tecnología de Sistemas de Energía (IEE) y Ricardo Energy & Environment para la Comisión Europea, Karlsruhe/Oxon, 2016

(16)  Véase Behling, I. et al.: Development of recommendations on the implementation of certain aspects of Article 8 and Annex VI of the Energy Efficiency Directive [«Elaboración de recomendaciones sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 8 y del anexo VI de la Directiva de eficiencia energética», documento en inglés], 2018, informe final para la DG Energía.

(17)  Comisión Europea: A Study on Energy Efficiency in Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems. Report on the fulfilment of obligations upon large enterprises, the encouragement of small- and medium-sized companies and on good-practice [«Un estudio sobre la eficiencia energética en las empresas: Auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía. Biblioteca de recomendaciones de auditorías energéticas, costes y ahorro habituales», documento en inglés], estudio elaborado por DNV GL, Oxon, 2016.

(18)  JRC: «Survey of energy audits and energy management systems in the Member States. Preparation of the transposition of the Energy Efficiency Directive in Member States» [«Estudio sobre las auditorías energéticas y los sistemas de gestión de la energía en los Estados miembros. Preparación de la transposición de la Directiva de eficiencia energética en los Estados miembros», documento en inglés], JRC Science for Policy Report, 2015.

(19)  Donde año n se refiere a un año cualquiera tras la transposición de la Directiva.

(20)  Véase: Guidance for national authorities on overcoming challenges in the implementation of Article 8 EED [«Orientaciones para las autoridades nacionales para superar los retos en la aplicación del artículo 8 de la DEE», documento en inglés]. 2021. https://doi.org/10.24406/publica-304. Elaborado en el marco del proyecto DEESME de Horizonte 2020 para la aplicación del artículo 8 de la DEE anterior. Muchas de las recomendaciones siguen siendo pertinentes para la aplicación del artículo 11 de la presente Directiva.

(21)  La base de datos DEEP (https://deep.eefig.eu) del EEFIG es una posible referencia para la evaluación comparativa de los datos de los proyectos de eficiencia energética.

(22)  Comisión Europea, Dirección General de Energía, Groen, W., Egenhofer, C., Musmeci, R.et al.: Technical assistance on assessing the effectiveness of the implementation of the definition of small and medium-sized enterprises for the purposes of Article 8(4) of the Energy Efficiency Directive – Final report [«Asistencia técnica para la evaluación de la eficacia de la aplicación de la definición de pequeñas y medianas empresas a efectos del artículo 8, apartado 4, de la Directiva de eficiencia energética — Informe final», documento en inglés], Oficina de Publicaciones, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2833/051248.

(23)  Algunos proyectos de Horizonte 2020 proporcionan materiales pertinentes (por ejemplo, información de referencia, directrices, hojas de Excel, etc.) para ayudar a las autoridades nacionales y a las empresas a incluir, cuantificar y promover los múltiples beneficios de la eficiencia energética. He aquí algunos de estos proyectos: M-Benefits (https://www.mbenefits.eu/), DEESME (https://www.deesme.eu/) o ICCEE (https://iccee.eu/).

(24)  Por ejemplo, en:

Carlén, A. et al.: «Energy efficiency networks for small and medium sized enterprises: boosting the energy efficiency potential by joining forces» [«Redes de eficiencia energética para pequeñas y medianas empresas: aunar fuerzas para impulsar el potencial de eficiencia energética», documento en inglés], ECEEE Industrial Summer Study Proceedings, Consejo Europeo para una Economía Energéticamente Eficiente (ECEEE), 2016.

Asociación Internacional de Cooperación para la Eficiencia Energética (IPEEC): Energy Efficiency Networks – An effective policy to stimulate energy efficiency [«Redes de eficiencia energética: una política eficaz para estimular la eficiencia energética», documento en inglés], OCDE/IPEEC, París, 2015.

Además, puede encontrarse documentación exhaustiva (en alemán) en el sitio web de la iniciativa «Redes de eficiencia energética» https://www.effizienznetzwerke.org/.

(25)  En las orientaciones sobre el artículo 29 se ofrece información detallada sobre la definición de contrato de rendimiento energético.

(26)  Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).