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(1)

De conformidad con el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, los emisores de fichas referenciadas a activos deben aplicar y mantener políticas y procedimientos eficaces para la detección, la prevención, la gestión y la comunicación de los conflictos de intereses entre ellos y determinadas categorías de personas. Al aplicar y mantener las políticas y los procedimientos exigidos en virtud del artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, los emisores de fichas referenciadas a activos deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad con el fin de garantizar que dichas políticas y dichos procedimientos sean acordes con su tamaño, su organización interna, su modelo de negocio y la naturaleza, la dimensión y la complejidad de sus actividades, así como que sean coherentes, cuando proceda, con las políticas del grupo y suficientes para alcanzar eficazmente los objetivos de ese artículo.

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Los conflictos de intereses se originan en una amplia gama de situaciones, relaciones y afiliaciones, ya que los intereses del emisor de fichas referenciadas a activos, sus propietarios, su personal, su órgano de dirección, las partes interesadas, las entidades pertenecientes al mismo grupo que el emisor de fichas referenciadas a activos y otras partes interesadas pueden diferir a la hora de emitir fichas referenciadas a activos, ponerlas a disposición del público y gestionarlas. Al decidir qué tipo de situaciones y circunstancias deben estar cubiertas por sus políticas y procedimientos en materia de conflictos de intereses, los emisores de fichas referenciadas a activos deben contemplar todas las situaciones que puedan influir en la capacidad del emisor de fichas referenciadas a activos o de cualquier persona vinculada a este para tomar decisiones imparciales y objetivas o puedan afectar a esa capacidad, o de las que pueda percibirse que influyen en ella o la afectan.

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Una gobernanza y una gestión sólidas de los emisores de fichas referenciadas a activos son fundamentales para su funcionamiento y para garantizar la confianza en este segmento del mercado financiero. Por eso las políticas y los procedimientos en materia de conflictos de intereses deben abarcar específicamente aquellos conflictos que puedan obstruir la capacidad de los miembros del órgano de dirección para adoptar decisiones objetivas e imparciales encaminadas a favorecer el interés del emisor de fichas referenciadas a activos, pero también el de los titulares de fichas referenciadas a activos.

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La reserva de activos es un elemento clave de las fichas referenciadas a activos, y su buena gestión contribuye a proteger a los titulares de fichas referenciadas a activos. A la hora de detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses, los emisores de fichas referenciadas a activos deben tener en cuenta los conflictos de intereses que puedan derivarse de la gestión y la inversión de la reserva de activos a que se refiere el artículo 36 del Reglamento (UE) 2023/1114, y las políticas y los procedimientos de los emisores de fichas referenciadas a activos deben hacerse cargo de esos aspectos. Asimismo, los emisores de fichas referenciadas a activos deben tener en cuenta los posibles conflictos de intereses con terceros que presten servicios relacionados con la gestión, la inversión o la custodia de los activos de reserva y, en su caso, con la distribución pública de las fichas referenciadas a activos. Por la misma razón, los emisores de fichas referenciadas a activos deben establecer, aplicar y mantener acuerdos que garanticen que los terceros que desempeñan alguna de las funciones a que se refiere el artículo 34, apartado 5, letra h), del Reglamento (UE) 2023/1114 actúen de manera coherente con sus políticas y procedimientos en materia de conflictos de intereses.

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En sus políticas y procedimientos en materia de conflictos de intereses en virtud del artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, los emisores de fichas referenciadas a activos deben tomar en consideración los conflictos de intereses reales y potenciales que afecten o puedan afectar a los intereses de los titulares de las fichas referenciadas a activos, así como a los del emisor de las fichas referenciadas a activos, y en particular los conflictos de intereses que puedan afectar a su desempeño y su situación y, por tanto, indirectamente, también a los intereses de los titulares y potenciales titulares de las fichas referenciadas a activos.

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A fin de garantizar que los intereses de los titulares, los potenciales titulares y los emisores de fichas referenciadas a activos estén suficientemente protegidos, el emisor de fichas referenciadas a activos debe reconocer y evaluar cualquier conflicto de intereses que exista o pueda producirse y establecer y aplicar las medidas adecuadas para prevenirlo o mitigarlo lo antes posible.

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Las operaciones que consisten en el intercambio de fichas referenciadas a activos por fondos u otros criptoactivos, incluido el reembolso de fichas referenciadas a activos, y en las que el emisor de la ficha referenciada a activos es una de las partes conllevan un riesgo mayor de conflictos de intereses y, por tanto, cuando se lleven a cabo en nombre de personas directa o indirectamente vinculadas al emisor de la ficha referenciada a activos, debe examinarse cuidadosamente si pueden ser perjudiciales para este último.

Del mismo modo, puesto que los incentivos previstos en los procedimientos, las políticas y los mecanismos de remuneración pueden suscitar conflictos de intereses, conviene que sean objeto de seguimiento para evitar cualquier aplicación distorsionadora que perjudique al emisor o a los titulares de fichas referenciadas a activos.

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A fin de evitar conflictos de intereses perjudiciales para el emisor de fichas referenciadas a activos, las políticas y los procedimientos contemplados en el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114 deben garantizar un seguimiento minucioso de las situaciones en que personas vinculadas a los emisores de fichas referenciadas a activos tengan una relación personal, profesional o política con otra persona cuyos intereses entren en conflicto con los del emisor. Tales relaciones pueden influir en la objetividad o la opinión de los emisores de fichas referenciadas a activos y de las personas vinculadas a ellos. Las relaciones personales deben comprender las de parentesco por consanguinidad o matrimonio o las relaciones sociales no limitadas a una unión de pareja formal o matrimonio. Las relaciones políticas deben comprender la afiliación a partidos políticos o las relaciones con funcionarios de las administraciones públicas u otros organismos públicos. Las relaciones profesionales deben consistir en relaciones en un entorno profesional, como el trabajo o un contexto empresarial.

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Para garantizar la confianza en el emisor de la ficha referenciada a activos y protegerlo de daños a su reputación o riesgos jurídicos, en circunstancias en las que los riesgos de conflicto de intereses sean especialmente significativos y no puedan prevenirse o gestionarse adecuadamente mediante las políticas y los procedimientos adoptados, incluidos los sistemas y controles internos, deben acordarse e implantarse otras medidas específicas adicionales para prevenir o gestionar los conflictos de intereses en cuestión.

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Con el fin de garantizar en todo momento su aplicación, mantenimiento y revisión adecuados, las políticas y los procedimientos en materia de conflictos de intereses a que se refiere el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114 deben asegurar que haya recursos suficientes para la gestión de los conflictos de intereses y que los recursos humanos dedicados a esa gestión en el emisor de fichas referenciadas a activos sean independientes de las funciones empresariales de este. Los recursos humanos designados para esta tarea deben tener también las capacidades, los conocimientos y la experiencia requeridos. La persona responsable de la gestión de los conflictos de intereses debe poder acceder y rendir cuentas directamente al órgano de dirección en su función de gestión y, cuando corresponda, en su función de supervisión. Para garantizar una asignación y gestión eficientes de los recursos dedicados a la gestión de los conflictos de intereses, las políticas y los procedimientos deben prever que la persona responsable de la gestión de los conflictos de intereses pueda dedicar tiempo suficiente a esta función y disponga en todo momento de recursos suficientes para ejecutar, aplicar, supervisar y revisar adecuadamente dichas políticas y dichos procedimientos.

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Con el fin de que los titulares y los potenciales titulares de fichas referenciadas a activos puedan tomar decisiones fundamentadas sobre las fichas, sus emisores deben mantener actualizada la información que se dé a conocer a los titulares de conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) 2023/1114 y proporcionar una descripción de los conflictos de intereses detectados y de las medidas adoptadas para gestionar o prevenir los conflictos de intereses.

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Con objeto de aclarar a los titulares de fichas referenciadas a activos la condición o calidad en que actúa el emisor de fichas referenciadas a activos, en especial teniendo en cuenta que a menudo este puede operar en estrecha cooperación con entidades afiliadas o del mismo grupo, la información a que se refiere el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) 2023/1114 debe incluir una descripción suficientemente detallada, específica y clara de las situaciones que suscitan o pueden suscitar conflictos de intereses, indicando en concreto la función y la condición en que actúa el emisor de fichas referenciadas a activos y si forma parte de un grupo integrado también por proveedores de servicios de criptoactivos.

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Por la misma razón, y para garantizar una protección adecuada de los inversores, los titulares y los potenciales titulares de fichas referenciadas a activos deben tener acceso a la información a que se refiere el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) 2023/1114 en una lengua que conozcan. Por consiguiente, los emisores de fichas referenciadas a activos deben dar a conocer dicha información en una lengua oficial del Estado miembro de origen, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 33, letra d), del Reglamento (UE) 2023/1114, y en una lengua de uso habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. En el momento de la adopción del presente Reglamento, el inglés es la lengua de uso habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, pero esa circunstancia podría cambiar en el futuro.

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El tratamiento de los datos personales, incluida la información recogida a efectos de las políticas y los procedimientos en materia de conflictos de intereses a que se refiere el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, por parte de los emisores de fichas referenciadas a activos debe realizarse de conformidad con el derecho a la protección de los datos de carácter personal de las personas a las que conciernan, establecido en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe cumplir lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

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Las políticas y los procedimientos en materia de conflicto de intereses a que se refiere el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, tal como se especifican más detalladamente en las normas técnicas de regulación establecidas en el presente Reglamento, deben prever la comunicación de datos personales cuando sea necesario y proporcionado para garantizar la detección, la prevención, la gestión y la comunicación adecuadas de conflictos de intereses que puedan perjudicar a los titulares de fichas referenciadas a activos o a los emisores de fichas referenciadas a activos, teniendo en cuenta los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de los datos personales de las personas vinculadas. En consonancia con el principio de minimización de los datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, los emisores de fichas referenciadas a activos deben especificar qué categorías de datos personales van a tratar para detectar, prevenir y gestionar los conflictos de intereses en sus políticas y procedimientos a que se refiere el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) 2023/1114, de manera apropiada a su tamaño y su organización interna, a su grupo, cuando proceda, y a su modelo de negocio, y adaptada a la naturaleza, la dimensión y la complejidad de sus actividades. Las normas técnicas de regulación establecidas en el presente Reglamento especifican los criterios para determinar las categorías de datos personales que son necesarias y proporcionadas para garantizar la detección, la prevención, la gestión y la comunicación adecuadas de conflictos de intereses que puedan perjudicar a los titulares o los emisores de fichas referenciadas a activos, teniendo en cuenta los riesgos para los derechos fundamentales a la privacidad y la protección de los datos de carácter personal de las personas a las que se refiere el artículo 32, apartado 1, letras a) a d) y f), del Reglamento (UE) 2023/1114.

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El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Bancaria Europea a la Comisión.

La Autoridad Bancaria Europea ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario, creado de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), emitió su dictamen el 17 de julio de 2024.

a)

tenga un interés económico en una persona, organismo o entidad cuyos intereses estén en conflicto con los del emisor de fichas referenciadas a activos;

b)

tenga responsabilidades en una persona, organismo o entidad cuyos intereses estén en conflicto con los del emisor de fichas referenciadas a activos;

c)

esté bajo la supervisión jerárquica de una persona cuyos intereses estén en conflicto con los del emisor o los titulares de fichas referenciadas a activos;

d)

tenga una relación de carácter personal, profesional o político con una persona, un organismo o una entidad cuyos intereses estén en conflicto con los del emisor de fichas referenciadas a activos o haya tenido esa relación en los tres años siguientes a la fecha en que se realice la evaluación;

e)

lleve a cabo actividades que compitan con las del emisor de fichas referenciadas a activos, como las de consultor, asesor, delegado, contratista externo, proveedor tercero de servicios, subcontratista u otro proveedor de una persona, un organismo o una entidad que realice la misma actividad que el emisor de fichas referenciadas a activos.

a)

pueden con probabilidad obtener una ganancia económica, o evitar una pérdida económica, en detrimento del emisor de fichas referenciadas a activos;

b)

tienen algún interés en el resultado de una actividad realizada por el emisor de fichas referenciadas a activos o en el efecto resultante de una decisión adoptada por él y dicho interés está en conflicto con los del emisor de fichas referenciadas a activos.

a)

sea titular de derechos de propiedad y de fichas (incluidas las fichas de gobernanza) o sea miembro de esa persona, ese organismo o esa entidad;

b)

tenga contraído cualquier tipo de deuda con esa persona, ese organismo o esa entidad;

c)

tenga cualquier forma de acuerdo contractual con esa persona, ese organismo o esa entidad relacionado con las actividades reguladas en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114.

a)

un miembro del órgano de dirección del emisor o un empleado que pueda negociar o firmar contratos en nombre del emisor;

b)

una parte relacionada con una de las personas a que se refiere la letra a), como sigue:

i) cónyuge, pareja registrada, hijo o hija o progenitor;

ii) cualquier familiar que haya compartido el mismo hogar con esa persona durante al menos un período acumulado de un año en los cinco años anteriores a la fecha de la operación;

iii) una entidad comercial en la que una persona de las mencionadas en la letra a) o en la letra b), incisos i) y ii), tenga una participación cualificada del 10 % o más del capital o de los derechos de voto, o en la que esas personas ejerzan funciones clave, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, punto 9, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), ocupen puestos de alta dirección o sean miembros del órgano de dirección;

c)

una persona respecto de la cual las personas a que se refieren las letras a) o b) tengan, directa o indirectamente, un interés significativo en cuanto al resultado o las condiciones de la operación, que no sea la obtención de honorarios o comisiones por la ejecución de la operación.

a)

una descripción de las circunstancias que pueden suscitar un conflicto de intereses de conformidad con los artículos 2 y 3;

b)

los procesos que deben aplicarse para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses a que se refieren los artículos 2 y 3.

a)

procesos eficaces para notificar y comunicar sin demora, a través de los cauces internos de denuncia adecuados, cualquier asunto que pueda dar lugar o haya dado lugar a un conflicto de intereses;

b)

procesos eficaces para evitar y controlar el intercambio de información entre personas vinculadas que participen en actividades en las que pueda surgir un conflicto de intereses, cuando el intercambio de esa información pueda menoscabar los intereses del titular de fichas referenciadas a activos o afectar al desempeño de las funciones y responsabilidades de la persona vinculada;

c)

medidas para garantizar que las actividades u operaciones en conflicto se encomienden, en la medida de lo posible, a personas diferentes dentro del mismo emisor de fichas referenciadas a activos o, de lo contrario, estén sujetas a un seguimiento y unas medidas específicos con los que se logre el mismo efecto;

d)

medidas para impedir que las personas vinculadas que realicen actividades empresariales externas relacionadas con el emisor de fichas referenciadas a activos puedan ejercer una influencia indebida en el emisor de fichas referenciadas a activos en relación con dichas actividades;

e)

medidas para garantizar que el riesgo de conflicto de intereses se aborde a nivel del órgano de dirección o de su comité competente; estas medidas garantizarán que los miembros del comité o del órgano de dirección no se encuentren en una situación de conflicto de intereses y proporcionarán orientaciones suficientes sobre la detección y la gestión de los conflictos de intereses que puedan afectar a la capacidad de los miembros del órgano de dirección de tomar decisiones objetivas e imparciales que favorezcan el interés del emisor de fichas referenciadas a activos;

f)

medidas para garantizar que se atribuya a los miembros del órgano de dirección la responsabilidad de informar a los demás miembros y abstenerse de votar sobre cualquier asunto en el que tengan o puedan tener un conflicto de intereses o cuando su objetividad o su capacidad para cumplir adecuadamente sus obligaciones con respecto al emisor de fichas referenciadas a activos puedan verse de algún otro modo comprometidas;

g)

medidas que aseguren que los miembros del órgano de dirección no puedan ser igualmente miembros del órgano de dirección, en su función de dirección o de supervisión, de emisores de fichas referenciadas a activos competidores.

a)

se establezcan procesos de toma de decisiones para la participación en dichas operaciones y se fijen umbrales, en términos de volumen de la operación, por encima de los cuales su realización requiera la aprobación del órgano de dirección;

b)

los empleados y los miembros del órgano de dirección conozcan las normas aplicadas a esas operaciones y las medidas establecidas por el emisor de fichas referenciadas a activos en relación con ellas;

c)

el emisor de fichas referenciadas a activos sea informado sin demora de cualquier operación de ese tipo;

d)

se conserve un registro de la operación notificada al emisor de fichas referenciadas a activos o señalada por este en el que se documenten la fecha y la hora de la operación, las condiciones, su volumen, la contraparte y cualquier autorización o prohibición relacionadas con ella.