Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») proclamado el 17 de noviembre de 2017 conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (2), establece varios principios para contribuir a que los mercados laborales y los sistemas de bienestar sean justos y funcionen correctamente. El pilar incluye el primer principio, sobre el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de alta calidad; el segundo principio, sobre igualdad de género; el tercer principio, sobre igualdad de oportunidades; el cuarto principio, sobre el apoyo activo al empleo; el quinto principio, sobre empleo seguro y adaptable, y los principios 11 y 16 a 20, sobre protección e inclusión social de los niños, las personas con discapacidad y las personas sin hogar, y el acceso a los servicios esenciales, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración.

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En junio de 2021, el Consejo Europeo, en consonancia con la Declaración de Oporto, acogió con satisfacción los objetivos principales de la UE para 2030 que se establecen en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales (3). Esos objetivos aspiran a alcanzar una tasa de empleo de al menos el 78 %, una participación anual de adultos en actividades de formación de al menos el 60 % y una reducción de las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social de al menos 15 millones (de las cuales al menos 5 millones sean niños). Los Estados miembros han fijado objetivos nacionales en los tres ámbitos para contribuir a la consecución de esos objetivos comunes.

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A pesar de los progresos realizados en la última década para reducir la pobreza y la exclusión social, 95,4 millones de personas seguían en situación de riesgo en 2021. El riesgo de pobreza ha aumentado en el caso de las personas que viven en hogares (casi) sin empleo, y la profundidad y la duración de la pobreza han empeorado en muchos Estados miembros. El empleo de calidad y sostenible es fundamental para aliviar este problema. Gracias a la forma en que funciona, a sus acciones y a los objetivos que persigue, la economía social tiene un papel clave que desempeñar en la mejora de la inclusión social y la igualdad de acceso al mercado laboral. Por tanto, contribuye al éxito de la aplicación del pilar.

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Las entidades de la economía social pueden crear y mantener puestos de trabajo de calidad y contribuyen a garantizar la inclusión social y en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, así como a la igualdad de oportunidades para todos. Esto está en consonancia con el marco de una recuperación inclusiva, como se destaca en las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros establecidas en la Decisión (UE) 2022/2296 del Consejo (4). Las entidades de la economía social pueden estimular el desarrollo económico e industrial sostenible y promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad. También contribuyen de manera significativa a los sistemas de protección social de la Unión al complementar los servicios públicos, revitalizar las zonas rurales y despobladas de la Unión y desempeñar un papel importante en la política internacional de desarrollo.

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El 9 de diciembre de 2021, la Comisión aprobó un plan de acción para la economía social (5). Dicho plan de acción contribuye a la prioridad de la Comisión de construir «una economía que funcione para las personas» y está en consonancia con las Conclusiones del Consejo de 2015 sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa (6). En dicho plan de acción, la Comisión propuso medidas concretas que debían aplicarse tanto a escala de la Unión como nacional. Las medidas tienen por objeto impulsar la innovación social, apoyar el desarrollo de la economía social y aprovechar su potencial transformador social y económico. Las medidas se centran en crear las condiciones adecuadas para que la economía social prospere, en crear oportunidades para que las entidades de la economía social, incluidas las empresas y otras formas de organizaciones, se pongan en marcha y se expandan, y en garantizar que la economía social y su potencial sean más visibles. El Parlamento Europeo acogió con satisfacción el mencionado plan de acción en su Resolución de 6 de julio de 2022 (7).

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El 18 de abril de 2023, las Naciones Unidas adoptaron una Resolución sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, que ofrece una definición global de la economía social y solidaria y una hoja de ruta para apoyar el desarrollo de la economía social y solidaria a escala mundial. Otras organizaciones internacionales también han adoptado estrategias para el desarrollo de la economía social, como la Resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria adoptada en la 110.a Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo el 10 de junio de 2022; y la Recomendación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la economía social y solidaria y la innovación social, adoptada también el 10 de junio de 2022.

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La economía social, también conocida en algunos Estados miembros como «economía solidaria» o «economía social y solidaria», abarca una amplia gama de entidades con diferentes modelos empresariales y organizativos que priorizan los fines sociales, incluidos los objetivos sociales y medioambientales, frente al beneficio. Las entidades de la economía social y su definición pueden variar ligeramente entre Estados miembros y pueden adoptar diversas formas jurídicas y estatutos, como cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y empresas sociales. Comparten los principios comunes de reinvertir todos o la mayor parte de sus beneficios para conseguir sus fines sociales o medioambientales y practicar una gobernanza democrática o participativa. La forma específica de gobernanza y gestión adoptada por las entidades de la economía social varía en función de su naturaleza, escala y contexto operativo. Así pues, el principio de gobernanza democrática o participativa adopta distintas formas, desde la participación directa de los miembros en los procesos de gobernanza hasta la participación representativa de los miembros o socios en funciones de gobernanza y gestión independientes. Por ejemplo, en las cooperativas, las mutualidades y las asociaciones, este principio suele adoptar la forma de «una persona, un voto». Los procesos de toma de decisiones en las entidades de la economía social se caracterizan por un conjunto de sistemas de control y relaciones entre los distintos agentes que participan en la entidad, incluidos los directivos, los socios, los empleados y los beneficiarios. Al reunir a esos diferentes agentes, las entidades de la economía social promueven un esfuerzo multilateral centrado en una cultura de participación, rendición de cuentas y transparencia destinado a lograr un objetivo común.

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Las entidades de la economía social suelen tratar de crear oportunidades económicas que promuevan la inclusión social y la integración en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, especialmente las personas con discapacidad o aquellas con problemas de salud mental. Las empresas sociales de integración laboral son un tipo de empresa social que se centra en ayudar a esos grupos de personas a integrarse en la sociedad y en el empleo ofreciendo puestos de trabajo con distintos niveles de cualificación y condiciones de trabajo inclusivas y flexibles. Por ejemplo, proporcionar apoyo lingüístico a los trabajadores migrantes y tareas y entornos de trabajo adaptados a las personas con discapacidad puede ofrecerles una vía para salir de la pobreza y la exclusión social. Estas oportunidades de empleo pueden servir de trampolín para otros sectores del mercado laboral, ayudando a superar los obstáculos al empleo para los desempleados de larga duración y otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral.

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Las nuevas empresas en la economía social pueden ser un poderoso vehículo para la creación de empleo y un cambio social positivo. La economía social puede ofrecer oportunidades para que algunos grupos infrarrepresentados, como las mujeres y los jóvenes, entren en el mercado laboral o creen empresas sociales. Según el Global Entrepreneurship Monitor, se calcula que el 55 % de los emprendedores sociales del mundo son hombres y el 45 % son mujeres, mientras que, en general, por cada dos hombres que trabajan como autónomos, solo una mujer lo hace. Según un Eurobarómetro reciente sobre las actitudes de los jóvenes hacia el emprendimiento social, los jóvenes valoran la importancia de los objetivos sociales y medioambientales y del liderazgo participativo. Los Estados miembros podrían estudiar formas de minimizar los desincentivos para los posibles empresarios, como garantizar que mantengan el acceso a una protección de seguridad social adecuada. Algunos Estados miembros han reducido las cotizaciones a la seguridad social como incentivo para que las entidades de la economía social contraten personal. Garantizar un marco propicio para la transmisión de empresas a los empleados para formar cooperativas de trabajadores, u otros modelos pertinentes de economía social propiedad de los trabajadores, también puede ser una forma de garantizar la continuidad de las pequeñas empresas y las empresas familiares y evitar la pérdida de puestos de trabajo, por ejemplo, en caso de reestructuración. Los Estados miembros también podrían aplicar medidas de facilitación para que las empresas convencionales pasen a ser entidades de la economía social.

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Las entidades de la economía social también promueven la inclusión de los jóvenes, en particular los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»). Además, imparten los programas de formación y desarrollo de capacidades y de formación de aprendices contemplados en la Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (8), y ofrecen oportunidades de empleo. Por consiguiente, contribuyen a los objetivos fijados por la Garantía Juvenil a que se refieren la Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil (9), y la Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad (10). La financiación de la Unión, como el programa del Fondo Social Europeo Plus establecido por el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), puede apoyar a las entidades de la economía social en este papel. A tal fin, se han llevado a cabo iniciativas de colaboración fructíferas entre los servicios públicos de empleo y las entidades de la economía social en los Estados miembros (12). En el marco de esas iniciativas, las entidades de la economía social desempeñan un papel importante en la identificación de las personas que precisan de asistencia y en el desarrollo de planes adaptados para ayudarlas a lograr la integración social y profesional, en particular oportunidades de formación y trabajo.

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Las entidades de la economía social pueden fomentar unas condiciones de trabajo justas mediante la participación de los trabajadores en su gobernanza y su toma de decisiones. Promover el diálogo social en la economía social puede mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Los Estados miembros pueden fomentar y aprovechar este aspecto de la economía social y hacer uso de sus conocimientos técnicos implicando a las entidades de la economía social en el diseño y la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo (13). Los Estados miembros también pueden explorar las posibilidades de facilitar la participación de los empresarios de la economía social en el diálogo social.

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La economía social contribuye a la estrategia denominada «Unión de la Igualdad» adoptada por la Comisión, ya que promueve la inclusión social de los grupos desfavorecidos e infrarrepresentados, por ejemplo mediante la oferta de servicios sociales y asistenciales (en particular atención a la infancia, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración), vivienda social y apoyo a los niños y jóvenes con necesidades especiales. Asimismo, las entidades de la economía social contribuyen a reducir las desigualdades, como la brecha de género en el empleo, tanto mediante la contratación directa de una gran proporción de mujeres como mediante la prestación de servicios asistenciales que permiten incorporarse al mercado laboral a las personas que prestan cuidados, la mayoría de las cuales son mujeres. La economía social es un socio importante para el sector público, ya que puede aportar una valiosa contribución al diseño y la prestación de servicios asistenciales residenciales, a domicilio y basados en la comunidad. A través de iniciativas de asociación, las autoridades públicas y las entidades de la economía social pueden prestar servicios asistenciales de alta calidad, accesibles y asequibles.

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Los sistemas de educación y formación profesionales desempeñan un papel crucial a la hora de dotar a las personas de las competencias necesarias para el lugar de trabajo, el desarrollo personal y la ciudadanía. También contribuyen a garantizar una mano de obra cualificada que pueda contribuir a una doble transición ecológica y digital justa. Las entidades de la economía social ofrecen oportunidades de empleo, formación en el puesto de trabajo y programas de aprendizaje en el trabajo adaptados a las necesidades de las personas y de la economía local. Además, tienen el potencial de contribuir a la implantación de las cuentas de aprendizaje individuales como posible vía para alcanzar los objetivos establecidos en la Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa a las cuentas de aprendizaje individuales (14). Las entidades de la economía social también pueden contribuir a colmar la actual brecha digital de género proporcionando un apoyo específico que refuerce las capacidades digitales de las mujeres. Por lo tanto, pueden contribuir a lograr una mano de obra cualificada y adaptable capaz de responder a los cambios en el mercado laboral, lo que podría facilitar la transición de un trabajo a otro y mitigar la escasez de mano de obra, contribuyendo así al crecimiento económico general. Los Estados miembros pueden aprovechar este potencial a la hora de crear información estratégica sobre capacidades, facilitar la formación y diseñar planes de estudios.

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Los retos que plantean la doble transición y el cambio demográfico deben abordarse a escala regional y local para lograr la cohesión económica, social y territorial. Las entidades de la economía social suelen operar de manera ascendente, cerca de las comunidades, los ciudadanos y los problemas a los que se enfrentan, a menudo actuando como innovadores sociales y buscando soluciones que puedan ampliarse o reproducirse y que contribuyan a un cambio sistémico. La economía social también puede contribuir a la autonomía estratégica de la Unión creando empresas en sectores estratégicos que sirvan a los intereses y necesidades de las comunidades locales. Por ejemplo, la economía social podría ofrecer oportunidades de mejora de las capacidades a los trabajadores poco cualificados de sectores que están experimentando cambios importantes y proporcionar bienes básicos asequibles a los grupos de bajos ingresos. En las zonas remotas y rurales con menos empleo y menos ofertas educativas, las entidades de la economía social pueden ofrecer oportunidades muy necesarias, haciendo que esas regiones sean más atractivas. Por lo tanto, el desarrollo de los ecosistemas de la economía social de la Unión contribuye a mitigar las consecuencias del envejecimiento de la población, la despoblación y otras tendencias demográficas, y a promover el desarrollo económico e industrial local, como la agricultura, la producción de alimentos ecológicos y la economía azul, incluido en las zonas rurales y remotas y en las regiones ultraperiféricas de la Unión.

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Promover el desarrollo local participativo y los ecosistemas favorables a la innovación social refuerza la economía social e impulsa el cambio hacia una economía climáticamente neutra en consonancia con el Pacto Verde Europeo (15) y el Plan Industrial del Pacto Verde (16). Dado el importante papel de la economía social en el desarrollo de la economía circular, así como en la producción y distribución de energías renovables dirigidas por los ciudadanos a través de cooperativas de energías renovables y otras comunidades de energía, el diseño de medidas transversales y coherentes de política industrial en materia de reutilización, reparación y reciclado podría promover un mercado eficiente de materias primas secundarias, optimizando la contribución de la economía social a los objetivos establecidos en el Plan de Acción para la Economía Circular (17) e impulsando la competitividad de la industria de la Unión de cero emisiones netas. Las entidades de la economía social que operan en el ámbito digital han demostrado que tienen el potencial para capacitar a los ciudadanos y las empresas para que participen en una transición digital inclusiva y centrada en el ser humano, y desempeñan un papel activo en la consecución de los objetivos y metas del programa estratégico de la Década Digital para 2030 establecido por la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (19). Para impulsar la resiliencia de esta doble transición hacia una sociedad ecológica y digital, la Comisión actualizó en mayo de 2021 su estrategia industrial de la Unión, en la que expone los retos a los que se enfrentan los catorce ecosistemas industriales, incluido el ecosistema de la «economía de proximidad y social», para el que se ha construido conjuntamente una vía de transición.

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Para que la economía social pueda desarrollar su potencial para apoyar el acceso al mercado laboral, la inclusión social, el desarrollo de capacidades, la cohesión territorial, la democracia económica, la neutralidad climática y el desarrollo económico sostenible, necesita un marco facilitador. Dado que la economía social puede estar presente en todos los sectores económicos y se ve influida por las políticas y disposiciones horizontales y sectoriales, todo marco facilitador debe tener en cuenta las características específicas de la economía social y los obstáculos adicionales a los que, en su desarrollo, se enfrentan las entidades de este tipo y que limitan sus posibilidades de operar junto a las empresas convencionales. El objetivo principal de las entidades de la economía social no es siempre maximizar las mejoras de eficiencia y los beneficios, sino generar resultados sociales positivos. Por tanto, necesitan medidas de apoyo y entornos financieros, administrativos y jurídicos favorables que tengan en cuenta las características específicas de sus modelos de negocio en términos de gobernanza, asignación de beneficios, condiciones de trabajo e impacto. Esas medidas les permiten, por ejemplo, contratar a trabajadores menos productivos o prestar servicios sociales a precios asequibles. Para establecer marcos facilitadores, se necesitan estrategias globales. Esto puede implicar la adopción de medidas reglamentarias o la aplicación o adaptación de políticas e iniciativas para apoyar las contribuciones de la economía social a los objetivos sociales y medioambientales y aumentar su valor económico e industrial. Esas estrategias deben hacer un seguimiento de los avances y medir la eficacia de las iniciativas, realizar los ajustes y mejoras que sean necesarios y, en última instancia, traducirse en unos resultados más eficientes y de mayor impacto del sector. Puede ser necesario adoptar estrategias a distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local) en función de la organización institucional y el contexto de cada Estado miembro. Las regiones, ciudades y otros niveles subnacionales podrían adoptar estrategias de economía social claramente vinculadas a los objetivos y las prioridades de desarrollo regional, maximizando los beneficios mutuos.

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Para que las estrategias de economía social puedan desarrollarse y aplicarse con éxito es esencial implicar a las partes interesadas de la economía social y facilitar la participación de las personas más vulnerables. Diversos Estados miembros ya han creado grupos de alto nivel que promueven el diálogo entre las autoridades públicas y las entidades de la economía social (por ejemplo, el Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire de Francia, el Consejo para el Fomento de la Economía Social de España, el Conselho Nacional para a Economia Social de Portugal y el Consiglio Nazionale del Terzo Settore de Italia). Las redes representativas de la economía social también pueden ser una plataforma de acción colectiva, pueden facilitar la colaboración y el intercambio de información, y crear oportunidades para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales.

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El apoyo financiero público puede desempeñar un papel importante en la puesta en marcha y el desarrollo de las entidades de la economía social, las cuales, en general, tienen mayores dificultades para acceder a los recursos financieros que otras empresas. Por ejemplo, a pesar de algunas mejoras, un análisis de los mercados de financiación de empresas sociales ha revelado un desfase persistente entre la oferta y la demanda de financiación para las empresas sociales de la Unión en lo que respecta al acceso a las finanzas y al capital. Dado que las entidades de la economía social aspiran a generar un impacto social o medioambiental positivo y los beneficios que pueden distribuir a sus financiadores y propietarios son, en el mejor de los casos, limitados, no suelen resultar convenientes para los inversores que buscan rendimientos financieros considerables. Las medidas de apoyo disponibles para abordar este problema difieren considerablemente en cuanto a su eficacia y son muy heterogéneas, desde ayudas y subvenciones hasta servicios de consultoría y desarrollo de capacidades, y a menudo proceden de viveros de empresas. Así pues, sigue habiendo un amplio margen de mejora a la hora de proporcionar financiación adaptada a las diferentes fases del ciclo de vida de una entidad de la economía social, por lo que podría ser útil prestar un mayor apoyo a fin de movilizar financiación privada y otras medidas complementarias para mejorar el acceso a la financiación de las entidades de la economía social. Ejemplo de ello es ofrecer a los ahorradores particulares o a los empleados que participan en planes de pensiones o de ahorro financiados por su empleador la opción de seleccionar un plan que invierta una parte de sus ahorros en una empresa social (20).

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La Unión ofrece numerosas oportunidades de financiación para apoyar la economía social. El Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional establecido por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), el Fondo de Transición Justa establecido por el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establecido por el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (23), el Programa para el Mercado Único establecido por el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), el programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (25) y, en su caso, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), proporcionan financiación.

La Unión también ofrece asesoramiento, a través de la plataforma «fi-compass», para el diseño de instrumentos financieros en el marco de los fondos de la política de cohesión. Los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales, podrían aprovechar mejor esas oportunidades adoptando medidas específicas para la economía social. El apoyo técnico (27) es otro instrumento de la Unión disponible para mejorar la capacidad de los Estados miembros a la hora de diseñar y aplicar políticas que refuercen la economía social.

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Proporcionar bienes y servicios y trabajar tanto con las autoridades públicas como con las empresas convencionales son fundamentales para el desarrollo de la economía social, para generar ingresos y para ayudar a las entidades de la economía social a ser autosuficientes desde el punto de vista financiero. Gracias al margen de flexibilidad que ofrecen las normas y estrategias de contratación pública de la Unión y nacionales, los poderes adjudicadores pueden utilizar la contratación pública de manera más estratégica estableciendo criterios innovadores, ecológicos y sociales, lo que en última instancia contribuye a una economía más sostenible, inclusiva y competitiva. Sin embargo, la mayoría de las ofertas siguen adjudicándose únicamente atendiendo al precio. Dado que el objetivo de las entidades de la economía social es aportar beneficios sociales y colectivos, en lugar de prestar servicios al precio más bajo, tienen dificultades para competir en procesos ordinarios de contratación pública a pesar de que pueden aportar un valor añadido más amplio al proceso de contratación. También hay margen para aumentar la capacidad de las entidades de la economía social para hacer negocios, en particular mediante una integración más sistemática en las cadenas de valor de las empresas convencionales y la asociación con ellas para participar conjuntamente en la contratación pública y crear nuevas oportunidades de mercado.

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En muchas ocasiones, para apoyar la economía social las autoridades públicas no le sacan todo el partido posible al actual ámbito de aplicación de la normativa sobre ayudas públicas, cuando el mercado es incapaz por sí solo de propiciar un acceso satisfactorio al mercado laboral y a la inclusión social; por ello, se limitan a tomar medidas por debajo del umbral general de minimis y no se recurre a la opción de establecer otras acciones en virtud del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (28) (Reglamento General de Exención por Categorías), como las ayudas regionales, las ayudas a la financiación de riesgo y las ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos. En lo que respecta a la ayuda de minimis, actualmente se limita a 200 000 EUR en un período de tres años, aunque las normas actuales vencen el 31 de diciembre de 2023 y se encuentran en proceso de revisión. Las normas de la Unión que rigen los servicios de interés económico general también dejan margen a autorizar ayudas públicas, si bien las autoridades públicas no suelen hacer pleno uso de esas opciones, en particular en lo que respecta a los servicios sociales en el ámbito de la integración laboral de las personas vulnerables. Es necesario que las autoridades públicas examinen en primer lugar si una medida puede considerarse ayuda pública en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

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La tributación también puede desempeñar un papel importante a la hora de fomentar la economía social y velar por que las entidades de la economía social puedan permitirse coexistir con las empresas convencionales, creando un entorno empresarial más equitativo y contribuyendo al mismo tiempo a la inclusión social y a un acceso mejorado al empleo. Algunos Estados miembros han establecido un marco fiscal que fomenta el desarrollo del sector, en particular incentivos fiscales adaptados a las necesidades de la economía social, reconociendo al mismo tiempo su diversidad y evitando la fragmentación. En varios Estados miembros siguen existiendo obstáculos administrativos en relación con las donaciones de utilidad pública a través de las fronteras de los Estados miembros. Los incentivos fiscales bien diseñados para las donaciones a entidades de la economía social de utilidad pública pueden estimular su financiación, también a través de las fronteras de la Unión, en consonancia con el principio de no discriminación establecido en el Tratado. También se recuerda que determinados bienes y servicios, a menudo proporcionados por entidades de la economía social, pueden beneficiarse de un tipo reducido del IVA de conformidad con el artículo 98 y el anexo III de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (29).

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Los procesos de medición y gestión del impacto social son especialmente importantes para las entidades de la economía social, ya que les permiten comprender y comunicar su impacto y acceder a una financiación orientada a repercutir en la sociedad. La medición del impacto social implica el uso de parámetros y herramientas para cuantificar las repercusiones de una intervención o iniciativa concreta. La gestión del impacto social implica la creación de los sistemas, procesos y capacidades que una organización necesita para gestionar de forma proactiva su impacto y aumentarlo. Sin embargo, la amplia gama de marcos y herramientas disponibles puede suponer un reto, especialmente para las entidades con menos recursos. El seguimiento de los resultados sociales de las inversiones públicas hace posible el escrutinio público, puede respaldar la justificación del uso del dinero de los contribuyentes para apoyar a entidades o actividades de la economía social, y puede contribuir a evitar las declaraciones excesivas o falsas en relación con las repercusiones sociales. A este respecto, podrían resultar de utilidad unos enfoques de medición y gestión del impacto social que estén bien estudiados, sean proporcionados y se adapten a las necesidades de las distintas entidades, los cuales deben basarse en métodos e indicadores normalizados, así como en factores como el tamaño, la fase de desarrollo y la diversidad de las entidades. La vinculación de las metodologías de medición y gestión del impacto social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas puede constituir un marco útil para demostrar su repercusión.

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La visibilidad y el reconocimiento de la economía social a escala nacional y regional en la Unión han mejorado en la última década. Sin embargo, en muchos Estados miembros sigue sin aprovecharse todo el potencial del sector. La falta de coordinación e intercambio entre países perpetúa las diferencias en el desarrollo de la economía social, por lo que existe una clara oportunidad para que los Estados miembros aprendan y compartan buenas prácticas. Además, el público en general tiene un conocimiento limitado de la economía social y de sus contribuciones positivas, lo cual puede obstaculizar el desarrollo de políticas de apoyo y oportunidades de mercado para la economía social. Regular al mismo tiempo que se garantiza que la nueva legislación satisface las necesidades de las entidades de la economía social puede aumentar la sensibilización y conferirles una mayor legitimidad, facilitándoles el acceso a la financiación y a los mercados. Las autoridades públicas nacionales y las partes interesadas han puesto en marcha varias iniciativas, como formas, etiquetas y figuras jurídicas específicas (30) para la economía social, así como campañas de comunicación a gran escala, para aumentar la comprensión y la visibilidad de la economía social. Otras reformas de éxito incluyen la creación de unidades ministeriales específicas para la economía social y un diálogo reforzado entre las partes interesadas y las autoridades públicas. Aumentar la visibilidad de la economía social es crucial para reconocer plenamente su impacto positivo en la sociedad, como se destaca en el plan de acción para la economía social con la puesta en marcha de una pasarela de la economía social.

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Es fundamental disponer de datos y estadísticas precisos para comprender mejor los modelos de negocio de la economía social y tomar decisiones políticas basadas en datos contrastados. Sin embargo, faltan datos fiables sobre la economía social, en particular datos sobre su valor añadido económico y sus resultados. En muchas ocasiones, los datos existentes están incompletos y resultan difíciles de comparar. Por ejemplo, a pesar del apoyo financiero disponible en el marco del presupuesto de la Unión, solo unos pocos Estados miembros han ampliado sus sistemas nacionales de contabilidad para recabar datos suplementarios (como en el caso de las «cuentas satélite») sobre la economía social. La economía social no suele incluirse en las estadísticas estructurales de las empresas, por ejemplo cuando las estadísticas se basan en datos económicos generados por empresas con ánimo de lucro y las entidades tradicionales de la economía social solo se incluyen en categorías residuales. Si se cuenta con estadísticas esenciales sobre el tamaño, el personal, el desarrollo y los retos de la economía social, las estrategias y medidas aplicadas serían más eficaces y se ajustarían más a las diferentes situaciones del sector.

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En términos más generales, la promoción de la economía social puede resultar de vital importancia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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Para alcanzar esos objetivos, se recomienda que los Estados miembros, en consonancia con las competencias nacionales y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, colaboren con las partes interesadas para reconocer, apoyar y aprovechar las contribuciones de la economía social.

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