Legislación consolidada

Orden PJC/846/2025, de 29 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 14 de julio de 2025, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

«BOE» núm. 187, de 05 de agosto de 2025

Referencia: BOE-A-2025-16215

Texto consolidado

Última modificación: sin modificaciones

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 14 de julio de 2025, ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente orden.

Madrid, 29 de julio de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.

ANEXO

Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025

EXPOSICIÓN

CAPÍTULO 1

Hacia una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

En este capítulo se recogen las razones que motivan la actualización de la Estrategia Nacional contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave 2019-2023 y el mandato del Consejo de Seguridad Nacional para su revisión, teniendo en cuenta la evolución de la amenaza y las directrices estratégicas nacionales e internacionales en esta materia.

1.1 Marco de referencia y mandato.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, revisaba y actualizaba la estrategia anterior y se adaptaba a los cambios delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional desde una visión integral, siendo el marco de referencia político-estratégico para prevenir y luchar contra los fenómenos criminales que causan un grave daño a la sociedad.

Finalizada su vigencia, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 19 de marzo de 2024, adoptó un acuerdo por el que se aprobó su revisión, y la elaboración de una nueva Estrategia. Dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Orden PJC/327/2024, de 14 de abril.

Este mandato establece que la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave debe acomodar el anterior texto a la realidad actual de la seguridad, articulándose como un documento adaptativo a las nuevas formas y estructuras del crimen organizado y de la delincuencia grave, como amenaza cambiante y en continua evolución, alineado con las prioridades de la Unión Europea e iniciativas internacionales sobre la materia.

1.2 Alineamiento con directrices estratégicas nacionales e internacionales.

En el marco de la Política de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 define el crimen organizado como una amenaza a la seguridad y bienestar de la ciudadanía, que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto horadador y potencialmente desestabilizador sobre la instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad, características que se tendrán presentes en esta nueva Estrategia. En cuanto a la delincuencia grave, las actuaciones delictivas sobre colectivos vulnerables, como la explotación de menores o la trata de seres humanos con fines sexuales y/o laborales, así como el contrabando, el cibercrimen o el tráfico ilícito en todas sus modalidades, suponen una amenaza tangible para la seguridad nacional.

Todo ello también se refleja en desarrollos estratégicos de segundo nivel, en los que se abordan cuestiones conectadas con la criminalidad organizada y la delincuencia grave (ciberseguridad, seguridad en los espacios marítimo y aeroespacial, seguridad económica y financiera, …), siendo necesario mencionar expresamente la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, donde se incide en la trascendencia del vínculo creciente del terrorismo con la criminalidad organizada.

Por otro lado, la complejidad de las formas de manifestación de la delincuencia organizada y grave, así como el carácter transnacional de su organización y de su impacto, hace necesario que cualquier desarrollo en este ámbito contemple la visión internacional de la amenaza, con el fin de evaluar adecuadamente su naturaleza y características y arbitrar medidas de actuación en el marco de soluciones conjuntas a nivel supranacional.

El principal tratado internacional en materia de crimen organizado es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) o Convención de Palermo de 2000, en vigor desde 2003, con sus tres protocolos adicionales. Destaca también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) de 2003, en vigor desde 2005. En diciembre de 2024, se adoptó la Convención de Naciones Unidas contra el Cibercrimen, que entrará en vigor tras la firma de los Estados parte.

En el ámbito del Consejo de Europa, cabe mencionar el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest de 2001, en vigor desde 2004.

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha desarrollado la «Estrategia UNODC 2021-2025», que contempla –dentro de sus cinco esferas temáticas– el modo de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, así como la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, la ciberdelincuencia y la delincuencia económica. Además de esto, pone el foco en la financiación y las operaciones de los grupos terroristas, que a menudo dependen de actividades delictivas organizadas como el tráfico ilícito de armas, de drogas y el blanqueo de capitales. Destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia penal, de promover en su seno medidas eficaces para prevenir y combatir las citadas amenazas y de impulsar la cooperación internacional.

El Marco Estratégico 2022-2025 de la Secretaría General de INTERPOL, establece metas estratégicas de referencia para apoyar a todos los países miembros en la reducción del impacto de la delincuencia organizada, grave y emergente, con el fin de proteger a las sociedades y comunidades más vulnerables, en especial en las nuevas tendencias delictivas, el terrorismo y la ciberdelincuencia.

El Plan Estratégico 2022-2025 de la Organización Mundial de Aduanas reconoce, entre sus objetivos estratégicos, la protección de las fronteras frente al crimen organizado transnacional a través de la cooperación internacional y define planes de acción específicos en torno a la gestión de riesgos, el control de pasajeros y seguridad, la lucha contra el blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha continuado con la revisión de las Recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), reforzando los estándares sobre recuperación de activos, el marco internacional para la transparencia de las personas y estructuras jurídicas, e impulsando una aplicación eficaz de la regulación de los activos virtuales.

Por su parte, la Unión Europea (UE) en su Estrategia contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, centra sus objetivos en desmantelar las estructuras de delincuencia organizada y combatir los delitos de alta prioridad, eliminar los beneficios generados por la delincuencia organizada y evitar su infiltración en la economía legal y la sociedad, y adaptar las autoridades policiales y judiciales a la era digital, así como en la necesidad de prevenir y fortalecer la cooperación internacional. Así mismo, la lucha contra la delincuencia grave y organizada forma parte de las prioridades clave de la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea; junto con el desarrollo de un sistema europeo de seguridad sólido, el fomento de la justicia mediante una cooperación más estrecha y la mejora del intercambio de información.

A su vez, la estrategia comunitaria establece que la Plataforma Multidisciplinar Europea Contra las Amenazas Delictivas (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats-EMPACT) es una de las principales herramientas destinadas a aplicar las estrategias de lucha de la UE contra las estructuras de delincuencia organizada mediante operaciones y esfuerzos coordinados. El uso de esta plataforma por parte de los Estados miembros desde el año 2010, ayuda a determinar las amenazas delictivas que el Consejo de la UE define como prioritarias, basándose, entre otras fuentes, en el Informe de Europol de Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado y la Delincuencia Grave de la Unión Europea (European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment-EU-SOCTA), así como de otros elementos de evaluación elaborados en su seno. Dichas amenazas se afrontan a través de una actuación colectiva y estructurada de las autoridades policiales, aduaneras, fiscales y judiciales, así como de las instituciones y agencias europeas y, en su caso, de terceros países, organizaciones internacionales y el sector privado.

Mas recientemente, en octubre de 2023, la Comisión Europea en su Hoja de Ruta para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, establece que el comercio ilícito de drogas representa una de las amenazas a la seguridad más graves a las que se enfrenta la UE en la actualidad, y marca como prioridad hacer frente a estas amenazas que son comunes a los Estados miembros y sus socios internacionales. A su vez, la hoja de ruta establece acciones concretas y específicas para subsanar las nuevas deficiencias mediante diecisiete medidas en cuatro ámbitos prioritarios: una nueva Alianza Europea de Puertos, el desmantelamiento de las redes delictivas de alto riesgo, establecer medidas para prevenir la delincuencia organizada mediante el intercambio de mejores prácticas y la colaboración con los socios internacionales. Además, establece como esencial la adopción de unas normas comunes, sólidas y eficaces para impulsar las medidas nacionales y para proteger a las víctimas de estos delitos.

Así, teniendo en cuenta, entre otros, estos parámetros nacionales e internacionales, la presente Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, constituye el marco de referencia en la lucha contra estas amenazas y pretende, desde una perspectiva nacional, asumir, implementar, desarrollar y adaptar las acciones específicas para proteger a España de su expansión, así como mitigar sus efectos.

CAPÍTULO 2

Un nuevo paradigma del crimen organizado y la delincuencia grave

En este capítulo se reflejan las características y tendencias a nivel mundial de la criminalidad organizada y la delincuencia grave, así como la situación actual de la amenaza para España.

2.1 Características y tendencias.

En los diferentes informes oficiales internacionales, relativos a la evaluación de la amenaza y de respuesta estratégica, se establece un panorama del crimen organizado y la delincuencia grave que se caracteriza por un entorno delictivo interconectado, que hace un uso cada vez mayor de la violencia, la corrupción y la infiltración en estructuras empresariales legales.

Las redes delictivas parecen ser capaces de adaptarse y aprovechar los cambios que se producen en el entorno en el que operan. En este sentido, el establecimiento de vínculos estables o alianzas puntuales entre redes criminales para alcanzar sus fines o la generalización del modelo de crimen como servicio (Crime as a Service-CaaS), son muestras de esta capacidad de adaptación, que permite ampliar el espectro de actividades ilícitas y, en muchos casos, su especialización.

La integración de todo tipo de expertos en las redes delictivas favorece la comisión de actividades ilícitas y dificulta su investigación. Además, el crimen organizado ha adoptado fácilmente un uso creciente de las nuevas y punteras tecnologías para expandir su influencia, optimizar sus actividades y actuar con mayor impunidad, especialmente en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluso desarrollando y financiando herramientas o software novedoso enfocado a cada actividad delictiva. Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) como tecnología emergente, está remodelando también el panorama actual de la delincuencia organizada y grave.

Siendo el enriquecimiento económico el principal objetivo de cualquier actividad ilícita, se hace imprescindible el aseguramiento de los beneficios económicos obtenidos mediante el blanqueo de capitales. Las redes criminales potencian esta actividad, tanto en su formato de «autoblanqueo», como mediante la presencia de redes independientes dedicadas al blanqueo de beneficios de otras organizaciones criminales.

Por otro lado, la convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento, favoreciendo su cooperación en todos los ámbitos delincuenciales, especialmente en relación con el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico de personas, el tráfico de armas y/o explosivos o el blanqueo de capitales como fuentes de financiación del terrorismo.

La implantación de redes criminales de ámbito internacional en distintos países, aprovechando las diferentes circunstancias que en ellos concurren (geográficas, institucionales, legales, económicas, sociales…), evidencia el carácter transnacional del crimen organizado y la delincuencia grave.

La situación geoestratégica mundial, tan cambiante y a la vez tan influyente, hace necesaria la adopción de medidas novedosas, creativas y de carácter proactivo para combatir el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia grave, siendo fundamental adelantar el ámbito de actuación a las zonas de origen.

También en el ámbito internacional, las dinámicas generadas por conflictos bélicos influyen directamente en la evolución del crimen organizado, que se aprovecha de las guerras para eludir controles y expandir su actividad, principalmente los tráficos ilícitos.

Las redes criminales operan, cada vez más, como intermediarios al servicio de actores de amenazas híbridas, siendo éste también un desafío, no sólo para la seguridad pública, sino afectando también a los propios cimientos de las instituciones y la sociedad. Finalmente, cabe señalar que la persistencia, extensión y características del crimen organizado son factores que elevan el riesgo de desestabilización de la normal convivencia, lo que redunda aún más, si cabe, en su consideración de amenaza a la seguridad nacional de primer orden.

2.2 Análisis de la situación actual en España.

El escenario geopolítico, social y económico global y las características propias y diferenciales de España en dicho contexto, afectan de forma relevante a la evolución de la delincuencia grave y organizada en nuestro país.

La condición de España como miembro de la Unión Europea, su situación y características geográficas, como son el carácter peninsular, la ubicación en el extremo sur europeo y a la vez su cercanía al continente africano, su gran extensión de costa, la localización estratégica del archipiélago canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como sus estrechos lazos históricos, comerciales y culturales con América Latina y norte de África son factores determinantes para el desarrollo, no solo del comercio lícito, sino también de los tráficos ilícitos. Estas conexiones internacionales se sustentan a través de grandes infraestructuras como las portuarias y aeroportuarias.

Igualmente, aspectos como las buenas condiciones climáticas, el hecho de que el idioma español sea una de las lenguas más habladas del mundo o el volumen comercial y turístico, son factores que favorecen el asentamiento estable de población extranjera, circunstancia aprovechada por delincuentes, grupos y organizaciones criminales nacionales e internacionales para su establecimiento en nuestro país, especialmente en zonas de costa como el Sur y el Levante peninsular, desde donde también operan con el resto del mundo.

La situación del crimen organizado en España indica una prevalencia de actividades criminales relativas a los tráficos ilícitos, especialmente de cocaína y cannábicos, seguidas, en menor medida, por actividades delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico. De este modo, el narcotráfico en España, como actividad principal o asociada a otras, representa la mayor amenaza proveniente del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave.

Las organizaciones criminales con actividad en España se caracterizan por la composición mayoritariamente multinacional, con participación de españoles, el desarrollo de actividad internacional y la utilización de estructuras comerciales para sus fines, así como por una tendencia a constituirse como proveedoras de servicios de otras organizaciones internacionales y a infiltrarse en estructuras logísticas para facilitar sus actuaciones.

La evolución de los grupos y organizaciones criminales hacia la policriminalidad en sus actividades delictivas, por ejemplo, simultaneando el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, implica un cambio en sus rutas de distribución hacia otros países europeos o del continente africano. Además, la acción institucional ha determinado el desplazamiento de la actividad criminal hacia nuevas áreas geográficas e incluso hacia otros países vecinos.

Son numerosas las redes criminales implicadas en el crimen organizado transnacional. Entre ellas, destacan las procedentes del norte y este de Europa, cuenca mediterránea, África y América Latina.

2.3 Principales amenazas y vulnerabilidades.

Las amenazas del crimen organizado y la delincuencia grave son múltiples y variadas, y se manifiestan mediante actividades ilícitas de distinta naturaleza como los ciberataques, la trata de seres humanos con sus distintos fines, la explotación sexual infantil, el tráfico ilícito de migrantes, de drogas y de armas, los fraudes y delitos económicos, o los delitos contra la propiedad y el medio ambiente, entre otros.

Sin obviar las amenazas citadas, del análisis y experiencia acumulada, en la actualidad se identifican como principales las siguientes:

Tráfico ilícito de drogas y centros de transporte

España se destaca como uno de los países de la Unión Europea con el litoral más extenso. Esta característica geográfica única, junto con su ubicación estratégica, posiciona a nuestro país como un punto clave en las rutas marítimas globales, en el transporte marítimo internacional y especialmente en el sur de Europa.

En términos de comercio, inversiones y empleo, los puertos son fundamentales para hacer posible la prosperidad económica de todos los países, que dirigen su objetivo en tratar de mejorarlos para hacerlos más atractivos, aun si cabe, con el fin de impulsar el comercio internacional y contribuir al desarrollo económico. Sin embargo, este papel estratégico que desempeñan los puertos les hace vulnerables a la explotación por las redes delictivas para la consecución de sus intereses.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas utilizan en gran medida los puertos en nuestro país, especialmente para la introducción de la cocaína procedente de los principales países productores situados en América Latina. En muchas ocasiones, las redes delictivas corrompen a personas que cuentan con información privilegiada en estas instalaciones para llevar a cabo la extracción de la mercancía ilícita. En los últimos años las incautaciones de cocaína en los puertos nacionales y europeos han experimentado un notorio crecimiento.

El refuerzo de la resiliencia de los puertos a la actuación de las organizaciones criminales es imprescindible y requiere de la acción combinada de los sectores público y privado. La seguridad en estos centros logísticos necesita de un enfoque común, más allá de nuestras fronteras. En este sentido, la Alianza Europea de Puertos resalta la necesidad de una lucha común frente a esta amenaza.

El tráfico aéreo en España, una vez recuperado el volumen perdido tras la pandemia, está experimentando un crecimiento constante año tras año, en consonancia con la demanda nacional e internacional, lo que convierte a nuestro país en un hub de conexiones internacionales. La entrada y salida masiva de personas y mercancías propicia, asimismo, el incremento en los tráficos ilícitos, especialmente de estupefacientes. En este sentido, son cada vez más frecuentes las aprehensiones de droga en equipajes de mano y facturados, así como en contenedores y paquetería aérea, en cantidades nunca vistas hasta ahora.

En definitiva, la expansión mundial del narcotráfico, la consolidación de las organizaciones criminales implicadas en esta actividad y las conexiones en todos los sentidos entre continentes requieren articular mecanismos de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales, para afrontar estos retos, en especial los que afectan a este tipo de infraestructuras. Es necesario, asimismo, combinar las políticas de lucha contra la oferta con las de disminución de la demanda, con el fin de abordar esta problemática desde un enfoque integral.

El fenómeno de la corrupción

La corrupción juega un papel crucial en muchas de las actividades delictivas llevadas a cabo por la delincuencia organizada y grave, bien para facilitar la comisión de delitos o como requisito previo a la actuación delictiva grave, infiltrándose en infraestructuras u obstruyendo la acción de la justicia.

La corrupción, que puede manifestarse de diversas formas, tiene un impacto muy negativo en la seguridad nacional, al crear un entorno propicio para el crimen organizado. Este fenómeno debilita los pilares fundamentales del buen gobierno, generando una desconfianza y deterioro institucional que afecta negativamente a toda la sociedad.

Las redes delictivas, a sabiendas del papel que la corrupción supone para llevar a buen fin sus actividades, tratan de llevar a cabo las actuaciones necesarias, incluidas distintas formas de amedrantamiento, para corromper a individuos en todos los niveles, tanto de sectores públicos como privados, convirtiéndoles en actores clave del proceso criminal.

El abordaje de la corrupción requiere un enfoque integral, con un compromiso y esfuerzo sostenido y coordinado en el que participen todos los sectores de la sociedad.

Por otro lado, se viene observando el uso por parte de las organizaciones criminales de procedimientos legalmente previstos en contra de las instituciones públicas, con la finalidad de entorpecer su actuación y perturbar el adecuado funcionamiento de la acción de la justicia contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Ejemplo de ello es la interposición de querellas y denuncias a los investigadores, convirtiendo a estos en investigados, con la consecuente deslegitimación en sus funciones.

Incremento de la violencia y sensación de inseguridad

El crimen organizado y la delincuencia grave están íntimamente relacionados con el incremento de la violencia tanto a nivel interno como externo. Las aprehensiones de todo tipo de armas, los ajustes de cuentas, los ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de aduanas, portuario, etc., así como los robos con violencia entre redes criminales están siendo una constante y ocasionan, además, efectos colaterales como el aumento en la inseguridad ciudadana y, en ocasiones, una afectación a la vida y salud de las personas. Por ello, se hace necesario un tratamiento integral que contemple a todos los colectivos afectados.

La influencia de los conflictos bélicos y el terrorismo

La guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio o cualquier conflicto de esta entidad, producen un efecto desestabilizador que las organizaciones criminales utilizan en su beneficio.

La expansión del terrorismo en algunas zonas de África, especialmente el Sahel, el Cuerno de África o la Cuenca del Lago Chad, así como los conflictos persistentes promovidos por milicias armadas, están generando una interacción cada vez mayor entre la actividad terrorista y distintas formas de crimen organizado relacionadas con el tráfico de armas, personas o minerales, entre otros. Igualmente, la fragilidad institucional de algunos estados, los conflictos preexistentes o las emergencias humanitarias, dificultan la lucha contra las actividades delictivas, algunas de las cuales tienen impacto en Europa y más concretamente en España. Por ello, se hace cada vez más necesaria la colaboración con los países afectados, el intercambio de información y el refuerzo de las capacidades operativas atendiendo a las demandas locales.

La actividad de las redes criminales de inmigración irregular como factor influyente

Las condiciones geográficas ya citadas anteriormente determinan que España sea uno de los países que soporta mayor presión migratoria de la UE y que esta sea explotada por las redes criminales de inmigración irregular.

La actividad de las redes de inmigración irregular puede coexistir con la financiación por o para otras actividades delictivas, exponiendo a nuestro país a varios riesgos: que terceros estados y/o actores no estatales instrumentalicen los flujos migratorios en un contexto de tensión geoestratégica; que se constituyan en una posible herramienta de desestabilización de las instituciones a la par que en una grave violación de los derechos humanos en cuanto a sus vinculaciones con la trata y explotación de personas; que la situación de vulnerabilidad de los migrantes irregulares sea explotada en procesos de radicalización; o que la inmigración irregular pueda ser utilizada para la penetración de elementos terroristas.

Cabe señalar que en España las organizaciones históricamente dedicadas al narcotráfico han visto en el favorecimiento de la inmigración irregular una vía con la que diversificar sus ingresos, aprovechando tanto las rutas como las infraestructuras y medios ya existentes.

Las redes de tráfico irregular de personas, además de atentar contra colectivos especialmente vulnerables, son un catalizador para otras actividades transfronterizas de delincuencia organizada y representan una seria amenaza para la seguridad de nuestro país y del conjunto de la UE. Así, las redes de inmigración irregular optimizan sus plataformas criminales para vehicular a través suyo todo tipo de tráficos ilícitos y favorecer la trata de seres humanos, principalmente para la explotación sexual y laboral.

Por todo ello, es de vital importancia la colaboración con los países de origen y de tránsito, para identificar y desarticular las citadas organizaciones criminales, por lo que se hace necesaria una implicación multisectorial que combine la seguridad en las fronteras con un enfoque humanitario, fomente la cooperación internacional y asegure políticas de inmigración efectivas. El seguimiento de este fenómeno y su evolución hacia escenarios cada vez más complejos es prioritario, teniendo en cuenta nuestra singular posición geográfica como punto central en las vías de comunicación entre Europa, el Mediterráneo y el Atlántico.

El impacto sobre colectivos vulnerables

Las organizaciones criminales utilizan diversos métodos para aprovecharse de las vulnerabilidades que presentan determinadas víctimas potenciales.

La captación y reclutamiento de menores para la comisión de delitos no es un fenómeno novedoso, las organizaciones criminales suelen utilizar a este colectivo por su vulnerabilidad y facilidad de manipulación, lo que favorece este reclutamiento.

Esta situación facilita a las organizaciones criminales un cierto crecimiento y expansión en el tiempo, además de ofrecer protección ante la ley en virtud de la edad de los infractores y, en algunos casos, una mayor dificultad de detección.

En los últimos años esta tendencia se ha extendido y han evolucionado los métodos de reclutamiento, utilizándose cada vez más la captación a través de servicios de mensajería encriptada de las redes sociales, sin intermediarios, permitiendo a los delincuentes dirigirse sin esfuerzo a un amplio público, sin necesidad de reunirse físicamente.

Por otro lado, los menores, como colectivo especialmente vulnerable, se enfrentan a amenazas graves que constituyen un peligro tangible debido a la gravedad de los delitos de los que pueden ser víctimas. La rápida expansión de las tecnologías digitales, su accesibilidad a edades cada vez más tempranas y el anonimato inherente a Internet y las redes sociales, han creado un entorno propicio para la comisión de hechos delictivos como la pornografía infantil, el grooming, la sextorsión, los delitos de odio, etc., aprovechando además la falta de control y supervisión de estos entornos digitales.

Las crisis económicas probablemente intensificarán la trata de personas y el tráfico de migrantes desde regiones económicamente desfavorecidas. Esta situación genera nuevos retos que requieren de un esfuerzo en la detección temprana, la prevención y la persecución del delito, la protección y asistencia a las víctimas, así como de un mayor énfasis en la cooperación y coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.

El uso ilícito de estructuras legales y entramados financieros

Las organizaciones criminales frecuentemente aprovechan estructuras empresariales legales para sus actividades, lo que les permite actuar mientras ocultan tanto sus operaciones como la procedencia ilícita de sus beneficios. Las organizaciones criminales sofisticadas crean redes de empresas en diferentes países para maximizar el anonimato y dificultar el rastreo. Este fenómeno plantea desafíos significativos para las autoridades policiales y judiciales encargadas de combatir el crimen organizado, especialmente en un contexto de globalización y complejidad financiera creciente.

Para impedir esta explotación de la infraestructura económica y jurídica legal, se precisa también de un enfoque administrativo en su lucha. Las medidas administrativas pueden detener el negocio criminal, generando una mayor disuasión que con la implementación única de consecuencias penales. Entre estas medidas, destacan aquellas relativas a la investigación de las empresas que tienen una conexión con la delincuencia organizada, así como su posible denegación o revocación de las licencias de actividad.

La actividad delictiva genera ingentes beneficios económicos, principal motivación de los grupos criminales, por lo que una de las formas más eficaces de luchar contra las organizaciones es a través de la privación de los beneficios ilícitos obtenidos. Para conseguir este objetivo adquieren una especial relevancia las investigaciones patrimoniales, que permiten identificar y recuperar las ganancias y bienes cuya procedencia sea ilícita, frustrando así el fin perseguido.

En este contexto, se requiere del compromiso y cooperación necesarios entre los distintos actores competentes de los sectores público y privado, así como de priorizar y suministrar las herramientas adecuadas para llevar a cabo todo tipo de investigaciones de carácter financiero, mejorando la coordinación internacional para abordar el carácter transnacional que habitualmente tienen los mecanismos de fraude y ocultación patrimonial empleados por los autores.

El uso de las tecnologías para fines ilícitos

La ampliación de los espacios digitales mediante la cada vez mayor implementación del internet de las cosas (Internet of Things-IoT) está incrementando significativamente las posibilidades de ataque y acceso ilegítimo a los datos y activos de las organizaciones. Los dispositivos IoT se están convirtiendo en objetivos de los ciberdelincuentes para recopilar información sobre perfiles y comportamientos de los usuarios.

El número de ciberdelincuentes aumenta constantemente, favorecido por la socialización de las nuevas tecnologías, que facilitan la actividad técnica, y por el creciente número y complejidad de las infraestructuras digitales, que amplían la superficie potencial de ataque y los objetivos.

El uso de todos los tipos de ciberdelitos (phishing, malware, ransomware, ingeniería social, robo de identidad, hacking, etc.) está facilitando el acceso a información confidencial o la comisión de fraudes, amenazas, extorsiones, espionaje industrial, difusión de pornografía infantil o estafas a través de internet y de redes sociales.

El empleo de criptoactivos como medio anónimo y de difícil rastreo para el blanqueo de capitales, ha desplazado a otros métodos más comunes hasta ahora. Este anonimato también se pone en evidencia en el uso de la dark web para el tráfico de bienes ilícitos.

Otras tecnologías cada vez más utilizadas son los drones aéreos y marítimos, empleados para el transporte de drogas, armas o para vigilar y proteger las actividades delictivas, los cuales proporcionan a los grupos organizados más seguridad en sus operaciones, así como la posibilidad de anticiparse a los movimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los de bandas rivales.

Finalmente, se destaca el uso de las nuevas redes de comunicación y las aplicaciones de mensajería cifradas por los grupos de crimen organizado.

El marco regulatorio se está fortaleciendo a nivel global para hacer que los sistemas digitales sean más resilientes y la experiencia de los usuarios más segura, pero el factor humano sigue siendo el eslabón más débil y seguirá siendo explotado por el crimen organizado en la red, por lo que se hace necesario que, desde las instituciones oficiales, se utilicen estas mismas herramientas para promover una mayor difusión de información preventiva.

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA)

La IA es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que requerían de la inteligencia humana, como puede ser el aprendizaje, el reconocimiento de patrones o la resolución de problemas. Este gran desarrollo tecnológico convierte a la IA en una herramienta catalizadora de cambios significativos, tanto tecnológicos como sociales, capaz de generar un impacto transversal en diferentes ámbitos, como puede ser la economía o la sociedad.

El desarrollo y aplicación de la IA mejorará la calidad de vida de la ciudadanía, pero resulta imprescindible el desarrollo de una exhaustiva regulación que permita su implementación de manera ética y responsable.

A la vista del potencial de esta tecnología, las organizaciones criminales la utilizan cada vez más para impulsar de diferentes maneras sus actividades ilícitas. Su posible uso para llevar a cabo actividades como la optimización en los procesos de blanqueo de capitales, fraudes financieros de entidad, estafas, la ejecución de ciberataques o los denominados deepfakes para crear contenidos falsos e incluso generando campañas de desinformación de gran precisión y a mayor escala, representa un desafío significativo para todas las instituciones relacionadas con la prevención, detección, investigación, represión y enjuiciamiento de las actividades criminales, que deben de adoptar las medidas oportunas para combatir eficazmente las amenazas derivadas de la utilización de esta herramienta con fines delictivos.

El deterioro del medio ambiente asociado a la acción delictiva

El deber de conservar el medio ambiente está reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, las iniciativas para su protección se han ido desarrollando a lo largo del tiempo en paralelo a la gradual toma de conciencia sobre la importancia de proteger el entorno.

A pesar de su impacto profundo, esta amenaza no siempre ocupa un lugar prioritario en las agendas de seguridad, por lo que se plantean importantes desafíos para su prevención y persecución. El daño a los recursos naturales provocado por la actividad humana lícita o ilícita afecta no solo a los ecosistemas y a la diversidad, sino también a la salud pública, a los medios de vida de las comunidades y a la seguridad global. Estas acciones contribuyen a una degradación ambiental que excede el ámbito local y adquiere una dimensión transnacional y global.

En definitiva, el impacto del crimen organizado sobre el medio ambiente constituye una amenaza compleja que demanda una respuesta coordinada y multidisciplinar. Más allá de sus implicaciones ecológicas, esta problemática exige una reflexión estratégica que integre consideraciones ambientales en el marco de las políticas de seguridad y de desarrollo sostenible.

CAPÍTULO 3

Una sociedad menos permisiva y más resiliente contra el crimen organizado y la delincuencia grave

En este capítulo se identifican la evolución y progresos en la acción del Estado frente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave, con especial referencia a los mercados criminales y las graves formas delictivas, así como los vínculos con el terrorismo.

3.1 Evolución y progresos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

El número de organizaciones criminales identificadas en nuestro país en los últimos años se mantiene estable. Los organismos nacionales dedicados a combatir el crimen organizado y la delincuencia grave centran sus esfuerzos en tratar de desarticular las estructuras criminales existentes, con el propósito fundamental de evitar que éstas se consoliden, evolucionen y asciendan dentro de la pirámide delincuencial.

Se debe poner en valor la cooperación, coordinación y la efectividad institucional en esta lucha, ya que en los últimos años se han llevado a cabo numerosas actuaciones que han permitido la desarticulación de importantes organizaciones criminales e impedido, en otros casos, el asentamiento y expansión de pequeñas células detectadas.

Por otro lado, periódicamente se llevan a cabo informes y análisis de situación y prospectivos para poder anticiparse a las potenciales amenazas. Además, se colabora con distintos organismos y agencias internacionales con el fin de aunar esfuerzos para garantizar una mejor protección de la ciudadanía.

España ha conseguido mantener un nivel de violencia contenido de la criminalidad organizada, demostrando la eficacia de sus medidas preventivas y represivas, implementando planes concretos en zonas altamente afectadas. Un ejemplo de ello es el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha por el Ministerio del Interior en el año 2018, y que se ha ido adaptando al cambio de estrategias, modus operandi y extensión de la actividad criminal mediante el incremento en medios humanos y materiales y la ampliación paulatina a otros territorios y provincias adyacentes. Este Plan ha supuesto un hito en la lucha contra la criminalidad organizada, siendo actualmente un referente de colaboración, cooperación y coordinación no sólo a nivel nacional sino también transnacional.

No obstante, la virulencia demostrada por el crimen organizado en otros países de nuestro entorno evidencia que aún queda un margen de mejora y se requiere potenciar el principio de autoridad de todas las instituciones implicadas.

En el marco estratégico, la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave necesita de un enfoque multidisciplinar e internacional, requiriendo de una capacidad de anticipación frente a amenazas criminales transnacionales. Esta anticipación depende, en gran medida, de un intercambio ágil y sistemático de inteligencia con otros países, incluyendo también los de origen y los de refugio de los autores, aprovechando para ello nuestra representación oficial en cada país.

Una de las herramientas de cooperación internacional de referencia para la lucha contra las principales amenazas criminales, es la Plataforma Multidisciplinar Europea contra Amenazas Delictivas (EMPACT), en la que España participa, coordina, contribuye o lidera distintas Prioridades y Acciones Operativas que se organizan dentro de ella. Además, existen foros de trabajo de intercambio de buenas prácticas de carácter operacional, donde España ha sido pionera consiguiendo activar el flujo de información y fomentando su intercambio en las diversas metodologías del crimen organizado.

España participa activamente en la Red Europea sobre el Enfoque Administrativo (European Network on the Administrative Approach-ENAA), que se consolidó en 2018 para combatir la delincuencia grave y organizada, poniéndose de manifiesto la importancia para los Estados Miembros de adquirir la infraestructura jurídica necesaria para incorporar también un enfoque administrativo en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

En otros espacios internacionales la presencia de España ha sido notoria y entre ellos podemos destacar el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Igualmente, España participa en la protección de la frontera exterior desde un punto de vista aduanero y activamente en los Mecanismos de Aplicación y de Examen de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (Convención de Palermo).

Para hacer frente a la amenaza que presenta el blanqueo de capitales, España ha reforzado el nivel preventivo, ampliando la tipología de sujetos obligados sometidos a control. Por otro lado, se está reforzando la colaboración interinstitucional en la identificación de las operaciones de riesgo de cada sector.

Dada la utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos, se han impuesto mayores limitaciones y controles al uso del mismo en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En el ámbito de la investigación, se ha implementado un sistema de formación especializada y continua destinada al personal investigador, poniendo especial énfasis en el estudio patrimonial desde su inicio. Igualmente, se han incorporado avances en los sistemas informáticos que permiten la detección de patrimonios inconsistentes y el análisis de flujos financieros.

La intensificación en la cooperación bilateral con socios internacionales ha permitido mejorar las capacidades de rastreo de flujos financieros ilícitos y fortalecer los sistemas de vigilancia económica.

Asimismo, se han dado pasos significativos en la recuperación de activos delictivos relacionados con el crimen organizado, destacando la presencia de España en las diferentes redes oficiales e internacionales existentes en este ámbito. No obstante, se hace necesario reforzar las herramientas de seguimiento, evaluación y obtención de datos estadísticos, así como mejorar la rapidez de acceso a la información y agilizar las respuestas.

Igualmente, conscientes de la dificultad que entraña la gestión de los bienes previamente identificados y recuperados, España se encuentra en un proceso de definición y optimización de procedimientos cuya mejora constante debe impulsarse.

La lucha contra la corrupción en nuestro país se está abordando desde diferentes frentes.

En el ámbito operativo, se han desarrollado investigaciones que evidencian una actividad criminal relacionada con delitos de corrupción, extorsión y tráficos ilícitos, en la que se identifican importantes esquemas de blanqueo de capitales.

En cuanto al marco legislativo, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, contempla la aprobación de una estrategia en esta materia.

La presencia de España en foros internacionales enfocados en la lucha contra la corrupción, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales o el Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es fundamental para avanzar en el conocimiento de esta amenaza.

Los avances tecnológicos están facilitando la lucha contra la criminalidad organizada y grave. La interoperabilidad que está siendo implementada desde el Ministerio del Interior, chequeando la información disponible en diferentes plataformas, posibilitará la coordinación y sinergia de los operadores, optimizando el uso de la información por quién esté en mejores condiciones de utilizarla.

El trabajo conjunto de varios países en el desencriptado de información compartida en plataformas utilizadas, casi exclusivamente, por organizaciones criminales, ha posibilitado grandes avances en el conocimiento de la criminalidad trasnacional y en el desmantelamiento de estructuras hasta hace poco ocultas.

Conscientes de la importancia de la Inteligencia Artificial en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a diversos fenómenos delictivos, como el uso malicioso que los delincuentes pueden hacer de esta tecnología, España ha avanzado en una regulación ética y responsable, alineando la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 al pionero Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, así como generando modelos soberanos de lenguaje.

La lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave es responsabilidad de las autoridades públicas, pero también requiere de la implicación del sector privado. Esto exige de un planteamiento eficaz y coordinado que permita el fomento de la confianza mutua y el intercambio fluido de información, por lo que la cooperación público-privada se constituye como una herramienta crucial para dar respuesta a esta amenaza.

Asimismo, la colaboración ciudadana se configura como un elemento capital para fortalecer la seguridad pública y cimentar sociedades más resilientes. La ciudadanía debe ser consciente de que los delitos afectan a toda la sociedad, por lo que se hace necesario fortalecer la confianza con las instituciones y el desarrollo de programas pedagógicos y educativos en línea con esta Estrategia. Ejemplos de esta colaboración son, entre otros, la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en redes sociales, la implementación de aplicaciones de denuncia ciudadana (AlertCops) o los números de teléfono establecidos para prestar ayuda o facilitar la remisión de denuncias, que no dejan rastro en los listados de llamadas.

La formación, como base del crecimiento de las instituciones, se torna fundamental a todos los niveles en la investigación de actividades relacionadas con el crimen organizado.

Se ha potenciado la formación específica para mejorar la capacidad de todos los actores involucrados, la participación en grupos de trabajo, foros nacionales e internacionales y comisiones bilaterales, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en especial con los países clave. Todo ello ha de considerarse esencial como parte de una formación continua.

3.2 Lucha contra mercados criminales y graves formas delictivas.

En su lucha contra el narcotráfico, España ha establecido estrategias y planes a nivel nacional que han contribuido positivamente a su control, principalmente de cocaína y derivados cannábicos, que hasta el momento suponen el mayor volumen de actividad del crimen organizado. Dado el importante carácter transnacional del tráfico de drogas, también colabora activamente en numerosos foros y grupos de trabajo internacionales, desde donde se impulsa la necesaria cooperación entre los principales países afectados, con el objetivo de aunar esfuerzos en el control de las principales vías de entrada de droga en nuestro continente, como por ejemplo la participación en el Grupo Horizontal de Drogas del Consejo de la UE.

A pesar de la experiencia acumulada en España en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la proliferación de las drogas sintéticas hace que sea necesario profundizar en el conocimiento de las peculiaridades propias de este tipo de sustancias, así como de sus precursores y pre-precursores. Tampoco debemos obviar la presencia creciente en los mercados internacionales y nacionales de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), así como la de otras sustancias no controladas procedentes del desvío de su curso legal que, al ser consumidas más frecuentemente entre la población más joven, han de estar sometidas a seguimiento debido a sus importantes efectos nocivos para la salud. En esta línea, a nivel internacional se han desarrollado iniciativas como la Coalición Global contra la amenaza de las drogas sintéticas, impulsada por Estados Unidos y de la que también forma parte nuestro país.

Las organizaciones criminales especializadas en los delitos contra la propiedad, como los robos con violencia, robos con fuerza, hurtos, tráfico ilícito de vehículos o el comercio ilegal de bienes culturales, emplean métodos que les permiten operar durante breves periodos de tiempo dentro y fuera de nuestro país, siendo ésta una dificultad añadida a la investigación. Conscientes de ello, se están llevando a cabo acciones de colaboración y cooperación con diferentes países para abordar esta problemática.

Por otro lado, ciertos delitos contra el patrimonio son dirigidos contra personas vulnerables, mayores y menores de edad, por lo que se considera necesario potenciar aún más las campañas de prevención dirigidas a estos colectivos para reducir la incidencia delincuencial sobre ellos, tanto en el ámbito físico como en el virtual.

La economía sumergida y el fraude fiscal son lastres económicos y sociales, ya que suponen un detraimiento de ingresos al erario público. Además, producen distorsiones en el mercado, dado que quienes de manera sistemática incumplen sus obligaciones, tienen una evidente ventaja competitiva respecto de aquellos otros que asumen los costes fiscales del desarrollo de su actividad.

La lucha contra estas amenazas trasciende frecuentemente al ámbito estatal. Por ello, dada la complejidad técnica de cada modalidad delictiva, se requiere el establecimiento de adecuados mecanismos nacionales e internacionales de colaboración y coordinación efectivos para su prevención, detección, investigación y enjuiciamiento.

La proliferación de armas de fuego que ilegalmente circulan por todo el mundo y su impacto en la seguridad global, determinan que la lucha contra esta amenaza sea una de las prioridades también a nivel nacional, por lo que se hace necesario llevar a cabo un esfuerzo constante en la detección y neutralización de los canales de su suministro ilegal.

Ante normativas cada vez más estrictas a nivel nacional y europeo, las redes criminales recurren al uso de armas a priori no letales que modifican para disparar fuego real, así como al ensamblaje de piezas adquiridas por Internet, al desvío de armas robadas, e incluso, a la impresión 3D.

Por otro lado, la adquisición a través de páginas web y la supresión de controles aduaneros dentro de la UE, facilitan la importación y distribución de piezas y armas desde otros países con una legislación más permisiva en esta materia, a menudo mediante empresas de paquetería. Por ello, debe ser considerado de especial interés el control sobre el movimiento de armas y sus piezas.

El control de los precursores de explosivos es fundamental en la prevención en la lucha contra las formas más graves de delincuencia y terrorismo, pues se trata de evitar que elementos de uso común en la sociedad sean usados de forma maliciosa.

Como respuesta a la evolución de la amenaza para la seguridad pública causada por el terrorismo y otras actividades delictivas graves, la UE ha asumido esta preocupación, implicándose al máximo en el control de este tipo de precursores y desarrollando normativa específica sobre su comercialización y usos, reforzando así el sistema destinado a impedir la fabricación ilícita de explosivos.

Con esta perspectiva, en España se han adoptado las medidas necesarias para llevar a cabo este control, cumpliendo con la norma europea y adaptando para ello la nacional con la actual vigente Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.

En el ámbito medioambiental, los delitos relacionados con la gestión y el tráfico ilegal de residuos, el comercio de especies protegidas y la caza y pesca ilegales representan un desafío creciente. El impacto ambiental asociado al cultivo de drogas en nuestro país, las talas indiscriminadas de vegetación autóctona y las sustracciones de recursos hídricos, así como la contaminación de éstos asociada al vertido de residuos, son igualmente relevantes. Estas actividades, a menudo vinculadas al crimen organizado, generan daños significativos a los ecosistemas y suponen un riesgo para la economía formal.

La combinación de esfuerzos regulatorios, investigativos y operativos ha redundado en una mayor capacidad para abordar las complejidades del crimen medioambiental y mitigar sus efectos más nocivos. El fortalecimiento de las redes de inteligencia medioambiental y la promoción de una cooperación más estrecha entre agencias, son pasos esenciales en esta dirección.

En el marco de las actuaciones contra las redes de inmigración irregular, dada su dimensión transfronteriza, se destaca la necesidad de mantener y reforzar la colaboración con los países de origen y de tránsito, para identificar y desarticular las organizaciones criminales y, por tanto, para la contención y la prevención del fenómeno. Asimismo, es importante destacar la sinergia de los esfuerzos que los Estados miembros desarrollan en el marco de las agencias europeas EUROPOL y FRONTEX.

Por su parte, el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que propone establecer un enfoque más equilibrado, sostenible y solidario para gestionar estos asuntos dentro de los Estados miembros, se consolida como una herramienta eficaz y solvente, no exenta de importantes retos, por su enfoque integral y sus medidas para reforzar el control fronterizo, gestionar los retornos y coordinar mejor los esfuerzos entre los distintos actores.

Por todo ello, es necesaria una implicación multisectorial que combine la seguridad en las fronteras, potenciando la prevención y la detección sin obviar el necesario enfoque asistencial que cabe garantizar a las víctimas, que viven el drama de la inmigración clandestina propiciada por las redes de tráfico de personas. El seguimiento de este fenómeno y su evolución hacia escenarios cada vez más complejos es más que necesario, teniendo en cuenta nuestra singular posición geográfica como punto central en las vías de comunicación entre Europa, el Mediterráneo y el Atlántico.

La trata y explotación de seres humanos continúan siendo uno de los mercados criminales más lucrativos a nivel nacional e internacional, pese a que en estos últimos años se han reforzado los mecanismos de cooperación y colaboración de carácter multidisciplinar y se ha realizado un notable esfuerzo en la planificación integral contra estas formas delictivas, y en protección hacia las víctimas.

El ejemplo más destacado es el Plan Estratégico Nacional contra la trata y la explotación de seres humanos 2021-2023 (PENTRA), que ya se contemplaba en la anterior Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave y que ha supuesto el primer instrumento de planificación de carácter integral en esta materia en España. Este Plan ha servido de base para otros sectoriales, como el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas, o el Plan Camino del Ministerio de Igualdad.

Una de las principales actuaciones que quedan por desarrollar, que deriva del PENTRA, y en la que actualmente se trabaja de manera especialmente intensa, es la aprobación de Ley integral de lucha contra la trata y explotación que, sin duda, supondrá un punto de inflexión en las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la trata de personas, potenciando la protección de las víctimas, así como una más eficaz lucha contra la actividad delictiva, en especial en los entornos digitales.

La violencia de género continúa siendo una de las formas más graves de delincuencia y de violencia contra la mujer. En este ámbito, se han efectuado los cambios necesarios en la normativa nacional para endurecer las penas y mejorar la atención y la protección de las víctimas durante los procesos judiciales.

Además, los sistemas de respuesta a esta amenaza están en constante actualización y adaptación, siendo ejemplo de ello el Sistema VioGén-2 que, junto con el nuevo Protocolo para la Valoración y Gestión Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género y Seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén-2, forman parte del continuo avance en la estrategia interinstitucional de prevención contra la violencia de género, buscando como fin último que ninguna víctima vulnerable quede fuera del sistema de protección.

Otra forma de delito dirigido a víctimas vulnerables es el abuso sexual infantil online, que se ha convertido en una de las principales prioridades. Se han llevado a cabo los avances legislativos necesarios para una mayor protección de las víctimas de este delito, así como para una atención policial especializada. Sin embargo, se debe continuar desarrollando normativa específica que se adapte a esta complejidad delictiva y dote de herramientas suficientes a las diversas instituciones del Estado intervinientes.

España ha reforzado su defensa a colectivos vulnerables mediante los Planes de acción de lucha contra los delitos de odio, implementados por el Ministerio del Interior, que, con la creación de grupos centrales operativos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el desarrollo de un sistema integral de coordinación, gestionado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), pretende mejorar la eficacia en la investigación, en especial en internet y redes sociales. Igualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio contra el racismo y la xenofobia (OBERAXE), viene a reafirmar el compromiso del Estado en la prevención y respuesta ante estos ilícitos.

Como respuesta al incremento y la sofisticación de la ciberdelincuencia, así como de la proliferación del crimen como servicio, se han implementado en nuestro país la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Aunque han aumentado notablemente las capacidades en ciberseguridad y en prevención, investigación y persecución del cibercrimen, es necesario potenciar la cooperación internacional, la formación y especialización; dotar de herramientas tecnológicas de investigación adecuadas; incorporar modelos predictivos y de análisis de riesgos; y continuar con las labores constantes de concienciación y de adopción de medidas de seguridad por la ciudadanía y las empresas.

La protección de las infraestructuras críticas ha cobrado una importancia creciente, en la medida en que garantizan el aprovisionamiento de los servicios esenciales de nuestra sociedad y posibilitan el normal desarrollo de la actividad socioeconómica. Por lo tanto, las acciones orientadas a garantizar su funcionamiento en condiciones seguras adquieren una relevancia especial frente a las amenazas procedentes de actuaciones delictivas de distinta naturaleza.

La progresiva digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los operadores críticos y operadores de servicios esenciales aumenta el riesgo de sufrir brechas de seguridad, lo que podría comprometer el control de los sistemas que operan estas infraestructuras y, en consecuencia, poner en peligro la continuidad de su actividad.

España, en sintonía con el marco normativo europeo, trabaja decididamente en la implementación de la Directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas (CER) y la Directiva de Seguridad de la Información en la Red (NIS2), buscando fortalecer tanto la seguridad como la capacidad de adaptación de estas infraestructuras a los nuevos desafíos. Así, en un contexto de amenazas en constante evolución, el enfoque en la resiliencia se vuelve fundamental para garantizar la continuidad operativa y la confianza de la ciudadanía.

3.3 Vínculos con el terrorismo.

La cooperación entre organizaciones ilícitas se evidencia en múltiples áreas. Los grupos terroristas y las redes de crimen organizado encuentran un terreno común en el uso compartido de recursos como armas, documentación falsa y financiación, así como en la explotación de redes de tráfico de personas, drogas y armas. Esta simbiosis permite a los grupos terroristas acceder a las infraestructuras logísticas y financieras establecidas por el crimen organizado, mientras que este último se beneficia de la desestabilización social y política generada por el terrorismo, que puede facilitar sus actividades ilícitas.

La Agenda Europea de Seguridad ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo de una manera más eficaz y global, destacando los vínculos con la delincuencia organizada, que nutre al terrorismo a través de los canales anteriormente mencionados.

La intensificación de esta interacción se ha visto agravada por factores como los conflictos bélicos, que generan un contexto de inestabilidad propicio para estas alianzas.

Desde un punto de vista estrictamente estratégico y preventivo, a nivel internacional las crecientes conexiones entre terrorismo y crimen organizado se evalúan en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y en el Foro Global Contra el Terrorismo.

En 2025 España procederá a la actualización del Plan Estratégico Nacional Contra la Financiación del Terrorismo (PENCFIT), poniendo especial énfasis, entre otras acciones, en las correspondientes al auge del uso de nuevas tecnologías en relación con la financiación de grupos terroristas.

CAPÍTULO 4

Objetivo, principios inspiradores, misión y visión

En este capítulo se identifica el objetivo de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, así como sus principios inspiradores, junto con su misión y visión frente a esta amenaza para la seguridad nacional.

4.1 Objetivo.

Neutralizar la amenaza que representa la criminalidad organizada y la delincuencia grave sobre la seguridad y bienestar de la ciudadanía, sus intereses y los del conjunto de España, así como minimizar las consecuencias negativas asociadas a ambas figuras en sus diferentes manifestaciones, proteger a las víctimas y a los colectivos vulnerables, y contrarrestar la interacción creciente con otras amenazas para la seguridad nacional e internacional.

4.2 Principios inspiradores.

Los principios generales inspiradores de esta Estrategia se fundamentan en una visión integral de la criminalidad organizada y de la delincuencia grave, abordando sus variantes delictivas, su relación con otras actividades ilícitas y la protección de las víctimas; en el impulso de la actuación multidisciplinar, mediante la colaboración efectiva de todos los organismos e instituciones implicados en la lucha contra esos fenómenos; y en la adaptación permanente de los instrumentos de prevención, preparación y respuesta a su evolución.

A estos hay que añadir una serie de principios transversales que se proyectan de una forma global sobre todo el conjunto de acciones que buscan combatir eficazmente estas amenazas. De esta forma, la cooperación internacional, la implicación de las distintas instituciones del Estado, junto con el refuerzo de la coordinación, la formación y la especialización de los actores concernidos, especialmente en el uso de las nuevas tecnologías, así como el desarrollo de fórmulas de cooperación público-privada, son aspectos cruciales a la hora de afrontar la lucha contra estos riesgos y amenazas para la seguridad de la ciudadanía.

La cooperación internacional, esencial contra un fenómeno globalizado

Una de las características más relevantes del crimen organizado y de la delincuencia grave es su carácter trasnacional, lo que se ve favorecido por la globalización y la interdependencia creciente de los países y regiones.

En este contexto, la colaboración y la cooperación internacionales frente a la criminalidad en todas sus manifestaciones resulta esencial, tanto a nivel bilateral con los países socios y aliados, como en el seno de las organizaciones e iniciativas multilaterales de las que España forma parte.

La implicación de las instituciones del Estado y la cooperación público-privada.

La complejidad de las diferentes figuras delictivas, su amplia capacidad de afectación económica y social y sus conexiones con otros riesgos y amenazas para la seguridad ponen en valor la implicación del conjunto de las instituciones del Estado, garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades consagrados en nuestra Carta Magna.

Asimismo, la cooperación público-privada y la participación ciudadana se erigen como elementos fundamentales de la acción del Estado para su detección y neutralización, a través de fórmulas dirigidas a la promoción del conocimiento, el aumento de la concienciación y el establecimiento y la consolidación de canales de colaboración adaptados a la evolución de la amenaza.

La coordinación sinérgica entre todos los actores

La eficacia de las acciones orientadas a reducir el potencial desestabilizador de la criminalidad organizada y grave requiere de una acción conjunta de todos los actores concernidos, tanto públicos como privados. Solo a través de la actuación coordinada de todos se pueden establecer las sinergias que permitan optimizar sus esfuerzos. Este principio adquiere su máxima expresión en las áreas de la prevención y respuesta, así como en la del desarrollo y la difusión de la inteligencia estratégica y operativa relacionadas con estos fenómenos delictivos.

Las nuevas tecnologías y la interoperabilidad como vector evolutivo de la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave

Las nuevas tecnologías resultan de crucial importancia en la lucha contra estas amenazas, cuya implantación contribuye a abordar los distintos desafíos de seguridad en los procesos de prevención e investigación; a fomentar la formación para su correcta utilización frente a esos fenómenos criminales; a incrementar el intercambio de información en base a funcionalidades que permitan una mayor interoperabilidad y a optimizar los procesos de integración y explotación de datos.

La especialización de las instituciones como valor añadido en la lucha contra estos fenómenos

La evolución de la criminalidad organizada y la delincuencia grave y su adaptación al entorno en el que operan para conseguir sus fines manteniendo su opacidad, obligan a una continua especialización de las instituciones destinadas a hacerles frente, por cuanto amplía su capacitación para generar conocimiento, mejorar la investigación y desarrollar mecanismos de prevención y anticipación adaptados a los distintos modus operandi.

4.3 Misión.

Garantizar la seguridad de las personas y bienes contra la amenaza que representan la criminalidad organizada y la delincuencia grave, minimizando su posible incidencia para los ciudadanos e intereses de nuestra nación dentro y fuera de España, así como en el ciberespacio; en un marco integral, coordinado y eficiente entre todos los actores, tanto nacionales como internacionales, llamados a hacer frente a estos fenómenos, que permita prevenir el riesgo y reducir la incertidumbre asociada a los mismos, luchar eficazmente contra las actividades ilícitas, así como neutralizar sus consecuencias.

4.4 Visión.

Alcanzar las condiciones de libertad, seguridad y justicia que permitan garantizar los derechos y libertades constitucionales frente a los desafíos provenientes de la criminalidad organizada y de la delincuencia grave que pueden comprometer su ejercicio, así como el bienestar de la sociedad y su pleno desarrollo.

El cumplimiento de esta responsabilidad por parte de las instituciones del Estado precisa de acciones eficaces que aseguren el entorno, fortalezcan la resiliencia y la normal convivencia para el disfrute de la libertad, la justicia y el bienestar colectivo.

La complejidad y capacidad desestabilizadora de dichos fenómenos, así como su interrelación con otras amenazas para la seguridad y su adaptación constante a la evolución del entorno en el que se desarrollan, hacen necesario mantener una visión global, adaptada permanentemente a la evolución del contexto de seguridad, y desplegar una acción integral y sinérgica de todos los componentes de la sociedad. Esta debe fomentar el conocimiento, la coordinación y la especialización, así como el desarrollo de fórmulas de cooperación internacional, que abarquen desde la componente estratégica a la operacional y táctica.

CAPÍTULO 5

Arco Estratégico: Dominios de acción, ejes estratégicos y líneas de acción

En este capítulo se recoge el arco estratégico de actuación del Estado frente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave, que se proyecta sobre tres dominios de acción, trece ejes estratégicos y cincuenta líneas de acción.

5.1 Definición y contenido.

La neutralización de la amenaza que representan la criminalidad organizada y la delincuencia grave se articula a través de ejes estratégicos que, siguiendo una visión integral de la acción concertada del Estado dirigida a erradicar sus distintas formas de manifestación, convergen en tres dominios de acción: anticipar, reaccionar y consolidar.

En estos dominios de acción confluyen desde las acciones destinadas a la prevención frente a la amenaza y la anticipación a su materialización, hasta la consolidación de los avances alcanzados en su mitigación, pasando por el impulso de una respuesta cada vez más eficaz y eficiente. Todo ello en el marco de una actuación coordinada de todos los actores concernidos, tanto a nivel nacional como en el marco de las iniciativas internacionales de acción conjunta, y con una visión de mejora continua adaptada a la evolución de la amenaza, contando con el potencial del componente tecnológico y con una implicación creciente del sector privado y la ciudadanía en general.

5.2 Dominios de acción: Anticipar, reaccionar y consolidar.

Anticipar

Actuar sobre las causas y factores de desarrollo de la criminalidad organizada y la delincuencia grave, fortaleciendo la colaboración con los países de origen y refugio de los actores o beneficiarios de esta actividad, así como potenciar la prevención mediante el desarrollo de mecanismos de actuación coordinada que favorezcan la obtención y gestión de información relevante, el análisis de riesgos y el fomento del conocimiento e implicación de los organismos públicos, el sector privado y de la sociedad en su conjunto en la neutralización de la amenaza.

Ejes estratégicos:

– Proyectar la acción del Estado en la lucha contra la criminalidad hacia los lugares de origen y refugio de los autores y promotores del crimen organizado y la delincuencia grave.

Líneas de acción:

● Potenciar la colaboración de todos los actores del Estado en el exterior.

● Intensificar la cooperación para el desarrollo social en zonas especialmente vulnerables a la influencia de los grupos de crimen organizado.

● Promover la colaboración internacional, tanto bilateral como regional y global a nivel operativo y estratégico, así como el refuerzo de capacidades en los lugares afectados.

● Estimular la formación internacional, así como la difusión e intercambio de buenas prácticas para la investigación, desarticulación, y enjuiciamiento de las redes criminales y la privación de los bienes obtenidos de su actividad.

● Intensificar el liderazgo y presencia de España en los foros internacionales.

● Desarrollar proyectos y acciones dirigidos a desactivar los flujos financieros ilícitos internacionales.

● Reforzar los recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

– Potenciar las herramientas en materia de identificación, evaluación y análisis de riesgos.

Líneas de acción:

● Reforzar los recursos, las medidas de seguridad y los sistemas de análisis de riesgos en las infraestructuras logísticas y en su conjunto de toda la cadena de suministro, para mejorar la lucha contra los tráficos ilícitos.

● Perfeccionar los métodos de detección de la infiltración del crimen organizado en todas las instituciones y entidades públicas y privadas.

● Adoptar acciones orientadas a la formación y especialización de los organismos públicos para el desarrollo de sus capacidades de identificación, evaluación y análisis prospectivo, especialmente en la incorporación de nuevas tecnologías y en particular la Inteligencia Artificial.

● Impulsar los cambios normativos necesarios para mejorar las capacidades de identificación, evaluación y análisis prospectivo de posibles amenazas.

– Identificar las sinergias entre la criminalidad organizada y la delincuencia grave con otras amenazas para la Seguridad Nacional.

Líneas de acción:

● Impulsar medidas de detección y control que eviten el establecimiento de conexiones entre la criminalidad organizada y la delincuencia grave con el terrorismo.

● Aumentar las capacidades en la lucha contra la desinformación con influencia en la proliferación o promoción de acciones delictivas relacionadas con el crimen organizado y la delincuencia grave.

● Potenciar la detección de la infiltración del crimen organizado en los flujos migratorios.

● Intensificar los esfuerzos para la detección y lucha contra las amenazas de la cibercriminalidad.

– Fomentar la resiliencia de la sociedad contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

Líneas de acción:

● Implementar y desarrollar el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, como base para la implicación activa de la sociedad en su preservación y garantía frente a los riesgos y amenazas que pueden comprometerla, con especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia grave en sus distintas formas de manifestación.

● Sensibilizar a la población en el uso responsable y seguro de las tecnologías frente a los potenciales peligros.

● Proteger a la juventud frente a su captación por redes criminales.

● Promover la implantación de sistemas de integridad y lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público.

– Potenciar el apoyo y la asistencia integral a las víctimas y colectivos vulnerables.

Líneas de acción:

● Establecer sistemas de evaluación de necesidades para víctimas vulnerables.

● Mejorar las sinergias entre las organizaciones de asistencia a las víctimas y las instituciones públicas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

● Fomentar la formación especializada y sensibilización de los profesionales en el tratamiento y la protección de las víctimas.

– Proteger los intereses financieros y económicos de España frente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave.

Líneas de acción:

● Reforzar los organismos públicos dedicados a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como aquellos competentes en materia de sanciones financieras internacionales.

● Incrementar la colaboración publico privada que permita a los agentes económicos protegerse de los intentos de utilización por parte de las organizaciones criminales.

● Potenciar la colaboración internacional y en especial con las instituciones europeas en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Reaccionar

Fortalecer las capacidades de detección temprana y respuesta eficaz ante las distintas actividades delictivas relacionadas con la criminalidad organizada y la delincuencia grave, bajo una aproximación integral del fenómeno, desde la planificación hasta la proyección del beneficio económico obtenido en su desarrollo, y potenciando la coordinación interinstitucional y la participación en iniciativas internacionales de acción conjunta.

Ejes estratégicos:

– Adaptar los mecanismos de lucha a las nuevas amenazas de criminalidad detectadas en nuestro país e impedir su evolución.

Líneas de acción:

● Incorporar los conocimientos adquiridos en planes específicos de lucha contra nuevas amenazas detectadas.

● Potenciar la detección de los delitos de corrupción, así como su neutralización.

● Mejorar los procedimientos administrativos en áreas susceptibles de infiltración de la criminalidad organizada y la delincuencia grave.

● Adecuar el marco normativo atendiendo a la evolución del crimen organizado y la delincuencia grave.

– Investigar y desarticular las estructuras criminales detectadas.

Líneas de acción:

● Adaptar la estructura judicial y sus capacidades para la lucha especializada contra el crimen organizado.

● Promover las investigaciones financieras.

● Impulsar las investigaciones patrimoniales.

● Desarrollar una estrategia nacional en materia de recuperación de activos.

● Potenciar el uso de las herramientas tecnológicas idóneas para la investigación de las actividades delictivas del crimen organizado.

● Estimular la formación para la investigación, desarticulación y enjuiciamiento de las redes criminales y la privación de los bienes obtenidos de su actividad.

– Mejorar la coordinación, participación y colaboración interinstitucional e internacional en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

Líneas de acción:

● Reforzar la colaboración público-privada.

● Intensificar la coordinación y colaboración entre todos los actores nacionales involucrados en la lucha contra el crimen organizado.

● Promover la ampliación de los ámbitos de intercambio internacional de información.

● Impulsar las medidas que permitan agilizar el acceso a la información de interés para las investigaciones.

Consolidar

Potenciar la implementación de acciones para aminorar el impacto de la criminalidad organizada y la delincuencia grave a nivel institucional, económico y social, e incorporar el aprendizaje adquirido por los organismos competentes en la lucha contra esta amenaza, tanto en los procesos de actuación como en la mejora de las capacidades.

Ejes estratégicos:

– Potenciar la monitorización y seguimiento de la actividad del crimen organizado y la delincuencia grave en todos los ámbitos con el fin de minimizar su impacto.

Líneas de acción:

● Impulsar la cooperación interinstitucional para llevar a cabo la trazabilidad de las actividades de lucha contra las organizaciones criminales desde su inicio hasta su completa neutralización.

● Fortalecer el sistema de protección de testigos, peritos, colaboradores y arrepentidos, antes, durante y después de la investigación y ulterior del proceso judicial.

● Impulsar la armonización de las normativas en el control de las conductas delictivas en la UE.

● Colaborar decididamente en el desarrollo y consolidación de las capacidades del Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, como elemento esencial del Sistema de Seguridad Nacional en ese ámbito.

– Fortalecer la divulgación de las acciones desarrolladas en materia de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.

Líneas de acción:

● Optimizar la colaboración con los medios de comunicación.

● Potenciar el desarrollo de campañas de información.

– Fomentar las actuaciones relativas a evitar la capacidad de disfrute de los beneficios obtenidos por las organizaciones criminales.

Líneas de acción:

● Desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan el seguimiento y monitorización de las finanzas vinculadas a las redes criminales hasta su recuperación.

● Adaptar el marco normativo nacional a la Nueva Directiva de Recuperación y Decomiso de Activos de la UE.

– Optimizar la gestión de los bienes recuperados.

Líneas de acción:

● Fortalecer el sistema de seguimiento de los activos identificados y localizados en fase de investigación, junto a los finalmente intervenidos, embargados y decomisados.

● Promover una gestión eficiente de los activos recuperados, con la finalidad de potenciar su retorno en favor de los organismos encargados de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, restituir el daño causado y resarcir al conjunto de la sociedad.

● Impulsar la formación en materia de recuperación de activos de los actores institucionales implicados.

CAPÍTULO 6

Lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave en el marco del Sistema de Seguridad Nacional

En este capítulo se desarrolla la imbricación de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave en el Sistema de Seguridad Nacional.

6.1 El Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

El crimen organizado y la delincuencia grave constituyen una de las principales amenazas para la Seguridad Nacional, entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de la ciudadanía, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos.

El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno en esta materia, es el órgano al que corresponde asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional.

Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Seguridad Nacional tiene entre sus funciones la potestad de acordar la creación y el fortalecimiento de sus órganos de apoyo.

Así, ante la necesidad de abordar cuestiones transversales de naturaleza político-estratégica relativas a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 15 de octubre de 2024, acordó la creación de un órgano de esta naturaleza que, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, pudiera garantizar un entorno de integración y coordinación de esfuerzos, sin perjuicio de las competencias propias de sus componentes y de los protocolos y mecanismos de coordinación operativa y de inteligencia existentes en este ámbito.

Sobre esta base, el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, tiene asignadas, entre otras, las funciones de proponer al Consejo de Seguridad Nacional las directrices en materia de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional relacionadas con la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave; contribuir a reforzar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional en este ámbito, además de verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, impulsar y liderar los trabajos para la revisión de su contenido y realizar aportaciones a los procesos de elaboración de los planes estratégicos que se deriven del mismo.

Además, en lo que respecta a la gestión de crisis, y ante escenarios susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional, actuará en apoyo del Comité de Situación, órgano responsable de apoyar al Consejo de Seguridad Nacional en la dirección y coordinación de las actuaciones en este tipo de situaciones, entre las que se encuentran aquellas que pudieran estar relacionadas con la criminalidad organizada o la delincuencia grave.

El Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave está conformado por representantes de los distintos departamentos ministeriales y organismos con competencias en la materia, estructura que puede ser ampliada con la incorporación de otros departamentos o entidades en función de los asuntos a tratar. La Presidencia recae en la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, mientras que la Vicepresidencia es ocupada por la persona titular de la Dirección del Departamento de Seguridad Nacional, institución que también tiene asignada la secretaría del Comité, en el ejercicio de su papel como secretaría técnica y órgano de trabajo permanente dentro del Sistema de Seguridad Nacional.

6.2 Vigencia y actualización de la Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 tendrá una vigencia inicial de cinco años, en línea con el horizonte temporal establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y demás documentos estratégicos sectoriales derivadas de aquella.

No obstante, atendiendo a la evolución de la amenaza relacionada con estas materias, el Consejo de Seguridad Nacional podrá valorar la idoneidad de acometer un nuevo proceso de revisión antes de que finalice el período señalado.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025 estará sujeta a un proceso de evaluación continuo. El resultado de todo ello durante la vigencia de su contenido se reflejará cada año en un Informe Anual de Evaluación, que tendrá como finalidad analizar el grado de cumplimiento de sus objetivos y de los distintos ejes estratégicos definidos para ello.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.