(1)

El marco de resolución de la Unión para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión («entidades») se estableció tras la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 y a raíz de la primera publicación, en octubre de 2011, por el Consejo de Estabilidad Financiera del documento Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (Atributos fundamentales de unos regímenes eficaces de resolución de entidades financieras). El marco de resolución de la Unión está formado por la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Ambos actos legislativos son aplicables a las entidades y a otras sociedades dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva o de dicho Reglamento («sociedades»). El marco de resolución de la Unión tiene por objeto abordar de manera ordenada la inviabilidad de entidades y sociedades preservando sus funciones esenciales y evitando amenazas para la estabilidad financiera, y, al mismo tiempo, protegiendo a los depositantes y los fondos públicos. Además, con el marco de resolución de la Unión se pretende fomentar el desarrollo del mercado interior en el sector bancario creando un régimen armonizado para hacer frente de manera coordinada a las crisis transfronterizas de manera coordinada y evitando problemas de falseamiento de la competencia y riesgos de desigualdad de trato.

(2)

Tras varios años de aplicación, el marco de resolución de la Unión no logra los resultados previstos con respecto a algunos de esos objetivos. En particular, si bien las entidades y sociedades han realizado avances considerables hacia la resolubilidad y han dedicado importantes recursos a tal fin, en particular mediante la creación de la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización y la cumplimentación de los mecanismos de financiación de la resolución, rara vez se recurre al marco de resolución de la Unión. En cambio, la inviabilidad de determinadas entidades y sociedades medianas y más pequeñas suele abordarse a través de medidas nacionales no armonizadas. Sigue utilizándose el dinero del contribuyente en lugar de las redes de seguridad financiadas por el sector, como los mecanismos de financiación de la resolución. Esta situación parece tener su origen en unos incentivos inadecuados, los cuales a su vez son el resultado de la interacción entre el marco de resolución de la Unión y las normas nacionales, que hace que la amplia discrecionalidad de que gozan las autoridades de resolución de la evaluación del interés público no siempre se ejerza en consonancia con la aplicación prevista del marco de resolución de la Unión. Al mismo tiempo, el marco de resolución de la Unión se ha utilizado poco debido al riesgo de tener que asumir pérdidas para los depositantes de las entidades que se financian mediante depósitos tengan que soportar pérdidas para posibilitar que dichas entidades puedan acceder a financiación externa en el marco de la resolución, en particular en ausencia de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna. Por último, el hecho de que las normas sobre el acceso a la financiación sean menos estrictas al margen del proceso de resolución ha disuadido de aplicar el marco de resolución de la Unión en favor de otras soluciones, que a menudo implican utilizar el dinero de los contribuyentes en lugar de los recursos propios de las entidades o las sociedades o de las redes de seguridad financiadas por el sector. Esta situación genera a su vez riesgos de fragmentación, riesgos de resultados subóptimos en la gestión de la inviabilidad de las entidades y sociedades, en particular en el caso de las entidades y sociedades medianas y más pequeñas, y costes de oportunidad derivados de los recursos financieros no utilizados. Por consiguiente, es necesario garantizar una aplicación más eficaz y coherente del marco de resolución de la Unión y velar por que pueda aplicarse siempre que ello redunde en el interés público, también en el caso de determinadas entidades medianas y más pequeñas financiadas principalmente a través de depósitos y que no tienen otros pasivos susceptibles de recapitalización interna suficientes.

(3)

Uno de los principales objetivos de la revisión de la Directiva 2014/59/UE es proteger mejor el dinero de los contribuyentes garantizando que el marco de resolución pueda aplicarse siempre que sea necesario. El marco revisado tiene por objeto garantizar que el uso del dinero de los contribuyentes se reduzca considerablemente con el fin de garantizar que las redes de seguridad financiadas por el sector, en particular los mecanismos de financiación de la resolución, se utilicen con mayor frecuencia y de manera más eficaz.

(4)

La intensidad y el nivel de detalle de la labor de planificación de la resolución que se necesita con respecto a las filiales que no han sido identificadas como entidades de resolución varían en función del tamaño de las entidades y sociedades de que se trate, su perfil de riesgo, su papel en la prestación de funciones esenciales, sus ramas de actividad principales, su importancia para la continuidad operativa del grupo tras la resolución y la estrategia de resolución de grupo, así como en función de la importancia de la filial en el Estado miembro en el que esté establecida, en particular su importancia sistémica potencial y su posible repercusión en los recursos financieros disponibles del sistema de garantía de depósitos (SGD) en caso de liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario. Por consiguiente, las autoridades de resolución deben poder tener en cuenta esos factores a la hora de determinar las medidas que deben adoptarse con respecto a dichas filiales y seguir un método proporcionado cuando proceda.

(5)

Una entidad o sociedad que esté siendo objeto de liquidación con arreglo al Derecho nacional, tras haberse determinado que es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser y haber llegado la autoridad de resolución a la conclusión de que su resolución no es de interés público, se dirige en última instancia a la salida del mercado. En esos casos ya no es necesario un plan para resolver esa entidad o sociedad, independientemente de si la autoridad competente ha retirado ya la autorización de la entidad o sociedad de que se trate. Lo mismo se aplica con respecto a una entidad residual objeto de resolución tras la transmisión de activos, derechos y pasivos en el contexto de una estrategia de transmisión. Procede, por tanto, especificar que, en tales situaciones, no es necesaria la adopción de planes de resolución.

(6)

El procedimiento para la presentación de información, por parte de las sociedades que forman parte de un grupo, a las autoridades de resolución para la preparación de los planes de resolución debe armonizarse con el procedimiento establecido en la Directiva 2014/59/UE para la presentación de información a efectos de la supervisión del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) a fin de evitar costes y complejidad innecesarios.

(7)

Actualmente, las autoridades de resolución pueden decidir prohibir determinadas distribuciones en los casos en que una entidad o sociedad, sea o no una entidad de resolución, no cumpla los requisitos combinados de colchón, evaluados en conjunción con MREL. No obstante, en determinadas situaciones, se podría exigir que una entidad o sociedad cumpla el MREL sobre una base diferente de aquella conforme a la cual se obliga a dicha entidad o sociedad a cumplir los requisitos combinados de colchón. Esta situación genera incertidumbre respecto a las condiciones para el ejercicio por las autoridades de resolución de las facultades de prohibir las distribuciones y para el cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el MREL. Por consiguiente, debe establecerse que, en esos casos, las autoridades de resolución deben ejercer la facultad de prohibir determinadas distribuciones sobre la base de los requisitos combinados de colchón estimados resultantes de la metodología establecida en el acto delegado adoptado en virtud del artículo 45 quater, apartado 4, de la Directiva 2014/59/UE. Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, las autoridades de resolución deben comunicar los requisitos combinados de colchón estimados a la entidad o sociedad, que a continuación debe hacerlos públicos.

(8)

Las medidas de actuación temprana se introdujeron para que las autoridades competentes pudieran subsanar el deterioro de la situación financiera y económica de las entidades o sociedades y reducir, en la medida de lo posible, el riesgo y las repercusiones de una posible resolución. Sin embargo, debido a la falta de certeza respecto a los umbrales para la aplicación de esas medidas de actuación temprana y a los solapamientos parciales con las medidas de supervisión, la utilización de medidas de actuación temprana ha sido muy infrecuente. Por consiguiente, deben simplificarse y especificarse las condiciones para la aplicación de dichas medidas de actuación temprana. A fin de disipar las incertidumbres sobre las condiciones y el calendario para el cese del órgano de dirección de una entidad o sociedad y el nombramiento de administradores provisionales, estas medidas deben determinarse explícitamente como medidas de actuación temprana y su aplicación debe estar sujeta a los mismos umbrales. En condiciones específicas, una liquidación gradual de las actividades puede ser una solución eficiente en términos de costes para facilitar la salida del mercado de una entidad o sociedad con un modelo de negocio débil, evitando así un declive prolongado que culmine con la inviabilidad de la entidad o sociedad. Las autoridades competentes deben tener las facultades de actuación temprana para solicitar que se presente un plan en caso de una liquidación voluntaria de las actividades de una entidad o sociedad, dejando la decisión sobre la aplicación de ese plan a la entidad o sociedad de que se trate. Cuando ejerzan las facultades de actuación temprana, debe exigirse a las autoridades competentes que elijan las medidas adecuadas para hacer frente a una situación específica de conformidad con el principio de proporcionalidad. Para que las autoridades competentes puedan tener en cuenta los riesgos reputacionales o los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales o con las tecnologías de la información y la comunicación, las autoridades competentes deben evaluar las condiciones para la aplicación de medidas de actuación temprana no solo con arreglo a indicadores cuantitativos, como los requisitos de capital o liquidez, el nivel de apalancamiento, los préstamos dudosos o la concentración de exposiciones, sino también con arreglo a umbrales cualitativos. El proceso de toma de decisiones en relación con las medidas de actuación temprana debe permitir su examen sin dilación y, en su caso, su aplicación, a fin de evitar que la situación de la entidad o sociedad continúe deteriorándose.

(9)

Para mejorar la seguridad jurídica, deben suprimirse las medidas de actuación temprana establecidas en la Directiva 2014/59/UE que se solapan con las facultades existentes en virtud del marco prudencial establecido en las Directivas 2013/36/UE (6) y (UE) 2019/2034 (7) del Parlamento Europeo y del Consejo. Además, es necesario garantizar que las autoridades de resolución puedan preparar la posible resolución de una entidad o sociedad. Por consiguiente, la autoridad competente debe informar a las autoridades de resolución con suficiente antelación del deterioro de la situación de una entidad o sociedad, y las autoridades de resolución deben disponer de las facultades necesarias para ejecutar las medidas preparatorias. Es importante señalar que, para que las autoridades de resolución puedan reaccionar lo más rápidamente posible ante el deterioro de la situación de una entidad o sociedad, la aplicación previa de medidas de actuación temprana no debe ser una condición para que la autoridad de resolución tome medidas para poner la entidad o sociedad a la venta o solicite información para actualizar el plan de resolución y preparar la valoración. Cuando se ponga a la venta una entidad que sea miembro de un sistema institucional de protección (SIP), la autoridad de resolución debe considerar las medidas que el SIP podría adoptar antes de la resolución para evitar un riesgo significativo de que la entidad sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser. Para garantizar una reacción coherente, coordinada, eficaz y oportuna al deterioro de la situación de una entidad o sociedad y preparar adecuadamente una posible resolución, es necesario mejorar la interacción y la coordinación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución. Tan pronto como una entidad o sociedad cumpla las condiciones para que se apliquen medidas de actuación temprana, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben incrementar sus intercambios de información, incluida la información provisional, y supervisar conjuntamente la situación de la entidad o sociedad.

(10)

Es necesario garantizar una acción oportuna y una coordinación temprana entre la autoridad competente y la autoridad de resolución mientras una entidad o sociedad siga siendo una empresa en funcionamiento, pero exista un riesgo significativo de que la entidad o sociedad pueda no ser viable. Por consiguiente, la autoridad competente debe notificar dicho riesgo a la autoridad de resolución lo antes posible. Dicha notificación debe contener los motivos de la evaluación de la autoridad competente y una síntesis no exhaustiva de las medidas alternativas del sector privado, las medidas de supervisión o las medidas de actuación temprana disponibles para evitar la inviabilidad de la entidad o sociedad en un plazo razonable. Esa notificación temprana no afecta a ninguna medida alternativa del sector privado, incluidas las medidas adoptadas por un SIP, que pudiera impedir la inviabilidad o la probable inviabilidad de la entidad o sociedad en un plazo razonable ni afecta negativamente a los procedimientos para determinar si se cumplen las condiciones de resolución. La notificación previa a la autoridad de resolución por parte de la autoridad competente de que existe un riesgo significativo de que una entidad o sociedad sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser o el final del plazo determinado para la aplicación de las medidas destinadas a abordar ese riesgo significativo no debe ser una condición para la posterior determinación de que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, ni implicarlo necesariamente de otro modo. Además, si en una fase posterior se considera que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser y no existen soluciones alternativas para evitar tal inviabilidad en un plazo razonable, la autoridad de resolución debe tomar una decisión sobre la adopción de una medida de resolución. En tal caso, la oportunidad de la decisión de aplicar una medida de resolución a una entidad o sociedad puede ser fundamental para la aplicación satisfactoria de la estrategia de resolución, en particular porque una intervención temprana en la entidad o sociedad puede contribuir a garantizar niveles suficientes de capacidad de absorción de pérdidas y liquidez para ejecutar dicha estrategia. Procede, por tanto, permitir a la autoridad de resolución evaluar, en estrecha cooperación con la autoridad competente, lo que constituye un plazo razonable para aplicar medidas alternativas a fin de evitar la inviabilidad de la entidad o sociedad. Para garantizar un resultado oportuno y permitir a la autoridad de resolución preparar adecuadamente la posible resolución de la entidad o sociedad, la autoridad de resolución y la autoridad competente deben reunirse periódicamente, y la autoridad de resolución debe decidir la frecuencia de dichas reuniones, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

(11)

El marco de resolución está concebido para que pueda aplicarse a cualquier entidad o sociedad, independientemente de su tamaño y su modelo de negocio, si los instrumentos disponibles con arreglo al Derecho nacional no son adecuados para gestionar su inviabilidad. Sin embargo, algunos de los objetivos del marco deben especificarse con más detalle para mejorar la armonización y promover la convergencia. El objetivo de resolución de garantizar la continuidad de las funciones esenciales tiene por objeto salvaguardar la estabilidad financiera y la economía real. Por lo tanto, es necesario velar por que no cese la prestación de funciones esenciales. En particular, es necesario aclarar que, dependiendo de las circunstancias específicas, las autoridades de resolución deben poder establecer que determinadas funciones de una entidad o sociedad son consideradas esenciales aunque su cese perturbara la estabilidad financiera o servicios que son esenciales para la economía real únicamente a escala regional. En lo que respecta a la recepción de depósitos, las autoridades de resolución deben prestar la debida atención al riesgo de una pérdida de confianza de los depositantes que sean titulares de depósitos no cubiertos por la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Los fondos públicos deben protegerse minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias, en particular cuando procedan del presupuesto de un Estado miembro. Se ha de proteger también a los depositantes cubiertos por la Directiva 2014/49/UE, a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y los fondos y los activos de los clientes.

(12)

Durante la fase de planificación de la resolución, a la hora de decidir si debe identificarse a una entidad como de resolución, las autoridades de resolución deben utilizar, en general, el hecho de que una entidad esté sujeta a obligaciones simplificadas como indicador de que su resolución en caso de inviabilidad no redundaría en el interés público. Por el contrario, el hecho de que una entidad no esté sujeta a obligaciones simplificadas podría indicar que su resolución en caso de inviabilidad redundaría en el interés público.

(13)

La liquidación de una entidad con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario podría, en algunos casos, poner en peligro la estabilidad financiera e interrumpir la prestación de funciones esenciales. Por ejemplo, si la insolvencia pudiera dar lugar a pérdidas en una parte importante de los depósitos o a dificultades notables en la continuidad del acceso a los depósitos, y si la autoridad de resolución considerara que dichas pérdidas o dificultades podrían tener una repercusión importante en la prestación de funciones esenciales, en la estabilidad financiera a través del contagio o en la economía real. En tales casos, es muy probable que redunde en el interés público someter a la entidad o sociedad a un procedimiento de resolución en lugar de liquidarla con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario. La evaluación de si la resolución de una entidad o sociedad es de interés público también debe reflejar, en la medida de lo posible, la diferencia entre, por una parte, la financiación concedida a través de redes de seguridad financiadas por el sector —en particular, los mecanismos de financiación para los procedimientos de resolución o los SGD— y, por otra, la financiación concedida por los Estados miembros con cargo a los contribuyentes. Esa financiación concedida por los Estados miembros conlleva un riesgo moral mayor y un incentivo menor para la disciplina de mercado. Por lo tanto, al evaluar el objetivo de minimizar la dependencia de la ayuda financiera pública extraordinaria, las autoridades de resolución deben preferir la financiación a través de los mecanismos de financiación para los procedimientos de resolución o de los SGD a la financiación mediante una cantidad igual de recursos procedentes del presupuesto de los Estados miembros.

(14)

Al efectuar la evaluación del interés público, las autoridades de resolución deben evaluar si alguno de los objetivos de resolución correría riesgo si la entidad o sociedad inviable fuera liquidada con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario. La medida de resolución no debe considerarse necesaria en el interés público si ninguno de los objetivos de resolución está en riesgo en caso de que la entidad o sociedad fuera liquidada con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario. Si la autoridad de resolución considera que al menos un objetivo de resolución está en riesgo en caso de liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario, el resultado de la evaluación del interés público solo debe ser negativo si la liquidación de la entidad o sociedad inviable con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario lograra los objetivos de resolución no solo en la misma medida que la resolución, sino de manera más eficaz.

(15)

Si una entidad o sociedad inviable no es objeto de resolución, esta debe ser liquidada de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional. Estos procedimientos podrían variar sustancialmente de un Estado miembro a otro. Si bien es conveniente permitir suficiente flexibilidad para utilizar los procedimientos nacionales existentes, deben aclararse determinados aspectos para garantizar que las entidades o sociedades de que se trate salgan del mercado.

(16)

Debe garantizarse que la autoridad competente o la autoridad de resolución inicie o inste el inicio de un procedimiento con arreglo al Derecho nacional para liquidar una entidad o sociedad que se considere inviable o si existe la probabilidad de que lo vaya a ser, pero que no sea objeto de resolución. Cuando el Derecho nacional permita la liquidación voluntaria de la entidad o sociedad por decisión de los accionistas, dicha opción debe seguir estando disponible y la autoridad pertinente debe estar facultada para solicitar el inicio de dicho procedimiento. No obstante, debe garantizarse que, a falta de una acción rápida por parte de los accionistas, la autoridad nacional pertinente tome medidas.

(17)

También debe establecerse que el resultado final de los procedimientos de liquidación sea el cese de las actividades bancarias que conduzcan a la salida del mercado de la entidad o sociedad inviable. En función de la norma nacional aplicada, este resultado puede alcanzarse de diferentes maneras. Por ejemplo, la venta de la entidad o sociedad o de alguna de sus partes, la venta de activos o pasivos específicos o una liquidación gradual, incluidos los pagos y los depósitos, con vistas a vender sus activos gradualmente para reembolsar a los acreedores afectados. El cese de las actividades bancarias también podría requerir, entre otras cosas, una limitación de la emisión de nuevos pasivos para cubrir únicamente las necesidades de refinanciación derivadas de los activos existentes, de modo que no se prorrogue el vencimiento de los pasivos. Para mejorar la previsibilidad de los procedimientos, dicho resultado debe alcanzarse en un plazo razonable.

(18)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para revocar la autorización de una entidad o sociedad basándose únicamente en el hecho de que sea inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, pero no sea objeto de resolución. Las autoridades competentes deben poder revocar la autorización para apoyar el objetivo de liquidación de la entidad o sociedad de conformidad con el Derecho nacional, en particular en los casos en que los procedimientos disponibles con arreglo al Derecho nacional no puedan iniciarse en el momento en que se determine que la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser, incluidos los casos en que la entidad o sociedad aún no sea insolvente de acuerdo con su balance. A fin de garantizar que pueda alcanzarse el objetivo de la liquidación de la entidad o sociedad, los Estados miembros deben velar por que la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente también se incluya entre las posibles condiciones para iniciar al menos uno de los procedimientos disponibles en virtud del Derecho nacional y que sea aplicable a las entidades o sociedades inviables o con probabilidad de serlo pero que no sean objeto de resolución.

(19)

A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (UE) n.o 806/2014 y las Directivas 2014/49/UE y 2014/59/UE, es necesario especificar más en detalle las condiciones en las que pueden concederse excepcionalmente medidas que puedan considerarse una ayuda financiera pública extraordinaria. Debe garantizarse que las medidas cautelares se adopten con la suficiente antelación. Además, las medidas para proporcionar ayuda por los activos deteriorados, incluidos los instrumentos de gestión de activos o los sistemas de garantía de activos, pueden resultar eficaces y eficientes a la hora de abordar las causas de posibles dificultades financieras a las que se enfrentan las entidades y sociedades y evitar su inviabilidad, por lo que podrían constituir medidas cautelares pertinentes. Por lo tanto, debe especificarse que las medidas cautelares pueden adoptar la forma de medidas relativas a los activos deteriorados.

(20)

Para preservar la disciplina de mercado, proteger los fondos públicos y evitar el falseamiento de la competencia, las medidas cautelares deben seguir siendo la excepción y aplicarse únicamente para hacer frente a situaciones de perturbación grave del mercado y para preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de crisis sistémica. Además, no deben utilizarse medidas cautelares para hacer frente a las pérdidas sufridas o probables. El instrumento más fiable para cuantificar las pérdidas incurridas o probables es la revisión de la calidad de los activos por parte del Banco Central Europeo (BCE), de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea, ABE), creada por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), o de las autoridades nacionales competentes. Las autoridades competentes deben utilizar dicha revisión, o en su caso inspecciones in situ, para cuantificar las pérdidas incurridas o probables cuando la revisión o las inspecciones puedan efectuarse en un plazo razonable. Cuando esto no sea posible, las autoridades competentes deben cuantificar las pérdidas incurridas o probables de la manera más fiable posible en las circunstancias imperantes, en su caso sobre la base del balance de la entidad o sociedad, siempre que el balance cumpla las normas y reglas contables aplicables y así lo confirme un auditor externo independiente. La consideración de que una entidad o sociedad es solvente, a efectos de las medidas de apoyo en forma de recapitalización cautelar y de garantías estatales de los pasivos de nueva emisión, debe basarse en una evaluación prospectiva de si la entidad o sociedad puede cumplir los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 (11) o el Reglamento (UE) 2019/2033 (12) del Parlamento Europeo y del Consejo, y el requisito de fondos propios adicionales establecido en la Directiva 2013/36/UE o (UE) 2019/2034.

(21)

El objetivo de la recapitalización es apoyar a las entidades y sociedades viables que puedan encontrarse con dificultades temporales en un futuro próximo y evitar que su situación se deteriore aún más. Para evitar la concesión de ayudas públicas a empresas que ya no sean rentables, las medidas cautelares en forma de adquisición de instrumentos de fondos propios u otros instrumentos de capital o a través de medidas relativas a los activos deteriorados no deben concederse por un importe superior al necesario para cubrir los déficits de capital hallados en el escenario adverso de una prueba de resistencia o un ejercicio equivalente. Para garantizar que la financiación pública se interrumpe en última instancia, esas medidas cautelares también deben estar limitadas en el tiempo y contener un calendario claro para su finalización («estrategia de salida de la medida de apoyo»). Los instrumentos perpetuos, incluido el capital de nivel 1 ordinario, solo deben utilizarse en circunstancias excepcionales y estar sujetos a determinados límites cuantitativos porque, por su naturaleza, no son idóneos para el cumplimiento de la condición de temporalidad. Las autoridades competentes deben solicitar un plan corrector único a las entidades y sociedades que incumplan las condiciones de la estrategia de salida de la medida de apoyo. Para garantizar la salida del mercado de las entidades o sociedades que demuestren no ser viables, una autoridad pertinente debe determinar si la entidad o sociedad es inviable o existe la probabilidad de que lo vaya a ser cuando la autoridad competente no esté satisfecha con el plan corrector o cuando la entidad o sociedad incumpla el plan corrector.

(22)

Las medidas cautelares deben limitarse al importe que la entidad o sociedad necesitaría para mantener su solvencia en caso de producirse un escenario adverso en una prueba de resistencia o en un ejercicio equivalente. En el caso de las medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos deteriorados, la entidad o sociedad receptora debe poder utilizar el importe concedido para cubrir pérdidas por los activos transmitidos o en combinación con una adquisición de instrumentos de capital, siempre que no se supere el importe total del déficit detectado. También es necesario garantizar que las medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos deteriorados cumplan las normas vigentes sobre ayudas estatales y las mejores prácticas, que restablezcan la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad, que las ayudas estatales se limiten al mínimo necesario y que se eviten las distorsiones de la competencia. Por estas razones, en caso de que se adopten medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos deteriorados, las autoridades en cuestión deben tener en cuenta las orientaciones específicas, incluidos el plan rector de la Comisión sobre cómo crear sociedades nacionales de gestión de activos y la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, sobre cómo afrontar los préstamos dudosos a raíz de la pandemia de COVID-19. Las medidas cautelares en forma de medidas relativas a los activos deteriorados deben cumplir siempre la condición primordial de que sean temporales. Se espera que las garantías públicas concedidas por un período determinado en relación con los activos deteriorados de la entidad o sociedad de que se trate garanticen un mejor cumplimiento de esa condición que las transmisiones de dichos activos a una sociedad con apoyo público.

(23)

Para cubrir incumplimientos importantes de los requisitos prudenciales, es necesario especificar en mayor medida las condiciones para determinar que las sociedades de cartera son inviables o es probable que vayan a serlo. Un incumplimiento de estos requisitos por parte de una sociedad de cartera debe ser considerada importante cuando el tipo y el alcance de dicho incumplimiento sean comparables a un incumplimiento que, de haber sido cometido por una entidad de crédito, justificaría la revocación de la autorización por parte de la autoridad competente de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2013/36/UE.

(24)

Los Estados miembros pueden tener, con arreglo al Derecho nacional, competencias para suspender las obligaciones de pago o de entrega que puedan incluir depósitos admisibles. Cuando la suspensión de las obligaciones de pago o de entrega no esté directamente relacionada con la situación financiera de la entidad de crédito, los depósitos podrían no ser «depósitos no disponibles» a efectos de la Directiva 2014/49/UE. Como consecuencia de ello, es posible que los depositantes no puedan acceder a sus depósitos durante un período prolongado. Para mantener la confianza de los depositantes en el sector bancario y mantener la estabilidad financiera, los Estados miembros deben velar por que los depositantes tengan acceso a una cantidad diaria adecuada procedente de sus depósitos, a fin de cubrir, en particular, el coste de la vida, en caso de que sus depósitos no sean accesibles debido a una suspensión de pagos por motivos distintos de los que den lugar al pago a los depositantes. Este procedimiento debe seguir siendo excepcional, y los Estados miembros deben garantizar que los depositantes tengan acceso a cantidades diarias adecuadas.

(25)

Para aumentar la seguridad jurídica, y habida cuenta de la posible importancia de los pasivos derivados de futuros acontecimientos inciertos, incluido el resultado de litigios pendientes en el momento de la resolución, es necesario establecer qué tratamiento deben recibir dichos pasivos a los efectos de la aplicación del instrumento de recapitalización interna. Las autoridades de resolución deben establecer una distinción entre los pasivos basados en obligaciones presentes derivadas de acontecimientos pasados que darán lugar a una pérdida, pero cuyo vencimiento o cuantía son inciertos, y los pasivos que podrían surgir en el futuro pero no darían lugar a una pérdida o que podrían surgir en el futuro solo si se produjera un acontecimiento incierto.

(26)

También debe especificarse que los pasivos de vencimiento o cuantía inciertos, cuando dichos pasivos se basen en obligaciones presentes derivadas de acontecimientos pasados que den lugar a una pérdida, deben tratarse de la misma manera que otros pasivos. Esos pasivos deben ser susceptibles de recapitalización interna, a menos que cumplan uno de los criterios específicos para ser excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna. Dada la posible relevancia de dichos pasivos en la resolución y para garantizar la seguridad en la aplicación del instrumento de recapitalización interna, debe especificarse que estos forman parte de los pasivos susceptibles de recapitalización interna y que, en consecuencia, se les puede aplicar el instrumento de recapitalización interna. A fin de garantizar la aplicación efectiva del instrumento de recapitalización interna a los pasivos de vencimiento o cuantía inciertos, la autoridad de resolución debe estar facultada para reducir, incluso a cero, el importe principal adeudado en relación con dichos pasivos y convertir estos últimos en acciones u otros instrumentos de propiedad. Sin embargo, la reducción o conversión solo puede surtir efecto si el pasivo de vencimiento o cuantía inciertos se determina de forma concluyente en términos de vencimiento y cuantía, y después de haberlo hecho.

(27)

Es necesario garantizar que un pasivo que pudiera derivarse en el futuro de un acontecimiento incierto o un pasivo de vencimiento o cuantía inciertos basado en una obligación presente en el momento de la resolución no afecte a la eficacia de la estrategia de resolución y, en particular, al instrumento de recapitalización interna. Para alcanzar ese objetivo, el valorador debe, como parte de la valoración a efectos de la resolución, evaluar dichos pasivos y cuantificar su valor potencial de la mejor manera posible. A fin de garantizar que, tras el proceso de resolución, la entidad o sociedad pueda mantener una confianza suficiente de los mercados durante un período de tiempo adecuado, el valorador debe tener en cuenta ese valor potencial a la hora de establecer el importe por el que los pasivos susceptibles de recapitalización interna deben amortizarse o convertirse para restablecer los coeficientes de capital de la entidad objeto de resolución. En particular, la autoridad de resolución debe aplicar sus competencias de conversión a los pasivos susceptibles de recapitalización interna en la medida necesaria para garantizar que la recapitalización de la entidad objeto de resolución sea suficiente para cubrir las posibles pérdidas que puedan derivarse de un pasivo que pueda surgir en el futuro de un acontecimiento incierto o que se base en una obligación presente pero sea incierto en lo que respecta al vencimiento o la cuantía. Al evaluar el importe que debe amortizarse o convertirse, la autoridad de resolución debe considerar cuidadosamente el efecto de la pérdida potencial en la entidad objeto de resolución sobre la base de varios factores, entre ellos la probabilidad de que el acontecimiento se materialice, el plazo para su materialización y el importe del pasivo.

(28)

En determinadas circunstancias, una vez que el mecanismo de financiación de la resolución haya aportado una contribución de hasta el 5 % del total de los pasivos de la entidad o sociedad, incluidos los fondos propios, las autoridades de resolución pueden utilizar fuentes adicionales de financiación para seguir apoyando su medida de resolución. Debe especificarse más claramente en qué circunstancias el mecanismo de financiación de la resolución puede prestar más apoyo cuando todos los pasivos susceptibles de recapitalización interna que no sean depósitos admisibles, con un orden de prelación inferior a los depósitos no garantizados de personas físicas y microempresas y pequeñas y medianas empresas y que no estén excluidos discrecionalmente de la recapitalización interna hayan sido amortizados o convertidos en su totalidad.

(29)

Los depósitos que reúnan las condiciones para ser considerados pasivos admisibles pueden utilizarse para cumplir el MREL. Sin embargo, dada la naturaleza específica de los depósitos, así como el papel que desempeñan en la economía real y en el mantenimiento de la confianza en el sistema bancario, conviene que la inclusión de los depósitos en el ámbito de los pasivos utilizados para cumplir el MREL deba cumplir requisitos más estrictos, ya que los recursos admisibles a efectos del MREL deben utilizarse íntegramente para soportar las pérdidas y contribuir a la recapitalización de una entidad de crédito en caso de inviabilidad. Primero, como es el caso con arreglo a las normas actuales, no debe ser posible que los titulares de los depósitos utilizados para el MREL sean personas físicas o microempresas y pequeñas y medianas empresas. Segundo, conviene aclarar que los depósitos que confieren a su titular un derecho de cancelación anticipada no pueden ser admisibles a efectos del MREL, incluso en los casos en los que las disposiciones contractuales prevean que la cancelación anticipada lleve aparejado el pago de una penalización. Tercero, para garantizar la transparencia y reducir al mínimo los riesgos de asignación indebida de los depósitos, las disposiciones contractuales pertinentes deben hacer referencia de manera explícita a la intención de la entidad de crédito de utilizar esos depósitos para cumplir el MREL, así como al hecho de que no cumplen los requisitos para ser considerados depósitos admisibles y que, por lo tanto, el SGD no reembolsará ese depósito, ni en todo ni en parte, en caso de que deje de estar disponible. Cuarto, por norma general no se debe permitir el uso de depósitos para el cumplimiento del MREL, salvo que las autoridades de resolución hayan autorizado previamente su inclusión en los recursos admisibles a efectos del MREL por considerar que no sería necesario protegerlos de la asunción de pérdidas en caso de resolución y que no darían lugar a un obstáculo material a la resolubilidad. Conviene que las autoridades de resolución puedan autorizar el uso de depósitos para cumplir el MREL de manera general para cada entidad de resolución, sin una evaluación específica de cada depósito, así como limitar la inclusión de depósitos para cumplir el MREL a importes concretos. Los depósitos estructurados, pese a ser pasivos con derivados implícitos, también pueden ser considerados pasivos admisibles de una entidad de crédito, siempre que se cumplan todas las demás condiciones.

(30)

Con el fin de evitar los efectos acantilado, es necesario proteger los derechos adquiridos respecto a los depósitos ya existentes que cumplen los requisitos para ser pasivos admisibles. Los depósitos contratados antes del 12 de mayo de 2028 deben quedar exentos de los nuevos criterios de admisibilidad. La protección de los derechos adquiridos debe finalizar el 11 de mayo de 2029.

(31)

Los Reglamentos (UE) 2019/876 (13) y (UE) 2019/877 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) incorporaron al Derecho de la Unión la Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet [hoja de condiciones internacional relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC)], publicada por el Consejo de Estabilidad Financiera el 9 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo, «norma TLAC»), para los bancos de importancia sistémica mundial, denominados en el Derecho de la Unión «entidades de importancia sistémica mundial» (EISM). El Reglamento (UE) 2019/877 y la Directiva (UE) 2019/879 modificaron también el MREL establecido en la Directiva 2014/59/UE y en el Reglamento (UE) n.o 806/2014. Es necesario armonizar las disposiciones relativas al MREL establecidas en la Directiva 2014/59/UE con la aplicación de la norma TLAC para las EISM con respecto a determinados pasivos que podrían utilizarse para cumplir la parte del MREL que debe cumplirse con fondos propios y otros pasivos subordinados. En particular, los pasivos que tengan el mismo orden de prelación que determinados pasivos excluidos deben incluirse en los fondos propios y los instrumentos admisibles subordinados de las entidades de resolución cuando el importe de dichos pasivos excluidos en el balance de la entidad de resolución no supere el 5 % del importe de los fondos propios y los pasivos admisibles de dicha entidad y esa inclusión no conlleve riesgos relacionados con el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores.

(32)

Para determinadas entidades de resolución, la estrategia de resolución preferida prevista en el plan de resolución o el plan de resolución de grupo se basa principalmente en la transmisión del negocio de la entidad objeto de resolución a un comprador privado o a una entidad puente. En tales casos, es posible que se pueda pedir al SGD que realice una contribución a la medida de resolución, posiblemente para garantizar la protección de determinados depósitos que no están cubiertos por el SGD. Para reducir al mínimo el riesgo moral, debe especificarse, por tanto, que si el plan de resolución prevé la aplicación del instrumento de venta del negocio o el instrumento de la entidad puente y la salida del mercado de la entidad de resolución, el MREL para la entidad de resolución de que se trate no debe fijarse a un nivel inferior a determinados umbrales. Cuando al aplicar las normas para la calibración del MREL se obtenga un importe superior a esos umbrales, debe prevalecer ese importe más alto. Dichos umbrales no deben aplicarse al MREL establecido para las entidades de resolución cuya estrategia de resolución preferida consista en la aplicación del instrumento de recapitalización interna con el fin de recapitalizarlas hasta que ello les permita seguir realizando las actividades para las que estén autorizadas, incluso cuando la estrategia de resolución preferida prevea la aplicación del instrumento de recapitalización interna en combinación con otros instrumentos de resolución que se utilicen de manera auxiliar.

(33)

La Directiva 2014/59/UE no incluye normas específicas relativas al régimen transitorio ni niveles de objetivo intermedio para el cumplimiento del MREL después de 2024. Sin embargo, existen situaciones en las que no conviene exigir inmediatamente a las entidades o sociedades que cumplan un MREL superior establecido por la autoridad de resolución, incluidos aquellos casos en los que el incremento del MREL se debe a cambios importantes en la entidad o sociedad como consecuencia, por ejemplo, de fusiones o adquisiciones, o se debe a cambios de la estrategia de resolución preferida. En particular, cuando la estrategia de resolución preferida pase de ser la liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario a ser la aplicación de una medida de resolución, la entidad o la sociedad podría no ser capaz de cumplir inmediatamente el MREL establecido por la autoridad de resolución. Por lo tanto, las autoridades de resolución deben estar facultadas para fijar períodos transitorios apropiados para el cumplimiento del MREL. Asimismo, las autoridades de resolución deben estar facultadas para establecer niveles de objetivo intermedio vinculantes para esas entidades o sociedades, con el fin de que acumulen sus recursos admisibles a efectos del MREL de manera adecuada. Para proteger la confianza legítima, los períodos transitorios establecidos con anterioridad por las autoridades de resolución sobre la base de las normas aplicables en la fecha pertinente no se verán afectados por las nuevas normas.

(34)

Las entidades y sociedades están obligadas a incluir el reconocimiento contractual de los efectos del instrumento de recapitalización interna en los acuerdos o instrumentos por los que se creen pasivos regidos por las leyes de terceros países, salvo que no sea viable por motivos jurídicos o de otra índole. Sin embargo, la experiencia adquirida en la aplicación del marco de resolución ha puesto de manifiesto que los requisitos para esas cláusulas contractuales de reconocimiento de la recapitalización interna, así como el procedimiento de notificación y evaluación de la inviabilidad de la inclusión de dichas condiciones, son innecesariamente amplios, complejos y gravosos para cumplir el objetivo de garantizar la resolubilidad de las entidades que podrían ser objeto de una medida de resolución. Procede, por tanto, restringir el ámbito de aplicación del requisito de instrumentos de fondos propios y pasivos susceptibles de recapitalización interna, excluyendo así, en particular, los contratos que creen pasivos que puedan surgir en el futuro como consecuencia de un acontecimiento incierto. Además, el alcance de las entidades y sociedades obligadas a cumplir el requisito debe tener en cuenta la estrategia prevista en el plan de resolución. Por esta razón, las entidades de liquidación y las filiales de las entidades de resolución que no sean en sí mismas entidades de resolución no deben estar obligadas a incluir en sus contratos la cláusula de reconocimiento de la recapitalización interna, a menos que la autoridad de resolución les exija que lo hagan. Por último, si bien los motivos para que las entidades y sociedades invoquen la inviabilidad de la inclusión en sus contratos de la cláusula de reconocimiento de la recapitalización interna no requieren ajustes, el procedimiento para que las entidades y sociedades notifiquen tales situaciones a la autoridad de resolución debe simplificarse e incorporarse a la presentación de información anual a efectos de la planificación de la resolución.

(35)

Para facilitar la planificación de la resolución, la evaluación de la resolubilidad y el ejercicio de la facultad de abordar o eliminar obstáculos a la resolubilidad, así como para fomentar el intercambio de información, la autoridad de resolución de una entidad con sucursales importantes en otros Estados miembros debe poder establecer y presidir un colegio de autoridades de resolución.

(36)

Dado que, para efectuar la evaluación del interés público, puede ser necesario y proporcionado el suministro de información relativa al número agregado de clientes de los que una entidad o sociedad es el único o principal socio bancario y que obra en poder de los mecanismos centralizados automatizados establecidos en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), las autoridades de resolución deben poder recibir dicha información caso por caso. También debe especificarse el plazo exacto en el que las autoridades de resolución pueden tener acceso indirecto a la información.

(37)

Existen interacciones entre el marco de resolución y el marco sobre el abuso de mercado. En particular, si bien las medidas adoptadas en la resolución o en la preparación de la resolución podrían considerarse información privilegiada con arreglo al Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), su divulgación prematura puede poner en peligro el proceso de resolución. Cuando esas medidas son etapas intermedias de un proceso prolongado, el Reglamento (UE) n.o 596/2014 no exige su divulgación inmediata. En otros casos, las entidades o sociedades pueden abordar esta cuestión retrasando la difusión pública de la información privilegiada en virtud del artículo 17, apartados 4 o 5, de dicho Reglamento. Sin embargo, los incentivos adecuados para que la entidad o sociedad tome la iniciativa de tal retraso pueden no estar siempre presentes en el momento de la resolución o de la preparación de la resolución. Para evitar tales situaciones, las autoridades de resolución deben estar facultadas para exigir a una entidad o sociedad que garantice la confidencialidad de la información privilegiada sobre la preparación de la resolución y sobre el proceso de resolución o la amortización y conversión, siempre que lo consideren necesario para alcanzar los objetivos de resolución. Solo se debe obligar a las entidades y sociedades a difundir dicha información privilegiada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 596/2014 cuando la autoridad de resolución les haya informado de que ya no es necesario garantizar la confidencialidad para alcanzar los objetivos de resolución. No obstante, cuando ya no se garantice la confidencialidad, las entidades y sociedades deben estar obligadas a hacer pública la información privilegiada lo antes posible.

(38)

También debe mantenerse un vínculo adecuado entre la remuneración y el rendimiento en caso de resolución, en particular cuando sea probable que las pérdidas se transmitan a los mecanismos de financiación de la resolución. En tales casos, se debe cancelar toda remuneración variable de los miembros del órgano de dirección y de la alta dirección de la entidad objeto de resolución que no se haya desembolsado o no se haya consolidado. A menos que un miembro del órgano de dirección o de la alta dirección demuestre que no participó en la conducta que dio lugar a la inviabilidad de la entidad objeto de resolución ni contribuyó a ella, o que no fue responsable de ella, la remuneración variable que se consolidó o pagó en los 24 meses anteriores a la decisión de adoptar una medida de resolución debe devolverse o reembolsarse.

(39)

Tras el período inicial de constitución de los mecanismos de financiación de la resolución previsto en la Directiva 2014/59/UE, sus respectivos recursos financieros disponibles podrían sufrir ligeras disminuciones por debajo del nivel fijado como objetivo, en particular como consecuencia de un aumento de los depósitos garantizados. De este modo, es probable que el importe de las contribuciones ex ante que puedan pedirse en tales circunstancias sea reducido. Por lo tanto, es posible que, en algunos años, el importe de tales contribuciones ex ante deje de ser proporcional al coste de recaudación de dichas contribuciones. Por consiguiente, las autoridades de resolución deben poder aplazar la recaudación de las contribuciones ex ante tres años como máximo, hasta que el importe que deba recaudarse alcance un importe proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte sustancialmente a la capacidad de las autoridades de resolución para utilizar mecanismos de financiación de la resolución.

(40)

Los compromisos de pago irrevocables son uno de los componentes de los recursos financieros disponibles de los mecanismos de financiación de la resolución. Por lo tanto, es necesario especificar las circunstancias en las que pueden reclamarse dichos compromisos de pago. En caso de que una entidad deje de estar obligada a pagar contribuciones a un mecanismo de financiación de la resolución tras la decisión de renunciar a su autorización, debe cancelarse el compromiso de pago irrevocable. Para garantizar que la cancelación del compromiso de pago irrevocable no dé lugar a una situación en la que los recursos financieros disponibles en el mecanismo de financiación de la resolución sean inferiores a un nivel que la autoridad de resolución considere adecuado, la autoridad de resolución debe estar facultada para determinar una contribución que la entidad pertinente deba estar obligada a pagar. En su decisión, la autoridad de resolución debe tener debidamente en cuenta la necesidad de mantener unas condiciones equitativas entre todas las entidades participantes, incluida la entidad que deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la Directiva 2014/59/UE. La autoridad de resolución debe motivar su decisión de forma detallada y hacer pública dicha decisión, incluida su motivación, en su informe anual. Además, en aras de una mayor transparencia y seguridad con respecto a la parte que suponen los compromisos de pago irrevocables respecto del importe total de las aportaciones ex ante que deben recaudarse, la autoridad de resolución debe determinar dicha parte sobre una base anual, dentro de los límites aplicables. La autoridad competente debe procurar que se mitigue cualquier efecto procíclico de los compromisos de pago irrevocables en función de su tratamiento contable.

(41)

El importe máximo anual de las contribuciones ex post extraordinarias a los mecanismos de financiación de la resolución que se permite solicitar se limita actualmente al triple del importe de las contribuciones ex ante. Tras el período inicial de constitución previsto en la Directiva 2014/59/UE, estas contribuciones ex ante dependerán únicamente, en circunstancias distintas de la utilización de los mecanismos de financiación de la resolución, de las variaciones en el nivel de los depósitos garantizados y, por lo tanto, probablemente pasarán a ser pequeñas. Establecer el importe máximo de las contribuciones ex post extraordinarias sobre la base de las contribuciones ex ante podría por tanto limitar drásticamente la posibilidad de que los mecanismos de financiación de la resolución recauden contribuciones ex post, reduciendo así su capacidad de actuación. Para evitar este resultado, debe preverse un límite diferente y el importe máximo de las contribuciones extraordinarias ex post que pueda solicitarse debe fijarse en tres octavas partes del nivel fijado como objetivo del mecanismo de financiación de la resolución de que se trate.

(42)

La Directiva 2014/59/UE armonizó parcialmente el orden de prelación de los depósitos regulados por las legislaciones nacionales que rigen el procedimiento de insolvencia ordinario. Dichas normas establecían una prelación de los depósitos de tres niveles, en la que los depósitos garantizados tenían la máxima prioridad, seguidos de los depósitos admisibles de personas físicas y de microempresas y pequeñas y medianas empresas por encima del límite garantizado. Los depósitos restantes, concretamente los de grandes empresas que superen el nivel de cobertura y los depósitos que no puedan ser reembolsados por el SGD, debían tener menor prelación, pero su orden no estaba armonizado de otra manera. Por último, los derechos y las obligaciones de los SGD se beneficiaban del mismo orden de prelación mayor de los depósitos garantizados. Sin embargo, esa armonización parcial no ha demostrado ser la solución óptima para la protección de los depositantes. La armonización parcial ha creado diferencias en el tratamiento de los depositantes restantes entre los Estados miembros, en particular porque un número cada vez mayor de Estados miembros han decidido conceder también una preferencia a nivel legal a los depósitos restantes. Estas diferencias también han creado dificultades a la hora de determinar la hipótesis contrafactual de la insolvencia de los grupos transfronterizos durante las valoraciones de resolución. Además, la falta de preferencia general de los depositantes ha podido crear problemas en relación con el cumplimiento del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores, especialmente cuando los depósitos cuyo orden de prelación no ha sido armonizado por la Directiva 2014/59/UE están clasificados en el mismo nivel que los créditos preferentes. Por consiguiente, debe modificarse el orden de prelación de los depósitos en la actual jerarquía de los derechos de crédito.

(43)

La prelación de los depósitos debe armonizarse plenamente mediante la aplicación de una preferencia general de los depositantes, en virtud del cual todos los depósitos se beneficien de un orden de prelación mayor que los créditos ordinarios no garantizados. Una preferencia general de los depositantes contribuirá a reforzar su confianza y a prevenir aún más el riesgo de pánico bancario. La mejora de la protección de los depositantes también está en consonancia con el papel central que desempeñan los depósitos en la economía real, en cuanto principal instrumento para el ahorro y los pagos, así como en la actividad bancaria, en la que los depósitos representan una importante fuente de financiación y son un factor clave de confianza en el sistema bancario, que adquiere especial importancia en tiempos de tensión en los mercados. Por otra parte, una preferencia general de los depositantes mejora la resolubilidad de las entidades de crédito al aumentar su capacidad de cumplir los requisitos de acceso a los mecanismos de financiación de la resolución y reducir el importe de la financiación requerida por dichos mecanismos, debido al menor riesgo de infringir el principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores en caso de recapitalización interna de la deuda ordinaria no garantizada. En particular, la eliminación de los depósitos de la categoría de insolvencia de los créditos ordinarios no garantizados aumentaría la capacidad de recapitalización interna de los créditos ordinarios no garantizados restantes al minimizar el riesgo de incumplimiento del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores. Al reducir la probabilidad de que los depósitos se amorticen o conviertan para garantizar el acceso a los mecanismos de financiación de la resolución, la preferencia general de los depositantes contribuiría a que el instrumento de recapitalización interna fuera más eficaz y creíble y daría lugar a un aumento de la transparencia y la seguridad jurídica del marco de resolución. La preferencia general de los depositantes también contribuiría a la credibilidad de las estrategias de transmisión en la resolución, ya que simplificaría la inclusión de la totalidad del contrato de depósito en el perímetro de los pasivos que se transmitirían a un comprador privado o a una entidad puente, en beneficio de la relación con el cliente y del valor de franquicia de la entidad objeto de resolución. Por último, una armonización completa del orden de prelación de los depositantes en caso de insolvencia sería beneficiosa desde una perspectiva transfronteriza y de condiciones equitativas.

(44)

Conviene excluir determinados depósitos no admisibles de la preferencia general de los depositantes. En particular, los depósitos recibidos por una entidad de crédito para ser utilizados a efectos del cumplimiento del MREL no deben beneficiarse de una preferencia jurídica, ya que ello sería incompatible con el principio general de que los pasivos incluidos en el MREL deben asumir pérdidas y contribuir a la recapitalización de una entidad de crédito en caso de inviabilidad. El orden de prelación de dichos depósitos no debe armonizarse mediante la Directiva 2014/59/UE, sino que debe determinarse de conformidad con las disposiciones legales y contractuales aplicables. Además, la prelación no debe variar a lo largo de la duración del depósito en función de si la autoridad de resolución ha autorizado su inclusión en los recursos admisibles a efectos del MREL o de su vencimiento residual.

(45)

Debe mantenerse la actual prelación de los depósitos de tres niveles, ya que ofrece una sólida protección para los créditos de los SGD y, por lo tanto, para sus medios de financiación. No obstante, a la luz de las modificaciones de la Directiva 2014/49/UE introducidas por la Directiva 2026/804 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) —que incluyen los depósitos de determinadas autoridades públicas en el ámbito del reembolso por parte de los SGD—, conviene que la parte de dichos depósitos que supere el nivel de cobertura tenga el mismo orden de prelación que el de los depósitos admisibles de personas físicas y de microempresas y pequeñas y medianas empresas por encima del nivel de cobertura.

(46)

Los mecanismos de financiación de la resolución pueden utilizarse para apoyar la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente, mediante el cual se transmite a un adquirente un conjunto de activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de resolución. En tal caso, el mecanismo de financiación de la resolución podría tener un derecho frente a la entidad o sociedad residual en su posterior liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario. Esto puede ocurrir cuando el mecanismo de financiación de la resolución se utilice en relación con las pérdidas que los acreedores habrían soportado de otro modo, incluidas aquellas en forma de garantías sobre activos y pasivos o de cobertura de la diferencia entre los activos y pasivos transmitidos. A fin de garantizar que los accionistas y acreedores que queden en la entidad o sociedad residual absorban efectivamente las pérdidas de la entidad objeto de resolución y mejoren la posibilidad de reembolsos en caso de insolvencia a la red de seguridad específica de la resolución, los créditos del mecanismo de financiación de la resolución frente a la entidad o sociedad residual, así como los créditos derivados de gastos razonables en los que se haya incurrido correctamente, deben tener una prelación en caso de insolvencia por encima de los créditos de los depositantes y de los SGD. Dado que la compensación abonada a accionistas y acreedores por los mecanismos de financiación de la resolución por incumplimiento del principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores tiene por objeto compensarlos por los resultados de la medida de resolución, dicha compensación no debe dar lugar a créditos de dichos mecanismos.

(47)

Para garantizar una flexibilidad suficiente y facilitar que los SGD intervengan en apoyo del uso de los instrumentos de resolución, cuando estos conduzcan a la salida del mercado de la entidad objeto de resolución, deben especificarse determinados aspectos del uso de los SGD en la resolución. En particular, es necesario especificar que los fondos del SGD pueden utilizarse para apoyar operaciones de transmisión que incluyan depósitos, incluidos depósitos admisibles por encima del nivel de cobertura proporcionado por el SGD en cuestión, así como depósitos que no sean admisibles incluidos en la preferencia general de los depositantes, en determinados casos y en condiciones claras. La contribución de un SGD tendrá por objeto cubrir el déficit de valor de los activos transmitidos a un comprador o entidad puente respecto del valor de los depósitos transmitidos. Cuando el comprador exija una contribución como parte de la operación para garantizar su neutralidad del capital y preservar el cumplimiento de sus requisitos de capital, el SGD también debe contribuir a tal efecto. El apoyo prestado por el SGD a la medida de resolución debe adoptar la forma de efectivo u otras formas, como garantías o acuerdos de reparto de pérdidas, que puedan minimizar las repercusiones de la ayuda en los recursos financieros disponibles de dicho SGD, permitiendo al mismo tiempo la contribución del SGD para cumplir así sus objetivos.

(48)

La contribución del SGD a la resolución debe respetar determinados límites. En primer lugar, el importe total de la contribución del SGD en cualquier caso de resolución no debe superar el importe de los depósitos garantizados en la entidad de crédito de que se trate. En segundo lugar, debe garantizarse que cualquier intervención del SGD en una medida de resolución que se base principalmente en el instrumento de recapitalización interna a efectos de la recapitalización de la entidad objeto de resolución y de la continuación de sus actividades no exceda de la pérdida que sufriría en caso de insolvencia si pagara a los depositantes cubiertos y se subrogara en sus créditos sobre los activos de la entidad. En tercer lugar, cuando el SGD se utilice en apoyo de una medida de resolución que consista principalmente en la transmisión de la actividad a un comprador o a una entidad puente, el importe de la contribución del SGD no debe superar el 62,5 % de su nivel fijado como objetivo, a menos que la autoridad designada en virtud de la Directiva 2014/49/UE opte por no aplicar dicho límite para evitar efectos adversos en la estabilidad financiera o preservar el acceso de los depositantes a sus depósitos. La ABE debe emitir directrices sobre las condiciones para la no aplicación de dicho límite. En cuarto lugar, el importe de la contribución del SGD no superará la diferencia entre los activos transmitidos y los depósitos y pasivos transmitidos con la misma o mayor prelación que dichos depósitos en caso de insolvencia. Esto garantizaría que la contribución del SGD solo se utilizara para evitar la imposición de pérdidas a los depositantes, en su caso, y no para la protección de los acreedores que tengan una prelación inferior a los depósitos en caso de insolvencia. No obstante, si ha lugar, la contribución también podrá incluir el importe necesario para garantizar la neutralidad del capital de la entidad adquirente.

(49)

Debe especificarse que el SGD solo debe poder contribuir a una transmisión de pasivos distintos de los depósitos garantizados en el contexto de una resolución si la autoridad de resolución concluye, tras estudiarlo caso por caso, que los depósitos incluidos en la preferencia general de los depositantes distintos de los depósitos garantizados no pueden ser objeto de recapitalización interna ni dejarse en la entidad residual objeto de resolución que vaya a liquidarse y si las condiciones para el uso de los mecanismos de financiación de la resolución no se cumplen mediante las contribuciones realizadas por accionistas y acreedores. En particular, la autoridad de resolución debe poder evitar la asignación de pérdidas a los depósitos cuando la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada para preservar la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales, o cuando sea necesaria para evitar un contagio extendido y una inestabilidad financiera que puedan causar una perturbación grave en la economía de la Unión o de un Estado miembro. Las mismas razones deben aplicarse a la inclusión en la transmisión de otros pasivos susceptibles de recapitalización interna con un orden de prelación inferior al de los depósitos garantizados a un comprador o a una entidad puente. En ese caso, la transmisión de esos pasivos susceptibles de recapitalización interna no debe estar respaldada por la contribución del SGD. Si se requiere ayuda financiera externa para la transmisión de dichos pasivos susceptibles de recapitalización interna, dicha ayuda debe ser proporcionada por el mecanismo de financiación de la resolución.

(50)

Dada la posibilidad de utilizar los SGD en la resolución, es necesario especificar con mayor detalle las condiciones en las que la contribución del SGD puede contabilizarse a efectos del cumplimiento de los requisitos para acceder a los mecanismos de financiación de la resolución. Esta posibilidad solo debe estar disponible para las entidades de crédito con un valor total de activos igual o inferior a 80 000 millones EUR y en el contexto de una medida de resolución basada principalmente en la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente. Para garantizar que la resolución siga financiándose principalmente con los recursos internos de la entidad de crédito y minimizar el falseamiento de la competencia, el uso de la contribución de los SGD para garantizar el acceso a los mecanismos de financiación de la resolución solo debe ser posible para las entidades de crédito para las que —en los 24 meses previos a que se adopte la medida de resolución— el plan de resolución o el plan de resolución de grupo no prevea su liquidación ordenada en caso de inviabilidad, siempre que el MREL determinado por las autoridades de resolución para dichas entidades de crédito se haya fijado en un nivel que incluya tanto los importes de absorción de pérdidas como los importes de recapitalización. El MREL establecido por la autoridad de resolución para las entidades de crédito con un valor total de activos con carácter individual superior a 30 000 millones EUR debe cumplir los niveles mínimos del MREL para las entidades y sociedades con estrategias de resolución preferidas que prevean principalmente el uso de instrumentos de transmisión en la resolución, incluso si el respectivo plan de resolución o plan de resolución de grupo hubiera previsto medidas diferentes y, por tanto, el MREL de dichas entidades de crédito no estuviera obligado a cumplir los mencionados niveles mínimos. Además, la contribución del SGD debe ir precedida de la contribución de los fondos propios y los pasivos admisibles para la absorción de pérdidas y la recapitalización hasta el máximo posible. Por último, los Estados miembros deben poder exigir que la entidad objeto de resolución no haya incumplido su MREL, incluidos los objetivos intermedios vinculantes, en un período determinado anterior a la medida de resolución, sin perjuicio de los incumplimientos técnicos a corto plazo del MREL.

(51)

Si la contribución realizada por los accionistas y los acreedores de la entidad objeto de resolución mediante la reducción, amortización o conversión de sus pasivos, o mediante las pérdidas que se espera que asuman en la liquidación de la sociedad residual, sumada a la contribución realizada por el SGD, asciende como mínimo al 8 % de los pasivos totales de la entidad, incluidos los fondos propios, la autoridad de resolución debe poder emplear el mecanismo de financiación de la resolución para proporcionar financiación adicional, cuando sea necesario para garantizar una resolución eficaz en consonancia con los objetivos de la resolución. En estos casos, la contribución del SGD debe estar limitada al importe necesario para permitir el acceso al mecanismo de financiación de la resolución. Además, en el caso de una entidad de crédito con un valor total de activos con carácter individual de entre 30 000 millones EUR y 80 000 millones EUR, la contribución del SGD no debe superar el 2,5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios de la entidad de crédito sobre una base individual.

(52)

En circunstancias extraordinarias, puede ocurrir que la contribución del mecanismo de financiación de la resolución equivalente al 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, no sea suficiente para cubrir las necesidades de financiación de una medida de resolución determinada. En tales casos, y cuando la intervención del SGD haya posibilitado dicha contribución, el SGD debe realizar una contribución adicional —si se dan determinadas condiciones— equivalente al importe de las pérdidas que habrían sufrido los depósitos garantizados si no estuvieran protegidos. El coste de dicha contribución adicional no debe superar las pérdidas que el SGD habría soportado en el caso hipotético de una liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario y el reembolso de los depósitos garantizados. Además, la suma de la contribución inicial y de la contribución adicional del SGD no debe superar el importe de los depósitos garantizados en la entidad de crédito de que se trate. Junto con la contribución adicional del SGD, la autoridad de resolución debe poder buscar financiación adicional procedente de fuentes de financiación alternativas, cuando se cumplan las condiciones para dicha financiación.

(53)

Cuando los fondos del SGD se utilicen en la aplicación del instrumento de venta del negocio o del instrumento de la entidad puente, de forma aislada o junto con las contribuciones del mecanismo de financiación de la resolución, la sociedad residual que quede tras la transmisión de los activos, derechos y pasivos debe someterse a liquidación ordenada de conformidad con el Derecho nacional aplicable, según lo dispuesto en el artículo 37, apartado 6, de la Directiva 2014/59/UE. Además, cuando los fondos del SGD se utilicen en apoyo del instrumento de la entidad puente, se debe poner fin al funcionamiento de la entidad puente de conformidad con el artículo 41, apartados 3, 5 y 6, de la Directiva 2014/59/UE.

(54)

Para facilitar el proceso de adopción de aspectos muy técnicos de los requisitos de presentación de información y mejorar su aplicación y seguimiento por parte de las autoridades de resolución, deben revisarse los mandatos otorgados a la ABE para elaborar normas técnicas de ejecución, a fin de garantizar la coherencia en el ámbito de aplicación y el contenido de los diversos mandatos a lo largo de la Directiva 2014/59/UE. Dichos mandatos también deben ajustarse a las disposiciones que rigen la información y la divulgación con fines de supervisión establecidas en el Reglamento (UE) n.o 575/2013. Esas modificaciones de los mandatos existentes deben facilitar futuras revisiones de las normas técnicas de ejecución y no deben afectar a las obligaciones de presentación de información y divulgación actualmente aplicables. La Comisión debe estar facultada para adoptar dichas normas técnicas de ejecución desarrolladas por la ABE mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010. El ámbito de aplicación de las normas técnicas de regulación vigentes sobre la estimación de los requisitos de fondos propios adicionales y los requisitos combinados de colchón para las entidades de resolución debe ampliarse para incluir a las sociedades que no hayan sido identificadas como entidades de resolución, cuando dichos requisitos no se hayan establecido sobre la misma base que el MREL. La Comisión debe estar facultada para completar la Directiva 2014/59/UE mediante la adopción de dichas normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(55)

A fin de permitir una mayor integración de la presentación y la divulgación de información relacionada con el MREL, la ABE debe publicar la información divulgada por las entidades y sociedades de manera centralizada, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las entidades y sociedades a publicar ellas mismas los datos y la información. Esta divulgación centralizada debe permitir a la ABE divulgar información relativa a las entidades pequeñas y no complejas, sobre la base de la información comunicada por dichas entidades a las autoridades competentes y de resolución, lo que debe reducir considerablemente la carga administrativa que soportan las entidades pequeñas y no complejas. Al mismo tiempo, la centralización de la divulgación de información no debe repercutir en los costes para otras entidades y sociedades, y debe aumentar la transparencia y reducir el coste de acceso a la información prudencial para los participantes en el mercado. Esta mayor transparencia debe facilitar la comparabilidad de los datos entre entidades y sociedades, y promover la disciplina de mercado. Centralizar la divulgación de información relacionada con la resolución garantiza la armonización con el procedimiento aplicable a la divulgación de información con fines de supervisión establecido en el Reglamento (UE) n.o 575/2013, a fin de garantizar que todas las obligaciones de divulgación se traten de manera similar.

(56)

Habida cuenta de su papel en el fomento de la convergencia de las prácticas de las autoridades, la ABE debe supervisar e informar sobre las prácticas y metodologías internas adoptadas por las autoridades de resolución a la hora de decidir si una entidad o sociedad debe ser identificado como de resolución o de liquidación con arreglo al procedimiento de insolvencia ordinario, a la luz de los objetivos de resolución y de si la resolución fuera de interés público. La ABE también debe supervisar e informar sobre los progresos realizados por las autoridades de resolución para mejorar la resolubilidad de las entidades y grupos y sobre las medidas y los preparativos de las autoridades de resolución para garantizar una aplicación efectiva de los instrumentos y las competencias de resolución. En dichos informes, la ABE también debe evaluar el nivel de transparencia de las medidas adoptadas por las autoridades de resolución con respecto a las partes interesadas externas pertinentes y el grado de su contribución a la preparación de la resolución y la resolubilidad de las entidades y los grupos.

(57)

En el contexto de la contribución de la ABE para garantizar un régimen de gestión y resolución de crisis coherente y coordinado en la Unión, la ABE debe coordinar y supervisar los ejercicios de simulación de gestión de crisis a escala de la Unión. Estas simulaciones deben abarcar la coordinación y la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución durante el deterioro de la situación financiera de las entidades y sociedades, poniendo a prueba la aplicación del conjunto de instrumentos en la planificación de la recuperación y la resolución, la actuación temprana y la resolución de manera global. Estos ejercicios de simulación de crisis deben tener en cuenta, en particular, la dimensión transfronteriza en la interacción entre las autoridades pertinentes y la aplicación de los instrumentos y competencias disponibles. Cuando proceda, los ejercicios de simulación de crisis también deben reflejar la adopción y aplicación de dispositivos de resolución dentro de la unión bancaria, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 806/2014.

(58)

No obstante las normas actualmente aplicables en materia de secreto profesional, deben mejorarse los intercambios de información entre las autoridades de resolución y las administraciones tributarias. Dichos intercambios deben realizarse de conformidad con el Derecho nacional. Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro, solo debe intercambiarse con el consentimiento expreso de la autoridad pertinente que la haya divulgado.

(59)

La Directiva (UE) 2019/879 modificó la Directiva 2014/59/UE para introducir normas específicas destinadas a garantizar que los clientes minoristas no inviertan excesivamente en instrumentos que pueden acogerse al MREL de entidades y sociedades. La participación excesiva en instrumentos del MREL por parte de clientes minoristas puede ser perjudicial para la resolubilidad de una entidad o sociedad y puede crear problemas para la estabilidad financiera. Esto puede resultar especialmente problemático cuando los clientes minoristas sean también depositantes de la entidad emisora, ya que dichos depositantes son especialmente vulnerables a la asignación indebida de los propios instrumentos de la entidad. Por consiguiente, las autoridades deben velar por que los vendedores, las entidades y sociedades cumplan las medidas adoptadas por los Estados miembros al transponer la Directiva (UE) 2019/879 a fin de garantizar la protección de los clientes minoristas. Cuando estas medidas no se apliquen adecuadamente, las autoridades deben hacer cumplir dichas normas. Procede, por tanto, introducir competencias específicas en la Directiva 2014/59/UE para hacer frente a los incumplimientos de las normas específicas sobre la protección de los clientes minoristas, junto con las competencias existentes en la Directiva 2014/65/UE. Además, utilizando la presentación de información existente a efectos de la planificación de la resolución y del MREL, las autoridades de resolución deben evaluar la naturaleza de la base de inversores en instrumentos admisibles a efectos del MREL al efectuar la evaluación de la resolubilidad de las entidades y sociedades y, en caso necesario, exigir a la entidad o sociedad que aborde o elimine cualquier obstáculo detectado. Por último, la ABE, en coordinación con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados, AEMV) creada por el Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), debe informar sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para la protección de los clientes minoristas en lo que respecta a los instrumentos de deuda que pueden acogerse al MREL de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, comparando y evaluando cualquier posible repercusión en las operaciones transfronterizas. Sobre esta base, la Comisión podría adoptar una propuesta legislativa para garantizar una protección más eficaz de los clientes minoristas.

(60)

Una evaluación de impacto de alta calidad es crucial para el desarrollo de propuestas legislativas sólidas y basadas en datos, ya que los hechos y los datos son esenciales para fundamentar las decisiones adoptadas durante el procedimiento legislativo. Por este motivo, la ABE, la Junta Única de Resolución y el BCE deben proporcionar a la Comisión, a petición de esta, toda la información que necesite para el desarrollo de sus políticas, incluida la preparación de evaluaciones de impacto y la preparación y negociación de propuestas legislativas. Cuando la ABE, la Junta Única de Resolución o el BCE no dispongan de esa información, deben proporcionarla las autoridades de resolución, las autoridades competentes y otros miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

(61)

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger la estabilidad financiera y de actuar con rapidez, las autoridades de resolución no deben estar obligadas a aplicar los procedimientos de contratación pública con respecto a los contratos públicos para servicios de valoración a efectos de resolución, así como a efectos de evaluar si los accionistas y los acreedores habrían recibido un mejor trato si la entidad objeto de resolución hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario. Por consiguiente, los servicios prestados deben excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (20). Por lo que se refiere a los servicios jurídicos que las autoridades de resolución podrían necesitar, algunos servicios jurídicos ya están excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva y otros están incluidos en la lista de servicios que figura en el anexo XIV de dicha Directiva, a los que se aplican unos umbrales más elevados y unas normas armonizadas menos estrictas.

(62)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, mejorar la eficacia y la eficiencia del marco de recuperación y resolución de entidades y sociedades, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a los riesgos que puede entrañar para la integridad del mercado interior la existencia de divergencias de enfoque nacional, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión mediante la modificación de normas que ya existen a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(63)

Por lo tanto, procede modificar las Directivas 2014/59/UE y 2014/24/UE en consecuencia.

1)

El artículo 2, apartado 1, se modifica como sigue:

2)

En el artículo 5, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:

3)

En el artículo 6, apartado 5, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Cuando la autoridad competente concluya que hay deficiencias materiales en el plan de recuperación, o impedimentos materiales para su aplicación, notificará su evaluación a la entidad o a la empresa matriz del grupo y exigirá a la entidad que presente, en el plazo de tres meses, ampliable en un mes previa aprobación de la autoridad, un plan revisado que demuestre cómo deben subsanarse estas deficiencias o impedimentos.».

4)

En el artículo 8, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«La ABE podrá, a instancias de una autoridad competente, ayudar a las autoridades competentes a alcanzar una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.».

5)

El artículo 10 se modifica como sigue:

6)

En el artículo 11, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

7)

El artículo 12 se modifica como sigue:

8)

El artículo 13 se modifica como sigue:

9)

En el artículo 15 se añade el apartado siguiente:

10)

En el artículo 16 bis se añade el apartado siguiente:

11)

El artículo 17 se modifica como sigue:

12)

El artículo 18 se modifica como sigue:

13)

Los artículos 27 y 28 se sustituyen por el texto siguiente:

(*1)  Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).»."

14)

El artículo 29 se modifica como sigue:

15)

El artículo 30 se modifica como sigue:

16)

Se inserta el artículo siguiente en el título III:

17)

En el artículo 31, apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

«c) proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias, en particular cuando procedan del presupuesto de un Estado miembro;».

18)

El artículo 32 se modifica como sigue:

19)

Los artículos 32 bis y 32 ter se sustituyen por el texto siguiente:

20)

Se inserta el artículo siguiente:

21)

En el artículo 33, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

22)

El artículo 33 bis se modifica como sigue:

23)

El artículo 35 se modifica como sigue:

24)

En el artículo 36, se inserta el apartado siguiente:

25)

El artículo 37 se modifica como sigue:

26)

El artículo 40 se modifica como sigue:

27)

En el artículo 42, apartado 5, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) si la transmisión es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la entidad objeto de resolución, la entidad puente, o la propia entidad de gestión de activos, o».

28)

El artículo 44 se modifica como sigue:

29)

En el artículo 44 bis, se añade el apartado siguiente:

30)

En el artículo 45, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

31)

El artículo 45 ter se modifica como sigue:

32)

El artículo 45 quater se modifica como sigue:

33)

En el artículo 45 quinquies, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«El requisito a que se refiere el artículo 45, apartado 1, para una entidad de resolución que sea una entidad EISM consistirá en lo siguiente:».

34)

El artículo 45 septies se modifica como sigue:

35)

El artículo 45 octies se sustituye por el texto siguiente:

36)

El artículo 45 decies se modifica como sigue:

37)

En el artículo 45 undecies, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

38)

En el artículo 45 terdecies, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El informe al que se refiere el apartado 2 abarcará un período de tres años civiles y se presentará a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre del año civil siguiente al último año cubierto por el informe. La obligación a que se refiere el apartado 2 dejará de aplicarse después de la presentación del segundo informe.».

39)

El artículo 45 quaterdecies se modifica como sigue:

40)

En el artículo 46, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«La evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo determinará el importe en que deberán amortizarse o convertirse los pasivos susceptibles de recapitalización interna para los fines siguientes:

41)

En el artículo 47, el apartado 1 se modifica como sigue:

42)

El artículo 52 se modifica como sigue:

43)

El artículo 53 se modifica como sigue:

44)

El artículo 55 se modifica como sigue:

45)

El artículo 59 se modifica como sigue:

46)

El artículo 63 se modifica como sigue:

47)

En el artículo 71 bis, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

48)

En el artículo 74, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

49)

El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente:

50)

En el artículo 84, se inserta el apartado siguiente:

51)

En el capítulo VIII se insertan los artículos siguientes:

(*4)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).»."

52)

El artículo 88 se modifica como sigue:

53)

El artículo 91 se modifica como sigue:

54)

En el artículo 92, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La ABE, a petición de una autoridad de resolución, podrá ayudar a las autoridades de resolución a llegar a una decisión conjunta, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.».

55)

En el artículo 96, apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«b) los requisitos relativos a la aplicación de los instrumentos de resolución del título IV, capítulo IV.».

56)

En el artículo 98, el apartado 1 se modifica como sigue:

57)

En el artículo 101, se añade el apartado siguiente:

58)

En el artículo 102, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Si los recursos financieros disponibles no son suficientes para alcanzar el nivel fijado como objetivo especificado en el apartado 1 del presente artículo, se reanudarán las contribuciones ex ante recaudadas de conformidad con el artículo 103 hasta que se alcance dicho nivel. Las autoridades de resolución podrán aplazar la recaudación de las contribuciones ex ante recaudadas de conformidad con el artículo 103 durante un máximo de tres años para garantizar que el importe que deba recaudarse alcance un importe proporcional al coste del proceso de recaudación, siempre que dicho aplazamiento no afecte sustancialmente a la capacidad de las autoridades de resolución para utilizar mecanismos de financiación de la resolución en virtud del artículo 101. Cuando los recursos financieros disponibles representen menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, las contribuciones se fijarán a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo razonable que no exceda de seis años.».

59)

El artículo 103 se modifica como sigue:

60)

En el artículo 104, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El importe total de las contribuciones ex post extraordinarias anuales no superará el triple del 12,5 % del nivel fijado como objetivo que se especifica en el artículo 102.».

61)

En el artículo 107, apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) toda contribución que se exigiría hacer al sistema de garantía de depósitos de conformidad con el artículo 109;».

62)

El artículo 108 se modifica como sigue:

63)

El artículo 109 se sustituye por el texto siguiente:

64)

En el artículo 111, apartado 1, se añaden las letras siguientes:

«e) cuando no se respeten los requisitos a que se refiere el artículo 44 bis;

  f) cuando se incumpla el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles a que se refieren los artículos 45 sexies o 45 septies.».

65)

El artículo 128 se sustituye por el texto siguiente:

66)

Se insertan los artículos siguientes:

(*5)  Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."

(*6)  Directiva (UE) 2026/806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2026, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta a las medidas de actuación temprana, las condiciones de resolución y la financiación de las medidas de resolución y la Directiva 2014/24/UE en lo que respecta a los servicios de valoración en caso de resolución (DO L, 2026/806, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj).»."

67)

En el anexo, sección B, se inserta el punto siguiente: