1.   La persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro por cuenta de un empleador que realice normalmente en él sus actividades y a la que este empleador envíe a otro Estado miembro para efectuar un trabajo por cuenta de dicho empleador seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración previsible de ese trabajo no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona no sustituya a otra persona que ejerza una actividad por cuenta ajena enviada con arreglo al presente apartado o a una persona que ejerza su actividad por cuenta propia según se contempla en el apartado 2.

2.   La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado miembro y que vaya a realizar una actividad similar en otro Estado miembro seguirá sujeta a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración previsible de esa actividad no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona no sustituya a otra persona que ejerza una actividad por cuenta ajena enviada con arreglo al apartado 1 o a otra persona que ejerza una actividad por cuenta propia según se contempla en el presente apartado.

3.   Cuando la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena contemplada en el apartado 1 o la persona que ejerza una actividad por cuenta propia contemplada en el apartado 2 no haya concluido su trabajo o actividad en el otro Estado miembro y sea sustituida por otra, esta otra persona seguirá estando sujeta a la legislación del Estado miembro desde el que ha sido enviada o en el que normalmente ejerza una actividad por cuenta propia, a condición de que la duración total del trabajo o actividad de todos los interesados en el otro Estado miembro no exceda de veinticuatro meses y que se cumplan las demás condiciones establecidas en los apartados 1 y 2.».

1.   La institución de un Estado miembro que sea responsable, con arreglo a la legislación que sea de aplicación, de las retenciones en concepto de cotizaciones por enfermedad, cuidados de larga duración, maternidad y paternidad asimiladas solo podrá solicitar y recuperar dichas retenciones, calculadas con arreglo a la legislación que sea de aplicación, en la medida en que el coste de las prestaciones a que se refieren los artículos 23 a 26 corra a cargo de una institución de dicho Estado miembro.

2.   Cuando, en los casos a que se refiere el artículo 25, la obtención de prestaciones de enfermedad, cuidados de larga duración, maternidad y paternidad asimiladas esté sujeta al pago de cotizaciones o a otro tipo de pagos similares con arreglo a la legislación de un Estado miembro en el que resida el titular de una pensión, dichas cotizaciones no serán exigibles en virtud de la residencia.».

1.   La Comisión Administrativa, previa consulta a los interlocutores sociales, elaborará una lista detallada de las prestaciones por cuidados de larga duración que respondan a los criterios establecidos en el artículo 1, letra v ter), indicando, en cada caso, si se trata de prestaciones en especie o en metálico y si se conceden a la persona que recibe la asistencia o al cuidador.

2.   Cuando las prestaciones por cuidados de larga duración contempladas en el presente capítulo tengan, además, las características de las prestaciones coordinadas en otro capítulo del título III, como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, un Estado miembro podrá coordinar dichas prestaciones de conformidad con las normas de dicho capítulo, a condición de que el resultado de tal coordinación sea en conjunto al menos, igual de favorable para los beneficiarios que si las prestaciones se coordinaran como prestaciones por cuidados de larga duración con arreglo al presente capítulo y a condición de que se recojan en el anexo XII, especificando qué capítulo del título III es de aplicación.

3.   El artículo 34, apartados 1 y 2, del presente Reglamento se aplicará también a las prestaciones enumeradas en el anexo XII.».

1.   Cuando una persona que disfrute de prestaciones en metálico por cuidados de larga duración del Estado miembro competente con arreglo a los artículos 21 o 29 tenga también derecho, con arreglo al presente capítulo, a solicitar prestaciones en especie destinadas a la misma finalidad a la institución del Estado miembro de residencia o estancia, y dichas prestaciones en especie estén sujetas al reembolso por parte de la institución del Estado miembro competente con arreglo al artículo 35, se aplicará el artículo 10. A este respecto, si el interesado recibe dichas prestaciones en especie, el importe de las prestaciones en metálico concedidas por el Estado miembro competente se reducirá en el valor de esas prestaciones en especie.

2.   Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes, podrán convenir otras medidas o medidas complementarias que no sean menos favorables para los interesados que los principios expuestos en el apartado 1.

3.   Cuando se concedan prestaciones en metálico por cuidados de larga duración en virtud de la legislación de más de un Estado miembro durante el mismo período y para los mismos hijos, se aplicarán las normas de prioridad en caso de acumulación establecidas en el artículo 68, apartado 1.».

1.   Salvo en el caso de las personas en situación de desempleo total a que se refiere el artículo 65, apartados 2, 3 y 5, la aplicación de los artículos 6 y 60 bis por el Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia estará supeditada a que el interesado haya cumplido en último lugar un período ininterrumpido de al menos un mes de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia con arreglo a la legislación del Estado miembro en virtud de cuya legislación se solicita la prestación.

2.   En el caso en que una persona desempleada no haya cumplido un período ininterrumpido de al menos un mes de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia conforme a la legislación dl Estado miembro contemplado en el apartado 1, dicha persona tendrá derecho a prestaciones por desempleo con arreglo a la legislación del anterior Estado miembro en el que haya cumplido un período de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia, siempre que dicho período fuera un período ininterrumpido de al menos un mes. El Estado miembro que pase a ser competente con arreglo al presente apartado concederá las prestaciones de desempleo, una vez aplicados los artículos 6 y 60 bis, en la medida necesaria y de conformidad con el artículo 64 bis.

3.   En caso de que una persona desempleada no haya cumplido un período ininterrumpido de al menos un mes de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia en uno de los Estados miembros mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo, será competente el Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia; dicho Estado miembro concederá las prestaciones por desempleo, con arreglo a su legislación, una vez aplicados los artículos 6 y 60 bis, en la medida necesaria.

1.   La institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se base en la cuantía de la retribución o de los ingresos profesionales anteriores tendrá en cuenta exclusivamente la retribución o los ingresos profesionales percibidos por el interesado con motivo de su última actividad como trabajador por cuenta ajena o propia con arreglo a esa legislación.

2.   El apartado 1 se aplicará igualmente en caso de que la legislación que aplique la institución competente prevea un período de referencia determinado para establecer la retribución o los ingresos profesionales que servirán de base al cálculo de las prestaciones, y de que el interesado haya estado sujeto durante la totalidad o una parte de ese período a la legislación de otro Estado miembro.

3.   Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, por lo que respecta a las personas desempleadas a que se refiere el artículo 65, apartado 2, párrafos primero y segundo, la institución del Estado miembro de residencia tendrá en cuenta, con las condiciones y limitaciones de la legislación que sea de aplicación, la retribución o los ingresos profesionales que perciba el interesado en el Estado miembro a cuya legislación estuviera sujeta durante su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de aplicación.

1.   En la situación a que se refiere el artículo 61, apartado 2, el Estado miembro que pase a ser competente concederá las prestaciones por desempleo, con arreglo a su legislación, durante el período establecido en el artículo 64, apartado 1, letra c), si la persona desempleada se pone a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, y cumple las condiciones que establezca la legislación de dicho Estado miembro. La inscripción en los servicios de empleo del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia surtirá el mismo efecto que la inscripción en los servicios de empleo del Estado miembro competente. El artículo 64, apartados 2, 3 y 4, se aplicará mutatis mutandis.

2.   Si la persona desempleada a que se refiere el apartado 1 desea buscar trabajo en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente para las prestaciones por desempleo o del Estado del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 64. A tal efecto, se considerará que el artículo 64, apartado 1, letra a), hace referencia a los servicios de empleo del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia.».

1.   Una persona en situación de desempleo total, parcial o intermitente y que, durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia, haya residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente, se pondrá a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro competente o, en el caso de las personas en situación de desempleo parcial o intermitente, cuando proceda, del empleador para el que siga disponible.

Esa persona percibirá prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro competente como si residiera en dicho Estado miembro y estará sujeta a los derechos y obligaciones establecidos en esa legislación. La institución del Estado miembro competente concederá esas prestaciones.

2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, una persona en situación de desempleo total se pondrá a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro de residencia siempre que:

La persona en situación de desempleo total a que se refiere el párrafo primero recibirá prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como si hubiera cumplido todos los períodos de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia en virtud de la legislación de ese Estado miembro. La institución del Estado miembro de residencia concederá esas prestaciones.

Una persona en situación de desempleo total a que se refiere el presente apartado, que tendría derecho a prestaciones de desempleo únicamente con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro competente sin la aplicación del artículo 6 del presente Reglamento, podrá optar, como alternativa, por ponerse a disposición de los servicios de empleo de dicho Estado miembro y percibirá prestaciones con arreglo a la legislación de ese Estado miembro como si residiera en él.

3.   El apartado 2 del presente artículo no se aplicará a las personas en situación de desempleo total que, durante su actividad más reciente antes de quedarse sin empleo, hayan cumplido períodos de seguro como trabajadores por cuenta propia o períodos de actividad por cuenta propia reconocidos a efectos de la concesión de prestaciones por desempleo en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia, y cuyo Estado miembro de residencia haya realizado una notificación, en virtud del artículo 9, en la que se haga constar que ninguna categoría de trabajadores por cuenta propia puede acogerse a ningún régimen de prestaciones por desempleo de ese Estado miembro.

4.   En caso de que una persona en situación de desempleo total a que se refieren el apartado 1, el apartado 2, párrafo tercero, o el apartado 3 del presente artículo no desee estar o mantenerse disponible para los servicios de empleo del Estado miembro competente tras haberse inscrito en dichos servicios, y decida buscar trabajo en el Estado miembro de residencia se aplicará, mutatis mutandis, el artículo 64, excepto por lo que respecta al artículo 64, apartado 1, letra a).

5.   Cuando una persona en situación de desempleo total a que se refiere el apartado 4 decida buscar trabajo en el Estado miembro de residencia y haya cumplido previamente períodos de seguro, actividad por cuenta ajena o actividad por cuenta propia con arreglo a la legislación de ese Estado miembro, totalizados con períodos cumplidos en el Estado miembro de la última actividad y en otros Estados miembros de otras actividades anteriores, podrá, una vez finalizado el período durante el cual recibe prestaciones de desempleo de la institución del Estado miembro competente con arreglo al apartado 4, solicitar prestaciones de desempleo con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como si hubiera cumplido todos los períodos en dicho Estado miembro. La institución competente del Estado miembro de residencia concederá las prestaciones de desempleo con arreglo a la legislación de ese Estado miembro. El período durante el cual la persona en situación de desempleo haya percibido prestaciones en virtud de la legislación del Estado miembro competente se deducirá del período correspondiente con derecho a prestaciones en virtud de la legislación del Estado miembro de residencia.

6.   Una persona en situación de desempleo total a la que se refiere el presente artículo podrá, además de ponerse a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro que conceda las prestaciones en virtud de los apartados 1 o 2, ponerse a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro competente o del Estado miembro de residencia.».

1.   Las prestaciones familiares a que se refiere el artículo 68, apartado 2 bis, letra a), del presente Reglamento que figuran en la lista del anexo XIII, parte I, se concederán en virtud de la legislación del Estado miembro competente exclusivamente a la persona a la que se aplique esa legislación. No generarán ningún derecho derivado a tales prestaciones . El artículo 68 bis del presente Reglamento no se aplicará a tales prestaciones y la institución competente no está obligada a tomar en consideración una solicitud presentada por el otro progenitor, por un tutor o por una institución responsable de la custodia de los hijos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60, apartado 1, del Reglamento de aplicación.

2.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, en caso de acumulación de derechos en virtud de las legislaciones en conflicto, un Estado miembro podrá conceder en su totalidad a un beneficiario una de las prestaciones familiares a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo, con independencia del importe previsto en la primera legislación. Los Estados miembros que apliquen esta excepción figurarán en la lista del anexo XIII, parte 2, con referencia a la prestación familiar a la que se aplica la excepción.».

1.   Las autoridades competentes, de acuerdo con su Derecho y prácticas nacionales, se asegurarán de que sus instituciones pertinentes estén informadas de todas las disposiciones, legislativas o no, incluidas las decisiones de la Comisión Administrativa, en el ámbito regulado y según lo dispuesto en el presente Reglamento y el Reglamento de aplicación.

2.   Para garantizar la correcta determinación de la legislación aplicable, las autoridades competentes fomentarán, en su caso, la cooperación entre sus instituciones y demás órganos pertinentes, como las inspecciones del trabajo, en sus Estados miembros.».

1.   Las disposiciones a que se refiere el artículo 91, párrafo tercero, del presente Reglamento o el artículo 97, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación no originarán ningún derecho previo a las fechas de aplicación pertinentes en ellos indicadas.

2.   Todo período de seguro y, en su caso, todo período de actividad por cuenta ajena, de actividad por cuenta propia o de residencia cubierto bajo la legislación de un Estado miembro antes de las fechas de aplicación pertinentes tal y como se establecen en el artículo 91, párrafos tercero, cuarto y quinto, del presente Reglamento y en el artículo 97, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Reglamento de aplicación, será tomado en cuenta por el Estado miembro de que se trate para la determinación de los derechos originados conforme a dichas disposiciones.

3.   Con la salvedad de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, se originarán derechos en virtud de las disposiciones a que se refieren el artículo 91, párrafo tercero, del presente Reglamento y el artículo 97, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación, aunque se refieran a una eventualidad anterior a las fechas de aplicación de dichas disposiciones en el Estado miembro interesado.

4.   Cuando, de conformidad con el título II del presente Reglamento, una persona esté sujeta a la legislación de un Estado miembro distinta de aquella a la que estaba sujeta antes del 2 de noviembre de 2028, la legislación aplicable antes de dicha fecha seguirá aplicándose durante un período transitorio que perdurará mientras la situación permanezca sin cambios. En todo caso, dicho período transitorio concluirá el 2 de noviembre de 2036.

El interesado podrá solicitar que se le deje de aplicar el período transitorio. Dicha solicitud se presentará ante la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia. Las solicitudes presentadas el 2 de enero de 2029, o antes de esa fecha, se considerarán presentadas el 2 de noviembre de 2028. Las solicitudes presentadas después del 2 de enero de 2029 se considerarán presentadas el primer día del mes siguiente a la fecha de su presentación.

El presente apartado no se aplicará al artículo 12. El artículo 12, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá aplicándose a los trabajadores por cuenta ajena que son enviados a otro Estado miembro y a los trabajadores por cuenta propia que ejerzan una actividad similar en otro Estado miembro antes del 2 de noviembre de 2028.

5.   El título III, capítulo 1, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá siendo aplicable a las prestaciones por cuidados de larga duración respecto a las cuales se hayan presentado solicitudes antes del 2 de noviembre de 2028.

6.   El título III, capítulo 6, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá siendo aplicable a las prestaciones por cuidados de larga duración respecto a las cuales se hayan presentado solicitudes antes de la fecha de aplicación pertinente tal como se establece en el artículo 91, párrafos tercero y cuarto.

7.   El título III, capítulo 8, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá siendo aplicable a las prestaciones familiares por los hijos nacidos antes del 2 de noviembre de 2028.».

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 88 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 1 de noviembre de 2026.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 88 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 88 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

1.   La Comisión adoptará actos de ejecución al objeto de especificar el procedimiento que debe seguirse, incluidos, cuando proceda, los plazos, a fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del título II del presente Reglamento y de los procedimientos correspondientes establecidos en el Reglamento de aplicación. Dichos actos de ejecución establecerán procedimientos normalizados para:

2.   Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 88 quater, apartado 2.

1.   La Comisión estará asistida por un comité. El comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente artículo, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.».

1.   Cuando, con arreglo al artículo 12 del Reglamento de base, una persona ejerza su actividad en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente en virtud del título II del Reglamento de base, el empleador o, si la persona no ejerce una actividad por cuenta ajena, el propio interesado, informará a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en consecuencia antes del inicio de la actividad y solicitará el certificado al que se refiere el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de aplicación.

1 bis.   Una vez recibida la solicitud a que se refiere el apartado 1, la institución competente expedirá un certificado respecto a la legislación aplicable al interesado. Cuando la expedición de dicho certificado no sea inmediata, emitirá un acuse de recibo automático de la solicitud, que dará fe de que la institución competente ha sido informada de conformidad con el apartado 1. La institución competente pondrá a disposición de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro en el que se ejerza la actividad, sin demora, la información pertinente relativa a la legislación aplicable a esa persona o, cuando dicha información aún no esté disponible, la información relativa al acuse de recibo.

1 ter.   Los apartados 1 y 1 bis no se aplicarán a los viajes de negocios.

Además, con excepción de las actividades en el sector de la construcción tal como se definen en el anexo 6, los apartados 1 y 1 bis, no se aplicarán a las actividades con una duración total no superior a tres días consecutivos de trabajo dentro de un período de treinta días consecutivos.

1 quater.   En las situaciones contempladas en el artículo 12 del Reglamento de base, cuando no se haya expedido el certificado a que se refiere el artículo 19, apartado 2, del Reglamento de aplicación, el empleador o, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, el interesado, a petición de la institución competente del Estado miembro en el que se ejerza la actividad, proporcionará el acuse de recibo a que se refiere el apartado 1 bis del presente artículo o pruebas que demuestren que la actividad entra en el ámbito de aplicación de la exención a que se refiere el apartado 1 ter del presente artículo.

Los empleadores seguirán siendo responsables de aportar las pruebas necesarias y de proporcionar a las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro los documentos justificativos pertinentes a tal efecto. Tales pruebas podrán aportarse en formato impreso o electrónico.

1 quinquies.   Cuando la institución competente del Estado miembro en el que se ejerza la actividad tenga dudas sobre la información proporcionada por el empleador o el interesado, la validez de un documento o de los justificantes o la exactitud de los hechos en los que se fundamenta el documento, podrá solicitar información adicional a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable. Se aplicarán el artículo 19 bis y el artículo 20, apartados 3 y 4.

2.   Cuando una persona a la que se aplique el artículo 11, apartado 3, letras b) o d), del Reglamento de base ejerza su actividad en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente, el empleador o, si la persona no ejerce una actividad por cuenta ajena, el propio interesado informará de ello a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en consecuencia, siempre que sea posible antes del inicio de la actividad. Dicha institución pondrá a disposición del interesado y de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro en el que se ejerza la actividad, sin demora, la información relativa a la legislación aplicable al interesado. El apartado 1 ter del presente artículo se aplicará mutatis mutandis.

3.   El empleador en el sentido del artículo 11, apartado 4, del Reglamento de base que tenga un empleado a bordo de un buque que enarbole pabellón de otro Estado miembro informará de ello, si es posible con antelación, a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en consecuencia, con arreglo al artículo 11, apartado 4, frase segunda, del Reglamento de base. Dicha institución pondrá sin demora a disposición de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque en el que el trabajador ejerza su actividad la información relativa a la legislación aplicable al interesado, con arreglo al artículo 11, apartado 4, del Reglamento de base.».

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 5, en caso de duda sobre la validez del documento que indique la situación de una persona a efectos de la legislación aplicable o sobre la exactitud de los hechos en que se basa el documento, la institución del Estado miembro que lo reciba se dirigirá a la institución emisora para pedirle las aclaraciones necesarias y, si procede, la retirada o rectificación de dicho documento. La institución solicitante motivará su solicitud y aportará la documentación justificativa pertinente que haya originado la solicitud.

2.   Al recibir una solicitud de ese tipo, la institución emisora reconsiderará los motivos de emisión del documento y, en caso de detectar un error, lo retirará o rectificará en un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. La retirada o rectificación tendrá efecto retroactivo. No obstante, cuando exista el riesgo de un resultado desproporcionado, y en particular, de pérdida de la condición de persona asegurada para la totalidad o parte del período correspondiente en todos los Estados miembros de que se trate, los Estados miembros se plantearán la posibilidad de aplicar el artículo 16 del Reglamento de base. Cuando la institución emisora considere que, con base en las pruebas de que dispone, no cabe duda de que el solicitante del documento ha cometido fraude, retirará o rectificará el documento sin demora, con efecto retroactivo.

3.   Si la institución emisora, tras considerar los motivos de emisión del documento, no ha sido capaz de detectar ningún error, transmitirá a la institución solicitante todas las pruebas de que disponga en un plazo de treinta días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En casos urgentes, cuando los motivos de la urgencia se hayan indicado y motivado claramente en la solicitud, las pruebas deberán remitirse en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, también en el caso de que la institución emisora no hubiera terminado sus deliberaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

4.   En caso de que la institución solicitante, tras haber recibido las pruebas disponibles, siga albergando dudas acerca de la validez de un documento, la exactitud de los hechos en los que se fundamenta su contenido o la exactitud de la información conforme a la cual se expidió el documento, podrá presentar pruebas al respecto y formular una nueva solicitud de aclaración y, si procede, de retirada o rectificación de dicho documento por la institución emisora, con arreglo al procedimiento y los plazos indicados en el presente artículo.

5.   Si persisten las dudas de la institución receptora y no se logra un acuerdo entre las instituciones interesadas, se aplicará el artículo 5, apartado 5.».

1.   En el caso a que se refiere el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de base, el desempleado se inscribirá como solicitante de empleo en los servicios de empleo del Estado miembro del último período de seguro, o de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, y presentará una solicitud de prestaciones a la institución de dicho Estado miembro. Si la solicitud se presenta a la institución del Estado miembro a que se refiere el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de base, esta la remitirá inmediatamente a la institución del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, para su investigación. La fecha en que se haya presentado la solicitud inicial se aplicará a todas las instituciones de que se trate.

2.   A raíz de la investigación de la solicitud por parte de la institución del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, cuando se determine que el desempleado no cumple las condiciones para la totalización a que se refiere el artículo 61, apartado 1, del Reglamento de base, y de la información disponible se desprenda que el desempleado ha cumplido el período necesario que la acredita para percibir las prestaciones en virtud del artículo 61, apartado 2, del Reglamento de base, dicha institución transmitirá inmediatamente un documento a la institución del Estado miembro a que se refiere dicha disposición. Si no resulta evidente que el desempleado ha cumplido el período necesario para percibir las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento de base, antes de enviar el documento, la institución del Estado miembro del último período de seguro, de actividad por cuenta ajena o de actividad por cuenta propia, se pondrá en contacto con la institución del Estado miembro a que se refiere dicha disposición para determinar si en dicho Estado miembro se ha completado el plazo especificado en ella.

3.   El documento a que se refiere el apartado 2 incluirá la información necesaria sobre la situación del desempleado. La Comisión Administrativa establecerá el formato y el contenido del documento.».

1.   Las autoridades competentes o las instituciones competentes de dos o más Estados miembros cooperarán y podrán acordar un conjunto de procedimientos y plazos específicos relativos al seguimiento de la situación de los desempleados, así como otras medidas para favorecer la búsqueda de empleo de los desempleados que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente.

2.   Los Estados miembros afectados garantizarán que los desempleados a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de base tengan acceso en cada uno de sus territorios a la red europea de servicios de empleo (EURES) y a los servicios de apoyo en las regiones transfronterizas, cuando estén disponibles, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo (*19).

1.   El coste medio anual por persona de cada categoría de edad correspondiente a un año determinado se notificará a la Comisión de cuentas a más tardar al final del segundo año siguiente al año en cuestión.

2.   Los costes medios anuales notificados según lo dispuesto en el apartado 1 se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea una vez que hayan sido aprobados por la Comisión Administrativa.

3.   En caso de que un Estado miembro no pueda comunicar los costes medios anuales correspondientes a un año determinado antes de que finalice el plazo contemplado en el apartado 1, deberá solicitar una autorización, dentro de ese mismo plazo, a la Comisión Administrativa y la Comisión de cuentas para utilizar los costes medios anuales correspondientes a dicho Estado miembro publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea durante el año anterior al año concreto en que la notificación está pendiente. Cuando soliciten tal autorización, el Estado miembro explicará las razones por las que no puede notificar los costes medios anuales correspondientes al año en cuestión. Si la Comisión Administrativa, tras haber considerado el dictamen de la Comisión de cuentas, aprueba la solicitud del Estado miembro, los costes medios anuales correspondientes al año anterior al año cuya notificación esté pendiente se publicarán de nuevo en el Diario Oficial de la Unión Europea.

4.   La autorización en virtud del apartado 3 no se concederá para dos años consecutivos.».

1.   En caso de cambio retroactivo de la legislación aplicable, incluidas las situaciones a que se refiere el artículo 6, apartados 4 y 5, del Reglamento de aplicación, así como en otros casos en que una institución que no sea competente haya abonado o concedido prestaciones o percibido cotizaciones indebidamente, dicha institución efectuará un cálculo del importe abonado o percibido y lo enviará a la institución señalada como competente a efectos del reembolso, en el plazo de seis meses a partir de la determinación del cambio en la legislación aplicable o de que se haya señalado la institución responsable del pago de las prestaciones o de percibir las cotizaciones.

2.   Las prestaciones en especie serán reembolsadas por la institución señalada como competente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 68 del Reglamento de aplicación.

3.   La institución señalada como competente para abonar las prestaciones en metálico deducirá, de los atrasos de las prestaciones correspondientes que deba al interesado, el importe que tiene que reembolsar a la institución que no era competente o que era solo provisionalmente competente, y transferirá sin demora el importe deducido a esta última institución.

Si el importe de las prestaciones indebidamente abonadas es superior al importe de los atrasos pagaderos por la institución señalada como competente, o si estos no existen, la institución señalada como competente deducirá dicha cantidad de los pagos en curso en las condiciones y dentro de los límites fijados en la legislación que aplique y transferirá sin demora el importe deducido a la institución que había abonado indebidamente las prestaciones en metálico a efectos de su reembolso.

4.   La institución que haya percibido indebidamente cotizaciones de una persona física o jurídica no procederá a rembolsar los importes de que se trate a la persona que los haya pagado hasta que haya verificado tales importes con la institución señalada como competente.

Previa solicitud de la institución señalada como competente, que deberá cursarse a más tardar tres meses después de que haya recibido el cálculo del importe debido o percibido, la institución que haya percibido indebidamente cotizaciones las transferirá a la institución señalada como competente para dicho período a efectos de resolver la situación relativa a las cotizaciones debidas por la persona física o jurídica. Se considerará que las cotizaciones transferidas han sido abonadas con carácter retroactivo a la institución señalada como competente.

Si el importe de las cotizaciones percibidas indebidamente es superior al importe que la persona física o jurídica debe a la institución señalada como competente, la institución que haya percibido cotizaciones indebidamente reembolsará el importe excedente a la persona física o jurídica interesada, calculado de conformidad con la legislación nacional.

5.   La existencia de plazos en virtud de la legislación nacional no será un motivo válido para denegar la liquidación de créditos entre instituciones en virtud del presente artículo.

6.   Por lo que respecta a los procedimientos conforme al artículo 5, apartado 5, o al artículo 6, apartado 3, del Reglamento de aplicación, el presente artículo no será aplicable a los créditos cuya antigüedad sea superior a 36 meses en la fecha en que haya comenzado el procedimiento .

7.   Dos o más Estados miembros podrán convenir en disposiciones y procedimientos específicos que sean diferentes de los contemplados en los apartados 1 a 6 del presente artículo, y podrán aplicar respecto de las prestaciones en especie el artículo 35, apartado 3, del Reglamento de base, siempre que tales disposiciones y procedimientos no vayan en detrimento de los interesados.

8.   La Comisión Administrativa dispondrá las reglas detalladas para la aplicación del presente artículo.».

1.   La entidad requerida, a petición de la entidad requirente y de acuerdo con las normas jurídicas vigentes para la notificación de instrumentos o decisiones similares en su propio Estado miembro, procederá a notificar al destinatario todos los instrumentos y decisiones, comprendidos los judiciales, relativos a un crédito o a su cobro, que procedan del Estado miembro de la entidad requirente y se refieran a un crédito o al cobro de este.

2.   La solicitud de notificación irá acompañada de un modelo normalizado que contendrá al menos la información siguiente y el instrumento o decisión que se notifica:

3.   La entidad requerida informará sin demora a la entidad requirente del curso dado a su solicitud de notificación y, en particular, de la fecha en que la decisión o el instrumento se hayan transmitido al destinatario.

4.   La entidad requirente presentará una solicitud de notificación con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo únicamente en caso de que sea incapaz de realizar la notificación con arreglo a la normativa en materia de notificación del documento de que se trate aplicable en su Estado miembro, o cuando la notificación conlleve dificultades desproporcionadas.

5.   La entidad requerida se asegurará de que la notificación en su Estado miembro se efectúe con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias y a las prácticas administrativas nacionales en vigor en dicho Estado miembro.

6.   Lo dispuesto en el apartado 5 se entenderá sin perjuicio de cualquier otra forma de notificación utilizada por una autoridad del Estado miembro de la entidad requirente de conformidad con la normativa vigente en dicho Estado miembro. Toda autoridad radicada en el Estado miembro de la entidad requirente podrá notificar cualquier documento directamente, por correo certificado o por vía electrónica, a una persona en el territorio de otro Estado miembro.».

1.   El instrumento uniforme que permite la ejecución en el Estado miembro de la entidad requerida recogerá el contenido de fondo del instrumento inicial que permite la ejecución y constituirá la base exclusiva de las medidas de cobro y las medidas cautelares que se adopten en el Estado miembro de la entidad requerida. No estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución en ese Estado miembro.

2.   El instrumento uniforme que permite la ejecución incluirá:

1.   El cobro de los créditos se efectuará en la moneda del Estado miembro de la entidad requerida. A reserva de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1 bis, la entidad requerida transferirá a la entidad requirente la totalidad de la suma del crédito que cobre.

Cuando la entidad requerida remita la suma del crédito a la entidad requirente, también aportará información pertinente en relación con la identificación de la persona física o jurídica interesada a que se refiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento de aplicación.

2.   La entidad requerida, si lo permiten las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en su Estado miembro, podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado. Los intereses percibidos por la autoridad requerida como consecuencia de este aplazamiento del pago se remitirán también a la entidad requirente. La autoridad requerida informará posteriormente a la entidad requirente de dicha decisión.

A partir de la fecha en que reciba la petición de cobro, la entidad requerida aplicará intereses de demora, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida.

1.   Si, durante el procedimiento de cobro, un interesado impugna el crédito, el instrumento inicial que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requirente, el instrumento uniforme que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requerida o la validez de una notificación efectuada por una autoridad en los Estados miembros de la entidad requirente, dicho interesado entablará su acción ante las autoridades adecuadas del Estado miembro de la entidad requirente, con arreglo a las normas jurídicas vigentes en dicho Estado miembro. La entidad requirente notificará sin demora esta acción a la entidad requerida. El interesado también podrá informar de dicha acción a la entidad requerida.

2.   Tan pronto como la entidad requerida haya recibido la notificación o información mencionada en el apartado 1 por parte de la entidad requirente o del interesado, suspenderá el procedimiento de ejecución en espera de la decisión de la autoridad competente en la materia, a menos que la entidad requirente pida el cobro del crédito, de conformidad con el párrafo segundo del presente apartado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de aplicación, la entidad requerida podrá recurrir a medidas cautelares para garantizar el cobro del crédito, en la medida en que las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en su Estado miembro lo permitan para créditos similares.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la entidad requirente podrá, con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias y a las prácticas administrativas vigentes en su propio Estado miembro, presentar una solicitud motivada a la entidad requerida para que proceda al cobro de un crédito impugnado, en la medida en que las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida así lo prevean. Si el resultado de la impugnación resulta ulteriormente favorable al deudor, la entidad requirente deberá reembolsar cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo a la legislación vigente en el Estado miembro de la entidad requerida.

3.   Cuando la impugnación afecte a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro de la entidad requerida, o a la validez de la notificación efectuada por una autoridad de la entidad requerida, la acción se entablará ante la autoridad competente de este Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias.

1.   La entidad requirente informará inmediatamente a la entidad requerida de toda modificación ulterior o retirada de su petición de cobro, indicando los motivos de tal modificación o retirada.

2.   Si la modificación de la petición se basa en una decisión de la autoridad apropiada a que se refiere el artículo 81, apartado 1, la entidad requirente remitirá a la entidad requerida la decisión junto con un instrumento uniforme revisado que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requerida. La entidad requerida proseguirá el procedimiento de cobro sobre la base del instrumento revisado.

Las medidas de cobro o cautelares que se hubieran tomado ya sobre la base del instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado miembro de la entidad requerida podrán continuar aplicándose sobre la base del instrumento revisado, a menos que la modificación de la petición se deba a la invalidez del instrumento inicial que permite la ejecución en el Estado miembro de la entidad requirente o del instrumento uniforme original que permite la ejecución en el Estado miembro de la entidad requerida.

Los artículos 79 y 81 se aplicarán en relación con el instrumento revisado.

3.   Si la petición se modifica por otro motivo distinto de los mencionados en el apartado 2 y tal modificación incluye una reducción del importe del crédito, la entidad requerida mantendrá cualquier medida de cobro o cautelar ya adoptada, que se limitarán al importe del crédito que aún queda pendiente.

1.   Sin perjuicio de la competencia para prestar la asistencia, la entidad requerida no estará obligada:

Con respecto a la letra b), si se impugna el crédito o el instrumento inicial que permita la ejecución del crédito en el Estado miembro de la entidad requirente, el plazo de cinco años comenzará a contar a partir de la fecha en que ya no sea posible impugnar el crédito o el instrumento que permita el cobro.

Asimismo, cuando las autoridades del Estado miembro de la entidad requirente acepten un aplazamiento del plazo de pago o un plan de pago a plazos, el plazo de cinco años comenzará a contar a partir de la fecha del vencimiento del plazo completo de pago.

Sin embargo, en tales casos la entidad requerida no estará obligada a conceder la asistencia respecto de los créditos de antigüedad superior a diez años, calculados a partir de la fecha en que vence el crédito en el Estado miembro de la entidad requirente.

2.   La entidad requerida informará a la entidad requirente de los motivos por los que se rechace una petición de asistencia.».

1.   Previa petición motivada de la entidad requirente, la entidad requerida adoptará medidas cautelares de conformidad con el Derecho nacional y prácticas administrativas vigentes en su Estado miembro, para garantizar el cobro cuando un crédito o el instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requirente sea impugnado en el momento en que se realice la solicitud, o cuando el crédito no esté aún sujeto a un instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro de la entidad requirente, siempre que, en una situación similar, sean asimismo posibles medidas cautelares, con arreglo l Derecho nacional y las prácticas administrativas del Estado miembro de la entidad requirente.

El documento elaborado para permitir la adopción de medidas cautelares en el Estado miembro de la entidad requirente y que se refiere al crédito para cuyo cobro se solicite asistencia mutua, de existir, se adjuntará a la solicitud de medidas cautelares en el Estado miembro de la entidad requerida. Dicho documento no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución en el Estado miembro de la entidad requerida.

2.   La petición de medidas cautelares podrá ir acompañada de otros documentos referentes al crédito y expedidos en el Estado miembro de la entidad requirente.

3.   Para la aplicación del apartado 1 del presente artículo se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones y los procedimientos contemplados en los artículos 78, 79, 81 y 82 del Reglamento de aplicación.».

1.   Por acuerdo entre la entidad requirente y la entidad requerida, y según las normas fijadas por la entidad requerida, los funcionarios autorizados por la entidad requirente, a fin de promover la asistencia mutua establecida en la presente sección, podrán:

2.   Siempre que lo permita la legislación vigente en el Estado miembro de la entidad requerida, el acuerdo mencionado en el apartado 1 , podrá disponer que los funcionarios del Estado miembro de la entidad requirente entrevisten a personas y examinar registros.

3.   Cuando actúen de conformidad con los apartados 1 o 2, los funcionarios autorizados por la entidad requirente ostentarán un mandato escrito en el que conste su identidad y su condición oficial.».

1.   Mediante actos de ejecución, la Comisión especificará con mayor precisión el procedimiento de cobro. Tales actos de ejecución establecerán:

2.   Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 88 quater, apartado 2, del Reglamento de base.».

1.   Los artículos 56 y 70 y el anexo 5, en su versión vigente antes del 1 de noviembre de 2026, seguirán aplicándose a las prestaciones por desempleo cuyas solicitudes se presenten antes de las fechas de aplicación pertinentes fijadas en el artículo 97, párrafo segundo, punto 2, y párrafos tercero y cuarto.

2.   El artículo 73, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá siendo aplicable a las liquidaciones de créditos iniciadas antes del 2 de noviembre de 2028.

3.   El título IV, capítulo III, sección 3, en su versión en vigor antes del 1 de noviembre de 2026, seguirá siendo aplicable a las solicitudes e impugnaciones presentadas antes del 2 de noviembre de 2028.».