Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Los ordenamientos contemporáneos, impulsados por la necesidad de defender a las sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delectivas, entrañan un riesgo para la comunidad, han ido estableciendo, junto a sus normas penales propiamente dichas, dirigidas a la sanción del delito e inspiradas en el Derecho penal clásico, un sistema de normas nuevas encaminadas a la aplicación de medidas de seguridad a los sujetos socialmente peligrosos e inspiradas en las orientaciones de la rama científica que desde hace años se conoce con el nombre de «Defensa social». La pena y la medida de seguridad vienen así a coexistir en las legislaciones modernas con ámbito diferente y fines diversos, aunque en último término coincidentes en la salvaguarda de la sociedad, a la que de este modo se dota de un dualismo de medios defensivos con esferas de acción distintas.
Situándose ya en aquella línea, la Ley española de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, denominada de «Vagos y Maleantes», se enfrentó con la realidad de la existencia en nuestra patria, como en otros países, de diversos estados de peligrosidad anteriores al delito e incluso de otros posteriores al mismo, instaurando para unos y otros un sistema de imposición de correlativas e idóneas medidas de seguridad.
Respetaba con ello el legislador el indispensable principio de legalidad, amparador de las garantías individuales, y con la valoración de las principales conductas antisociales en aquel momento existentes establecía índices definidores de las mismas que eludían toda posible arbitrariedad. La competencia en esta materia fue, con criterio judicialista, conferida a los Jueces de Instrucción especialmente designados, quienes declaraban la peligrosidad e imponían las medidas consiguientes, a través de sentencias indeterminadas y con el ejercicio de la facultad electiva entre varias medidas en cada caso, casi siempre con límites dosificados de acuerdo con los índices de peligrosidad. En el plano procesal, la Ley arbitró un procedimiento ajustado a un criterio de simplicidad y urgencia. Las medidas de seguridad, en resumen, tendían a apartar temporalmente de la vida social al peligroso, pero con el fin de darle educación y lograr su readaptación a la sociedad, confiriendo intervención a los órganos jurisdiccionales en la comprobación de los resultados del tratamiento impuesto.
Constituyó así la Ley de Vagos y Maleantes un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social, en cuyo campo ha producido estimables resultados. Sin embargo, los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la mutación de costumbres que impone el avance tecnológico, su repercusión sobre los valores morales, las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social y la aparición de algunos estados de peligrosidad característicos de los países desarrollados que no pudo contemplar el ordenamiento de mil novecientos treinta y tres, han determinado que la Ley referida, a pesar de los retoques parciales introducidos por disposiciones posteriores, aparezca hoy, al menos en parte, un tanto inactual e incapaz de cumplir íntegramente los objetivos que en su día se le asignaron. De ahí que para poner al día y proporcionar plena eficacia a sus normas haya parecido necesario realizar esta reforma, que manteniendo sustancialmente sin modificación los principios en que la Ley de mil novecientos treinta y tres se inspiró, adecúa su contenido a las necesidades y realidades de hoy, en beneficio de los propios sujetos a quienes la Ley haya de aplicarse y de la sociedad que debe integrarlos.
Se trata, pues, de una reforma de adaptación, que fundamentalmente tiende a conseguir los siguientes fines:
Primero.—Corregir los defectos observados en el sistema o en la aplicación de la antigua Ley, empezando por sustituir el título de «Vagos y Maleantes» por el de «Peligrosidad y Rehabilitación Social», no sólo más en línea con la terminología moderna, sino, lo que tiene superior importancia, más fielmente expresivo del fundamento y del fin de la norma, al señalar como objetivo el primordial compromiso de reeducar y rescatar al hombre para la más plena vida social.
Segundo.—Exigir y facilitar, dentro de los procedimientos regidos por esta Ley, la adquisición de un conocimiento lo más perfecto posible de la personalidad biopsicopatológica del presunto peligroso y su probabilidad de delinquir, asegurando a tal efecto que sus condiciones antropológicas, psíquicas y patológicas sean estudiadas por los técnicos y adecuadamente ponderadas. Investigación y valoración que parecen necesarias en el ámbito de unas normas que, por no integrar una ley penal construída objetivamente sobre hechos y tipos de delito, sino una serie de preceptos en función de determinadas categorías subjetivas de peligro, requieren inexcusablemente la prueba bien fundada del estado de peligrosidad del individuo.
Tercero.—Eliminar del texto aquellos estados que hoy resultan anacrónicos o inútiles por ofrecer duda de suficiente peligrosidad, así como los que representan una innecesaria superposición al delito, con la consiguiente duplicidad de pena y medida de seguridad. Por esta causa han desaparecido los preceptos relativos a una serie de supuestos: la posesión no justificada de dinero, los juegos prohibidos, la venta de bebidas alcohólicas y favorecimiento de la embriaguez, la ocultación de nombre o uso de documentación falsa de identidad, la incitación al terrorismo y al atraco, la comisión de delitos imposibles, así como otros estados de peligrosidad análogos, opuestos al legalismo ineludible que el tratamiento de estas cuestiones reclaman.
Cuarto.—Modificar otros estados, como los referentes a quienes realicen actos de homoxexualidad, la mendicidad habitual, el gamberrismo, la migración clandestina y la reiteración y reincidencia, matizándolos con retoques que harán más exigente la apreciación de estas figuras, al tiempo que eliminarán toda posible ambigüedad de las mismas.
Quinto.—Establecer las nuevas categorías de estados de peligrosidad que las actuales circunstancias sociales demandan por ofrecerse ciertamente como reveladoras de futuras y probables actividades delictivas o de presentes y efectivas perturbaciones sociales con grave daño o riesgo para la comunidad, tales como las referentes al ejercicio habitual de la prostitución y al tráfico de estupefacientes; a la situación de los menores de veintiún años en ciertas condiciones de perversión moral y en ausencia de protección familiar; a aquellos que, aun mayores de edad, se agrupan en bandas y pandillas con actividades reveladoras de evidente predisposición delictiva: a los portadores de armas u otros objetos idóneos para la agresión; a los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de material pornográfico, y a los autores de inexcusables contravenciones de circulación por conducción peligrosa. Asimismo parece oportuno incluir en la relación de peligrosidad social a quienes, como los enfermos mentales cuando estuvieren abandonados y sin adecuado tratamiento, constituyen, por desgracia y sin ninguna voluntariedad por su parte, un riesgo efectivo para la comunidad, por lo que, tanto en interés social como en su propio bien, deben ser objeto de un régimen preventivo que permita lograr su curación y poner remedio a su potencial peligrosidad.
Sexto.—Reducir la duración del internamiento en establecimientos de custodia; actualizar la cuantía de las multas y ampliar el catálogo de las medidas con internamiento en establecimientos de reeducación y preservación, arrestos de fin de semana, privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo: prohibición de visitar establecimientos de bebidas y otros lugares; clausura de locales y reprensión judicial; retornando, por último, a la indeterminación absoluta de las medidas para los ebrios y toxicómanos por estar más en función de la necesidad curativa.
Séptimo.—Expresar de forma más simple y precisa los preceptos que hacen referencia a la organización jurisdiccional, competencia y procedimiento, imprimiendo mayor celeridad en éste y acentuando los principios de contradicción e inmediación judicial. En esta vertiente se suprime la facultad de los Tribunales de lo Criminal de declarar el estado peligroso; se regula y facilita la defensa del sujeto a expediente en ambos grados jurisdiccionales, así como los ceses de las medidas y los juicios de revisión, cuando aparezcan síntomas de regeneración, y se duplican, con las mayores garantías de la doble instancia las posibilidades de impugnación de las resoluciones judiciales al conceder recurso de apelación contra los autos de revisión.
Octavo.—Adoptar, en orden a la ejecución de las medidas de seguridad, un sistema basado en la unicidad, continuidad y diligencia, como elementos primordiales de todo proceso de profilaxis y reincorporación social, que pretende que tanto la función de señalar tratamiento como la de realizarlo se reúnan en el orden judicial, a fin de que éste, en contacto con el peligroso pueda dirigir las modalidades de ejecución, sin menoscabo de las facultades que corresponden a la autoridad administrativa.
Noveno.—Finalmente, la Ley se preocupa de la creación de nuevos establecimientos especializados donde se cumplan las medidas de seguridad, ampliando los de la anterior legislación con los nuevos de reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad, ejerzan la prostitución y para los menores, así como los de preservación para enfermos mentales; establecimientos que, dotados del personal idóneo necesario, garantizarán la reforma y rehabilitación social del peligroso, con medios de la más depurada técnica y mediante la intervención activa y precisa de la autoridad judicial especializada.
Estos son los fines humanos y sociales que persigue la Ley, no limitados a una pragmática defensa de la sociedad, sino con los propósitos ambiciosos de servir por los medios más eficaces a la plena reintegración de los hombres y de las mujeres que, voluntariamente o no hayan podido quedar marginados de una vida ordenada y normal.
En su virtud y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar.
Quedan sometidos a las prescripciones de la presente Ley los mayores de dieciséis años que se encuentren comprendidos en sus artículos segundo, tercero y cuarto.
Los menores de dicha edad que puedan considerarse incluidos en los dos primeros preceptos citados, serán puestos a disposición de Ios Tribunales Tutelares de Menores.
Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes:
A) Resulten probadamente incluídos en alguno de los supuestos de este artículo, y
B) Se aprecie en ellos una peligrosidad social.
Son supuestos del estado peligroso los siguientes:
Primero. Los vagos habituales.
Segundo. Los rufianes y proxenetas.
Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad.
Cuarto. Los que habitualmente ejerzan la prostitución.
Quinto. Los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología.
Sexto. Los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos.
Séptimo. Los ebrios habituales y los toxicómanos.
Octavo. Los que promuevan o realicen el ilícito tráfico o fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que produzcan análogos efectos; y los dueños o encargados de locales o establecimientos en los que, con su conocimiento, se permita o favorezca dicho tráfico o consumo, así como los que ilegítimamente posean las sustancias indicadas.
Noveno. Los que, con notorio menosprecio de las normas de convivencia social y buenas costumbres o del respeto debido a personas o lugares, se comportaren de modo insolente, brutal o cínico, con perjuicio para la comunidad o daño de los animales, las plantas o las cosas.
Décimo. Los que integrándose en bandas o pandillas manifestaren, por el objeto y actividades de aquéllas, evidente predisposición delictiva.
Undécimo. Los que sin justificación lleven consigo armas u objetos que, por su naturaleza y características, denoten indudablemente su presumible utilización como instrumento de agresión.
Duodécimo. Los que de modo habitual o lucrativo faciliten la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallen autorizados para ello.
Decimotercero. Los autores de inexcusables contravenciones de circulación por conducción peligrosa.
Decimocuarto. Los menores de veintiún años abandonados por la familia o rebeldes a ella, que se hallaren moralmente pervertidos.
Decimoquinto. Los que, por su trato asiduo con delincuentes o maleantes y por la asistencia a las reuniones que celebren, o por la retirada comisión de faltas penales, atendidos el número y la entidad de éstas; revelen inclinación delictiva.
Serán de aplicación los preceptos de esta Ley a los enfermos y deficientes mentales que, por su abandono o por la carencia de tratamiento adecuado, signifiquen un riesgo para la comunidad.
También podrán ser sometidos a los preceptos de esta Ley los condenados por tres o más delitos, en quienes sea presumible la habitualidad criminal, previa expresa declaración de su peligrosidad social.
Son medidas de seguridad:
Primera. Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso dentro del cuadro de clasificación que reglamentariamente se establezca, por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años, cuando se trate de internamiento en establecimiento de custodia, y por el tiempo mínimo que fije la sentencia o el auto de revisión y máximo de tres años, cuando se imponga internamiento en establecimiento de trabajo.
Segunda. Internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años.
Tercera. Internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su defecto, cese el estado de peligrosidad social.
Cuarta. Arresto de cuatro a diez fines de semana
Quinta. Aislamiento curativo en casas de templanza hasta su curación.
Sexta. Sumisión obligatoria a tratamiento ambulatorio en centros médicos adecuados hasta la curación,
Séptima. Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo por tiempo no inferior a un mes ni superior a dos años.
Octava. Clausura del establecimiento de un mes a un año. Esta clausura no afectará a la relación laboral del personal que preste servicios en el establecimiento.
Novena. Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado por tiempo no superior a cinco años.
Décima. Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. La duración de esta medida será fijada con el límite máximo de cinco años.
El sujeto prevenido quedará obligado a declarar el domicilio que escoja y los cambios que se produzcan.
Undécima. Prohibición de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas y los lugares donde se hayan desarrollado las actividades peligrosas, durante el tiempo que se fije no superior a cinco años.
Duodécima. Expulsión del territorio nacional cuando se trate de extranjeros. El sujeto a esta medida de seguridad no podrá volver a entrar en España durante el plazo de cinco años.
Decimotercera. Reprensión judicial.
Decimocuarta. Sumisión a la vigilancia de la autoridad.
Esta vigilancia será ejercida por delegados especiales y tendrá el carácter de tutelar y de protección.
Los delegados cuidarán de proporcionar trabajo según su aptitud y conducta, a los sujetos a su vigilancia.
La duración de esta medida será de uno a cinco años y podrá ser reemplazada por caución de conducta.
Decimoquinta.—Multa de mil a cincuenta mil pesetas.
Decimosexta.—Incautación, en favor del Estado, del dinero, efectos e instrumentos que procedan.
Las medidas de seguridad se aplicarán a los sujetos declarados en estado peligroso de la forma siguiente:
Primero.—A los vagos habituales se les impondrán, para que las cumplan sucesivamente, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de trabajo.
b) Obligación de declarar su domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Segundo.—A los rufianes y proxenetas, a los mendigos habituales y a los que vivan de la mendicidad ajena o exploten menores, enfermos, lisiados o ancianos se les aplicarán, para que las cumplan sucesivamente, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de trabajo, adecuado a las condiciones personales del sujeto y, en su caso, incautación del dinero.
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.
A los proxenetas se les clausurará además el establecimiento donde hubieren tenido lugar sus actividades.
Tercero.—A lis que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Cuando los peligrosos del número cuarto del artículo segundo sean del sexo masculino, se les impondrá para su cumplimiento sucesivo:
a) Internamiento en establecimiento de trabajo y multa, y
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Cuarto.—A las que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología se les impondrá, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.
b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.
Quinto.—A los ebrios habituales y toxicómanos se les aplicarán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, según proceda, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Aislamiento curativo en casas de templanza.
b) Tratamiento ambulatorio.
c) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
d) Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado y sumisión a la vigilancia de los delegados.
e) Además, a los toxicómanos, incautación de los efectos ocupados, y a los ebrios habituales, prohibición de visitar establecimientos de bebidas.
Sexto.—A los relacionados en el número octavo del artículo segundo se les impondrán simultáneamente las tres medidas siguientes:
a) Internamiento en un establecimiento de trabajo.
b) Incautación del dinero y efectos procedentes.
e) Multa.
d) Sucesivamente se les aplicará la prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.
e) Además, a los dueños de los establecimientos se les clausurará, en su caso, el local.
Séptimo—A los comprendidos en los números noveno, décimo y undécimo del artículo segundo se les aplicarán, simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación o de trabajo.
b) Arresto de fines de semana.
c) Multa.
d) Reprensión judicial.
e) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos.
f) Sumisión a la vigilancia de los delegados.
g) Incautación de los efectos e instrumentos procedentes.
A los comprendidos en los números noveno y décimo se les podrá imponer, además, para su cumplimiento posterior al internamiento, la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo.
Octavo.—A los comprendidos en el número duodécimo del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de trabajo, multa e incautación del dinero y efectos procedentes.
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados, y, además, privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
Novena.—A los comprendidos en el número trece del artículo segundo se les impondrá la privación del permiso de conducción de vehículos de motor o la prohibición de obtenerlo.
Décimo.—A los menores de veintiún años a que se refiere el número catorce del artículo segundo se les aplicarán, simultánea o sucesivamente, todas o algunas de las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación.
b) Arresto de fines de semana.
e) Reprensión judicial.
d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares públicos.
e) Sumisión a la vigilancia de los delegados.
Undécimo.—A los que observaren la conducta reveladora de inclinación al delito definida en el número quince del artículo segundo se les impondrán, para su cumplimiento simultáneo o sucesivo, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo.
b) Arresto de fines de semana.
e) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
d) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Duodécimo.—A los enfermos y deficientes mentales que se encuentren en la situación a que se refiere el artículo tercero se les aplicarán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de preservación hasta que sea necesario.
b) Sumisión a la vigilancia de los delegados.
Decimotercero.—A los declarados peligrosos conforme al artículo cuarto se les aplicarán, para su cumplimiento simultáneo o oculto, alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de custodia o de trabajo.
b) Privación del permiso de conducción de vehículos de motor o prohibición de obtenerlo.
c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Si los declarados peligrosos fueren extranjeros, el Juez podrá imponerles las medidas del artículo precedente que correspondan o la de expulsión del territorio nacional, sin perjuicio de aplicarles, además, las que sean compatibles con dicha expulsión y figuren en cada supuesto de peligrosidad
La facultad de declarar el estado peligroso e imponer las respectivas medidas de seguridad corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria a través de los Jueces de Instrucción. Deberá existir uno al menos por cada provincia, con cometido único cuando así se establezca, o simultáneo con el que le está asignado en el orden jurisdiccional penal.
En todo caso, los Juzgados de cabeza de partido realizarán las actuaciones precisas en orden a esta Ley, por delegación o en funciones de prevención, y remitirán las diligencias que ante ellos se inicien al Juzgado que corresponda, conforme a lo que en este artículo se establece.
La competencia territorial se determinará por el lugar en que de modo principal se haya manifestado la presunta peligrosidad.
El nombramiento de los Jueces con cometido único se realizará según las normas que rigen el de los restantes Jueces de Instrucción, y será título preferente para su designación la especialización que se acredite en la forma que reglamentariamente se determine.
Para conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los Jueces a quienes se encomienda la aplicación de la presente Ley existirán salas especiales en las Audiencias que al efecto se designen, integradas por tres Magistrados, con o sin revelación de sus otras funciones, cuya sede y competencia territorial se establecerá por el Gobierno.
El nombramiento de los Magistrados de estas Salas, cuando tengan cometido único, se realizará según las normas que rigen la designación de los Magistrados, siendo título preferente el mencionado en el párrafo cuarto del artículo anterior.
Estas Salas, dentro del ámbito territorial de su competencia, serán órgano superior de los Juzgados dedicados a aplicar esta Ley.
Los Juzgados cuyo único cometido sea la aplicación de esta Ley tendrán adscritos permanentemente los funcionarios del Ministerio Fiscal que se precisen. En los demás, el servicio se atenderá por los funcionarios de la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia correspondiente.
A las Salas de Apelación se adscribirán los funcionarios del Ministerio Fiscal que se juzgue necesario. Estos nombramientos se realizarán conforme a sus normas orgánicas.
Con arreglo a las normas orgánicas de los Cuerpos respectivos se efectuarán los nombramientos de Secretarios de los Juzgados y Salas de Apelación, así como del restante personal facultativo, auxiliar y subalterno.
El procedimiento para la declaración del estado de peligrosidad y aplicación de las medidas de seguridad podrá promoverse a petición del Ministerio Fiscal o de oficio: en este caso, bien por ciencia propia o por denuncia de la Policía Judicial o de particulares.
Se seguirá expediente individual para cada denunciado o presunto peligroso, sin posibilidad de acumulación a otros.
Cuando un Tribunal o Juzgado que entienda de un proceso penal conozca, por razón del mismo, de alguna conducta que pueda estar incursa en alguno de las estados de peligrosidad que definen los artículos segundo, tercero y cuarto de la presente Ley remitirá testimonio de los antecedentes necesarios al Juzgado a quien competa la tramitación del expediente de peligrosidad.
Las Juzgados encargados de la aplicación de esta Ley y las Salas especiales que establece el artículo noveno remitirán asimismo a los Juzgados competentes testimonio de situaciones de las que puedan resultar la comisión de hechos delictivos o la participación de los encartados en ellos.
Los Fiscales promoverán, y la Policía judicial practicará, las diligencias de investigación de conducta que puedan determinar la incoación de expedientes de peligrosidad social, o constituir elementos de juicio que deban ser tenidos en cuenta en los mismos.
Iniciado el expediente se pondrá en conocimiento del Presidente y del Fiscal de la Sala de Apelación que corresponda.
Las actuaciones comenzarán por una fase de averiguación en la que intervendrá el Ministerio Fiscal.
En dicha fase, el Juez oirá a la persona afectada sobre los extremos que motiven el expediente, su identidad personal, estado, si tiene hijos o menores sometidos a tutela y sus edades, profesión u oficio, domicilio o residencia, y manera de vivir durante los cinco años anteriores, consignándose circunstancialmente las respuestas que diere. También reclamará informes de conducta y antecedentes penales y policiales de la misma, así como cuanto sea preciso para corroborar su edad e identidad personal, reseñando o uniendo los documentos que aquélla pueda presentar al propio fin.
Acordará, asimismo, el Juez la investigación antropológica, psíquica y patológica del sujeto a expediente, mediante dictamen pericial médico; y cuando estuviese especialmente indicado, recabará información sobre sus factores familiares y sociales a técnicos o instituciones idóneas y llevará a cabo las restantes diligencias de comprobación que estime necesarias.
Las diligencias a que se refiere el artículo anterior habrán de practicarse en el plazo improrrogable de quince días, transcurrido el cual o una vez recibidos los informes reclamados y realizadas las demás comprobaciones que el Juez haya acordado de oficio o a instancia del Fiscal, oído éste, acordará el archivo del expediente o dará vista de lo actuado al presunto peligroso, quien, desde este momento o desde que el Juez decida adoptar alguna medida cautelar, será instruido de sus derechos y podrá intervenir en el expediente, designando Procurador que le represente y Letrado que le defienda, los que, en otro caso, se le nombrarán en la forma prevenida en el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el supuesto de dársele vista, el presunto peligroso podrá proponer en el plazo de cinco días los medios de prueba, admisibles en derecho, que a su descargo convengan.
Contra el auto que acuerde el archivo de las actuaciones podrá recurrir en apelación el Fiscal, siendo observable, en la interposición y sustanciación del recurso, en cuanto sean aplicables las disposiciones de los artículos veintidós y veintitrés de la presente Ley.
El Juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares con relación al presunto peligroso:
Primera.—La detención, si no pudiera ser citado o careciere de domicilio conocido.
Segunda.—Declararle rebelde, si dejare de comparecer sin justa causa al llamamiento judicial, acordando su internamiento preventivo.
Tercera.—El internamiento preventivo, en caso de estado de evidente indicio de peligrosidad y si las circunstancias lo hicieren necesario.
El internamiento se realizará, en cuanto sea posible, en los establecimientos que correspondan al supuesto de peligrosidad por el que se siga el expediente.
El auto de internamiento no necesitará ser ratificado y contra él procederá el recurso de reforma.
El Juez resolverá sobre la admisión de las pruebas con arreglo a derecho.
Las pruebas admitidas se practicarán contradictoriamente en el plazo de doce días, si han de tener lugar en la sede del Juzgado, y de veinte, si hubieran de practicarse fuera de la misma.
El Juez, practicadas las pruebas, oirá al Fiscal y al Abogado del presunto peligroso en un plazo sucesivo de cinco días, durante el cual producirán por escrito las alegaciones procedentes, que se unirán al expediente.
Si la parte dejare de utilizar este trámite, se le tendrá por decaído en su derecho y el expediente seguirá el curso debido.
Transcurrido dicho plazo, el Juez, dentro de los tres días siguientes, dictará resolución en forma de sentencia, que habrá de contener uno de los dos pronunciamientos siguientes:
a) Declarar probada la peligrosidad social del sujeto a expediente y su inclusión en alguno de los supuestos de los artículos segundo, tercero y cuarto, consignando los hechos que lo acrediten y señalando las medidas de seguridad aplicables.
b) Declarar que no ha lugar a la adopción de medidas de seguridad por no darse las condiciones del estado de peligrosidad o por ser infundada la denuncia.
La sentencia se notificará al Fiscal y al sujeto a expediente en el siguiente día.
Cuando se rechace la denuncia por infundada podrá el denunciado, previa autorización del Juez, ejercitar las acciones penales que procedan contra el denunciante.
El Fiscal y el interesado podrán interponer recurso de apelación contra la sentencia del Juez en el plazo de tres días, a contar desde la notificación. El Juez acordará emplazar al Ministerio Fiscal y a la parte para que comparezcan ante la Sala especial que corresponda dentro del décimo día.
La Sala designará, cuando sea preciso, Abogado y Procurador al pregunto peligroso en la forma prevenida en esta Ley.
El Fiscal y el sujeto a expediente podrán proponer a la Sala, al personarse, y ésta acordar, si lo estima pertinente que se reitere ante la misma el examen de los testigos y la ampliación de las diligencias practicadas por el Juez, así como la práctica de las pruebas que, propuestas ante el Juzgado, fueron indebidamente denegadas y de las que, admitidas, no se llevaron a cabo por causas no imputables a las partes.
El Tribunal, además, podrá acordar de oficio las diligencias que estime oportunas y nueva audiencia del interesado.
Las diligencias de prueba acordadas se practicarán con intervención del Fiscal y de la parte.
Las pruebas se practicarán en el plazo de doce días y, previa instrucción sucesiva de las partes, con entrega del expediente por tres días a cada una, se celebrará la vista oral dentro de los diez días siguientes, sin la presencia del sujeto a expediente, a menos que éste lo solicitase y la Sala lo estimara conveniente.
La sentencia se dictará dentro del tercer día, y contra ella no procederá recurso alguno, salvo el juicio de revisión para va cancelación, confirmación, sustitución, reducción o prolongación de todas o algunas de las medidas de seguridad, a tenor de lo establecido en el capítulo IV de este título y lo dispuesto sobre ejecución de medidas de seguridad en el artículo veintiséis.
La ejecución de las medidas de seguridad corresponderá a los Juzgados encargados de la aplicación de esta Ley.
Firme la sentencia o el auto de revisión, el Juez cuidará del cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas y del tratamiento eficaz del peligroso, con el fin de que se observe cuanto la Ley y el Reglamento preceptúen sobre el particular.
Si concurriere con las medidas de seguridad impuestas alguna pena total o parcialmente pendiente de ejecutar, y aquéllas y ésta no fueren susceptibles de cumplimiento simultáneo, se ejecutará preferentemente la pena.
El Juez, previo informe de la Junta de Tratamiento, cuya composición y funciones se fijarán reglamentariamente, o, en su defecto, del delegado que tenga a su cargo la vigilancia del peligroso social o de quien proceda recabarlo, podrá acordar, con audiencia del Fiscal, el cese de la medida impuesta que corresponda y la sustitución, en su caso, por la sucesiva, según vaya cumpliéndose el mínimo de las mismas, y en las que no tengan mínimo, cuando transcurra, por lo menos, la tercera parte de su duración. Se acordará siempre, sin más trámites, cuando se cumpla el máximo o se alcance, en las de Internamiento por tiempo indeterminado, la condición fijada para ello en la ley, en la sentencia o en el auto de revisión, o cuando se considere que ha cesado el estado peligroso.
También acordará el Juez la cancelación definitiva del expediente por cumplimiento de la medida, cuando fuere única, o por extinción de la última en las de aplicación sucesiva.
Mediante el juicio de revisión puede el Juzgado cancelar, confirmar, sustituir, reducir o prolongar las medidas de seguridad que se hubieren acordado.
La revisión de las medidas de seguridad corresponde al Juzgado que hubiere conocido del expediente en que ea impusieron aquéllas.
Si la resolución se hubiere dictado por la Sala correspondiente, y no fuera totalmente confirmatoria de la sentencia o auto de primera Instancia, el Juzgado elevará propuesta de revisión a aquélla para su aprobación.
El Fiscal y el declarado peligroso podrán promover el juicio de revisión en el caso del número primero del articulo siguiente. En los de los números segundo y tercero del propio artículo, el juicio podrá iniciarse por el Fiscal, o de oficio cuando el Juez tuviere noticia, por ciencia propia o por denuncia de la Policía o de particulares de que concurren aquellas circunstancias.
Procederá el juicio de revisión:
Primero.—Por modificación del grado de peligrosidad social o por la terminación de este estado.
En el primer supuesto, el declarado peligroso no podrá promover el juicio de revisión hasta que haya transcurrido el mínimo señalado en la Ley, en la sentencia o en el auto de revisión para la medida que se pretenda revisar; en las que no tengan mínimo, hasta que transcurra la tercera parte de su duración a partir de la iniciación de su cumplimiento, salvo si fuere la de obligación o prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, que podrá promoverse en cualquier momento posterior al comienzo de su ejecución, y en las de internamiento por tiempo indeterminado, basta que transcurran cuatro meses desde el principio del mismo.
Segundo.—Por haber quebrantado el peligroso cualesquiera de las medidas a que hubiere sido sometido.
Tercero.—Cuando por su conducta posterior a la sentencia o al auto de revisión, y anterior a la extinción de todas las medidas impuestas, incurriere nuevamente en cualesquiera de los estados de peligrosidad de los artículos segundo, tercero y cuarto de esta Ley.
Iniciado el juicio de revisión, el Juez oirá al declarado peligroso social sobre el hecho que lo motive, así como sobre su ocupación o manera de vivir si hubiere permanecido en libertad, y ordenará que dentro del plazo de doce días se practiquen las investigaciones, informaciones y comprobaciones que estime necesarias o útiles de las previstas en el artículo dieciséis, incluso a instancia del Fiscal o del peligroso, siendo éste asistido por el Abogado y el Procurador que hubieran asumido su defensa y representación en el expediente o por los que designe o previamente se le nombren de acuerdo con lo dispuesto en el artículo diecisiete. También podrá el Juez adoptar, si procediere, las medidas del artículo diecinueve.
Seguidamente dará visto de lo actuado al Fiscal y al declarado peligroso por plazo sucesivo de tres días, para que, por escrito, el primero informe y el segundo haga las alegaciones de descargo que le convinieren.
Evacuados tales trámites, el Juez dictará auto dentro del tercer día, en el que acordará la revisión o declarará no haber lugar a ella. Este auto se notificará al Fiscal y a la parte.
En el plazo de tres días el declarado peligroso social podrá interponer, contra el auto de revisión, recurso de apelación, si las medidas acordadas excedieran del tiempo máximo por el que se impusieron en la sentencia o en el anterior auto de revisión, o se sustituyeran por otras, o las nuevas impuestas fueran de distinta naturaleza; y sin ninguna limitación si el juicio de revisión lo hubiera promovido él, en el supuesto del número uno del artículo treinta. El Fiscal podrá recurrir, en el mismo plazo, cualquiera que sea el auto dictado.
El Juez acordará emplazar al Fiscal y a la parte para que comparezcan ante la Sala de Apelación correspondiente dentro del quinto día. La apelación se tramitará en la forma prevenida en el artículo veintitrés.
El sujeto a medidas de seguridad podrá recurrir ante el Juez de Instrucción de su residencia o ante el encargado de la aplicación de esta Ley en su territorio, de todo exceso o abuso que pudiera haberse cometido en la ejecución de la medida acordada.
En el primer caso, el Juez de Instrucción remitirá los antecedentes al competente para su aplicación de esta Ley. Éste, previa la práctica de las diligencias que estime convenientes y oídos el Fiscal y la parte, podrá acordar las disposiciones pertinentes para corregir el exceso o abuso comprobado, sin perjuicio de lo demás que proceda. De esta resolución se dará cuenta en todo caso a la Sala de Apelación correspondiente.
La resolución se notificará al interesado, quien podrá recurrir contra la misma, ante dicha Sala, asistido de Abogado y Procurador.
En todo lo referente al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad serán supletoriamente aplicables, en primer término, las disposiciones del título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su defecto, los demás preceptos de la misma, salvo en cuanto a recursos, que no se admitirán otros que los expresamente restablecidos en la presente Ley.
Las medidas de seguridad prescribirán:
a) A los diez años, si se trata de internamiento en establecimiento de custodia o de trabajo.
b) A los cinco años, si se trata de internamiento en asilos curativos de templanza o en establecimientos de preservación y reeducación, o de sumisión a la vigilancia de los delegados.
c) A los tres años, en cualquier otro caso.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que quedó firme la resolución en que se impuso la correspondiente medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse la que se trate, o desde aquel en que se hubiera interrumpido irregularmente su ejecución.
Sí la medida de seguridad fuera en su cumplimiento posterior al de una pena, se computará el plazo desde la extinción de tal condena.
En todo caso, los plazos de prescripción establecidos en el presente artículo quedan interrumpidos si el peligroso fuera condenado por razón de delito.
La presente Ley entrará en rigor a los seis meses de su promulgación.
Las medidas de seguridad aplicables a los peligrosos sociales se regirán, en cuanto a su efecto retroactivo, por lo establecido en los artículos veintitrés y veinticuatro del Código Penal.
Antes de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia habilitará los establecimientos adecuados, a los que dotará de personal idóneo para la aplicación de las medidas de seguridad y rehabilitación, y someterá al Gobierno el proyecto de Reglamento que desarrolle el contenido de la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno para proceder a la enajenación de los inmuebles que se desafecten del Servicio de Instituciones Penitenciarias, aun cuando su valor exceda del límite señalado en el artículo sesenta y dos de la Ley del Patrimonio del Estado, siempre que su importe vaya a ser reinvertido en la modernización, mejora o nueva instalación de dependencias adscritas al citado Servicio. En estas reinversiones se concederán preferencia, en lo posible, a los establecimientos que deberán habilitarse para la ejecución de las medidas de seguridad previstas en esta Ley.
Se establecerán en el Ministerio de Justicia, en las Salas Especiales de Apelación, en la Dirección General de Seguridad, o en los Centros que ésta designe, y en la Jefatura Central de Tráfico, los registros especiales que sean necesarios con arreglo al Reglamento que se dicte.
Se autoriza al Gobierno para revisar, en la medida indispensable, las plantillas de destinos del personal de la Administración de Justicia para que pueda dotar convenientemente los Juzgados y Tribunales encargados de la aplicación de esta Ley.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de la Presidencia, adapte por Decreto las normas contenidas en la presente Ley a la jurisdicción militar en los casos en que pudiera ser competente, conforme al capítulo II, título I. Tratado Primero del Código de Justicia Militar, de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
Se deroga la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, y sus complementarias o modificativas de veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y cinco, cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y veinticuatro de abril de mil novecientos cincuenta y ocho.
El Gobierno, antes de la entrada en vigor de esta Ley y por Decreto, a propuesta de los Ministerios de Justicia y de Gobernación, adaptará los preceptos del Código de la Circulación que resulten afectados a lo dispuesto en la presente Ley.
Dada en el Pazo de Meirás a cuatro de agosto de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL Y NEBREDA
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