Resolución de 31 de julio de 1990, de la Dirección General de Puertos y Costas, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, interpuesto por el Abogado del Estado, sobre imposición de sanción y demolición de obras.
Publicado en:
«BOE» núm. 227, de 21 de septiembre de 1990, páginas 27664 a 27664 (1 pág.)