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Con fecha 2 de marzo de 1976 se aprobó por el entonces Director del Registro de la Propiedad Industrial una Resolución sobre delegación de funciones en el Secretario general del organismo. Las razones que entonces se alegaban se mantienen, incrementadas en estos momentos, habida cuenta el límite establecido en 500.000 pesetas en la disposición de los gastos propios del organismo y los correspondientes pagos.

Por ello y con la finalidad de lograr una mayor agilidad en la gestión de los servicios se hace necesario delegar el ejercicio de aquellas competencias que, reuniendo los requisitos legales, son perfectamente atendibles por la Secretaria General, habida cuenta la excesiva acumulación de funciones de esta Dirección, que podría obstaculizar la necesaria celeridad en la resolución de los asuntos e ir en detrimento de la atención y estudio que ha de dedicarse a las cuestiones de más acusado interés.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Orgánico del Registro de la Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto 2573/1977, de 17 de junio, hoy Oficina Española de Patentes y Marcas, en virtud de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,

Esta Dirección ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se delega en el Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas las siguientes funciones en materia de administración financiera:

a) Autorizar y disponer los gastos propios del organismo dentro de los créditos autorizados y hasta un límite de 5.000.000 de pesetas, así como ordenar los pagos correspondientes.

b) Aprobar los expedientes de contratación y el correspondiente gasto dentro del indicado límite de 5.000.000 de pesetas, así como acordar la adjudicación de los correspondientes contratos.

c) Suscribir en nombre del organismo los documentos necesarios para la formalización de los contratos de obras, servicios y suministros por la cuantía máxima indicada en los apartados anteriores.

d) Ejercer las funciones que a los Jefes de las dependencias atribuye el artículo 40 del Reglamento de la Ordenación de Pagos del Estado de 24 de mayo de 1891.

Segundo.-La delegación de facultades objeto de la presente Resolución es revocable en cualquier momento y no será obstáculo para que el Director del organismo pueda recabar el conocimiento y resolución de cualquier asunto objeto de esta delegación.

Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Queda derogada la Resolución de 2 de marzo de 1978.

Madrid, 22 de febrero de 1995.-El Director general, Julián Alvarez Alvarez.