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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 7 de marzo de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 828/1991, en el que son partes, de una, como demandante, don Francisco Javier González Mañas, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 26 de marzo de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del propio Departamento, de fecha 21 de noviembre de 1990, sobre participación en concurso para grupos C y D.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso, interpuesto por la representación de don Francisco Javier González Mañas, funcionario de carrera de la Escala Auxiliar de la UNED, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 21 de noviembre de 1990 y 26 de marzo de 1991, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que confirmamos por considerarlas ajustadas al ordenamiento jurídico en cuanto a los extremos impugnados y sustanciados en los presuntos autos.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.