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En el recurso contencioso-administrativo número 1/1.982/1991, interpuesto por doña Mercedes Baños Lozano y 51 más, contra las desestimaciones de las solicitudes formuladas por los referidos demandantes al Consejo de Ministros sobre indemnización de los daños y perjuicios derivados de la aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 24 de enero de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Elías López Arevalillo, en nombre y representación de doña Mercedes Baños Lozano, doña Vitalina Caballero Sandoval, doña Adelina Cancelo García, doña Carmen Domínguez Baca, doña Manuela Fernández Cadierno, doña Teodora Fresno Fernández, doña Pilar Fuciños Gayoso, doña Tomasa García Vaca, don Cándido Luis González Martínez, don Benigno Gutiérrez López, don Antonio Justel Carracedo, don Isidoro Alejandro López Caride, don Miguel López Vidales, don Elías Miguélez López, don Julián Morales Vázquez de Castro, doña María del Rosario Plaza García, doña Enedina Valladares García, doña Nelly Valle Casares, don Manuel Montalbo González, doña Olvido Delfina Díez Rodríguez, doña Angeles Olga Fierro Fernández, doña María Antonia Llamazares Andrés, don Evelio Prieto García, don Carlos Panizo Alonso, don Felipe Cardeñoso León, doña María Carmen Fernández Bartolomé, doña Evangelina Pereda Fernández, don Julio Alonso Blanco, don Fulgencio Alonso Mateos, don Arturo Avila Gallego, don Francisco Barrientos Vacas, doña María Concepción Blanco Alvarez, don Aureliano Criado Olmos, doña Ramona Díez Domínguez, don Benito Fraile Alonso, don Alfonso González Flórez, don José Manuel Hernández Arenal, doña Delfina Amparo Martínez Charro, doña Julia Esperanza Pascual García, don Estanislao Verdejo Domínguez, don Ramón Ruiz García, don David Menéndez Alvarez, don Santiago Martín Galindo, don Emilio Luna Garrido, don Felipe Gómez Fernández, don Emilio Figueroa Limañana, don Enrique Fernández Feo, doña Aurelia Fernández Fernández, don Julio Benavides González, don José Alvarez Beltrán, don Pedro Alvarez Beltrán y don José Díez Orejas, contra las desestimaciones de las solicitudes formuladas por los referidos demandantes al Consejo de Ministros sobre indemnización de los daños y perjuicios derivados de la aplicación del artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimammos todas las pretensiones formuladas por aquéllos en la súplica de la demanda, sin hacer expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este juicio.»

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de mayo de 1995, ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 23 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.