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Por resolución de 23 de junio de 1995 de la Secretaría General de Justicia, se convocó concurso público para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos.

Transcurrido el plazo fijado para la presentación de solicitudes y evacuado informe por el Fiscal Jefe correspondiente, a propuesta del Fiscal general del Estado y de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre),

He acordado los siguientes nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos:

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: Doña Ana Bujedo Gutiérrez.

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: Doña Concepción Martínez Martín.

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva: Don Ignacio Garijo Pérez.

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo: Doña María del Carmen Sanz Morán.

Adscripción permanente de Verín de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Orense: Don Juan Manuel Castro Rodríguez.

Los presentes nombramientos extenderán sus efectos desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 31 de agosto de 1996, salvo que se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 5.2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio.

Por el Fiscal Jefe correspondiente se comunicará a la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia si los Abogados Fiscales sustitutos desarrollan sus actuaciones de forma continua o discontinua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio, antes citado.

Esta Orden pone fin a la vía administrativa; contra la misma podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, previa comunicación a este centro directivo (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, 27 de julio de 1995.-P. D. (Orden delegación de 20 de julio de 1994), el Secretario general de Justicia, Fernando Escribano Mora.