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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 24 de febrero de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 2.505/1989, en el que son partes, de una, como demandantes, don Francisco Jiménez Prados y doña Isabel Camacho Rebollo, y de otra, como demandadas, la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, representada y dirigida por el señor Letrado de la misma; la Dirección General de la Función Pública, representada y dirigida por el señor Abogado del Estado, y el Ayuntamiento de El Valle (Granada), con representación letrada.

El citado recurso se promovió contra la aprobación, por parte del citado Ayuntamiento, del baremo específico para la provisión de una plaza en el mismo por concurso de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Que rechazando las causas de inadmisibilidad aducidas y estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Francisca Medina Montalvo, en nombre y representación de don Francisco Jiménez Prados y doña María Isabel Camacho Rebollo contra el baremo específico aprobado por el Ayuntamiento de El Valle para provisión de plazas de funcionarios de habilitación de carácter nacional, debe anular y anula el citado baremo específico por no resultar ajustado a derecho en los términos referidos en el fundamento sexto, sin que haya lugar a expresa condena en costas a ninguna de las partes.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 4 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.