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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado sentencia, con fecha 7 de octubre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 471/1995, tramitado por el procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de una, como demandante, don Pelayo Manuel del Moral Martín, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 29 de marzo de 1995, por la que se convalidaba el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza), de 9 de agosto de 1994, mediante el que se incoaba expediente disciplinario al recurrente.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Rechazamos las causas de inadmisibilidad opuestas por la Administración demandada y Ministerio Fiscal frente a la sentencia impugnada.

Segundo.-Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 471 del año 1995, interpuesto por don Pelayo Manuel del Moral Martín, contra la Resolución referida en el encabezamiento de la presente resolución, declarándola nula de pleno derecho por vulnerar los artículos 24 y 23.2 de la Constitución.

Tercero.-Imponemos las costas a la Administración demandada.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.