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Visto el testimonio de la sentencia dictada en 7 de marzo de 1994, por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso número 183/1990, interpuesto por doña Carmen Trinidad García Poveda Pérez contra la denegación tácita, por silencio administrativo, de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, por los daños y perjuicios derivados de la anulación de la Orden de 10 de agosto de 1985, sobre márgenes de beneficio profesional de las Oficinas de Farmacia;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de doña Carmen Trinidad Poveda Pérez, contra la denegación, por silencio administrativo, de las solicitudes de indemnización de daños y perjuicios por aplicación de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985 y de la Resolución de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la misma fecha, declaradas nulas por sentencia de este Tribunal Supremo de 4 de julio de 1987, y condenando a la Administración al pago a la recurrente, doña Carmen Trinidad Poveda Pérez, de la cantidad de 167.270 pesetas y a los intereses legales sobre la misma, computados de acuerdo con lo establecido en el quinto fundamento de derecho de esta sentencia; sin hacer expresa declaración sobre costas procesales.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Subsecretario.