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En el recurso de apelación número 2.917/1991, interpuesto ante el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado, contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, de 17 de diciembre de 1990, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 3.461/1986, cuyo cumplimiento ya fue ordenado por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en fecha 6 de noviembre de 1995 -sobre fijación de justiprecio- se ha dictado sentencia, en fecha 4 de mayo de 1994, confirmatoria de la anterior, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso número 3.461/1986, sentencia que debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar especial imposición de costas.»

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.