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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de octubre de 1991, en el recurso contencioso-administrativo número 557/1989, en el que son partes, de una, como demandante, doña María Prado González, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 18 de abril de 1989, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 11 de julio de 1988, sobre pérdida de la condición de beneficiaria del extinto Montepío de la AISS.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales señora Otero García en nombre y representación de doña María Prado González, contra la desestimación tácita del recurso de alzada formalizado contra la resolución de MUFACE de 11 de julio de 1988, que denegó a la recurrente su condición de beneficiaria del antiguo Montepío de funcionarios de la AISS, debemos declarar y declaramos dicha resolución ajustada a Derecho; no se hace expresa condena en costas.»

Por auto de fecha 15 de febrero de 1996, del Tribunal Supremo, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la citada sentencia.

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado»para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.