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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/725/95, en el que son partes; de una, como demandante doña Cristina Quirós Sánchez, y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 30 de junio de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 13 de marzo de 1992, sobre integración en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por doña Cristina Quirós Sánchez, contra las Resoluciones del Ministerio de las Administraciones Públicas, de 13 de marzo y 30 de junio de 1992, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que se consideran ajustadas al ordenamiento jurídico, declarando su confirmación, en la denegación de la integración pretendida por la recurrente en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.