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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1473/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Eugenio Romero Ramón, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 6 de abril de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 6 de junio de 1991, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la representación de don Eugenio Romero Ramón contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 6 de junio de 1991 y 6 de abril de 1992, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que se consideran ajustadas al ordenamiento jurídico, declarando la incompatibilidad entre las actividades del sector público y privado que pretende desempeñar el recurrente, allí descritas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Función Pública.