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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.423/93, en el que son partes, de una, como demandante, don Antonio Carrasco Alix, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 3 de junio de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 22 de marzo de 1991, sobre concurso para la provisión de puestos de trabajo de los grupos C y D.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la representación de don Antonio Carrasco Alix, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 22 de marzo y 3 de junio de 1991, ésta en reposición, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que confirmamos por considerarlas ajustadas al ordenamiento jurídico en cuanto a los extremos impugnados y sustanciados en los presentes autos, que han determinado la exclusión del recurrente de participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de la Orden de 21 de noviembre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» del 27).

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.