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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sentencia, en grado de revisión, con fecha 30 de enero de 1996, en el recurso extraordinario de revisión número 708/90, en el que son partes, de una, como demandante don Fidel Gallinas González, y de otra como demandados, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado y don Esteban Alonso Conde y doña Araceli Astiarraga González, ambos con representación letrada.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 29 de enero de 1990, sobre concurso especial para cubrir plazas en la Junta de Castilla y León.

El cumplimiento de la citada sentencia de instancia fue ordenado por este Departamento Ministerial con fecha 22 de octubre de 1990.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal de don Fidel Gallinas González contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de enero de 1990 recaída en el recurso contencioso-administrativo número 976/87, con expresa condena en costas a la parte recurrente y pérdida del depósito por la misma constituido».

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.