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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 30 de abril de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 8/630/1995, en el que son partes, de una, como demandantes, doña María Pilar Albizu Rodríguez y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución de 20 de abril de 1993, de la Dirección General de la Función Pública, sobre reconocimiento de la condición de funcionarios.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por el Letrado don Juan Pedro Brobia Varona, en nombre y representación de doña María Pilar Albizu Rodríguez, doña Pilar Alcobendas Tirado, doña María Rosario Alvarez Ladera, doña María José Azofra Márquez, doña María del Carmen de la Cruz Bugallal, don Ludgerio Espinosa Gil, doña María José Garbayo Abascal, doña Natalia Carmen García-Pardo García-Lorenzana, don José Gil Fernández, doña Margarita Gómez Vispo, doña María Luisa Gómez Vispo, doña Dolores Herranz Lorente, doña Teresa Jiménez Díaz, don Manuel Justel Calabozo, doña María Felipa Lafuente Marín, don Fernando Ollero Butler, doña Pilar Pinagua Portillo, doña Paloma Saavedra Ruiz, doña María Isabel Sierra Villarias, doña María Carmen Suárez Contreras, doña Cristina Vila Carro, don Félix Moral del Cura y doña Soledad Smet Corres, contra la Resolución de la Directora general de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas de 20 de abril de 1993, sobre reconocimiento de la condición de funcionario, por ser el acto recurrido ajustado a derecho.

Segundo.-No procede hacer expresa declaración en materia de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.