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Visto el testimonio de la sentencia dictada en 24 de mayo de 1996 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en recurso contencioso-administrativo número 814/93, interpuesto por don Luis Alfredo Suárez Arias, contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 23 de junio de 1993, sobre impugnación de una minuta de honorarios formulada por el Registro de la Propiedad número 4 de Palma de Mallorca.

Teniendo en cuenta que la citada Sala del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva y que concurren, en este caso, las circunstancias previstas en el artículo 105,1,a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956;

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo:

Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo.

Segundo.-Declaramos adecuados al ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y, en consecuencia, los confirmamos.

Tercero.-No hacemos declaración en cuanto a las costas procesales.»

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 15 de julio de 1996.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.