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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 1 de junio de 1996, en el recurso de apelación número 3.878/1992, en el que son partes, de una, como apelante, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y de otra, como apelada, doña María Luisa Ferrer de Armas, que no ha comparecido ante la Sala.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en fecha 19 de diciembre de 1991, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

No procede el cumplimiento de la citada sentencia de instancia al haber sido totalmente revocada.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado, contra la sentencia número 664 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, de fecha 19 de diciembre de 1991, recaída en el recurso número 209/1989, debemos revocar dicha sentencia y desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones del Subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas de 20 de febrero de 1989, que confirmó en alzada la del Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de 30 de noviembre de 1988, declarando dichas resoluciones conformes a derecho; sin hacer una expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo VV. II.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.