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En el recurso de apelación número 1242/90, interpuesto ante el Tribunal Supremo por la representación procesal de don Emilio Martínez García, quien a su vez actúa en nombre y representación de sus hijas menores doña María Teresa y doña María Esther Martínez Zarranz, contra la sentencia de 15 de enero de 1990, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-administrativo número 124/89, interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Albacete, de 22 de diciembre de 1988, sobre justiprecio de fincas expropiadas -números 26, 26 a) y 26 b), afectadas por las obras, «Variante de La Roda. Carretera N-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 208 al 212, primera y segunda calzada. Tramo: La Roda», en el término municipal de La Roda, Albacetese ha dictado sentencia, en fecha 28 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que, estimando el recurso de apelación sostenido por el Procurador don Carlos Scasso Veganzones, en nombre y representación de don Emilio Martínez García, quien actúa como representante legal de sus hijas doña María Teresa y doña María Esther Martínez Zarranz, contra la sentencia pronunciada, con fecha 15 de enero de 1990, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso contencioso-admministrativo seguido ante la misma con el número 124 de 1989, debemos revocar y revocamos dicha sentencia, y, estimando el recurso contencioso-administrativo deducido por la representación de don Emilio Martínez García, en nombre de sus referidas hijas doña María Teresa y doña María Esther, contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Albacete, de fecha 22 de diciembre de 1988, por el que se fijó el justiprecio de las parcelas 26, 26 a), y 26 b), expropiadas a doña María Teresa y doña María Esther Martínez Zarranz para la ejecución de la obra 1-AB-254, Variante de La Roda, CN-301 de Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 208 al 212, debemos declarar y declaramos que el indicado acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Albacete no es ajustado a derecho, por lo que lo anulamos totalmente, y, estimando en parte las pretensiones formuladas en su día en la súplica de la demanda y en el escrito de conclusiones, debemos fijar y fijamos como justiprecio de los 3.622 metros cuadrados de superficie expropiados, a razón de 2.600 pesetas, la cantidad de 9.417.200 pesetas, más el 5 por 100 como premio de afección, y condenamos también a la Administración del Estado a pagar a las referidas expropiadas una indemnización por demérito habido con la división de la finca, como consecuencia de la expropiación parcial, de 132.240 pesetas, además de los intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio de todas las cantidades expresadas desde el día 12 de diciembre de 1985 hasta su completo pago, depósito o consignación eficaz, calculándose éstos, día por día, mediante la aplicación del tipo de interés legal del dinero vigente en cada momento según establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, al mismo tiempo que debemos desestimar las demás pretensiones formuladas por el demandante, sin hacer expresa condena respecto a las costas procesales causadas en ambas instancias.»

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.