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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 16 de julio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 8/528/95 en el que son partes, de una, como demandante, don José Castro Aguirre y don Isidoro Fernández Pineda, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 1 de marzo de 1993, que desestimaba los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 14 de julio de 1992, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Isidoro Fernández Pineda y don José Castro Aguirre, contra las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 14 de julio de 1992, así como la de 1 de marzo de 1993, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las primeras que denegaban la autorización de compatibilidad solicitada y se declaraba en situación de excedencia voluntaria prevista en el artículo 29.3 de la Ley 30/1984, o en la que correspondiese de acuerdo con la normativa aplicable, por ser ambas resoluciones conformes a derecho.

Segundo.-No hacer expresa declaración en cuanto a costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.