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En el recurso contencioso-administrativo número 1/983/1990 interpuesto por doña María Josefa Cereceda Catalina, contra la desestimación presunta, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente procedimiento, contra el expreso Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990, que deniega la reclamación de daños y perjuicios derivados de la aplicación a la recurrente del artículo 33 y de la disposición transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 26 de junio de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 983/1990, interpuesto por doña María Josefa Cereceda Catalina, representada por el Procurador don Luciano Rosch Nadal, contra la desestimación presunta, y luego de denunciada la mora e iniciado el presente procedimiento, contra el expreso Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 1990, que deniega la reclamación de daños y perjuicios derivados de la aplicación a la recurrente del artículo 33 y de la disposición transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, resolución que debemos confirmar y confirmamos por su adecuación a Derecho, absolviendo expresamente a la Administración de todos los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; sin hacer expresa condena en costas.»

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de enero de 1996, ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.