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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 27 de octubre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 5/852/93, en el que son partes, de una, como demandantes don José Gregorio Balcázar Tapiador, don Luis Benito Carrión, don Honorio Esteban Herrero, doña Flor Fernández Sacristán, doña Aida Herrero Martínez, doña Francisca Jiménez Navarro, don Víctor Eugenio Martín Díaz, doña María Carmen Mazarro Fenoll, doña Presentación Morais Ruiz, don César Palacio Valls, doña Isabel Sabio Villarino, don Alfonso Salvador López, doña María Carmen Santo Tomás Cobos, doña María Carmen Tebar Lamata, y doña Julia Vázquez Vitorio, y de otra como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 9 de marzo de 1993, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 30 de octubre de 1992, sobre integración en Grupo Superior.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Arturo Núñez-Samper Macho-Quevedo en nombre y representación de los accionantes que se relacionan en el encabezamiento de esta sentencia, contra Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 9 de marzo de 1993, a la que la demanda se contrae, declaramos, que la resolución impugnada es conforme a derecho, sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.