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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 14 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 3/37/1993, en el que son partes, de una, como demandantes, don Daniel Caro Huecas y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de 3 de diciembre de 1992, del Ministerio para las Administraciones Públicas, sobre acceso a la condición de funcionarios.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo número 3/37/1993, interpuesto por don Daniel Caro Huecas, don Jesús del Pozo León, don Ramón Sieira González, don Rafael Parejas González, don José Parejas González, doña María Teresa Valls Estévez, doña Eulalia Moreno Valero, doña Pilar Aparicio Miguel, don Fernando Ayuso Cañas, doña Julia Bacho Plaza, don Francisco Javier Barahona Torrijos, doña María Luisa Brugos García, doña Ramona Burgaletga Clemos, don Santiago Casavilla García, doña Alicia Fernández Hidalgo, doña Amada Finez Blanco, doña María de los Desamparados Ganado Fernández, don Cirilo García del Cura, doña María del Rosario García Parra, don Tomás Agustín Garrido Falla, doña Pilar Gasca Villalba, doña Elia Gil Martín, doña Ana María Gómez Sánchez, doña María Isabel González Alvaro, doña Concepción González Pérez, doña Rosa María Gutiérrez Sierra, don José Antonio Higuero Alemán, don Francisco José Juanes Muñoz, doña Clara María Macías Sánchez, doña Rosa María Martínez Flores, doña Isabel Montero Costales, doña Mercedes Morante Argibay, doña Petra Moreno Balsera, doña Francisca Mozo Polo, don Juan Carlos Orbaneja Aliaño, don Alfonso Pérez Escolar, doña María Luisa Pérez Mora, don Juan Antonio Pérez Rincón, don Guillermo Ponce de León de los Ríos, doña Rosa Nieves Ramos Cordero, don José Romero López, doña María Angeles Ronda García, doña María del Carmen Ronda García, doña Dolores Samaniego Olombrada, don Antonio Sánchez Gironés, doña Isabel María Serrano Regalado, doña María Antonia Suso Villaverde, doña Mercedes Villar San José, doña María Jesús Villoslada Garrido, doña Rosa Gertrudis Zorí Calvo, doña Dolores Merino Villanueva, doña Rosa María Escribano Herranz, don José Manuel Darías Padrón, doña Carmen Rosa Fuentes Chávez, doña María de los Angeles Izquierdo Ruiz, doña María Asunción San Gil Lapuerta, don Salvador Puchol Chillerón y doña Carmen Irene Escolano Escolano, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 3 de diciembre de 1992, que contesta a los 58 escritos de los actores sobre reconocimiento de la condición de funcionario en atención a los trabajos realizados como personal laboral fijo (descrita en el primer fundamento de derecho), por ser dicho acto combatido conforme con el ordenamiento jurídico, por lo que lo confirmamos, absolviendo a la Administración General del Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin condena expresa en las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.