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Por sentencia dictada con fecha 12 de julio de 1995 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este Ministerio de 15 de febrero de 1996, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de marzo siguiente, se estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por doña Ana María Carbonaro Herraiz, en el que posteriormente se subrogaron sus herederos, declarando el derecho de la recurrente a que se le aplicaran los efectos de las sentencias dictadas en los recursos interpuestos por don Jaime Mariscal de Gante y Mirón y don Vicente Blanco Mestre.

En las referidas sentencias dictadas con fechas 23 de noviembre de 1987 y 24 de octubre de 1988, respectivamente, por la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se declaraba el derecho de los recurrentes a ser incluidos en el grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con abono de las correspondientes diferencias salariales.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, resuelve:

Primero.-Incluir en el grupo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a doña Ana María Carbonaro Herraiz, funcionaria del Cuerpo de Inspectores de Prensa «a extinguir», con efectos económicos y administrativos de 1 de enero de 1986.

Segundo.-Disponer que por los servicios competentes del Ministerio de Economía y Hacienda se adopten las medidas procedentes en orden a la liquidación de las diferencias retributivas que en su caso correspondan que deberán practicarse a favor de quienes acrediten ser los herederos de la funcionaria de referencia.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992), el Secretario de Estado para la Administración Pública, Eugenio Burriel de Orueta.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda y Director general de la Función Pública.