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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 2.247/1991, en el que son partes, de una, como demandante, doña Montserrat Vilanova Serviá, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 21 de octubre de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 30 de mayo de 1991, sobre escalafón de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Montserrat Vilanova Serviá, contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 30 de mayo de 1991, confirmada en reposición de la de 21 de octubre de 1991, que elevó a definitivo el escalafón de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (subescala de Secretaría, categoría superior), cerrado a 30 de septiembre de 1990, y en el que aparecía la actora con una puntuación de 8,24, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposición de las costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.