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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 20 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 3/57/1993, en el que son partes, de una, como demandantes, don Manuel Villaseca López y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 27 de octubre de 1992, que desestimaba los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 10 de julio de 1992, sobre integración en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 57/1993, interpuesto por don Manuel Villaseca López, don Miguel Angel Alguacil López, doña Idoia Aurrecoechea Mendizábal, don José Luis Cano Giner, doña Raquel Comet Gutiérrez, doña Olga Chinchilla Minguet, doña María José Delso Aldea, don José María Fuentes Lacalle, don Faustino García Rubio, doña Estela García Vicioso, don Francisco J. Gil Gutiérrez, doña Luisa María Quereda García, don José Luis Sánchez Navarro, doña María Dolores Segura de la Encina, doña María Guadalupe Herranz Escudero y doña Inmaculada Bernal Navarro, contra la Resolución del Subsecretario, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, de 27 de octubre de 1992, que desestima los recursos de reposición contra la Resolución de 10 de julio de 1992, de dicha Secretaría de Estado, por la que se establecen las listas de los que se han de integrar automáticamente en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, en las que están excluidos los actores, al ser dichas resoluciones conformes al ordenamiento jurídico, por lo que las confirmamos; sin expresa condena respecto de las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 28 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Administración Pública.