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La disposición derogatoria del Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores, mantiene la vigencia del artículo 17 del Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, respecto de los funcionarios a que se refieren las disposiciones transitorias segunda y tercera del citado Real Decreto.

Por Orden de 30 de septiembre de 1986, tras su selección por concurso de méritos, se adscribió a don Juan José Murillo Ramos a la función inspectora educativa. Transcurridos los tres años de adscripción en el ejercicio de la función inspectora, el citado funcionario solicitó su continuidad, para la cual se ha llevado a cabo la valoración de su trabajo por la Comisión de Valoración nombrada por Resolución de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, de fecha 19 de julio de 1996 («Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cultura» de 5 de agosto).

Vista la propuesta elevada por la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Proceder a renovar la adscripción a la función inspectora educativa de don Juan José Murillo Ramos.

Segundo.-De acuerdo con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, procede, por tanto, integrar a don Juan José Murillo Ramos, con documento nacional de identidad 73.072.526 y número de Registro de Personal 7307252624, en el Cuerpo de Inspectores de Educación, con efectos de 1 de enero de 1997.

Tercero.-A los solos efectos de determinar su antigüedad en el Cuerpo de Inspectores de Educación, se le reconoce la fecha de acceso como docente a la función inspectora, de conformidad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podrán interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso contencioso-administrativo según lo establecido en el artículo 37 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y el artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992.

Madrid, 10 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen González Fernández.

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.