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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con fecha 30 de enero de 1997, en el recurso contencioso-administrativo núme ro 304/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Víctor Pérez Borrego, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución presunta de la Dirección General de la Función Pública, sobre reconocimiento de grado personal.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Apreciar la causa de inadmisibilidad de ser el objeto del presente recurso cosa juzgada. Con costas al recurrente por su evidente temeridad y mala fe.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juridicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.