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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 21 de junio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.524/1991, el que son partes, de una como demandante, don Antonio Salcedo Higueras y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 20 de marzo de 1990, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 27 de diciembre de 1989, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que, rechazando su inadmisibilidad, estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Salcedo Higueras, en su propio nombre, contra la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 27 de diciembre de 1989, confirmada por la de 20 de marzo de 1990, descritas en el primero de los fundamentos de Derecho, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, actos que anulamos por ser contrarios al ordenamiento jurídico en cuanto a la adjudicación de los destinos expresados en dicha resolución, condenando a la Administración a estar y pasar por esta declaración y por las consecuencias que se deriven, en especial, a la convocatoria del oportuno concurso para cubrir las plazas no ofertadas a los funcionarios ya ingresados con carácter previo a la adjudicación de puestos a los funcionarios de nuevo ingreso.

Y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 15 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.