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El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

La Dirección General de Aviación Civil remitió, con fecha 7 de julio de 1997, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, una Memoria-resumen del proyecto mencionado, que incluye un análisis ambiental.

El proyecto consiste en una modificación de un campo de vuelo de ultraligeros ya existente en este municipio y autorizado, planteando su mejora y acondicionamiento.

Examinado el proyecto y los informes que sobre el mismo remiten la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Valladolid y el Ayuntamiento de Matilla de los Caños, se concluye lo siguiente:

El proyecto presentado no supone un aumento significativo ni de la longitud de pista ni del terreno ocupado por el actual campo de vuelo.

La longitud de pista que contempla el proyecto es de 980 metros, siendo 2.100 metros los considerados como umbral ambiental en los aeropuertos.

No se detecta riesgo de impactos ambientales significativos como consecuencia de la mejora y acondicionamiento planteados, en relación al paraje en que está situado.

La actividad aero-deportiva que se ha venido desarrollando en el campo de vuelo no ha generado oposición social alguna, estando el proyecto actual informado favorablemente por el Ayuntamiento de la localidad en que se ubica.

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental resuelve que el proyecto de aeródromo privado en el término municipal de Matilla de los Caños (Valladolid) no requiere ser sometido al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.

Madrid, 28 de octubre de 1997.-La Directora general, Dolores Carrillo Dorado.