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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 14 de mayo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 4/9/94, en el que son partes, de una, como demandante, don Aurelio Luis López, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio Departamento, de fecha 22 de septiembre de 1993, sobre reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aurelio Luis López, contra la resolución del Subsecretario de Administraciones Públicas, dictada por delegación de Administraciones Públicas, dictada por delegación, de 22 de septiembre de 1993, que desestimó la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado solicitada por el interesado, acto que anulamos por ser contrario al ordenamiento jurídico, declarando el derecho del interesado a ser indemnizado en la suma de 300.000 pesetas por dicho concepto.

Sin hacer expresa imposición de costas.»

Por auto de la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Supremo de fecha 21 de julio de 1997, ha sido declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de instancia.

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.