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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/241/1996 en el que son partes, de una, como demandantes, doña Amalia García Aparicio y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 2 de septiembre de 1992, que desestimaba sendos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 21 de mayo de 1992, sobre efectos económicos y administrativos de la integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Rechazamos la inadmisibilidad del recurso planteado por el Abogado del Estado.

Segundo.-Estimamos parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo número 3/241/1996, interpuesto por doña Amalia García Aparicio, don Juan Antonio Cornejo López, doña María del Carmen Sanz Pérez, doña Rosario Ruiz Parra, doña María Lucía Mato López, don José María Quintanilla Pérez, doña Esther Santos Santos, don José Carlos Puerta Garrido, doña Soledad Caballero Obreo, doña Catalina Cardona Torres, doña María Cristina Diego Fuenbuena, doña Pilar de los Cobos García, doña Lucía Santos Espinosa y doña María del Carmen Carballo García, contra la desestimación, primero presunta, por silencio administrativo, y después expresa en Resolución de 2 de septiembre de 1992 del Subsecretario, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, de los recursos de reposición interpuestos ante el Ministerio para las Administraciones Públicas, contra la Resolución de 21 de mayo de 1992, de la Directora general de la Función Pública, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, desestimatorias de las solicitudes de rectificación de antigüedad como funcionario del Cuerpo General Administrativo, y, en consecuencia, anulamos tales actos por contrarios al ordenamiento jurídico.

Tercero.-Declaramos el derecho de los recurrentes a que su nombramiento como funcionarios del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos administrativos desde la fecha de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan los correspondientes efectos económicos a los cinco años anteriores a las fechas de presentación de sus escritos iniciales, todos del año 1992, que figuran en el expediente, condenando a la Administración General del Estado demandada a estar y pasar por estas declaraciones, y a que adopte las medidas necesarias para su efectividad.

Cuarto.-Desestimamos las demás pretensiones de la demanda, absolviendo de las mismas a la Administración demandada.

Todo ello sin condena en las costas causadas en el proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.