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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 19 de noviembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1850/1994, en el que son partes, de una, como demandantes doña María Carmen Arnaiz Hacinas y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio Departamento de fecha 21 de septiembre de 1994, sobre efectos económicos y administrativos de la integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso número 3/1850/1994, interpuesto por don Julián Cruz Collazos, en la representación que ostenta, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 1994, la que anulamos en lo que es objeto de este recurso por ser contraria al ordenamiento jurídico.

Segundo.-Declarar el derecho de los recurrentes a que su nombramiento como funcionarios del Cuerpo General Administrativo se realice con efectos administrativos de 11 de marzo de 1985 y a que se retrotraigan los correspondientes efectos económicos a los cinco años anteriores a sus reclamaciones iniciales, que son las siguientes:

Doña María Carmen Arnaiz Hacinas, 15 de julio de 1994.

Doña María Pilar Escribano Estébanez, 6 de julio de 1994.

Don Marino Gómez Saiz, 27 de junio de 1994.

Doña Leonor Jiménez Jiménez, 30 de junio de 1994.

Doña Josefa Pérez Manzanedo, 6 de julio de 1994.

Doña Carmen Valera Laguillo, 30 de junio de 1994.

Doña Carmen García Martínez, 20 de junio de 1994.

Doña Felicidad Carmona Salinas, 28 de junio de 1994.

Tercero.-No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.