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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 28 de marzo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 739/1989, en el que son partes, de una, como demandante don Pedro Olalla Pérez, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 16 de enero de 1989, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 20 de junio de 1988, sobre escalafón de funcionarios de Administración Local.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador don Emilio García Fernández, en nombre y representación de don Pedro Olalla Pérez, contra las resoluciones referidas al principio de la Dirección General de la Función Pública y de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, ésta en impugnación indirecta del extremo recogido anteriormente, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho dichas resoluciones; sin hacer imposición de costas.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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