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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1379/94 en el que son partes, de una, como demandantes, doña Vicenta Pérez García y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio departamento de fecha 13 de mayo de 1994, sobre efectos de la integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso número 1379/94, interpuesto por la representación de doña Vicenta Pérez García, doña María del Pilar Castillo Pérez, don José Luis Fontsere Villarraso, doña María Dolores Jiménez Ruiz, doña Aurora Martín Gómez, don José María Muñoz Sansa, doña María del Carmen Rodríguez del Cerro, doña Teresa Pilar Rodríguez del Cerro, doña Catalina Romero-Nieva Arroyo y don José Viente González, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 13 de mayo de 1994, por la que se les denegó sus solicitudes de 6 de mayo de 1994, de que sus nombramientos como funcionarios del Cuerpo Administrativo tuvieran efectos administrativos y económicos de 11 de marzo de 1985, anulamos dicha Resolución por ser contraria al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho de los recurrentes a que sus nombramientos como funcionarios del Cuerpo General Administrativo se reproduzca con efectos administrativos de 11 de marzo de 1985 y a que se retrotraigan los efectos económicos a los cinco años anteriores a sus reclamaciones de 6 de mayo de 1994 ya indicadas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.