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Por Orden de 26 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril), por la que se resuelve el concurso para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos, convocado por Resolución de 6 de marzo de 1997, fue designado para la adscripción permanente de Algeciras, de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, a don Luis Hernández Giménez, entre otros, quien ha renunciado al cargo.

En su consecuencia y de conformidad con lo previsto en la regla sexta de la citada Resolución de 6 de marzo de 1997, a propuesta del Fiscal General del Estado, y de conformidad con lo establecido en el artículo sexto del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre).

He acordado nombrar Abogado Fiscal sustituto de la adscripción permanente de Algeciras, de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, a don Juan Antonio Toledo Pérez.

El presente nombramiento extenderá sus efectos desde su toma de posesión hasta el 31 de agosto de 1997, salvo que durante dicho período se incremente el número de Fiscales de carrera destinados en las respectivas Fiscalías como consecuencia de concurso de traslado de la Carrera Fiscal, en cuyo caso se dará de baja en cada Fiscalía o Adscripción un número de Abogados Fiscales sustitutos equivalente al aumento de Fiscales de carrera destinados en ellas, procediéndose para ello en sentido inverso al orden de prelación seguido para su nombramiento. También será motivo de cese cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 5.2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio.

Por el Fiscal Jefe correspondiente se comunicará a la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal si el Abogado Fiscal sustituto desarrolla su actuación de forma continua o discontinua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio, antes citado.

Esta Orden pone fin a la vía administrativa, contra la misma podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, previa comunicación a este centro directivo (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, 14 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.