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La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de fecha 26 de julio de 1994, en el recurso número 875/1998, interpuesto por don Francisco González-Anleo Díaz, confirmada en recurso de casación por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 23 de enero de 1998, cuyo tenor literal dice: "Estimamos el presente recurso contencioso-administrativo de don Francisco González Anleo Díaz contra la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 15 de febrero de 1993, confirmando en reposición la de 3 de diciembre de 1991 y, en su razón, las anulamos por no ser conformes al ordenamiento jurídico, debiendo reponerse las actuaciones del expediente disciplinario al momento de notificación del acuerdo de incoación del mismo y designación de Instructor y Secretario, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales".

La Audiencia Provincial de Lugo, por sentencia de fecha 22 de febrero de 1993, siendo declarada firme por auto de fecha 9 de septiembre de 1993, condenó a don Francisco González Anleo Díaz como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de seis años y un día de prisión mayor, a las accesorias de inhabilitación absoluta y privación del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, a que se satisfaga en concepto de indemnización al Instituto Nacional de la Seguridad Social la cantidad de 195.000 pesetas, y para el cumplimiento de la pena impuesta se le abona todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Esta sentencia no llegó a ejecutarse por cuanto que, al tener conocimiento de ella, ya se había declarado la separación del servicio como consecuencia de la Resolución citada de fecha 15 de febrero de 1993.

Teniendo en cuenta: Que, según lo establecido en el artículo 37.1.d) del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, "se pierde la condición de funcionario cuando recaiga pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta",

Esta Subsecretaría, en el ejercicio de las facultades que le están conferidas y de conformidad con lo establecido en los artículos 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 103 y siguientes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, dispone:

Primero.-Anular y dejar sin efecto la Resolución de fecha 3 de diciembre de 1991 por la que se acordaba la separación del servicio del señor González-Anleo Díaz, por aplicación de la sentencia antes mencionada de la Audiencia Nacional de fecha 26 de julio de 1994 y declarada firme por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 1998.

Segundo.-Declarar, en ejecución de la sentencia penal de la Audiencia Provincial de Lugo de fecha 22 de febrero de 1993, la pérdida de la condición de funcionario de don Francisco González-Anleo Díaz, con efectos de 9 de septiembre de 1993, fecha en que adquirió firmeza la citada sentencia.

Tercero.-En virtud de lo acordado en el punto anterior, acordar el sobreseimiento y archivo del expediente disciplinario incoado en su día al señor González-Anleo Díaz, actuaciones que habrían sido repuestas en aplicación de la sentencia antes citada de la Audiencia Nacional de fecha 26 de julio de 1994.

Madrid, 30 de abril de 1998.-El Subsecretario, Marino Díaz Guerra.