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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia el 25 de marzo de 1994 en el recurso contencioso-administrativo número 1/19722/1990, interpuesto por don José María Llamas Soriano y otros, contra la desestimación presunta de la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado por los daños y perjuicios derivados de la Orden de 10 de agosto de 1985, sobre margen de beneficio profesional de las oficinas de Farmacia.

La parte dispositiva de la sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

"Fallamos: Que, con estimación del recurso interpuesto por el Procurador don Eduardo Jesús Sánchez Álvarez, en representación de quienes se relacionan en el encabezamiento de la presente, debemos declarar y declaramos contrarios a Derecho los actos presuntos recurridos y debemos condenar, como condenamos, a la Administración General del Estado a que abone a los recurrentes las cantidades que se expresan como totales en el escrito de conclusiones de la parte actora, más los intereses legales respecto del apartado de 1919ventas a entidades'' desde el 30 de junio de 1988 hasta la notificación de la presente, y, sobre el total, desde esta fecha a la satisfacción definitiva; todo ello sin costas."

En su virtud, este Ministerio, conforme a lo establecido en los artícu los 118 de la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985, "Boletín Oficial del Estado" del 23), el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.