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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 20 de

diciembre de 1993 en el recurso contencioso-administrativo número

200/1990 interpuesto por don Luis Torres Arroyo, contra la denegación,

por silencio administrativo, de la solicitud de indemnización por

responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios

derivados de la Orden de 10 de agosto de 1985 sobre margen de beneficio

profesional de las oficinas de Farmacia. En la parte dispositiva de la

sentencia se desestimó la petición de indemnización declarando la

conformidad a Derecho de la denegación de la misma producida por silencio

administrativo.

Con posterioridad, mediante auto de aclaración de Sentencia de 24

de enero de 1994, la Sala acuerda:

"Rectificar el error material cometido en el fallo de la sentencia

de 20 de diciembre de 1993, dictada en el recurso tramitado bajo el

número 200 del año 1990, en el sentido de estimar el mentado recurso formulado

por la representación de don Luis Torres Arroyo y, anulando las

Resoluciones en él impugnadas, condenar a la Administración General del

Estado al pago a don Luis Torres Arroyo de 1.526.284 pesetas, cantidad que

se incrementará con los procedentes intereses legales."

En su virtud, este Ministerio, conforme a lo establecido en los artículos

118 de la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103

y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento en sus propios términos del

mencionado auto.

Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985,

"Boletín Oficial del Estado" del 23), el Subsecretario, Fernando Díez

Moreno.