La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 20 de
diciembre de 1993 en el recurso contencioso-administrativo número
200/1990 interpuesto por don Luis Torres Arroyo, contra la denegación,
por silencio administrativo, de la solicitud de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios
derivados de la Orden de 10 de agosto de 1985 sobre margen de beneficio
profesional de las oficinas de Farmacia. En la parte dispositiva de la
sentencia se desestimó la petición de indemnización declarando la
conformidad a Derecho de la denegación de la misma producida por silencio
administrativo.
Con posterioridad, mediante auto de aclaración de Sentencia de 24
de enero de 1994, la Sala acuerda:
"Rectificar el error material cometido en el fallo de la sentencia
de 20 de diciembre de 1993, dictada en el recurso tramitado bajo el
número 200 del año 1990, en el sentido de estimar el mentado recurso formulado
por la representación de don Luis Torres Arroyo y, anulando las
Resoluciones en él impugnadas, condenar a la Administración General del
Estado al pago a don Luis Torres Arroyo de 1.526.284 pesetas, cantidad que
se incrementará con los procedentes intereses legales."
En su virtud, este Ministerio, conforme a lo establecido en los artículos
118 de la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103
y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento en sus propios términos del
mencionado auto.
Madrid, 25 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985,
"Boletín Oficial del Estado" del 23), el Subsecretario, Fernando Díez
Moreno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid